La pluma ecléctica

Hace poco la Suprema Corte de Justicia de la Nación debió resolver un caso bastante espinoso. Se trata de una familia rarámuri que, además, son Testigos de Jehová. Como sabemos, los testigos de Jehová, derivado de sus convicciones religiosas, se oponen de manera radical a cualquier tipo de transfusión sanguínea.

En este caso se trataba de una menor de edad a quien se le diagnosticó leucemia linfoblástica aguda, que es un tipo de cáncer en la sangre que comienza en la médula ósea. El tratamiento “idóneo” en este tipo de casos, es someter al enfermo a quimioterapias, lo que obligadamente implica transfundirle sangre.

Como era de esperarse, los padres de la menor se opusieron a la aplicación de dicho tratamiento, argumentando sus convicciones religiosas las que, como ya se mencionó, les impedían aceptar transfusiones sanguíneas para su hija.

El debate aquí es si los padres tenemos el derecho de oponernos a un procedimiento médico considerado como el idóneo para salvar la vida de un menor. De frente a la oposición de los progenitores, la Trabajadora Social del centro hospitalario, consideró que en aras del interés superior de la menor, lo pertinente era solicitar se retirara la tutela a los padres, para poder proceder al tratamiento médico correspondiente.

Así, el departamento de Trabajo Social del Hospital recurrió a la Subprocuraduría de Protección Auxiliar de Niñas, Niños y Adolescentes del estado de Chihuahua, misma que, una vez valorado el caso, autorizó se procediera al tratamiento supliendo de esta manera la tutela de los padres. La Subprocuraduría consideró, por un lado, que era urgente iniciar el tratamiento a la menor pues de no hacerlo así su vida corría peligro y que, de frente a los derechos de los padres relacionados con sus convicciones religiosas y su capacidad para tomar decisiones sobre su hija menor, debía imperar el derecho fundamental de la menor a recibir un tratamiento que salvase su vida. Esto último tuvo como fundamento el principio del interés superior de los niños y niñas.

Con la oposición manifiesta de los padres el caso debió llegar a la Corte, la que ratificó que si bien la autonomía decisional familiar, así como el derecho a profesar un culto religioso determinado, son derechos fundamentales reconocidos en nuestra Constitución, en aras del interés superior de los menores, particularmente cuando su vida corre peligro, el derecho de los menores debe primar.

La decisión de la Suprema Corte resulta relevante, ya que es la primera vez que se autoriza recurrir a un tratamiento determinado que, implicando una transfusión sanguínea, pone por encima los derechos de los menores a los de los padres de profesar una religión determinada y a partir de ésta, tomar decisiones trascendentales para sus hijos.

Cabe decir que la Corte debió manifestarse en virtud de que los padres recurrieron la decisión de la Subprocuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del estado de Chihuahua, la que debió litigar el asunto a fin de proceder a salvar la vida de la menor.

Lo anterior nos lleva a la siguiente reflexión, ¿hasta dónde los adultos en nuestra posición de padres, podemos imponer una visión del mundo a nuestros hijos, aun y cuando dicha cosmovisión pueda afectarles a grado tal de perder la vida? ¿El derecho a la salud de los menores, entendido como un derecho humano superior, debe prevalecer por encima de las convicciones religiosas familiares?

La respuesta en mi opinión es un sí contundente, nosotros los adultos debemos velar por la vida de nuestros hijos y más allá de las convicciones religiosas debemos velar por la salud y el sano desarrollo de los mismos.

Por cierto, hay que señalar que este caso inició porque la menor presentaba síntomas de varicela, y digo que hay que señalarlo por la nueva moda que se ha instalado en muchas partes del mundo, de no querer vacunar a los menores, lo que ha generado en algunos países serios problemas de salud.

En concreto, la salud –particularmente de los menores de edad–, no puede ni debe estar condicionada a ningún otro derecho, por más que se afecte la autonomía decisional familiar.

Para ampliar sobre el fondo de este asunto, dejo el siguiente enlace:

Reseña del amparo_Zaldívar_Intervención del Estado a favor de la salud de un menor de edad 

A lo largo de mi vida he sido un convencido que el derecho debe respetarse, sin embargo, esta afirmación debe responder a la siguiente pregunta: ¿por qué debe respetarse?

