Opinión

Los prospectos económicos de Europa han continuado agravándose en su larga batalla por salvar al Euro (The New York Times, 24 de mayo, 2012), después de que en la cumbre europea extraordinaria los principales líderes participantes retrasaron tomar decisiones serias para enfrentar la crisis económica que afecta al viejo continente.  En medio de tal parálisis, se sigue insistiendo en que Grecia debería dejar la zona Euro para su propio beneficio (The Wall Street Journal, 24 de mayo, 2012) y el gobierno español continúa negando la urgente necesidad de establecer un plan integral y coherente para atender su crisis bancaria y financiera.  España se enfrenta a la hora de la verdad, pero prefiere esperar a que le digan que tan grave está el enfermo, que se encuentra casi en las puertas del tanatorio, antes de actuar.

Algunos cínicos, dicen que si algo enseña la historia es que no enseña nada, como aparentan asumirlo ciertos gobernantes de la zona Euro, del Banco Central Europeo y otros funcionarios comunitarios.  Sin embargo, para muchos otros no es ese realmente el caso de la crisis financiera y económica, casi global, que se hizo evidente desde 2007.  Esto, a pesar de que se sigue insistiendo por diversas autoridades nacionales e internacionales de que la crisis europea es una crisis de deuda soberana y de que, consecuentemente, la contracción del gasto público es una prescripción genéricamente válida.

Finalmente, después de mucho andar y penar desde el rescate bancario Británico en 2007, mudar hacia el rescate financiero de Irlanda y Portugal más tarde, agravar los problemas de deuda soberana de Grecia, alentar los problemas de liquidez de España e Italia, la necia realidad hace regresar a las autoridades europeas al problema inicial de mantener un sistema financiero y bancario sano para enfrentar una crisis como la actual.  De no ser así, los problemas financieros habrán de irse extendiendo sistémicamente hacia otros bancos y otros lares, hasta posiblemente alcanzar los mercados emergentes, como parece ser el caso español.

En pleno inicio de la crisis en 2008, ante las medidas emergentes tomadas en los Estados Unidos de Norteamérica (USA), el pánico generado por los problemas de solvencia del Northern Bank, en el Reino Unido, y los problemas de liquidez delBNP Paribas, de Francia, en España se presumía la fortaleza de su sistema bancario, al extremo de exhibirlo casi no tan sólo de ejemplo europeo, sino también mundial.  Tal actitud contrastaba con el hecho de que siendo convencionalmente identificada la crisis a las hipotecas sub-prime, los bancos españoles tenían un alta exposición al sector inmobiliario, tanto por la vía de los desarrolladores de vivienda, como de los deudores individuales de hipotecas.

Más extraño aún resulta que en plena crisis de liquidez y de solvencia de bancos y cajas españolas, ya en 2010, siguiera insistiendo el gobierno ibérico y el Banco Central de España (BCdE) que la situación de liquidez de la banca española era manejable.  Así, sería posible campear la crisis con la consolidación o fusión de instituciones y en que, en algunos casos extraordinarios, se requerirían apoyos temporales para fines de capitalización.

La historia inmediata demostró, una vez más, que una crisis financiera debe ser atendida de manera rápida, efectiva y eficiente, a riesgo, en caso contrario, de acrecentar la crisis económica nacional que normalmente la origina y, por la vía del contagio, afectar otras economías, regiones y continentes.  Así, en medio de esta realidad se ha anunciado, como casi siempre, a destiempo que Bankia, el banco español recientemente nacionalizado, necesitará otros € 15,000 millones además de los € 4,465 ya inyectados (El País, 25 de mayo, 2012).  Ello, ante la desconfianza que tienen las autoridades europeas, el propio gobierno español y los depositantes sobre la información financiera disponible y la misma seriedad del BCdE.

De esta manera, en pleno caos mediático peninsular se ha anunciado que dos consultores y tres auditores revisarán el estado financiero de liquidez y solvencia que realmente guardan las instituciones bancarias españolas.  Esta acción inusitada se tomó en medio de la casi sempiterna discusión de si se deben emitir Eurobonos, tal como se ha insistido desde 2011, para bajar tasas de interés y garantizar la deuda soberana, y, de igual forma, si el Banco Central Europeo (BCE) debe actuar como tal o no, incluyéndole el mandato comunitario de alentar el crecimiento económico, como políticamente lo ha propuesto el actual Presidente de Francia.

El relativo caos en el que se da la definición de medidas contingentes para enfrentar una crisis bancaria y financiera no es extraordinario; máxime si se toma en cuenta la reciente experiencia japonesa y la crisis bancaria mexicana.  En este último caso, se llegaron a implementar 11 programas de apoyo y de rescate bancario, en un periodo de tres años, antes de llegar a la capitalización permanente de los bancos por parte del gobierno, cuyo costo socializado no ha sido abatido monetariamente después de más de 10 años.

