El periódico El País publicó un interesante, aunque polémico, repaso del historiador uruguayo Aldo Marchesi sobre diversas experiencias sudamericanas con gobiernos de izquierda “progresista”; describe situaciones que tienen coincidencias con la izquierda mexicana de López Obrador, a la que se adelantaron y vienen de retirada.
Los gobiernos progresistas tienen plena justificación en América Latina, la región más desigual del mundo, con el agravante de que en la economía globalizada se acentúan y profundizan las desigualdades de países que no tienen manufacturas de alto valor agregado con las cuales competir.
Tal es nuestro caso: la globalización neoliberal profundizó las desigualdades de todo tipo en la región, al grado de convertirlas en severas trabas a las inversiones y a los negocios transnacionales, además de provocar conflictos políticos y sociales cada vez más agudos, como los que se registraron en Colombia y Chile el año pasado.
Es mi personal punto de vista que los gobiernos de izquierda progresista, o reformista, tienen la misión de atenuar las desigualdades para así destrabar el funcionamiento de sus mercados.
Esas políticas, como las de López Obrador, escribí en este espacio hace quince días, no están dirigidas a cambiar el modelo económico, sino a desbloquearlo de trabas como la excesiva influencia de grupos económicos, la evasión fiscal, la corrupción (incluido el auge del crimen organizado) y las desigualdades sociales.
Con esos propósitos, y medidas redistributivas como el mejoramiento salarial, de la legislación laboral o programas de transferencia monetaria directa a grupos vulnerables, hubo avances en la reducción de las desigualdades en Brasil con Cardoso y con Lula, en Uruguay con Tabaré Vázquez y José Mujica, en Argentina con los Kirchner, en Ecuador con Rafael Correa, en Bolivia con Evo Morales.
Ahora, el artículo de Marchesi; todos esos gobiernos enfrentaron, sin éxito, la reacción de las derechas nacionales y fueron derrotados electoralmente –o por vías golpistas, como lo fueron Dilma Rousseff y Evo Morales–.
¿Por qué? Los gobiernos reformistas se ciñeron pragmáticamente a lo que consideraron viable, por lo que mantuvieron sustanciales continuidades con el neoliberalismo económico y con la democracia liberal. Con entero pragmatismo habrían redistribuido el ingreso, dice Marchesi, pero sin afectar las causas de las desigualdades que derivan de la concentración de la riqueza.
(Una forma eficaz de redistribuir la riqueza es abatir la corrupción y la evasión fiscal, evitar que siga concentrándose por esos mecanismos y fortalecer la hacienda pública).
Lo que no habrían previsto los gobiernos progresistas fueron dos cosas: que su limitada agenda redistributiva generaría expectativas de una movilidad social más rápida entre los sectores favorecidos, e indignación y temores entre las clases medias, las cuales no simpatizan con los llamados a la solidaridad social sino con los discursos neoliberales que exaltan la iniciativa y la suerte individual.
Segunda imprevisión: que las prácticas personalistas y clientelares de las políticas gubernamentales impidieron la construcción de asideros políticos plurales con empresarios medios y clases sociales, que no necesariamente representan a las fuerzas de la reacción ni de la oligarquía. Error que López Obrador da muestras de estar repitiendo.
Las expectativas incumplidas de los sectores pobres y el conservadurismo congénito de las clases medias, habrían sido capitalizados por los discursos de derecha basados en una construcción caricaturesca de la idea de populismo. En la mayoría de los países, los gobiernos progresistas fueron derrotados electoralmente por coaliciones de derecha; donde eran más fuertes, se recurrió al golpe de Estado. Terminó un ciclo de 20 años de gobiernos progresistas en Sudamérica y el de México apenas comienza.
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