Homo Telecom

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El Homo telecom, es decir, el hombre de la comunicación a distancia oscila entre la movilidad y el sedentarianismo de la conectividad. Pero hoy, la movilidad está siendo más funcional y atractiva para nuestra operación social integral.

En números, al cierre del 2018, las líneas celulares en operaciones se aproximaron ya a la evasiva barrera de los tres dígitos, el ciento por ciento de teledensidad móvil, con las 121.8 millones de líneas activas (5.5% más que en 2017). Esto se traduce en un coeficiente de penetración de 96.7%.

El ritmo de crecimiento de este mercado permite anticipar que finalmente, será en la segunda mitad del año en curso cuando alcancemos la teledensidad móvil superior al 100%.

Líneas en Números

La tradicional estacionalidad del cierre del año (ofertas y promociones del Buen Fin y de Navidad) dan pauta a fuertes ventas de líneas y de dispositivos móviles.

En el cierre del año anterior destacaron los esfuerzos de AT&T de seguir profundizando su oferta de servicios móviles de última generación, para aproximadamente cien millones de personas, todo, con estrategias y competitivas en el mercado de prepago. Su crecimiento anual de líneas fue de 21.3%, para llegar a 18.3 millones totales, con un marcado enfoque al subsegmento de prepago.

Por su parte, Movistar creció 4.9% en su comparativo anual, al registrar 26.3 millones de líneas, mientras que el agente económico preponderante (AEP) Telcel aumentó su contabilidad 2.2% anual, para un total de 75.4 millones de líneas.

De esta manera, al cierre del año, Telcel ostenta 61.9% de las suscripciones del segmento móvil, Telefónica 21.6%, AT&T 15.0% y los Operadores Móviles Virtuales (OMVs) sólo 1.4%. De manera anual, Telcel redujo 2.0 puntos porcentuales (p.p.) su participación de mercado, aun considerablemente por encima del nivel de 50% que lo determina como agente económico preponderante (AEP). Telefónica perdió 0.1 p.p., mientras que AT&T y los OMVS ganaron 2.0 p.p. y 0.2 p.p., respectivamente.

Los segmentos: Prepago y Postpago

El segmento móvil en México se compone mayoritariamente por usuarios de prepago. Sin embargo, en los últimos periodos esta proporción se ha rebalanceado ligeramente, sobre todo por la oferta de equipos con financiamiento, facilidades de pago, atractivos planes de datos y menores requisitos de entrada en postpago.

Al cierre de 2018, 81.7% de las líneas móviles eran de prepago, mientras que tan sólo hace cuatro años esta proporción era de 85.0%.

Movistar es el operador que cuenta con mayor proporción de líneas de prepago, con 91.0% de su base de clientes, seguido de Telcel que cuenta con una proporción de 82.1% de sus líneas.

Por su parte, en AT&T la contabilidad de usuarios de prepago asciende a 66.9% de sus suscriptores, con una tendencia al alza.

Dinámica de Ingresos

La dinámica al cierre del año registra una desaceleración relativa respecto a la tendencia registrada durante los primeros tres trimestres del año (crecimiento promedio anual de 9.7%). Ello atribuible principalmente a una ligera desaceleración en la venta de dispositivos móviles en el periodo de promociones de “El Buen Fin” y de estacionalidad de las fiestas decembrinas.

En el agregado anual, la operación de los jugadores en el mercado resultó en una generación de $282,255 millones de pesos durante 2018, 8.4% más que en 2017, porcentaje más de cuatro veces superior al crecimiento de la economía en su conjunto.

En su segmentación por componente de ingresos, destaca aquel correspondiente a la venta de equipos (34% del total), con un incremento de doble dígito (24.2%), con respecto al año anterior. Este crecimiento es atribuible a la oferta y adquisición de equipos de gama alta que tienen precios más elevados, por la depreciación cambiaria del peso, así como por la disminución de subsidios por parte de los operadores.

Por su parte, los ingresos por la venta de servicios (66% restante) registraron un crecimiento anual de apenas 1.3%, impulsado por el creciente consumo de datos móviles, especialmente en la modalidad de prepago, con una navegación ascendente, gracias a los planes cada vez más accesibles para la mayoría del mercado.

En el agregado anual para 2018, Telcel ingresó $199,042 millones de pesos (mdp) con un crecimiento anual de 11.9%, explicado por un aumento en la venta de servicios de 9.4% y equipos de 15.8%. AT&T obtuvo ingresos por $55,196 mdp con crecimiento anual de 3.9%. Movistar sumó ingresos por $27,001 mdp, una caída anual de 5.8%, atribuible a la reducción en los cargos de interconexión y por la caída de los precios unitarios en el mercado a consecuencia del entorno altamente competitivo.

En tanto, el conjunto de los Operadores Móviles Virtuales (OMV) registraron ingresos totales por $1,015 mdp, 37.7% más que el año anterior que, sin embargo, siguen representando únicamente 0.4% de los ingresos totales del mercado móvil. Sin duda, este segmento de operadores móviles virtuales tiene un amplio potencial de expansión de negocio, en tanto logren identificar sus nichos y segmentos dentro de tan dinámico sector.

En su estructura por operador, se registra una reconcentración en ingresos y regresión competitiva, tal que el operador preponderante (Telcel) registró un aumento en su participación de mercado, al pasar de generar 68.2% del total de ingresos en 2017 a 70.7% al cierre del 2018, un aumento de 2.5 puntos porcentuales (pp) entre un año y otro.

Esto es un nivel de concentración similar al que ostentaba dos años atrás, a inicios de 2016.

Movilidad Universal con Regresión Competitiva

La movilidad es la marca de la época que vivimos, en donde los usuarios hemos desarrollado un complejo conocimiento y apreciación tanto de la conectividad y las ofertas comerciales, como de los dispositivos y sistemas operativos en los que operan.