Obviamente cada caso es un caso, pero hay consideraciones y medidas generales que bien vale la pena tomar en cuenta para el diseño e instrumentación de un Plan de rescate bancario, antes de que se agudice adversamente la situación de los bancos españoles y se abra otro flanco de debilidad estructural del Euro.  Tales consideraciones y medidas pueden sonar meramente prescriptivas, pero ilustran un posible camino instrumental para enfrentar una crisis bancaria, en medio de la crisis financiera internacional como la que se vive.  Sin duda, prescribir y proponer siempre tiene riesgos de aceptación y de rechazo, todo depende de los costos y logros que se pretendan alcanzar.

Tales son las lecciones que se pueden extraer de EU, cuyo plan originalmente fue por Paulson-Bush y después corregido por el mismo.  De igual forma, del plan de rescate bancario británico (identificado como Plan Brown; por el nombre del primer ministro de entonces), y los intentos iniciales de la administración trans-fronteras de la crisis financiera hechos en octubre 2007, por el Council of Economic and Finance Minister (ECOFIN Council), de la Unión Europea (UE).  Los intentos de ECOFIN, culminaron en junio de 2008 en un Memorandum of Understanding que incorporó el Plan Brown, que finalmente fue abandonado al enfrentar la crisis financiera a nivel de cada país y por el rechazo firme de Alemania para su generalización en la zona Euro (The ‘British Plan’ as a Pace-Setter: The Europeanization of Banking Rescue Plans in the EU?*, Lucia Quaglia, University of Sussex, 2009).

Fehacientemente, en tales casos que incluyen también el rescate bancario del francés BNP Paribas y el alemán Hypo Bank, las circunstancias de autonomía monetaria son diferentes al caso español, así como la condición imperativa del llamado Pacto Fiscal, los niveles de deuda soberana y la realidad económica y política específica de cada país.  Sin embargo, dado que el propio Consejo del ECOFIN tomó originalmente como validos los puntos estratégicos del rescate bancario británico, se les puede juzgar como pertinentes para atender una situación de crisis bancaria como la española.

El Plan Británico fue articulado funcionalmente sobre tres pilares: la provisión de liquidez al sistema financiero, a través de un esquema especial de liquidez operado por el Banco Central (BC); un programa de recapitalización de los bancos, por el cual el BC podría comprar acciones de los bancos; y la garantía gubernamental para la nueva emisión de deuda por los bancos.  Los tres pilares, simples pero focalizados, garantizaron que el sistema bancario británico no se colapsara.  Indudablemente que la puesta en marcha del Plan tuvo contratiempos e implicó errores de instrumentación pero no de dirección.  A pesar de su alta exposición al “ladrillo”, los altos niveles de endeudamiento privado y la depresión económica vigente, la banca británica ha ido campeando los efectos adversos de una política fiscal restrictiva y proclive al desempleo; hechos que pueden servir de referencia al caso español.

En términos instrumentales, para el caso español en primer lugar se debe considerar que el problema no es simplemente un problema local, sino para toda la zona Euro.  Lo que suceda adversamente a la banca española afectará inmediatamente al resto de la zona Euro.  Así, la permanencia del Euro y la sanidad bancaria española están indisolublemente vinculadas.  En segundo lugar, es necesario contar con un plan integral que pueda ser funcionalmente puesto en marcha en el corto plazo.  En tercer lugar, ello implica centrar el problema instrumental en el ámbito de las autoridades políticas, monetarias y de regulación nacionales; de otra manera se continuará corriendo siempre atrás de los eventos y se terminará por meter a la economía real en una larga depresión, como ha sido el caso japonés.  En cuarto lugar, es comprensible aceptar que habrá un costo público que se deberá ir abatiendo conforme se recupere la sanidad financiera del sistema bancario.  En este sentido, debe aceptarse que este costo deberá ser mayormente en beneficio de los deudores, cuya capacidad de pago permitirá recuperar la buena marcha del sistema financiero y bancario.

Finalmente, pero no menos importante, antes de confiar en las entidades externas, llámense consultores, auditores, BCE, FMI, (Fondo Monetario Internacional), entre otros más, es indispensable contar o crear una contra parte nacional, que deberá ser el interlocutor técnicamente válido entre el sistema financiero con el gobierno y con las entidades externas.  En este contexto, el Plan de rescate debería considerar cuatro ámbitos: el de la zona Euro, el ámbito macroeconómico nacional, el netamente financiero y el bancario, que integraría deudores y acreedores.  Los tres últimos ámbitos son mayormente operacionales y de decisiones casi soberanas, por lo que sus resultados positivos a la postre serían en beneficio de la propia zona Euro.

De manera más concreta para el caso español, al Plan Británico de tres pilares: provisión de liquidez; recapitalización de bancos y garantía gubernamental de nueva emisión de deuda por los bancos, habría que agregar al menos dos pilares más, que residen en el ámbito netamente bancario.  Ellos son el del seguro explicito para el total de depósitos y ahorros y la reestructuración y reconversión de adeudos bancarios hipotecarios y de las pequeñas y medianas empresas.

