Uno de los principales problemas de México a lo largo de toda su historia, es la falta de eficacia del Estado de Derecho.
Ciudad de México.- Uno de los principales problemas de México a lo largo de toda su historia, es la falta de eficacia del Estado de Derecho. La compleja situación que se vive actualmente en México, conlleva que la única solución real a esta problemática sea a través de la aplicación del principio de legalidad, característico del Estado de Derecho.
Por una parte, los casos de Ayotzinapa en 2012, así como Tlatlaya e Iguala en meses recientes; la situación que se vive en Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Tamaulipas, entre otras entidades federativas, así como las manifestaciones violentas que se dan incluso en la Ciudad de México, son expresión de esta problemática. Asimismo, se debe mencionar el ambiente de crispación y reclamo que se produce en todo el país, por la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.
Esta situación se suma a las estimaciones de decenas de miles de muertos durante la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, así como a la de los miles de personas desaparecidas o de las que no se tiene claridad sobre su paradero, principalmente a partir del 2007.
Pero esta situación se inscribe en un contexto más general de falta de respeto a la legalidad, que se caracteriza por el alto grado de impunidad que se vive en el país. Como lo demuestra recientemente la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), que anualmente presenta el INEGI y que ratifica lo que sostiene en anteriores versiones de la misma, el 98 por ciento de los delitos del orden común que se cometen quedan en la impunidad.
De igual forma, en el ámbito económico, es clara la percepción de que uno de los principales pendientes para un adecuado clima de negocios es precisamente la falta de Estado de Derecho.
Es por eso importante insistir en la aplicación de la ley en todos los ámbitos. Así como se debe combatir la corrupción y la impunidad; respetar los contratos y cualquier otro acuerdo legal, es claro que se deben resolver asuntos tan graves como los de Tlatlaya e Iguala. Pero también es claro que la exigencia de justicia no debe ir acompañada de violencia y vandalismo. No se puede permitir la destrucción del patrimonio público y privado y la afectación de la vida y los legítimos derechos de millones de personas.
Es importante distinguir entre los válidos reclamos de justicia, de las agendas públicas de grupos involucrados en la lucha de intereses y de facciones. En particular la de grupos que promueven la desestabilización para ganar a través de la violencia, espacios que no consiguen en las urnas.
Pero la plena vigencia del Estado de Derecho no es sólo un problema normativo o de políticas públicas, sino que exige que la sociedad asuma una verdadera cultura de la legalidad. Lo más importante es construir una cultura ética de respeto a la ley, a la sociedad, a los derechos y libertades de los demás; una nueva civilidad. Sin la plena vigencia del Estado de Derecho, es imposible conseguir cualquier otra meta. Es imposible lograr un dinámico desarrollo social y económico sustentable.