Consecuentemente, en el 2018 estos servicios se caracterizaron por retomar una senda de dinamismo, tanto en la métrica de contabilidad de líneas como los ingresos del conjunto de operadores que participan en el mercado.

No obstante, la estructura del mercado móvil registra un escaso rebalanceo competitivo en las métricas de líneas, que definen la preponderancia.

En ingresos, llama la atención que este operador continúa ganando terreno de mercado para recuperar niveles de concentración similares a los registrados dos años atrás.

En México, el regulador debe procurar el ejercicio eficaz de medidas que alleguen un ecosistema competitivo, puesto que el operador preponderante aún ostenta siete de cada diez pesos generados en el segmento.

Las medidas de preponderancia no han podido subsanar esta falla de mercado que provee ventajas por medio de las economías de red y alcance generadas por una mayor base de suscriptores.

La gestación de condiciones de mayor cobertura, mayor disponibilidad de servicios, mejor calidad y menores precios depende de una nivelación efectiva de mercado entre operadores.

Por ello, se deben enfatizar los esfuerzos desde la aplicación y cumplimiento regulatorias, para alcanzar este cometido, en especial aquellas medidas de regulación asimétrica pendientes de implementación efectiva.

En la nueva revisión de medidas de preponderancia, el IFT debe definir de una vez por todas mecanismos compensatorios y aceleradores que aseguren un ecosistema realmente competitivo en las telecomunicaciones en México, que se traduzca en beneficios tangibles de largo plazo para los usuarios en términos de calidad, cobertura y precios de los servicios.

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El acceso a la conectividad y a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) es un derecho protegido por la Constitución (artículo 6º), tal que es obligación del Estado su procuración y garantía de satisfacción.

En otras palabras, la conectividad es un derecho fundamental de todos los mexicanos. Su tratamiento fiscal no. En franco contraste, impera el régimen fiscal que grava a los diversos servicios de telecomunicaciones como servicios de lujo a través el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que agrega un gravamen de 3 puntos porcentuales al consumo ya tasado por el IVA. Con todo, una tasa al consumo que asciende a 19%.

De acuerdo con la Ley del IEPS en su artículo 2º fracción II, se aplica esta tasa a los servicios que “se proporcionen en territorio nacional a través de una o más redes públicas de telecomunicaciones”, con la excepción de aquellos de telefonía fija rural, de telefonía pública, de interconexión y la prestación de internet de manera individual o empaquetada.

Bajo esta última modalidad, “los servicios de Internet exentos no podrán exceder del 30% del total de las contraprestaciones […] que se facturen en forma conjunta”.

Sorprende el hecho de que un derecho fundamental como la conectividad no puede, ni debe ser al mismo tiempo, considerado y tasado como un servicio de lujo.

Este gravamen, que nace de una desesperación fiscal, se ubica en la misma categoría que alimentos, bebidas y tabacos con incidencia negativa sobre la salud pública, así como combustibles fósiles.

Es claro que no se cuenta con una política fiscal para la conectividad, ni para las telecomunicaciones, ni para las TIC, que es el sector más dinámico de la economía. Su tratamiento fracturado entre lo constitucional y lo fiscal, resulta hoy incompatible con su carácter público y vulnera la esfera de protección y garantía del derecho de acceso a los servicios convergentes.

Incluso, resulta en un caso de inconstitucionalidad fiscal irresuelta al gravar, desde 2010, un servicio que la Constitución consigna como servicio básico para la población mexicana.

Al ser transferido el IEPS al consumidor como sucede con los impuestos al consumo, resulta en un impuesto regresivo que lastima más al poder adquisitivo de los consumidores de menor poder adquisitivo que se ubican en la base de la pirámide social.

Más aún, con la experiencia de interdependencia entre el acceso a las telecomunicaciones con otros derechos y libertades, como el de acceso a la información, a la educación y la libertad de expresión, estos son igualmente menoscabados bajo este gravamen socialmente nocivo y contradictorio.

Los Números de la Recaudación

El despliegue de obras de infraestructura económica y social requieren importantes flujos de capital para su financiamiento, para posteriormente constituirse como un sector inserto en plena formalidad también en su operación, con sus consecuentes contribuciones fiscales.

El sector de las telecomunicaciones es así uno de plena formalidad e importantes contribuciones en los múltiples peldaños de su escalera fiscal (derechos por licitar, cánones del espectro, a las importaciones, ISR, IMSS, INFONAVIT, IVA, por mencionar sólo algunos de los más de 30 gravámenes aplicables).

Es por toda esta estructura fiscal establecida, que incrementos en la tasa impositiva, en lugar de alcanzar el objetivo de elevar la recaudación, desincentivan la operación sectorial completa de inversiones, oferta y consumo de estos servicios.

Los reportes de la SHCP sobre el estado de las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, revelan la ineficiencia en la recaudación del IEPS en telecomunicaciones. Desde su introducción en 2010 no ha logrado alcanzar los niveles previstos por la Ley de Ingresos de la Federación, con la excepción de los ejercicios fiscales de 2011 y 2013.

Incluso, año tras año, su recaudación sigue una trayectoria a la baja, que lo deja como un gravamen ineficiente, además de distorsionante.

En efecto, su trayectoria histórica revela una tendencia generalizada a la baja. En el periodo que comprende los años 2013 a 2018, el efecto acumulado de su caída alcanza una merma de 23%, en donde el único año fiscal con desempeño positivo fue el 2018, con un crecimiento mínimo de 2.0%.

Adicionalmente, la contribución documentada en su partida escasamente alcanza 0.1% del total recaudado en 2018.