Dado que el contagio es un riesgo sistémico interno y para la zona Euro, se deben asumir compromisos explícitos del gobierno para evitar las corridas (rum) de los depositantes y la falta de compromisos de los accionistas.  Así, se debe anunciar públicamente, desde ya, que todos los depósitos de la banca española están protegidos.  En segundo lugar, que la capitalización de la banca se daría por dos vías; con la capitalización de las ayudas ya proporcionadas y con la creación de empresas inmobiliarias y de arrendamiento ad-hoc para cada caso, en las que el estado compartiría el riesgo con los bancos, con el beneficio correspondiente a los deudores.  Sin compromiso público y cuidando el bien general no se puede paliar y menos salir de una crisis, como la que enfrenta España.  Los mismos instrumentos y las mismas conductas sólo pueden producir peores resultados.

Un rescate ordenado de la banca española se puede implementar con la arquitectura financiera básica con la que se cuenta y con los fondos instituidos.  Sólo hace falta creatividad y voluntad, ver el futuro sin olvidarse del pasado, pero sin anclarse en este último.  Los detalles para lograr tal fin son tema de otra historia y de un ámbito sumamente terrenal y no del cielo.  Esencialmente si se considera que los bancos españoles algún día deberán regresar terrenalmente al mercado.

Las alarmas del riesgo sistémico de la banca internacional han vuelto a sonar fuerte. La semana pasada se anunció que el banco JPMorgan había perdido, por operaciones con “instrumentos sintéticos”, del orden de $ 2,000 millones de dólares. En la misma semana, se anunció que Bankia, banco español resultado de la fusión previa de siete “cajas”, sería nacionalizado por su incapacidad para ser privadamente capitalizado. 

En este tenor, esta semana, Moodys bajó la calificación de 16 instituciones crediticias españolas, después de haber degradado a 26 bancos italianos, generando una conmoción bursátil y de aumento del riesgo de la deuda soberana. Por lo que el panorama internacional, sombrío de por sí, parece oscurecerse y anunciar nuevos vendavales sin rumbo, que de acuerdo al Dr. Agustín Carstens, Gobernador Banco de México (Banxico), “sólo un evento catastrófico en Europa” podría afectar al país.  

La situación internacional se inscribe en los reiterados anuncios oficiales de la solidez de la banca “mexicana” y la baja posibilidad de que las filiales mexicanas pudiesen ser contagiadas por los bancos españoles. Estas aseveraciones se acompañan de la polémica desatada desde hace un buen tiempo por el Dr. Guillermo Ortiz, anterior Gobernador del Banxico, cuando aseguró que fue un error dejar que la banca mexicana fuera controlada por extranjeros y que los bancos deberían ser limitados en la remisión de utilidades. 

Tales observaciones, por otra parte, se complementan con la aserción de Guillermo Babatz, Presidente de Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de que es “deseable, más bancos de capital nacional” (Cartera, El Universal, 15 de mayo, 2012). Pero es imposible regresar el tiempo y reconsiderar decisiones financieras oficiales en una situación original que ya no existe, por lo que las autoridades mexicanas deberían, mayormente ahora; considerar el contexto internacional y las circunstancias que lo conformaron para atender preventivamente problemas potenciales de la banca nacional, antes de esperar aplicar medidas contingentes que normalmente no producen los resultados esperados ante una emergencia. 

Esto es indispensable máxime si se toma en cuenta que ya se observan retiros masivos de depósitos bancarios en Grecia y España (El País, 17 de Mayo de 2012), de que Christine Lagarde, Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), señaló la posibilidad una “salida ordenada” de Grecia de la zona Euro (Press Release: IMF) y de que las autoridades Británicas estiman que esta eventualidad podría costar un billón de Euros (The Guardian, 16 de mayo, 2012). Obviamente, en este momento el centro del huracán es el sistema financiero y bancario, que como prima instancia operacional del sistema capitalista, se le ha achacado el origen de la depresión económica. Por ello no es gratuito que inicialmente los USA atendieron la banca desde su saneamiento hasta su capitalización, como base para emprender una recuperación económica que no parece totalmente llegar.

Sin embargo, tal prioridad la Unión Europea (UE), especialmente la zona Euro, no la aplicó con oportunidad, por lo que ahora tendrá urgentemente que atender la solvencia y capitalización de los bancos en una circunstancia en la que las arcas públicas están exhaustas, la credibilidad pública de las autoridades políticas está mermada y donde se han desperdiciado recursos y tiempos invaluables. Por tales experiencias, es imprescindible que el caso del riesgo actual de la banca mexicana se aborde con suma objetividad, prevención y atingencia, más allá de las estridencias, buenas intenciones y autocomplacencias.

