El presupuesto es el verdadero plan de desarrollo de un país; prioridad que no se establece en él, es solo una buena intención. El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF, 2020) que presentó el Secretario de Hacienda, Ernesto Herrera, ante la Cámara de Diputados a inicios de septiembre, no materializa ni la narrativa presidencial de que la educación superior es para todos y que habrá cero rechazados, ni lo que establece la Reforma Constitucional en materia de obligatoriedad, universalidad y gratuidad.
Analizando los datos del PPEF, se observa que plantea un crecimiento de 0% en términos reales para las universidades federales y una disminución de 0.6% para el conjunto de las Universidades Públicas Estatales (UPES). En estas últimas, dicho sea de paso, es donde se ha concentrado el mayor crecimiento de la matrícula en los últimos años (20% de 2012-2018), lo que representa en incremento a más de 200 mil espacios educativos en ese periodo. Si lo que buscamos es eficientar el uso de los recursos públicos, sería precisamente en este grupo de universidades donde deberían centrarse los esfuerzos, y los fondos, para la ampliación de las oportunidades educativas con calidad y pertinencia.
Aunado a esta situación, se encuentra una disminución de 90% en los fondos extraordinarios que tienen como propósito, precisamente, aumentar la matrícula con equidad y calidad. En los últimos años, estos fondos han experimentado una disminución significativa. Mientras que en 2010 existían 11 fondos concursables para UPES, hoy apenas quedan cuatro. Además, en el PPEF el gobierno omitió incluir el fondo de obligatoriedad y gratuidad.
En días pasados, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) solicitó a la Cámara de Diputados una ampliación presupuestal de alrededor de 17 mil millones de pesos para 2020, de los cuales 7,678 millones, se destinarían justamente al fondo para dar cumplimiento a la educación pública superior obligatoria universal y gratuita, que fue establecida en la Reforma Educativa en su Artículo 3º Constitucional. Se ve difícil que estos recursos se materialicen.
Cabe mencionar que de ser aprobado el proyecto presentado a inicios de septiembre, sin ningún logro en la negociación que hagan las universidades, la disminución acumulada de 2015 a 2020, considerando factores como la inflación, cancelaciones y reducciones en las bolsas, alcanzaría un monto de 45 mil millones de pesos.
Ciertamente, las UPES han demostrado su compromiso ante los desafíos que ha enfrentado la educación superior en los últimos años y su desempeño se puede reflejar a través del crecimiento sostenido de la matrícula. Sin embargo, con este presupuesto será imposible lograr la meta presidencial de 50% de cobertura en educación superior al 2024. Teniendo una cobertura actual de 39.7% (4 millones de estudiantes), la meta implicaría incorporar alrededor de 220 mil estudiantes por año, algo inédito en la historia de México.
Bajo este panorama, los únicos beneficiados parecen ser las universidades privadas de bajo costo, baja calidad y nula regulación (de cochera), que seguramente absorberán la creciente demanda en detrimento de los estudiantes y sus familias. No olvidemos que la equidad educativa implica que los estudiantes de bajos recursos tengan oportunidades de acceso a genuinas universidades, de alto nivel y con las condiciones para su éxito académico.
¿Qué no habría sido más fácil apostar por las universidades públicas que ya han demostrado éxito en ampliar las oportunidades, en lugar de crear nuevas universidades sin un modelo educativo claro?
Esperemos que en los próximos meses el Gobierno Federal y la Cámara de Diputados puedan dirigir la mirada hacia las necesidades educativas para dar cumplimiento a las nobles metas establecidas por el presidente de la República.
