Red Troncal: Una piedra en el camino de la 4T

Hace más un lustro, durante la administración pasada, se propuso crear una Red Troncal que habilitara el acceso a Internet en zonas y comunidades desconectadas mediante el eficiente y pleno uso de la infraestructura en telecomunicaciones con la que nuestro país ya cuenta, en particular, hilos de fibra óptica.

Así, como parte de la Reforma en Telecomunicaciones (junio de 2013) se cedió la concesión para instalar, operar y explotar una red pública de telecomunicaciones a Telecomunicaciones de México (Telecomm) al transferir recursos de infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Esta red operaría en colaboración con agentes privados, a partir de la conformación de una Asociación Público-Privada (APP) con una modalidad autofinanciable para su desarrollador.

Han transcurrido ya varios años desde la materialización de este primer hito y todavía no gozamos con la cobertura, calidad, adición de capital, eficiencia, competencia y demás beneficios que este proyecto había prometido.

Los pasos siguientes del proyecto tuvieron lugar en la primera mitad de 2017, mismo año en el que se proyectaba contar con las prebases para su licitación hacia su cierre, para dar inicio de este proceso en enero de 2018 y contar con un fallo en junio de ese año.

A pesar de ello, la Red Troncal se ha enfrentado a un sinnúmero de obstáculos, demoras e impedimentos que han mellado la confianza y certidumbre de un proyecto bien intencionado, pero con un cuestionable diseño y ejecución.

Desde sus inicios el proceso de licitación mostró señales claras que el gobierno no contaba con bases y objetivos claros. Cabe mencionar que para encontrar un asesor financiero se abrió una licitación que se declaró desierta en su primera oportunidad, ello por la falta de claridad en los criterios expedidos por Telecomm.

Por su parte, el proceso de licitación principal sufrió dificultades propias, puesto que potenciales postores en el proceso se mostraron nerviosos y molestos por la premura y los tropiezos con la que se estaba realizando el proceso, adicionalmente inserto en un proceso de transición de gobierno.

Entre algunos de los desaciertos que se identificaron en aquella ocasión destacan: la falta de información con respecto al estado de la infraestructura, falta de claridad en los plazos y cobertura objetivos, falta de financiación por parte de la banca de desarrollo, opacidad en los participantes y las posibles condiciones en las que podrían participar en la APP. En pocas palabras, no se contaban con los estudios y proyecciones necesarias para poder presentar un plan con la seriedad suficiente para el desarrollo de este proyecto.

Asimismo, el proceso sufrió aplazamientos desde la etapa de consulta pública, misma que tomó más de un año, por lo que hasta abril de 2018 se hicieron públicas las bases del concurso de licitación. En estas se definió como fecha límite octubre del año pasado para la presentación de propuestas para su posterior fallo y adjudicación en noviembre.

No obstante, la administración saliente decidió aplazar la fecha de presentación para el 1º de febrero de 2019. Durante este periodo, la incertidumbre en materia de política y desarrollo económico generó un clima de desconfianza e indecisión entre los posibles postores. La nueva administración decidió suspender el proceso de licitación para empezar de cero.

Así pues, con la llegada del nuevo gobierno se anunció que se cancelaría el proceso de licitación anterior y se abriría una nueva licitación, vía la CFE, para desarrollar unos muy optimistas 50 mil kilómetros de fibra óptica con el fin de prestar servicios de Internet gratuito en plazas y escuelas públicas.

Pese lo anterior, las prebases publicadas el 11 de marzo fallaron en dejar sin efectos el proceso anterior, por lo cual, al momento contamos con dos procesos de licitación distintos, con objeto y prestaciones diferentes, pero sobre la misma red. La nueva licitación de CFE forma parte del programa prioritario “Internet para Todos” definido por el gobierno actual que, de forma artera propone convertir al gobierno en un proveedor de conectividad en caso de fracasar en los procesos de licitación.

Asimismo, no se remediaron los vicios y supuestos casos de corrupción señalados por el Presidente de la República en la licitación de Telecomm, mientras que el nuevo proceso de CFE muestra señales de perpetuar y ampliar las deficiencias de procesos anteriores.

Por otro lado, el proceso de licitación de la Red Troncal siguió su camino con nueva fecha de presentación de propuestas con límite al 22 de abril pasado con la salvedad que la empresa ganadora tendría la obligación de dar Internet gratuito en espacios públicos, condición que pone en riesgo la rentabilidad del proyecto.

Ante el nuevo panorama, condiciones, aplazamientos y gobierno, no se registraron manifestaciones de interés en la licitación, por lo cual, el gobierno de México decidió aplazar, nuevamente, el proceso de licitación para el 22 de agosto del presente año, para contar con un fallo el 6 de septiembre.

Finalmente, hoy en día no se cuenta con criterios claros para dar comienzo al desarrollo de este proyecto de democratización de la conectividad. Incluso el propio presidente López Obrador ha manifestado que, de fallar las licitaciones, el Estado dotará de la conectividad necesaria para alcanzar su cometido.

El gobierno e instituciones mexicanas han fracasado en emprender el proyecto de la Red Troncal, que junto con la Red Compartida e “Internet para Todos” buscan ser un catalizador en el crecimiento y desarrollo económico, a partir del acceso universal a Internet. La falta de una pauta clara, certidumbre en el proceso y un gobierno que cada vez se muestra más contrariado con proyectos de esta envergadura, han hecho de la Red Troncal en lo que es hoy: un proyecto frustrado.

Los procesos de contratación del gobierno han sido y seguirán siendo fuente de polémica e incertidumbre, la Red Troncal se suma, al momento, como un nuevo ejemplo de la inestabilidad institucional del país, así como, la carencia de verdaderos proyectos de nación y de políticas de Estado no, de la administración en turno.