La banca mexicana después de la crisis bancaria de 1995-1998 pasó de ser una banca minorista a ser una banca de mayoreo, tal como lo posibilita un sistema de “banca universal”, que permite que un banco realice todo tipo de operaciones financieras, que antes se realizaban por cada tipo de banco especializado.  Esta evolución se dio en casi todo el mundo y significó que los préstamos o créditos dejaran de ser la quinta esencia del sistema bancario y que las operaciones de mayoreo, tales como de inversión, derivados, Hedge funds, futuros, adelantados, entre otras, fueran la prioridad de negocios de los bancos. Tales instrumentos se agrupan bajo la etiqueta de instrumentos sintéticos.

De este modo, la banca de inversión y el desarrollo de sus instrumentos financieros ad-hoc se constituyeron en el “core” del negocio bancario, sin dejar por ello de atender el otorgamiento de crédito, substancialmente hipotecarios, tal como aconteció extensivamente. Este nuevo ámbito del negocio bancario que ha sido identificado particularmente en EU como de banco de sombra (shadow Bank) y estuvo tozudamente desregulado, a pesar de que el valor comercial de los “productos derivados” desde años antes de la crisis alcanzaron un valor de varias veces el PIB Mundial.

Para experimentar tal cambio estructural de la banca a nivel mundial y llevarlo al mero ámbito de los negocios, era de esperarse que los gerentes actuaran bajo el mismo perfil conductual, dados los mismos parámetros de un ambiente desregulado de manera uniforme. Comprensiblemente, en tal nuevo negocio los banqueros tradicionales, conservadores, adversos al riesgo, con visión de largo plazo, dieron paso a los financieros, caracterizados por su visión cortoplacista, tomadores y balanceadores de riesgo y buscadores de elevados rendimientos. En la reciente experiencia mexicana se diría que “los casa bolseros desplazaron a los banqueros”.

Ello explica porque en EU consejeros profesionales y banqueros serios, después del colapso bancario y financiero, hubieron dicho, sin rubor alguno, que no entendían las operaciones e instrumentos financieros que realizaban sus instituciones, pero que finalmente ellos aprobaban. También tales hechos revelan por qué la crisis arrasó casi por igual a bancos grandes, medianos y pequeños, después de que los grandes bancos de inversión se vieron colapsados. Así, el único banco grande de EU, aparentemente indemne del tsunami del 2008, el JPMorgan, también terminó siendo afectado en este año; un poco tarde, pero al fin afectado por sus operaciones con los llamados instrumentos sintéticos.

Irrecusablemente, el cambio estructural en el negocio bancario llevó aparejado, al menos, a un nuevo riesgo, que terminó siendo, en muchos casos, más letal y grave que el que tradicionalmente los bancos habían enfrentado, tal como lo avizoraba ya desde fines de los 1990’s la crisis desatada por el Long Term Capital, en la era de Clinton. A pesar de la laxa regulación bancaria y financiera, tal cambio estructural del riesgo se puede apreciar claramente por la integración del activo de los bancos, con su correspondiente contraparte en el pasivo.

En el caso de México, es fehacientemente ilustrativo el cambio estructural que ha sufrido la banca en su conjunto, tal como se puede observar en el Cuadro 1. 

Así, se puede observar que la cartera de crédito es, a marzo de 2012, apenas nominalmente casi $2.5 millones de pesos, en tanto los instrumentos financieros sintéticos alcanzan más el 100% de tal cifra; instrumentos que engloban derivados, adelantados, futuros, divisas, entre otros. Tales instrumentos fueron señalados como una de las principales causas de la crisis identificada con los créditos sub-prime.

Sin embargo, si se consideran las inversiones en valores junto con los instrumentos sintéticos se alcanza una cifra de $ 7.7 billones de pesos, cifra casi tres veces la correspondiente al conjunto de los créditos de la banca comercial mexicana. Tales cifras tienen correspondencia con las observadas desde el año 2000. Tal situación estructural se puede apreciar sobre todo a partir del Cuadro 2.

Desde al año 2000, de manera sistemática, se puede observar que el peso relativo de los instrumentos financieros sintéticos han incrementado su peso en el activo de los bancos en su conjunto, alcanzando en marzo del presente año 48%. En contraparte, la cartera de crédito ha visto disminuido su peso relativo, siendo de 20% en marzo de 2012, habiendo sido en 2005 de un poco más de sólo 10%.

Dado este cambio estructural, es incuestionable que el riesgo de la banca comercial mexicana no radica necesariamente en su cartera de crédito, sino en sus instrumentos financieros sintéticos, tal como aconteció con la banca comercial internacional. Tal situación se agudiza si se tiene también en cuenta el peso de las inversiones en valores. Por otra parte, se puede invocar que tal situación se compensa con el pasivo en instrumentos sintéticos de los bancos, tal como se evidencia en el mismo Cuadro 2. 