Regresividad Recaudatoria

La regresividad se refiere al efecto de la mayor afectación a los grupos de menores ingresos, resultantes de una medida fiscal.

Este es, precisamente, el caso del IEPS en las telecomunicaciones.

El análisis de la contribución a la recaudación del IEPS por decil poblacional, no muestra progresividad, a pesar de que la partida pagada por los últimos deciles de ingresos es mayor. En valores absolutos esta afirmación es un hecho. Los tres deciles con mayores ingresos aportan 57.0% de la recaudación total del IEPS sobre servicios de telecomunicaciones.

No obstante, al obtener la proporción que representa la contribución al IEPS no petrolero del ingreso disponible de las familias mexicanas, la progresividad del impuesto se desvirtúa.

Si bien es verdad que la contribución representa una menor proporción del ingreso para los deciles más bajos de la población mexicana, esta situación se revierte para los deciles intermedios, que pagan la mayor proporción de impuestos respecto a su ingreso disponible.

Así, se muestra que no pagan más los que más tienen, sino que el impuesto termina proporcionalmente mayor para los niveles socioeconómicos medios, que ostentan mayores elasticidades del precio que los usuarios con mayores ingresos. Al respecto y de acuerdo con la teoría económica, deberían estar pagando una carga menor que los NSE más altos para poder definir al impuesto como progresivo.

Entonces, en lo que a la progresividad del impuesto se refiere, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), durante 2016, el IEPS tuvo un comportamiento progresivo, pues lo recaudado recayó principalmente en hogares con un mayor nivel de ingreso. Sin embargo, son los NSE medios que pagan una mayor proporción de su ingreso disponible por concepto de IEPS no petrolero, lo que apunta en realidad una tendencia regresiva.

Adicionalmente, atribuible a que para los deciles de ingreso más bajo se registra una mayor elasticidad del precio de las telecomunicaciones que en aquellos más altos, la imposición del IEPS vuelve prohibitivo su uso en los hogares que conforman los tres deciles de ingreso más bajo. Esto, a todas luces, contradice categóricamente al mandato constitucional de acceso y cobertura universal.

En conclusión, es ineficiente y regresivo tasar servicios que tienen un impacto social y económicamente positivo en el crecimiento y desarrollo económicos, en la generación de empleos, en el ahorro en gasto tanto público como privado, más y mejor calidad en la educación, así como en recaudación fiscal adicional.

Es decir, la ineficiencia y regresividad de estos impuestos proviene de incrementar artificialmente los precios de los servicios y excluir a los segmentos más desfavorecidos de los beneficios mencionados de las telecomunicaciones.

Es completamente comprensible que el IEPS fue concebido como un impuesto especial para los bienes y servicios que se considera que generan externalidades negativas. Puede ser el caso del tabaco y bebidas embriagantes, a fin de disminuir su consumo.

Claramente las telecomunicaciones no encuadran en esta categoría.

Por lo anterior, amerita destacar la iniciativa presentada recientemente por la Senadora Minerva Hernández del PAN que pretende derogar el IEPS sobre telecomunicaciones y corregir las contradicciones en la legislación tributaria que lesionan este importante derecho fundamental, y que además mantienen la brecha digital e impiden la propagación de los efectos multiplicadores de las telecomunicaciones sobre la economía mexicana.

Es tiempo ya de eliminar el IEPS en telecomunicaciones y concentrar esfuerzos intelectuales en la construcción de una adecuada política fiscal para el desarrollo de las telecomunicaciones y las TIC, para así asegurar una política fiscal eficiente, que alcance la suficiente aportación a las finanzas públicas, convirtiéndose en el instrumento de impulso al crecimiento económico y promoción del bienestar social.

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Las actividades culturales y creativas constituyen en sí mismas un sector de actividad económica. Ciertamente la cultura vale por sus elementos sociales, estéticos y de cohesión, entre muchos otros. También, en pleno derecho es un sector de actividad económica con capital humano que labora en él; acumulador de infraestructura y otros tipos de capital; generador de producción, de divisas, de exportaciones, etc.

Al mismo tiempo, tiene características propias y un significado especial (como la identidad y diversidad cultural de cada país o región) que justifican un tratamiento económico específico por las limitaciones propias de dimensionamiento de éste, con base en reglas de operación claras, estables y conducentes para su desarrollo como las que a la fecha se han otorgado a otros sectores de actividad económica.

El sector económico de la cultura se conforma por unidades productoras de bienes y servicios culturales, incluidas las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas; ya sea de capital privado o bien gubernamental, cuyo principal insumo es la creatividad, visto como el insumo que detona no solamente el sector económico de la cultura, sino que promueve la expresión y participación de los ciudadanos. Incentiva el sentido de identidad y seguridad social en los ciudadanos y expande la percepción de las personas.

Es así como la creatividad se convierte en un capital intangible cuyo valor debe ser explorado desde la Ciencia Económica y abordado por la Política Económica de todo país. Más en aquellos países como el nuestro, en donde esa creatividad identitaria es un recurso abundante.

Efectivamente, en México en años recientes ha tenido lugar notables avances en la medición y el reconocimiento a la aportación de las Industrias Culturales y Creativas (ICC) que dotan de importancia económica al amplio sector cultural.

A partir de ejercicios de generación de indicadores, como el de la Cuenta Satélite de Cultura o el de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), México se identifica como una potencia económica y creativa. Actualmente, con más frecuencia, se realizan estudios con un mayor nivel desagregación que permiten identificar áreas de oportunidad para detonar un desarrollo cultural sostenible a nivel local.