La respuesta que generalmente me dan a esa pregunta, es “porque si no se respeta habrá una sanción”. Creo sinceramente que eso (la sanción) debería ser lo último que nos preocupara; en mi opinión, el derecho debe respetarse porque sólo así podemos garantizar una relación armónica entre individuos en una sociedad.

En concreto, el derecho tendría que respetarse por convicción, no por temor a la sanción. Debería ser la convicción de que respetando las “reglas del juego”  todos podemos vivir mejor, y no me refiero a los grandes problemas jurídicos, me refiero a la vida cotidiana. Así, si todos (por convicción) respetáramos, por ejemplo, las reglas de tránsito, todos nos veríamos favorecidos con una fluida vialidad, si no existieran los “picudos” que rebasan por el acotamiento, para luego más adelante interrumpir el tráfico al querer integrarse a los carriles ordinarios, la circulación no se vería entorpecida. Éste es sólo uno de los muchos ejemplos que podría dar.

En mi condición de abogado y, más aún, en mi condición de investigador del derecho, he apoyado múltiples causas, a veces en contra de una opinión mayoritaria. Así, sin ser mujer, creo que ellas merecen todos los derechos y en ese tenor he defendido muchas veces los derechos de las damas.

De igual forma, sin ser (por el momento) adulto mayor, me queda claro que éste es un grupo vulnerable al que debemos proteger desde el derecho, e igual pasa con niños, discapacitados o personas cuya identidad sexual no se acopla a la tradicional y dicotómica posición de hombre-mujer.

En este sentido, he de decir que trabajo en una institución en donde la mayoría son mujeres, tanto estudiantes como profesoras, y en mi clase de derecho o de bioética, inevitablemente hablamos de los derechos de los diferentes grupos sociales, niños, adolescentes, adultos mayores, mujeres, etcétera, y en el etcétera se incluyen temas relacionados con homosexuales o lesbianas, a quienes, por cierto, si les quitamos el adjetivo, simplemente nos quedamos con las personas, con los ciudadanos de éste o de cualquier país.

Pues bien, parece que algunas de mis compañeras no se han dado cuenta que, como ya lo mencioné, hablo de los derechos de los diferentes grupos vulnerables, para ellas yo sólo hablo del aborto o defiendo los derechos de los gays, y desde esa perspectiva, parece ser que hay quienes han llegado a pensar que soy gay.

Esa posición, además de ser evidentemente prejuiciosa, me parece increíble en un ambiente universitario, en el que deberíamos poder hablar de cualquier tema y en todo caso, los temas “tabú” deberían ser abordados y analizados racionalmente. No me molesta que alguien piense que puedo ser gay, están en su derecho, lo que me sorprende son los grandes prejuicios que siguen imperando en una sociedad como la mía. Pensar que soy “gay” porque defiendo los derechos de los homosexuales es tanto como decir que soy “prieto” por el simple hecho de ser mexicano.

Creo sinceramente que antes que homosexuales o heterosexuales existimos los seres humanos, las personas (así a secas) y precisamente, como personas, en un país que se dice democrático, laico y en el que se supone que impera un Estado de derecho, este tipo adjetivos deberían salir sobrando. Pero lamentablemente no es así, más allá del derecho, está la cultura y con ella los prejuicios que en ella hemos ido engendrando.

Hoy pasamos por un momento crucial en movimientos como el de #MeToo, sólo espero que impere la cordura y que dichos movimientos no degeneren en una cacería de brujas, cacería que recordémoslo duró cientos de años en contra de las personas con preferencias sexuales diferentes a las “ordinarias”.

Hace aproximadamente un año vi un capítulo de una serie denominada Black Mirror, dicho capítulo se centraba en un período de la vida de una mujer llamada Lacie. La serie nos propone una idea escalofriante: los seres humanos pasamos de dominar las redes sociales a ser dominados por las redes sociales.