Indudablemente, tal condición no clarifica per se la naturaleza y riesgo específico de los instrumentos involucrados. Dicho de otra manera, no necesariamente la relación de activos a pasivos bancarios de los instrumentos sintéticos guardan una relación unívoca, uno a uno, en su especificidad, naturaleza y riesgo. Indiscutiblemente que la información presentada es consolidada, por lo que la realidad de cada banco puede variar, teniendo en cuenta su importancia dentro del sistema bancario nacional, su cobertura, su enfoque de negocios, pero también las prácticas bancarias seguidas, específicamente de sus matrices, de ser el caso.

Notoriamente ante el riesgo que implican los instrumentos derivados, los financieros y expertos en banca de inversión podrán fundamentar que sus prácticas no son riesgosas, tal como arguyeron tantos banqueros que vieron quebrar sus bancos. Pero lo que se puede afirmar, sin duda alguna, es que los banqueros mexicanos no pueden ser de ninguna manera diferentes a banqueros de otros lares, a menos que se les categorice como extraterrestres. Bien se sabe que el fuego no se puede apagar con gasolina, como reconoce también que las alarmas, mangueras y extintores sirven para apagar los incendios, pero no para prevenirlos. 

La regulación para la prevención parte del principio de saber que puede salir mal, evaluar el riesgo y prevenir conductas que sean proclives a ello. Ello porque un banco significa un riesgo asimétrico en donde el interés privado, con bajo riesgo, puede afectar el interés del público que implica alto riesgo.

Al fin que el capital en riesgo de los dueños o controladores es sólo una fracción de los activos en riesgo, por algo se dice que los bancos hacen negocios con el dinero de los depositantes y que, ya lo dijo Michael Jensen es como jugar póker con dinero ajeno.

Los ingresos petroleros han sido una seguridad para solventar el gasto público y un elemento para sostener el exiguo crecimiento económico que ha tenido México en los últimos lustros.  A tal grado ha sido su importancia, que hoy se sostiene una vez más que las finanzas públicas están petrolizadas.  Tal situación resulta de gran preocupación, ante las voces electorales que proponen que el gobierno federal abra la realización de actividades de la industria petrolera, exclusivas del estado, a la iniciativa privada, hecho que afectaría, sine qua non, de manera drástica las finanzas públicas nacionales, tal como lo sustenta el pasado reciente del país. 

La crisis económica experimentada en México a raíz de la devaluación del peso en 1976 pudo ser relativamente superada gracias al petróleo.  En efecto, al inicio del sexenio del Presidente López Portillo el gobierno federal mexicano anunció internacionalmente la existencia de grandes reservas petroleras, que no sólo podían garantizar su deuda pública, sino también las grandes posibilidades de crecimiento económico que tendría el país.  Así, la economía mexicana alcanzó en ese sexenio gubernamental elevadas tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) a la par que la deuda pública se aceleró fuertemente. 

Todo esto dentro de un ambiente internacional inestable, que inicialmente significó elevadas tasas de interés de dos dígitos, hasta rondar alrededor de 20%, que culminó con una estanflación (inflación con recesión) casi mundial, sin precedente alguno.  Finalmente, México tuvo por una parte que reestructurar su deuda pública, que en menos de seis años, se había quintuplicado, y entrar en un nuevo período de contracción económica.

Sin embargo, como en un proceso de condena existencial, el país enfrentó una nueva bonanza petrolera gracias a los niveles de extracción de uno de los más grandes mega-campos petroleros del mundo, llamado Cantarell, localizado en el Estado de Campeche.  Este mega-campo petrolero, que fue uno de los más importantes del mundo, tuvo una doble consecuencia inmediata y adversa para la economía nacional.  Por una parte, pospuso la toma de decisiones de cambios políticos y económicos que el país necesitaba y, por la otra, hizo que se “petrolizaran” altamente los ingresos presupuestales del sector público federal. 

Dentro de las reformas que en su momento fueron pospuestas sobresale obviamente la impositiva, especialmente en materia del Impuesto sobre la Renta (ISR).  Como extremo de tal situación, ya en el sexenio de Carlos Salinas la tasa del IVA fue reducida, siendo compensada por los mayores ingresos del petróleo. 

En el mismo tenor, dado el peso y el volumen de los ingresos del petróleo, México pudo dar a los Estados Unidos de Norteamérica la factura petrolera como garantía para solventar la crisis de liquidez que enfrentó en 1995.  Ello, sin olvidar el sacrificio de los ingresos fiscales en los que se incurrió en el sexenio zedillista.  En este sexenio se amplió hasta con un período de 1º años las pérdidas que podían enfrentar las empresas; perdidas que podían ser recuperadas en los siguientes años.  De igual manera se redujeron las cuotas patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).  Tales sacrificios de ingresos públicos, entre otros, contrastaron con la anemia de inversiones a la que se sometió a la propia industria petrolera nacional, es decir PEMEX.

Más recientemente, gracias a los crecientes ingresos presupuestales generados por PEMEX, a partir del año 2000 se tomaron medidas de mayores sacrificios en los ingresos fiscales, al permitir la consolidación de pérdidas y ganancias de los grupos corporativos hasta el 100%.  Esto permite cumplir con la máxima anglosajona de que “empresa que paga impuestos es empresa mal administrada”.  Situación que ha llevado a acumular al gobierno federal “gastos fiscales”, que no es más que sacrificios y devoluciones, del orden de casi $500,000 millones de pesos.