Dimensionamiento Económico de las Industrias Culturales y Creativas

En el estudio ¿Cuánto vale la Cultura? Contribución Económica de las Industrias Protegidas por los Derechos de Autor,^[1] se aplicó la metodología de la OMPI que identificó a la cultura como un sector productivo, rentable y con un enorme potencial, para determinar su contribución en el crecimiento del país. Con todo, al desarrollo integral de nuestro país.

Cifras preliminares correspondientes al año 2016 muestran que, anualmente, el sector cultural realiza una contribución de 7.4% del Producto Interno Bruto (PIB). Asimismo, las Industrias Culturales y Creativas (ICC) se posicionan como el quinto sector de importancia en la economía, por lo que constituye uno de los principales sectores productivos.

Esto último incluso superior a la aportación de la industria textil y la automotriz. Su participación en el porcentaje del PIB aumenta si se toma en cuenta el turismo exclusivamente cultural, al pasar de 7.4% a 9.0%. Con ello, el sector cultural escalaría al tercer lugar en la ranking de sectores productivos, incluso superando al turismo nacional.

 

Las ICC generan beneficios para México en forma de empleo, ingresos fiscales y productivos, así como divisas y comercio a nivel mundial. La globalización, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), los Tratados de Libre Comercio, entre otros, han influido en el crecimiento del comercio internacional de bienes culturales; lo que hace posible compartir la diversidad cultural y el talento creativo de millones de personas alrededor del mundo.

Las ICC representan 7.6% de las importaciones totales y el 12.5% de las exportaciones totales. Estas cifras ponen a México en una balanza comercial positiva, es decir, que México exporta más bienes culturales y creativos al mundo de lo que importa al país. Esto coloca a México en una situación privilegiada a nivel global, pues sólo 30%^[2] de los países registran un superávit cultural.

Principales Retos para el Sector Económico de la Cultura y la Creatividad

La transformación de las ICC mediante cambios en la tecnología, así como los cambios a nivel institucional, legal, social y cultural, demuestran que la cultura constituye un componente de contribución económica que cambia constantemente en la sociedad, y esta dinámica puede observarse desde la oferta y la demanda.

Se registra un aumento en la oferta, disponibilidad y acceso a dispositivos, además de la abundancia de contenidos digitales, creación y apropiación de estos bienes. Asimismo, su producción ofrece nuevos soportes para contenidos creativos, así como la posibilidad de generar nuevos productos y servicios. Se han abierto canales de distribución que expanden el acceso global y reducen los costos de transacción. Los nuevos soportes de contenido creativo posibilitan al consumidor dirigir su búsqueda de bienes y servicios creativos, así como acceder a ellos con mayor facilidad; un ejemplo de ello son las descargas por Internet.^[3]

En resumen, los cambios nos llevan a enfrentar nuevos retos en un ecosistema moderno de mercado, en el que se encuentran inmersos plataformas tecnológicas y tradicionales. Sin embargo, y gracias a los cambios legales, la cultura es un derecho constitucional y ésta debe hacerse llegar a todos los ciudadanos; para ello es fundamental el uso de las redes digitales, ya que fomentan la democratización de los espacios y al igual brindan un mayor alcance de los contenidos culturales y creativos.

Es así que la apuesta es aprovechar al máximo este potencial económico de crecimiento y desarrollo, derivado de las ventajas comparativas y competitivas de nuestra actividad económico-cultural. Es un momento complejo y a la vez alentador éste en el que se desenvuelven las ICC bajo el nuevo modelo de política cultural del siglo XXI, el cual reconoce la dimensión cultural para el desarrollo integral, sostenible, el bienestar, la equidad y la paz.

A través de la creación de un corpus legal (primera Ley General de Cultura) que, junto al corpus institucional con la Secretaría de Cultura, se integran para asentar reglas claras, estables y conducentes que contribuyan a la gestión y desarrollo del sector, en conjunto con garantizar el ejercicio de los derechos culturales en México.

Referencias:

[1] Piedras Feria, Ernesto, ¿Cuánto vale la Cultura? Contribución Económica de las Industrias Protegidas por los Derechos de Auto en México, 1ed, México, Conaculta, 2004.

[2] Se utilizó una muestra de 67 países con comercio cultural significativo. UNESCO, Institute for Statistics, The Globalization of Cultural Trade: A Shift in Consumption, (Montreal, 2016).

[3] Fonseca Reis, Ana Carla, Economía Creativa como Estrategia de Desarrollo: Una Visión de los Países en Desarrollo, Itaú Cultural, (Sao Paulo, 2008), p. 34.

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En este mismo espacio, en diciembre del año pasado, se señaló que las empresas de contenidos audiovisuales han emprendido estrategias de consolidación de grandes actores y ejecución de importantes sumas de recursos financieros, con el fin de posicionarse o fortalecer su posición en esta industria dinámica.

En fechas recientes, un nuevo y por demás importante evento ha captado la atención de industria, órganos reguladores y autoridades de protección al consumidor y la competencia alrededor del mundo: la casi inminente fusión entre The Walt Disney Company y 21^st Century Fox.

Los potenciales efectos perniciosos de esta operación, que concentraría en un solo grupo económico a dos gigantes de la industria que competían entre sí en varios mercados, han sido advertidos y en múltiples casos atendidos mediante la aplicación de remedios regulatorios como condición para su aprobación. Tales han sido los casos de Estados Unidos, la Unión Europea y, de aplicarse las recomendaciones de la Superintendencia del CADE, Brasil.

En México, este asunto ha trascendido a tal grado que han intervenido ya varias autoridades, incluso más allá de aquellas encargadas de la aprobación y supervisión de los mercados relevantes. Al respecto, cabe recordar el llamamiento a la COFECE e IFT por parte de legisladores del Senado de la República, así como una investigación concluida por parte de la Subprocuraduría de Telecomunicaciones de la Profeco, ambos acentuando las eventuales afectaciones a los consumidores mexicanos que podrían resultar de la aprobación incondicionada de esta fusión.