Así, toda nuestra actividad diaria es monitoreada, todos nos cuidamos de todos y todos nos calificamos a todos. Lacie, la protagonista de ese capítulo, es una mujer que desea aumentar su “puntaje social”, es decir, las calificaciones que recibe del resto del mundo. La idea planteada es que, entre mayor sea el “puntaje social”, mayores son los beneficios a los que puedes acceder en la vida real.

Así, para poder alquilar un departamento en “X” lugar, requerirías de “X” número de puntos, ya que si no habías alcanzado dicho puntaje, era imposible acceder a ciertas comodidades.

Entonces, la trama plantea un futuro en el que todos nos calificamos a todos, por lo que, el saludar o dejar de hacerlo, puede darte o quitarte puntos. Al final, Lacie vive en una sociedad mucho más superflua e hipócrita que cualquier sociedad actual, pues en esa sociedad futurista, el saludo o el no pasarte un rojo, respondía más a la intención de ganar puntos que a la pretensión de ser una buena persona o un buen ciudadano, según sea el caso.

Debo confesar que, al ver el capítulo, tuve sentimientos encontrados, de pronto cuando me metía en la trama, me sentía profundamente angustiado, por otra parte, al terminar de verlo pensé, qué ingenio el del escritor, qué humor tan negro al escribir. Concluí que la idea, aunque bien plantada, era absurda, pues creí que eso nunca podría suceder.

Para mi sorpresa, hace unas cuantas semanas, me enteré por la prensa que China ha iniciado ya un programa similar, en el que los ciudadanos chinos serán continuamente evaluados por el resto de los ciudadanos.

Este programa chino, ha sido denominado como “crédito social” y ha iniciado operaciones en diversas partes del país en mayo de 2018. Lo que está sucediendo no es menor, particularmente en un país con excesivos controles; el gobierno chino desde hace tiempo controla los medios tradicionales de comunicación, el sistema educativo, la burocracia e incluso hay fundadas sospechas que controla el mismo internet.

Rongcheng, en la provincia de Shandong, China, es una de las primeras ciudades en donde inició el programa. Inicialmente se les asignan mil puntos a todas las personas y a partir de este inicial puntaje el mismo irá decreciendo o aumentando en función del comportamiento público de los ciudadanos, es decir, “si se portan bien” recibirán puntos, pero si su desempeño es negativo, les serán restados puntos de su “crédito social”.

Cada actividad que realice un individuo incide en su puntuación, si se realizan servicios a la comunidad, comportamientos excepcionales o se reciben premios, se añaden puntos. En cambio, si se realizan conductas como pasarse un alto, retrasarse en un pago, fumar en zonas prohibidas, o publicar noticias falsas en línea, se restarán puntos.

El sistema está diseñado de tal forma que, como en el capítulo de Black Mirror, los ciudadanos se “autovigilen”. La diferencia, nada trivial por cierto, es que en el programa chino, no son los mismos ciudadanos quienes se califican entre sí, sino que es el gobierno el que da o resta puntos. Parece ser que, por ejemplo, el denunciar alguna conducta inapropiada de otras personas permite que al denunciante se le otorguen puntos a favor. La idea es que las autoridades locales provean de datos a las instancias regionales y éstas a su vez harán lo propio con las autoridades centrales.

Bajo este esquema de puntos las personas con puntajes bajos tendrán prohibido comprar boletos de avión o tren bala, o bien, se les restringirá el acceso a boletos en clase ejecutiva. Se prevé que otra consecuencia, por ejemplo, por difundir noticias falsas o contrarias al gobierno por medio de la Internet, tendría como consecuencia la prohibición para el ciudadano de acceso a la red o bien limitarle el ancho de banda, esto dependiendo del puntaje de su “crédito social”.

Lectura: 4 minutosMentirillas, nada piadosas por cierto

Nuestra Constitución Política creada originalmente en 1857 fue modificada el 5 de febrero de 1917, y de ahí en adelante ha sufrido 233 modificaciones, siendo la última en agosto de 2018. Esta última modificación fue referida a la entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República.