Todo ello, sin olvidar el aumento exorbitante de la alta burocracia, que sólo en el corporativo de PEMEX fue del orden de 50%.  En esta conducta gubernamental también se inscribe la baja temporal del ISR, que después volvió a ser aumentado, y de igual forma los gastos suntuarios e improductivos realizados en el actual sexenio.  Situación relativamente irracional ante la fragilidad reciente en los ingresos petroleros.

Es innegable que los ingresos del petróleo han sido importantes para las finanzas públicas y la economía nacional, pero también es incuestionable que han establecido su dependencia para mantener el elevado ritmo de gasto público, complementado con una mayor deuda pública.  Tal importancia y dependencia fiscal sobre los ingresos petroleros se evidencia con datos públicos y oficiales.

Cuadro 1

Los ingresos presupuestales anuales del sector público federal se integran por los ingresos petroleros y no petroleros, que se complementan con deuda neta para establecer el presupuesto anual federal.  De acuerdo a los datos de la SHCP, tal como se observa en el Cuadro 1, en el período de 2000 a 2011 los ingresos petroleros han tenido una gran importancia para las finanzas nacionales.  Sobresalientemente, en 2005 llegaron a representar $1,054 billones de pesos y en 2011 $1.1 billones.

Cuadro 2

En general, en el período de 2000 a 2011 los ingresos petroleros representaron casi 34% de los ingresos presupuestarios del sector público, como se demuestra en el Cuadro 2.  Relevantemente, en 2005 los ingresos petroleros llegaron a representar 38% del total y en 2008 casi 37 %, habiendo alcanzado en 2011 33.7%. 

El elevado peso relativo de los ingresos petroleros significa que un poco más del 30% de los ingresos totales federales, fuera de deuda, tiene como fuente el petróleo.  Dicho de otra manera, una sola entidad del estado mexicano aporta más de la tercera parte de los ingresos públicos federales, que terminan apoyando presupuestalmente a todos los órdenes de gobierno y la economía en su conjunto.  

Por otra parte, los ingresos presupuestarios han aumentado, entre 2000 y 2011, en su peso relativo dentro del PIB.  Esto es explicado indudablemente por los mayores ingresos petroleros y relativamente por más deuda pública que anualmente se asume.  De esta manera, en 2000 los ingresos presupuestarios fueron el equivalente del 18.5% del PIB, en 2011 alcanzaron 22.8%, habiendo sido 23.5% en 2008. 

Cuadro 3

Como se exhibe en el cuadro 3, los ingresos petroleros en 2000 equivalieron a 6.1% del PIB y en 2011 fueron 7.7%, habiendo alcanzado destacadamente 8.7% del PIB en 2008.  Es innegable el peso relativo de los ingresos petroleros en el PIB, por lo que es previsible que su efecto multiplicador deba ser de gran relevancia.  En este contexto habría que agregar el efecto positivo de encadenamiento que debe tener la industria petrolera con otros sectores y ramas de la economía. 

A pesar de los altos precios del petróleo a nivel internacional, en virtud de la caída en la plataforma de extracción de Cantarell los ingresos petroleros desde 2007 reflejan una inestabilidad, al haber caído en ese año 1.6%.  Sin embargo, la mayor caída se dio en 2009, año de recesión económica, habiendo tenido una contracción de -21.3%, experimentándose una recuperación en 2010 y 2011, por la reactivación económica internacional.  Por lo que el panorama petrolero no da buenos visos para el futuro inmediato.

Sin duda, en el corto plazo seguirá la dependencia nacional de los ingresos petroleros, tanto para la economía en su conjunto como para las finanzas públicas.  Tal realidad se pretende obviar, cuando se ofrece electoralmente que es posible compartir los ingresos petroleros con la iniciativa privada.  Olvidándose, con ello, que PEMEX desde hace años contrata buena parte de sus servicios y obras, especialmente con las empresas internacionales, para desgracia de las empresas nacionales y la economía del país.

Sin ofrecer nada más que lo posible, tanto constitucional como económicamente viable, PEMEX debería ser el pedal que moviera estratégicamente a la economía nacional y debería ser el eje de una industria petrolera amplia, donde sus empresas proveedoras nacionales tuvieran la oportunidad de desempeñar un papel activo.  Por desgracia, ello no parece ser la preocupación de las autoridades nacionales y los candidatos presidenciales, como tampoco lo es optimizar la eficiencia operativa de PEMEX e incrementar sus inversiones, como si lo es “vender la vaca que tanta leche ha dado” al país.  

Antes de vender la plata de la familia hay que pensar en los niños y los jóvenes, específicamente por la pobreza que vive el país y el entorno económico internacional adverso que se enfrenta.  A veces los bienes públicos vendidos terminan generando mayores males sociales; como parece haberle sucedido a buena parte de los mexicanos.