En días pasados, ha sido publicado en medios la aprobación de la operación por parte de la COFECE, autoridad encargada de revisar sus términos y efectos sobre mercados tales como mercadeo y licenciamiento de sus franquicias. Por su parte, el IFT debe resolver pronto sobre la incidencia de la fusión sobre el mercado de telecomunicaciones, principalmente sobre el segmento de Televisión Restringida.

En este sentido, el pleno del Instituto enfrenta la importante tarea de prevenir que la unión de dos de los más importantes proveedores de contenido de Televisión Restringida resulte en el uso del poder de mercado que detentaría Disney, en detrimento de operadores y consumidores.

No es novedad que las señales propiedad de Disney y Fox disfrutan de un notable posicionamiento en el gusto de los mexicanos. Ello es cierto para prácticamente la totalidad de géneros en que cada empresa participa, pero es especialmente relevante en el segmento deportivo. Los canales ESPN (Disney) y Fox Sports (Fox) son difundidos por todos los principales operadores del país e, incluso, es posible encontrar al menos una de sus señales en todos sus paquetes.

De esta forma, los canales deportivos propiedad de Disney y Fox se han convertido en bienes esenciales en la canasta de consumo deportiva del suscriptor de TV de paga mexicano. Tal es el caso que las señales Fox Sports y ESPN representan 79.2% del total disponibles en los paquetes de menos de $300 al mes, mismos que son contratados por casi dos terceras partes del universo de suscriptores.

Esta posición privilegiada se ve fortalecida por los múltiples acuerdos de exclusividad en la transmisión de eventos deportivos firmados por ambas empresas. La fusión de ambas empresas resultaría en un mayor poder de negociación en favor de Disney que no podría ser contrapesado por los operadores de TV de Paga, quienes hasta ahora se han visto en la posibilidad de ofrecer paquetes asequibles en buena medida por la amplia y diversa oferta de proveedores de contenidos.

Cabe anticipar que, actuando en cumplimiento de sus encomiendas constitucionales y a la altura de sus pares internacionales, el pleno del IFT dicte las condiciones necesarias (conductuales o de preferencia estructurales) para evitar la manipulación del mercado en beneficio de un grupo económico y en detrimento del bienestar los consumidores, especialmente de aquellos con menores alternativas y limitados recursos económicos.

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A más de un lustro de la ejecución de un nuevo marco institucional y un esquema regulatorio asimétrico para las telecomunicaciones en México, son evidentes para el grueso de los consumidores mexicanos los muchos avances del sector en términos de calidad, precios, cobertura, acceso, entre otros beneficios.

Una muy importante asignatura pendiente es el rebalanceo del terreno competitivo entre los jugadores del mercado. Así, América Móvil (Telmex, Telcel, Telnor), el agente económico preponderante (dominante, incumbente, con poder monopolista de mercado, o como deba denominarse) ostenta, grosso modo, dos terceras partes del sector en términos de clientes, líneas, accesos, infraestructura, e incluso casi tres cuartas partes de los ingresos en el segmento móvil.

Conviene entonces acentuar las medidas compensatorias de las imperfecciones de mercado, para abandonar este estadio hacia uno de competencia efectiva, que materialice definitivamente los objetivos pretéritos, como el acceso universal a las TIC y desarrollo eficiente del sector.

Es así como vale la pena cuestionarnos la conveniencia de emprender un proceso que materialice definitivamente los objetivos pretéritos (e.g. acceso universal a las TIC, desarrollo eficiente del sector y promoción de la competencia efectiva), pero que abunde en la materialización cierta y expedita de todos sus beneficios y efectos esperados.

Precisamente bajo esta ola transformadora se presenta una magnífica oportunidad para evolucionar al sector de las telecomunicaciones mexicanas.

Nivelación Competitiva del Mercado

Son claras al respecto las métricas de participación de mercado por operadores en los diferentes segmentos, en términos de usuarios e ingresos.

Como se mencionó anteriormente, persiste una concentración de mercado prácticamente imposible de encontrar en ningún otro mercado que se considere en competencia. El peso en el mercado de América Móvil en términos de usuarios, medida con base en la cual se determinó la preponderancia, asciende a 59.3% al mes de septiembre de 2018, de acuerdo con información del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Este nivel continúa siendo muy superior al límite que se requiere para dejar de ser agente económico preponderante.

Este marcado desbalance competitivo es mayor y más preocupante en el segmento de Banda Ancha Móvil (BAM), que alcanza 71.6%, con una trayectoria incluso creciente en el último año. Mientras que en ingresos se ubica en un nivel idéntico que en suscripciones (59.3%), pero con una manifiesta reconcentración en el segmento móvil, al pasar de ostentar 68.2% a 71.0% en tan sólo un año.

Calibración Estructural

El transcurrir de este lustro sin la renivelación competitiva, deja clara la necesidad de ajustes aceleradores y de mayor efectividad ante la excesiva concentración e inequidad competitiva.

En esa línea, ha sido mandatada ya la separación funcional del negocio fijo del preponderante en divisiones mayorista y minorista.

Sin embargo, evidencias regulatorias internacionales muestran el riesgo de la insuficiencia de esa medida. Se plantea en el Reino Unido, por ejemplo, incluso la conveniencia y hasta la necesidad de ir más allá con una suerte de leap-frogging regulatorio para implantar una separación estructural del preponderante.

Conviene recordar que los procesos de la regulación asimétrica exitosa en mercados que hoy operan en escenarios de competencia efectiva tomaron en promedio entre 8 y 11 años, para materializar de manera sustentable esos efectos de compensación y nivelación del terreno de participación de sus diversos actores.

