Impuestos y gasto público

En México, los contribuyentes empezamos a exigir cuentas sobre el destino de nuestros impuestos. Los reclamos son constates, sobre todo ante la escalada de corrupción en el sector público, de ineficiencia en sectores emblemáticos como educación, seguridad y salud, de despilfarro en las asignaciones a los partidos políticos y procesos electorales, y de la opacidad y ficción en la rendición de cuentas del gasto público. Así lo patentizamos en el ámbito federal, con sus correspondientes réplicas, igualmente estruendosas, en los estados y municipios.

La relación entre impuestos y gasto público es causal. Ambos existen y se justifican de manera recíproca. No pagamos impuestos porque sí, porque así lo ordenan las leyes del Congreso de la Unión. Lo hacemos para la satisfacción del gasto público, y éste justifica que paguemos impuestos. Esto que parece un trabalenguas y una obviedad, tiene su fundamento en la Constitución Federal, cuando en su artículo 31, fracción IV dispone que es obligación de los mexicanos: “Contribuir a los gastos públicos […] de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes”.

En la teoría tributaria y en la jurisprudencia mexicana están arraigados y bien analizados los principios de proporcionalidad y equidad de los impuestos. No ha sucedido lo mismo, sin embargo, con los criterios que rigen el gasto público, sobre todo como condición constitucional para afectar el patrimonio de los particulares.

Una reflexión inicial es que sólo puede válidamente calificarse como gasto público el que se destina a la satisfacción de fines y objetivos establecidos, expresa o implícitamente, en la Constitución Federal, como educación, seguridad nacional, salud pública, protección al medio ambiente, inversiones y gastos para la operación del aparato estatal, apoyo a grupos sociales vulnerables, subsidios temporales a la economía, etc. Por ello, no todo lo que gasta el Estado es gasto público. Un ejemplo emblemático son las partidas presupuestales para promover la imagen personal de funcionarios públicos.

Pero el gasto público, aun destinándose a fines y objetivos constitucionales, tiene además que cumplir con los principios de “eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a que estén destinados”, establecidos en el artículo 134 de la propia Constitución Federal, lo cual significa que nuestros impuestos no pueden gastarse de manera dispendiosa, opaca ni corrupta.

Durante décadas, los contribuyentes hemos testimoniado cómo el dinero público se destina a conceptos que nada tienen que ver con las obligaciones y responsabilidades constitucionales del Estado, como también hemos constatado que no se gasta en forma eficiente, transparente y honesta. Sin embargo, la carga impositiva crece –aumentos al ISR, al IVA y al IEPS– y la fiscalización por parte del SAT se agudiza en nuestra contra, lo cual nos parece irrazonable y, en situaciones particulares, alienta la informalidad y evasión fiscal.

La relación entre el fisco federal y contribuyentes no es de represores-reprimidos. Eso era propio de la época medieval. En la concepción actual del estado democrático de Derecho, esa relación se enmarca en el reconocimiento de derechos y obligaciones recíprocas. Por lo tanto, si en cumplimiento de nuestras obligaciones los contribuyentes pagamos impuestos, tenemos el derecho a exigir que el Estado los destine a un gasto público eficiente, eficaz, económico, transparente y honrado, para lo cual el propio Estado debe garantizar mecanismos mediante los cuales conozcamos cómo y en qué se gastan los impuestos.

El entendimiento de las finanzas públicas desde esta perspectiva es un imperativo constitucional.