La campaña electoral presidencial en México ha llegado a su fase de ofrecimientos y promesas, que en un caso emblemático han sido firmadas, para demostrar su credibilidad.  Esto, sin duda, como una manifestación de la seriedad con que asume sus compromisos el candidato involucrado.  Hecho que contrasta con el cúmulo de ofertas asumidas en la campaña presidencial de 2006 y que el triunfador no cumplió.

Las promesas del triunfador de 2006 no fueron cumplidas, se dice, por un sin número de razones, que van desde la crisis financiera internacional, hasta por la no aprobación de las llamadas reformas estructurales sometidas por el Presidente de la República al Congreso de la Unión.  Muchas pueden ser las razones y pocas las disculpas para explicar los exiguos resultados obtenidos frente a las promesas ofrecidas. 

Pero es indudable que las reformas estructurales a modo del Ejecutivo Federal no podrían haber dado inmediatamente los resultados ofrecidos por que la economía no es Jet en vuelo que se le pueda cambiar el rumbo de navegación sin mayor detrimento de su desempeño.  De igual forma, los logros obtenidos resultaron escasos, según algunos especialistas estiman, porque las políticas seguidas fueron erróneas.  Aún más, algunos otros estiman que las reformas estructurales propuestas podrían haber sido regresivas, para la ya de por si menguada economía nacional.

Lo que resulta realmente incuestionable es que recursos públicos no faltaron para haber podido avanzar en el logro de las principales promesas de campaña, baste para ello considerar los extraordinarios ingresos del petróleo, que se han tenido desde 2006.  De igual manera, lo que es irrefutable es que el firmar una promesa no es de manera alguna garantía de su cumplimiento, tanto por que el signatario puede repudiar la obligación contraída, como por que se puede llegar al extremo jurídico de “nadie está llamado a lo imposible”.

Las promesas de campaña, partiendo de la buena fe, tan invocada y perseguida por los mexicanos, podrían ser invalidadas desde hoy si se toma en consideración la disponibilidad de recursos públicos con lo que se cuenta y podría contar el gobierno federal en el futuro inmediato y mediato.  Tal consideración puede sonar muy drástica, si se parte de la sanidad de los indicadores macroeconómicos, tan llevados y traídos por los técnicos gubernamentales. 

Sin embargo, el gobierno federal, como casi en todo el mundo, sólo cuenta agregadamente y de manera directa básicamente con dos tipos de instrumentos de política económica para honrar su palabra: la política fiscal y la política monetaria.  La política monetaria se asume ser en su definición casi independiente al gobierno, por ser mayormente manejada por el Banco de México, entidad que es autónoma por mandato constitucional.  La política fiscal está referida esencialmente a los ingresos (principalmente impuestos) y egresos, manejados administrativamente de manera convencional de manera anual. 

De esta manera, el próximo gobierno federal contará esencialmente con la política de egresos y la política de ingresos para cumplir, si tal fuese la intención, con las promesas hechas en la campaña electoral.  De allí que no esté errado uno de los candidatos presidenciales en su énfasis en materia de austeridad, de combate a la corrupción, de la precisión del origen de los ahorros para tender nuevos gastos e inversiones.  En contraste a lo que todos los candidatos prometen más gasto público, todo deja indicar que, salvo el candidato firmante de promesas, ninguno se atreve a hablar de elevar las tasas impositivas, nuevos impuestos, medidas administrativas para ampliar la base de recaudación, entre otros tópicos.

Así, el gasto público se presenta potencialmente como el nudo gordiano para saber si es posible el cumplimiento o no de las promesas de campaña, más allá de toda buena intención, más allá de la suscripción de las mismas ante notario o no.  Comprensiblemente, si no se tuvieran mayores compromisos de gastos ya asumidos, si el gasto público no enfrentara problemas, para su financiamiento, si no se tuviera una elevada deuda pública, si la economía creciera más que el gasto y que así potencialmente los ingresos se elevaran inercialmente, sin duda no habría extremas dificultades para cumplir las promesas de campaña.  Esto al menos en lo que se refiere a las promesas directamente vinculadas con los gastos públicos, independientemente de la racionalidad económica de las otras políticas públicas, tanto sectoriales, de las entidades y empresas públicas, como las de carácter regional o estatal.

De esta forma, las cuestiones inmediatas que surgen es saber que tanta capacidad o maniobrabilidad del gasto público se tiene, con que capacidad se cuenta para su financiamiento y cuáles serían razonablemente sus perspectivas ante obligaciones pasadas.  Todo deja indicar que precisamente en estas cuestiones radica la restricción para el cumplimiento de las promesas de campaña, si no necesariamente de los tres principales candidatos presidenciales, si al menos de aquellos que prometen más gasto y menos ingresos.  Veamos pues cual es la circunstancia presupuestal que vive el gobierno federal.