Si el objetivo último para América Móvil es dejar de ser preponderante, eliminar la regulación asimétrica que le es aplicable y conseguir su entrada al mercado de video (nunca visto en ningún país, para el caso de un agente que ostente tales participaciones de mercado, por los efectos perniciosos que generaría), es conveniente ese mecanismo acelerador (fast-track) identificable en la separación estructural.

En términos de tiempo regulatorio, este ajuste regulatorio representaría un importante ahorro de tiempo.

Transformación Sectorial para la Transformación Nacional

En estos tiempos de transformación nacional, no debe rezagarse la transformación del sector de telecomunicaciones.

Bajo las circunstancias imperantes, se vislumbra muy lejano el cumplimiento del mandato constitucional de acceso universal a las telecomunicaciones en condiciones de competencia.

Es por ello fundamental la aplicación de remedios estructurales para aproximar de manera expedita a este escenario, esto implica dar paso a una nueva fase regulatoria, la Transformación Telecom.

Esta vía tiene el potencial de habilitar una transformación social, al dotar de capacidades de acceso a contenidos informativos, educativos, culturales, de entretenimiento y productivos, ahora sí para toda la población, así como una transformación intersectorial, al aprovechar el uso de estas capacidades para el desarrollo productivo.

Se trata, con todo, de una transformación sectorial que consecuentemente contribuiría a alcanzar la enarbolada transformación nacional.

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Política Pública y Regulatoria para las Telecom en 2019

Una diferencia notable en esta transición de gobierno es que desde la Reforma Constitucional quedaron sentadas las bases regulatorias de nivelación competitiva y de política pública sectorial para la instrumentación de una política de Estado para las telecomunicaciones en México.

Este corpus legal y regulatorio constituye una estrategia de gobierno para alcanzar el anhelado escenario de conectividad universal, competencia efectiva y desarrollo eficiente de la industria.

Ésta es ya la primera transición sexenal en la que por determinación constitucional que trasciende a cualquier voluntad del gobierno, se requiere de una continuidad en la política pública y regulatoria para garantizar el derecho de acceso a las telecomunicaciones para todos los mexicanos. Esto último, en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, continuidad, acceso libre y sin injerencias arbitrarias, de acuerdo con el artículo 6º constitucional.

La definición de una política de Estado de las telecomunicaciones se contará entre aquellas relativas a los sectores educativo, salud, social, entre otros. Al igual que en estos se demanda infraestructura para dotar a la población de servicios básicos, en telecomunicaciones, es menester ampliar la disponibilidad de recursos de redes para garantizar este derecho constitucional.

Política Pública para la Conectividad Universal

Desde la administración anterior, se pusieron en marcha acciones de política pública para detonar el acceso a las telecomunicaciones entre la población, entre estas, el Programa México Conectado, ahora denominado “Internet para todos”, cuyo cometido principal era dotar de conectividad en sitios públicos como escuelas, hospitales, parques y bibliotecas.

Bajo su nueva denominación, recibió el carácter de programa prioritario de gobierno con el objetivo de aproximar a todos los habitantes a puntos de acceso a internet, a partir de proveer cobertura “a nivel nacional en carreteras, centros de salud, escuelas y plazas públicas”.[1]

No obstante, queda por verse si la partida presupuestal asignada para el programa para este año ($662.8 millones de pesos) será conducente para cumplir con su propósito que finalmente se trata del cumplimiento de un mandato constitucional.

Otra de las acciones de política pública transexenal para la conectividad es la materialización del proyecto de la Red Troncal Nacional de Telecomunicaciones, estrategia del Estado que abona a la consecución de acceso universal en regiones remotas con escasa o nula oferta, así como para aumentar la cobertura, capacidad y calidad de la infraestructura de redes fijas.

Este proyecto que deriva del artículo 6º constitucional, fue demorado en su planeación y ejecución. Toca así a la actual administración recibir las propuestas técnicas y económicas para definir al desarrollador del proyecto y celebrar el contrato de Asociación Público-Privada (APP).

Asimismo, es menester que el nuevo gobierno aplique y haga valer las “Disposiciones de Acceso para Telecomunicaciones a la Infraestructura del Sistema Eléctrico Nacional”, vigentes desde el 1º de enero de 2019, así como dé continuidad al programa de arrendamiento de inmuebles del Estado para el desarrollo de redes de telecomunicaciones.

A partir de estas acciones se dará acceso a recursos de infraestructura, como remedio normativo para eliminar un cuello de botella en la provisión de servicios de telecomunicaciones. A ello se le suman las labores necesarias para consolidar un gobierno y economía digitales, así como la generación de condiciones óptimas para la innovación tecnológica, a través de la promoción a la inversión y la colaboración del gobierno con la iniciativa privada.

Estos son casos de política pública sectorial de Estado que no están sujetas al calendario de administración de gobierno.

Política de Administración del Espectro Radioeléctrico

Otro elemento esencial para el desarrollo sectorial es el espectro radioeléctrico. En este sentido, a finales del año pasado, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) dio a conocer su “Programa Anual de Uso y Aprovechamiento de Bandas de Frecuencias 2019”.

Con el objetivo de hacer un uso eficiente del espectro radioeléctrico, detonar la competencia, la convergencia, la innovación, la diversidad e introducción de nuevos servicios de telecomunicaciones y radiodifusión (radio y televisión) en beneficio de los usuarios finales, se prevé poner a disposición nuevas bandas de frecuencias.

Al respecto, el Programa de Frecuencias incluye la licitación de 10 MHz en la banda 1710-1780/2110-2180 MHz, ampliamente utilizada para la provisión de servicios móviles en las Américas. Asimismo, se prevé la adjudicación adicional de segmentos disponibles en la banda 2500-2690 MHz (Banda 2.5 GHz), tras el proceso de licitación de mediados de 2018, por el que resultaron ganadores AT&T y Telefónica. Mientras que para uso social se contempla espectro en la banda 824-849/869-894 MHz para comunicación móvil.

