Cultura Tributaria

En el ámbito de negocios existe una marcada propensión hacia la informalidad tributaria.

Ciudad de México.- Es lastimoso el bajo nivel de recaudación fiscal en México. En las últimas décadas, el monto de ésta en relación con el producto interno bruto (PIB) no pasaba del diez por ciento, y hace seis años fue inferior al nueve por ciento. Comparativamente con otros países, se sabe que en los Estados Unidos, por ejemplo, el por ciento es dos veces mayor que el nuestro, y en Canadá es superior en tres tantos. Sin embargo, considerando la dimensión del PIB de ambos países, el monto cuantitativo de su recaudación es extraordinariamente superior a la nuestra.

EL COMÚN DE LOS CONTRIBUYENTES NO TENEMOS CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES Y TAMPOCO TENEMOS LA CONVICCIÓN DE QUE EL GASTO PÚBLICO SEA EFECTIVO, TRANSPARENTE Y HONESTO.

La política fiscal y recaudatoria en México está en crisis. A nadie, en ningún país, le gusta pagar impuestos. En todos lados existen evasores fiscales; pero quienes sí los pagan lo hacen movidos por dos razones: la primera, porque confían en sus instituciones y están seguros de que los impuestos tendrán un uso honrado y un destino provechoso para la comunidad a la que pertenecen; y la segunda, porque tienen la certeza de que, de no pagarlos, la reacción de las autoridades en su contra será severa, al grado de que pueden terminar en la cárcel, inhibiendo con ello su resistencia fiscal.

En México se da el fenómeno inverso. El común de los contribuyentes no tenemos confianza en las instituciones y tampoco tenemos la convicción de que el gasto público sea efectivo, transparente y honesto. A ello se suma una actitud social de reto hacia el fisco federal, potenciada de generación en generación, de que el impago de los impuestos es signo de agudeza y oportunismo.

La evasión fiscal es un ‘deporte nacional’. Los controles legales vigentes, como los CFDI, la contabilidad electrónica, la publicación de listas negras, las facilidades otorgadas al Régimen de Incorporación Fiscal [RIF], etcétera, tienden a desactivar esa actitud. El problema, sin embargo, es que en corto plazo será imposible que las autoridades fiscales controlen y fiscalicen el universo de contribuyentes y la totalidad de las operaciones realizadas por estos.

Además, en el ámbito de negocios existe una marcada propensión hacia la informalidad tributaria (empatada con la empresarial), de la cual se deriva un gran mercado que opera “sin facturación” y, por consiguiente, sin la recaudación de los respectivos impuestos, en especial del IVA.

El diagnóstico es claro. El problema es que no hay soluciones simples ni únicas a proponer. Ello no implica, por supuesto, que el tema sea irresoluble o que su solución deba posponerse indefinidamente. El gran reto es inducir y alcanzar un cambio sustancial en la mentalidad de los contribuyentes, para que voluntariamente cumplan con sus obligaciones fiscales y de ese modo se logre una recaudación más efectiva y ‘barata’.

Para ello se requiere, sin embargo, que los funcionarios restituyan la confianza que los gobernados debemos tener con las instituciones de nuestro país, y reviertan el dispendio y la deshonestidad en el ejercicio del gasto público. Sin estas premisas será difícil que los contribuyentes asumamos la obligación de pagar impuestos en forma unilateral y voluntaria.

El cuestionamiento social crónico sobre la efectividad y el uso correcto del dinero público, juega en contra de un cambio de actitud en la cultura tributaria de México. Se requiere un cambio estructural -una evolución- en esta materia. No se trata de que el SAT nos fuerce ni nos coaccione a pagar impuestos. Esta sería una aproximación simplista. El tema de fondo es ¿Y para qué quiere el gobierno más dinero? ¿Para dilapidarlo, sin rendir cuentas de manera satisfactoria?

Se trata de una obligación constitucional que tiene su complemento: pagamos impuestos para que se destine a un gasto público ‘eficiente, eficaz, económico, transparente y honesto’, como lo exige la Constitución Federal. Mientras que ello no suceda, es impensable un cambio en la actitud contributiva de los ciudadanos. El primer paso de ese cambio compete, por lo tanto, a todas las autoridades federales, estatales y municipales del país.