Un elemento sine qua non para materializar condiciones de calidad, cobertura universal, convergencia y acceso incluyente a los servicios de telecomunicaciones, es la acumulación de capital productivo necesario para el despliegue de infraestructura y el desarrollo de redes en el país.
Más necesario aún en presencia de un marcado déficit de infraestructura de telecomunicaciones para hacer frente a la demanda del aparato productivo y fundamental para cumplir el mandato constitucional de conectar a todos los mexicanos.
En la configuración actual del mercado, estas inversiones provienen principalmente del sector privado, competidores y en alguna proporción del agente económico preponderante.
Cifras publicadas recientemente en el 6º Informe de Gobierno indican que la inversión en infraestructura de telecomunicaciones alcanzó un monto anual de $63,351 millones de pesos durante 2017, de los cuales 97.1% ($61,484 mdp) correspondieron a la formación de capital bruta realizada por agentes privados.
Inversión en Telecomunicaciones: entre lo Público y lo Privado
El restante 2.9% es atribuible al ejercicio de recursos gubernamentales, es decir, inversión pública, destinada a programas de política pública de conectividad como México Conectado, proyectos de Infraestructura Pasiva, Red Troncal y el Sistema Satelital Mexicano.
El monto absoluto de recursos ($1,866 mdp) durante 2017 fue 14.1% mayor que el año anterior, pero aún por debajo del promedio realizado en los tres años anteriores (2013-2015). La expectativa es que al finalizar el año se concrete un ejercicio de $1,187 millones de pesos, con lo que la inversión pública se reducirá 36.4%.
En un país como México, cuyo sector de telecomunicaciones le caracteriza un déficit en capital infraestructural, es importante promover todos los mecanismos fiscales, regulatorios, de competencia, comerciales, entre otros, para acelerar el flujo nacional e internacional de recursos productivos para su capitalización.
Si bien no es el principal componente de inversión, resulta deseable que se retome la senda de recursos gubernamentales destinados a la capitalización del sector, que abonan tanto al dinamismo sectorial como a la materialización del escenario de conectividad universal, manifiesto y mandatado en la Constitución.
Dinámica de Inversiones de los Competidores
Sin duda el componente más importante en la inversión total es el privado que depende del ambiente de competencia efectiva, toda vez que su dinámica explica el crecimiento del total sectorial y depende en su mayoría de la contribución que el agente económico preponderante realiza en términos de capitalización.
Este operador ostenta casi dos terceras partes de los ingresos totales del sector, pero invierte un menos de un tercio del total. Esto equivale a una razón de 7.2% de sus ingresos, ni remotamente cercano a su músculo económico y alcance de mercado.
Esta numeralia de la inversión privada resultó en una contracción anual de 27.7% en niveles absolutos, resultado de la marcada reducción de 46.3% de las inversiones de América Móvil. Si hubiera mantenido una tendencia lineal de sus inversiones desde 2014 a 2017, el total sectorial habría crecido 3.0% en el este último año.
En franco contraste, los competidores que ingresan poco más de un tercio del total, contribuyen con más del doble de esa proporción en la acumulación de capital productivo, es decir, que su modelo de negocios muestra un esfuerzo por competir con inversiones y nuevas tecnologías. En promedio, invirtieron 21.7% de sus ingresos durante 2017, tres veces más la proporción que registró el preponderante.
Grupo Televisa destaca por ser el grupo económico que realizó mayores adiciones de capital equivalentes a $20,027 mdp en 2017, un tercio del total, monto incluso superior a los $19,804 mdp ejercidos por América Móvil.
Por su parte, el conjunto de otros operadores competidores invirtió $41,680 mdp, una razón 13.5% menor al monto de 2016.
A su vez, en 2017 tuvieron lugar frescas adiciones de inversión por parte de Altán, desarrollador de la Red Pública Compartida, que destinó $2,352 mdp en 2017 para alcanzar su primer hito de cobertura durante el primer trimestre de 2018.
Subinversión del preponderante. Urgente competencia efectiva para las inversiones
La competencia efectiva se traduce en inversiones. Las evidencias internacionales apuntan a que, en mercados concentrados como el mexicano, resultan en incentivos para el operador principal o incumbente a permanecer en déficit y desactualización de su infraestructura de telecomunicaciones.
En México, destaca el esfuerzo y la contienda de los competidores por optimizar el uso de sus recursos humanos, tecnológicos y financieros (entre otros), para maximizar sus ganancias y peso en el mercado, con respecto al operador preponderante.
En perspectiva comparada con el resto de los países en los que opera América Móvil, se identifica que México sistemáticamente es uno de los destinos de inversión más desfavorecidos en términos de ingresos. En el mercado mexicano se invierte una razón apenas superior a aquella de Ecuador (8.9%) y Puerto Rico (7.3%), donde su escala de operación no se asimila a la que alcanza en nuestro país.
Entretanto, países que enfrentan mayor competencia, por ejemplo, Brasil, su coeficiente de inversión con respecto a sus ingresos, se coloca en el primer lugar con un margen de 20.5%, 11 puntos porcentuales superior a México.
Bajo este contexto, la indicación es que en condiciones de competencia sus inversiones parecen enfocarse en una mejora y expansión continua de su oferta de servicios, mientras que en nuestro país es escaso el soporte para detonar sus adiciones de capital y así conectar a sus usuarios efectiva y eficientemente.
Aquí parecería que la fórmula para incentivar la inversión privada es nada más y nada menos, la gestación de competencia efectiva, la reconfiguración del mercado y, por supuesto, la implementación efectiva del marco regulatorio para la competencia.
En otras palabras, prevalece la evidencia de que el mejor mecanismo para promover la inversión en infraestructura de telecomunicaciones es la cabal aplicación de la regulación para lograr competencia efectiva en el sector.