En lo que toca a servicios de radiodifusión, en 2019 se deberán licitar un total de 41 frecuencias (39 de FM y 2 de AM) de radio para uso comercial, mientras que por la vía de asignación directa 31 frecuencias de radio (29 de FM y 3 de AM) y 11 canales de Televisión Digital Terrestre para uso social y público con propósitos culturales, científicos, educativos o a la comunidad, sin fines de lucro.

Política Regulatoria de Competencia Efectiva

Es un error creer que una política de acceso universal no está ligada a una de promoción de la competencia efectiva. Si bien los problemas de cobertura en el país emanan de insuficiencias en el despliegue de infraestructura y otras barreras estructurales, la falta de disponibilidad y adopción de estos servicios responde fundamentalmente a la marcada asimetría en las condiciones competitivas entre los jugadores en el mercado.

Al respecto, si bien el IFT ya aprobó las Ofertas de Referencia de Servicios Mayoristas del operador preponderante (Telmex-Telnor/Telcel) para 2019, así como las tarifas asimétricas para la terminación en su red, queda pendiente la supervisión de la separación funcional de este operador, la implementación eficaz de la regulación asimétrica y la revisión bianual de las medidas de regulación asimétrica en la que deberá constar los avances en la implementación y cumplimiento de su cometido.

El diagnóstico a un lustro de su implementación es que con base en la métrica que lo define como agente económico preponderante, esto es, una participación de mercado en usuarios superior a 50%, continúa en un nivel cercano al del inicio de la implementación de las medidas asimétricas. De acuerdo con información del IFT al segundo trimestre de 2018, tan sólo ha perdido 4.5 puntos porcentuales en su cuota de mercado en el periodo referido, al alcanzar una razón de 59.6%.

Si bien en la revisión anual previa se definieron nuevas medidas para acelerar la consecución del objetivo de competencia efectiva, en esta segunda revisión el regulador deberá evaluar qué mecanismos han resultado eficientes y eficaces para desconcentrar el mercado y cuáles convendría implementar para efectivamente nivelar el terreno competitivo entre operadores.

Otras Asignaturas Pendientes

Otras asignaturas pendientes que deberán concretarse en 2019 son la conformación del Sistema Nacional de Infraestructura, base de datos nacional georreferenciada que contendrá los registros de infraestructura activa y medios de transmisión, de infraestructura pasiva y derechos de vía, así como de sitios públicos y privados. Así también deberán emitirse los lineamientos para la homologación de equipos de telecomunicaciones y radiodifusión, mismos que brindarán certeza jurídica a los usuarios sobre el reconocimiento de los productos que adquieren y que satisfacen las normas o disposiciones técnicas aplicables.

De igual forma, cabe anticipar que siga latente la discusión en torno a la regulación de las plataformas de video por internet, la privacidad de datos, el Internet de las Cosas y la Neutralidad de la Red. Sin duda, el sector de telecomunicaciones requerirá de un esfuerzo conjunto que haga partícipes no sólo al Estado, sino también a la industria, a los usuarios y a la academia, para atender y materializar los pendientes y mandatos de política pública y regulatoria sectorial bajo la nueva administración.

Referencia:

[1] Programas y proyectos de AMLO obtienen aprobación ciudadana superior al 90% en la Consulta Nacional Programas Prioritarios. Disponible en: https://goo.gl/PWwMAf

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El mercado se configura por el espacio geográfico en el que interactúan los agentes económicos de ambos lados, de la demanda y de la oferta. Respecto a la primera, contrasta favorable y notoriamente respecto al periodo previo a la Reforma Telecom la penetración de servicios y su intensificación de uso. Por ejemplo, tan sólo en algunos años, la utilización de datos móviles se ha multiplicado prácticamente por más de cuatro, mientras que aquella de voz y SMS por dos y media veces.

Por el lado de la oferta de los servicios de conectividad, la entrada y consolidación de nuevos operadores ha resultado disruptiva para el mercado. Junto con las alianzas estratégicas entre competidores, el establecimiento y la modificación de reglas específicas para el operador preponderante en el mercado, entre otros, se ve hoy la evolución aún incompleta de una dinámica competitiva que impacta favorablemente en los niveles de precios, calidad de servicio y cobertura.

Conjuntamente, estas circunstancias han generado efectos sobre las condiciones de oferta, hábitos de consumo, reconfiguración de los mercados y sobre la generación de nuevas oportunidades de negocio.

Ingresos de Telecomunicaciones

Es así como, durante 2018, las telecomunicaciones mexicanas se caracterizaron por un marcado dinamismo medido en crecimiento de ingresos, superior al mostrado por más de un lustro. De acuerdo con estimaciones de The Competitive Intelligence Unit, en 2018, el sector de telecomunicaciones en su conjunto generará $491,198 millones de pesos, que representa un crecimiento anual de 5.0%, superior al 3.0% registrado en el año previo.

Para 2019 se pronostica un resultado aún más favorable, con un coeficiente de crecimiento superior a 5.6%, atribuible a la reactivación del mercado de TV de Paga, el crecimiento en el ARPU móvil derivado del mayor consumo de datos móviles, la reducción de la caída de los ingresos fijos y el creciente consumo de servicios de banda ancha, tanto fija como móvil.

Dinámica del Mercado por Segmentos

En su dinámica por segmentos, el de telecomunicaciones fijas registrará una reducción promedio de 6.3% para 2017 y 2018, explicado principalmente por la migración fijo-móvil y por la marcada preferencia por el empaquetamiento de la telefonía fija en triple play, junto con los servicios de internet y de TV de Paga, que favorece la contratación de las ofertas de los operadores convergentes.