La dinámica del Producto Interno Bruto (PIB), el gasto público y la deuda indican qué tan eficiente y financieramente sana es la operación y sostenibilidad fiscal de cualquier gobierno.  En el caso de México, el gasto se refiere al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y la deuda pública federal real, tal como lo asume el Banco de México, es el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP); hecho este último que parece ser desconocido, aún por los comentaristas en la materia.

El PEF y el SHRFSP, que refleja las verdaderas obligaciones federales, de acuerdo con los datos oficiales, han crecido desde 2000 relativamente más que el PIB.  El presupuesto creció 187% de 2000 a 2011, la deuda 167% y el PIB sólo 120%. Dicho de otra manera, en tanto el gasto y la deuda crecieron más, el PIB quedó rezagado frente a tales crecimientos.  Por ello es posible decir, tal como se aprecia en el cuadro inferior, que se ha gastado más, con más deuda. 

Más grave aún, en tanto en números absolutos el PEF aprobado creció del 2000 a 2011 en alrededor de $ 2.3 billones de pesos, para alcanzar un programado en 2012 de $ 3.7 billones de pesos, el SHRFSP aumentó en un poco más $ 3.4 billones, para lograr un total de $ 5. 4 billones, por lo que la deuda creció un millón de millones más que el gasto público.  Esta dinámica indica que no sólo se ha endeudado más al país en los últimos años, sino que con parte de la deuda nueva se han pagado intereses de la deuda vieja. 

La dinámica de las tres variables vivida en México desde 2000 indica que el crecimiento del PIB se ha rezagado fuertemente en relación con el enorme crecimiento del presupuesto y de la deuda pública.  Esta situación se puede claramente apreciar en la Gráfica 1.  Sobresalientemente es a partir de 2007 que la brecha entre el PIB con respecto al gasto y la deuda se amplió fuertemente.

La dinámica observada hace prever una baja sostenibilidad futura del gasto y de la deuda frente al bajo crecimiento del PIB.  De manera más directa, en materia del financiamiento del PEF se agrega el hecho de que cada año el endeudamiento neto del gobierno federal ha sido de alrededor de $400,000 millones de pesos, rango que se volvió a alcanzar con el presupuesto aprobado para 2012.  Este paso hizo que el PEF pasara con respecto al PIB de 18.8% en 2000 a 24.6% en 2011, en tanto la deuda aumentó de 32.2% a 39.1% de PIB. 

La dinámica observada, bajo todo principio financiero lógico, debería obligar al futuro gobierno a que la creciente proporción de la deuda al PIB se detuviera, so pena de tener que enfrentar presiones en el corto plazo sobre las finanzas públicas y la economía en general.  Comprensiblemente, por el lado de los ingresos ésta perspectiva no considera una posible caída en los entradas monetarias del petróleo, que representan un poco más del 30% de los ingresos del gobierno federal, por una baja en la plataforma de exportación como ha estado sucediendo.  De igual forma, no se contempla un mejoramiento significativo en la recaudación del IETU (Impuesto empresarial a tasa única) y del IDE (Impuesto a los depósitos), que para el PEF 2012 se programó para ambos una caída, a ser compensada con una mayor recaudación de ISR (Impuesto sobre la renta).

Por otra parte, por el lado de los ingresos se ha comentado en torno al candidato Enrique Peña Nieto (The Wall Street Journal, Latin America, 27 de abril, 2012) la posibilidad de generalizar el IVA (Impuesto al valor agregado) a los alimentos y bebidas.  Pero ello significaría únicamente un ingreso extraordinario de alrededor del 2.5% del PIB, que se vería diluido con los subsidios a una canasta básica específica, la baja en los ingresos si el gobierno pagara las prestaciones sociales sufragadas hasta ahora por los empleadores y la caída en los ingresos del gobierno federal vía Pemex por su parcial privatización; medidas externadas al periódico neoyorkino de negocios. 

Es irrebatible que en un país con tanta miseria y pobreza alimentaria como México hay que gastar más, pero hay que comenzar por mejorar la calidad del gasto, dejar gastar en burocracias estériles y redundantes, quitarle a la alta burocracia prestaciones de élite, fijar sus ingresos en relación a los salarios mínimos, cobrar equitativamente los impuestos, permitir que el pago de éstos sea simple y expedito y abatir la corrupción.  Probablemente éstas pudieran ser malas promesas de campañas, probablemente significarían menos votos, pero como decía en el siglo pasado un viejo funcionario público, hoy Senador de la República, “en la economía como en la vida, uno puede pretender ser rico y guapo, pero hay que ver realmente cuales son las posibilidades”. 

Esperemos que los candidatos presidenciales no sólo busquen votos y asuman promesas, aunque no las firmen, sino también que vean si lo que prometen medianamente lo pueden cumplir. Las excusas políticas nunca terminan por restañar las esperanzas rotas de cualquier sociedad, tal como lo ha estado sufriendo la sociedad mexicana desde hace casi seis lustros.