Casi en todos los períodos presidenciales de México, la Constitución ha sufrido alguna modificación y se han reformado a lo largo de su vigencia, de 136 artículos que la integran al menos 99, es decir, que nuestra Constitución ha sido reformada al menos en dos de sus terceras partes.

Ahora bien, leer nuestra Constitución puede ser peligroso ya que ésta puede resultar muy estimulante o francamente frustrante. Si hiciéramos un ejercicio hipotético de leer nuestra Constitución desde los ojos de un extranjero, seguramente este “hipotético”  extranjero desearía ser mexicano. Nuestra Carta Magna plantea un país ideal, una suerte de Alicia en el país de las maravillas, pero sin Alicia y sin las maravillas.

De acuerdo con nuestra Constitución, los mexicanos tenemos un estándar y un catálogo de derechos impresionantes. En principio, (artículo primero) nadie puede ser discriminado por su origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil, etcétera.

Sin embargo, todos los días nos enteramos por las noticias más cotidianas sobre el grave racismo y discriminación que impera entre los mismos mexicanos, particularmente entre los de la “ciudad” y nuestros compatriotas indígenas.

Ni qué decir sobre la discriminación por razones de género; Campeche, Colima, Chiapas, Durango, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, San Luís Potosí, Sinaloa, Veracruz y Zacatecas, tienen una alerta de género formalmente declarada al día de hoy.

Pero están en proceso de declaratoria, la Ciudad de México y Puebla, y al menos en 9 entidades de la República se han solicitado alertas de género que aún no han sido declaradas ni en proceso, esto en los estados de Coahuila, Baja California, Guanajuato, Puebla, Querétaro, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Yucatán.

En cuanto a la discriminación por edad, resulta que tenemos una ley denominada Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, en la que básicamente se nos dice que no debemos discriminar a nuestros “viejitos”, lo que sin embargo es (la discriminación a los viejitos y a todos los llamados “grupos vulnerables”) el deporte nacional. Viejos abandonados, golpeados y explotados es pan de todos los días.

En cuanto a los discapacitados, cualquier cosa que pueda decir se queda corta, durante décadas las familias “escondían” a sus parientes discapacitados, tener un hijo con síndrome de Down era una tragedia, no tanto por el discapacitado sino por el estigma y los prejuicios sociales. Igual podríamos hablar de ciegos, sordos, personas con parálisis cerebral y un muy, muy largo etcétera.

En cuanto a no ser discriminados por la condición social, también tenemos múltiples ejemplos de cómo en esta sociedad somos discriminadores a ultranza, están por un lado los “fifís”, según lo dicho por nuestro presidente y por el otro lado el pueblo, los huachicoleros de cuello blanco y aquellos de cuello negro. O los nacos y los fresas (dirían otros) o los de arriba y los de abajo, o simplemente los ricos y los pobres. La discriminación, podemos ver es evidente, aunque depende de tu condición social.

De igual forma no deberíamos discriminar por la condición de salud, pero no es lo mismo tener seguro de gastos médicos, IMSS, ISSSTE o cualquier otro servicio de salud, por ejemplo, los hospitales universitarios o los hospitales de la SSA. En todos los casos existe una discriminación evidente. El cuidado de la salud no es parejo, es sin duda, discriminatorio.

Respecto a la religión, existen evidentes formas de discriminación, ahí están esos casos curiosos que regalan “la atalaya”, y de igual forma todo el que no sea católico en una nación (que se presume laica pero es católica), es un espécimen raro, uno que tiene un dios extraño, ajeno a la mayoría. La intolerancia y la discriminación religiosa es evidente en mi país.

Ya para concluir, la discriminación en cuanto a las preferencias sexuales es más que evidente, gays, jotos, lesbianas, machorras, trans, y demás expresiones, utilizadas con un tono peyorativo, despectivo y desdeñoso, nos exhiben como una sociedad, totalmente discriminadora, intolerante y poco (o nada) respetuosa de los derechos de los demás. De los derechos “humanos”.

Y esto sólo analizando el artículo 1º de la Constitución, nos faltarían muchos por analizar para evidenciar que efectivamente vivimos “en el país de las maravillas”. Lo que dejamos para otra ocasión.