Es previsible que el mercado de TV de Paga continúe con su trayectoria positiva, a pesar de la desaceleración registrada durante 2017 y 2018. Para este año próximo a concluir, su crecimiento se ubica en la vecindad de 8%, explicado por la masificación de servicios de video y por el creciente consumo de servicios empaquetados. En 2019 se espera que el segmento registre una estabilización e incluso una ligera aceleración, atribuible a la oferta y contratación de paquetes con servicios de valor agregado, como son las plataformas de video bajo demanda por internet o servicios móviles.

Por lo que toca al segmento móvil, que pesa casi 60% del sector en su conjunto, 2018 ha sido un año de notable dinamismo de sus ingresos con un crecimiento anual cercano a 10%. Se espera que continúe en su senda de crecimiento, producto del mayor número de usuarios, tanto de prepago como de postpago, una reducción de la vigencia del saldo en las recargas, la intensificación en el consumo de datos móviles y el marcado aumento en los ingresos de equipos móviles.

Pronósticos y Asignaturas Pendientes para 2019

Tras este recuento cuantitativo del sector, se prevé un panorama positivo para 2018, consecuencia de los beneficios generados por la inyección de mayores recursos de infraestructura, así como el aumento en la oferta y consumo de servicios ofrecidos.

Es previsible también que continúe la rampa ascendente de crecimiento del sector, derivada de la mayor cobertura de servicios, el despliegue de redes de nueva generación, la profundización en la demanda y consumo de servicios, entre otros factores.

Durante 2019, el regulador deberá enfatizar su labor de gestación de la competencia efectiva y no poner frenos ni marcha atrás a los remedios regulatorios para su materialización.

A pesar de esta buena prospectiva, no debe perderse de vista la persistente concentración en ingresos en el sector, tal que alrededor del 60% de los ingresos son atribuibles a un solo operador, el preponderante (América Móvil, Telmex-Telcel) y durante el último año registra mayores niveles de concentración.

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En la industria de contenidos audiovisuales, se identifica una dinámica competitiva basada en la generación de más y mejores producciones originales, universos extendidos y nuevas historias. En este sentido, productoras cinematográficas y de televisión, operadores de telecomunicaciones y jugadores digitales han emprendido esfuerzos de generación y adquisición de nuevos productos, alianzas estratégicas para la producción y distribución de contenidos, así como la fusión e integración de empresas de contenidos para fortalecer su posicionamiento en el mercado.

Es así como desde inicios de la década presente han tenido lugar sucesos como la compra de Marvel por The Walt Disney Company en 2010, la adquisición de Lucas Films por este mismo conglomerado de entretenimiento en 2012, la integración de NBCUniversal como división de contenidos audiovisuales de Comcast desde 2013 y la posterior compra de DreamWorks por este gigante de telecomunicaciones en 2016, así como la reciente fusión de AT&T con Time Warner y la ya aprobada concentración Disney-Fox (21st Century Fox).

Mercado Dinámico con Potencial Concentración de Mercado

A pesar de tratarse de un mercado que se caracteriza por su dinámico ejercicio de recursos de inversión para la generación de contenidos y el lanzamiento de nuevas plataformas para hacer llegar estos de forma directa a las audiencias, los casos de concentración ameritan una revisión y supervisión por parte de las autoridades regulatorias. Esto último, debido a la potencial existencia de incentivos para explotar ventajas competitivas y competir de manera desleal con otros jugadores de la industria.

Por tal motivo, es menester que al tratarse de estas operaciones los reguladores analicen y monitoreen métricas e indicadores sobre su participación de mercado en términos de audiencia y partición publicitaria, número de competidores en el mercado, relevancia de los contenidos para los consumidores, la posibilidad de provisión exclusiva y exclusión a otros jugadores, entre otros factores.

Estas atenuantes fueron consideradas por el Departamento de Justicia y la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos en los casos de concentración de Comcast-NBCUniversal y Walt Disney-Fox, al identificarse potenciales vías de actuación anticompetitiva por parte de las empresas compradoras. En la primera operación (Comcast-NBCUniversal) se determinó que sus contenidos deben estar disponibles para todos los operadores de distribución en línea, mientras que en la fusión Disney-Fox se impuso la prohibición de incorporación de canales deportivos de la cadena Fox por el elevado poder de mercado que alcanzaría en el segmento deportivo al poseer ESPN.

Una condición similar fue definida al aprobarse en la Unión Europea pero en lo que toca a contenidos culturales, mientras que en Brasil, el Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE) de Brasil falló de manera similar al Departamento de Justicia de Estados Unidos, al encontrar una marcada preferencia por los contenidos deportivos del nuevo conglomerado que podría resultar en condiciones de acceso adversas para las audiencias en aquel país.

Lecciones para la Aprobación de Concentraciones en México

Si bien esta industria es una que registra condiciones competitivas en la generación y provisión de contenidos a las audiencias, es deseable que este escenario permanezca en el largo plazo. Es por ello preciso que los órganos reguladores alrededor del mundo permanezcan en alerta ante el riesgo que representa la concentración de jugadores en el mercado para el interés de los consumidores y el dinamismo que caracteriza al mercado.

La imposición de condiciones a este tipo de operaciones de órganos de competencia en Estados Unidos, la Unión Europea y Brasil constituyen una lección para México, para el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y para la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), autoridades que están próximas a definir su posición en el caso Disney-Fox.

Para este y eventuales casos de concentración, la voluntad del regulador debe enfocarse a proteger, incluso ex ante, los intereses de las audiencias y los consumidores mexicanos.