Política Pública y Regulatoria para las Telecom en 2019
Una diferencia notable en esta transición de gobierno es que desde la Reforma Constitucional quedaron sentadas las bases regulatorias de nivelación competitiva y de política pública sectorial para la instrumentación de una política de Estado para las telecomunicaciones en México.
Este corpus legal y regulatorio constituye una estrategia de gobierno para alcanzar el anhelado escenario de conectividad universal, competencia efectiva y desarrollo eficiente de la industria.
Ésta es ya la primera transición sexenal en la que por determinación constitucional que trasciende a cualquier voluntad del gobierno, se requiere de una continuidad en la política pública y regulatoria para garantizar el derecho de acceso a las telecomunicaciones para todos los mexicanos. Esto último, en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, continuidad, acceso libre y sin injerencias arbitrarias, de acuerdo con el artículo 6º constitucional.
La definición de una política de Estado de las telecomunicaciones se contará entre aquellas relativas a los sectores educativo, salud, social, entre otros. Al igual que en estos se demanda infraestructura para dotar a la población de servicios básicos, en telecomunicaciones, es menester ampliar la disponibilidad de recursos de redes para garantizar este derecho constitucional.
Política Pública para la Conectividad Universal
Desde la administración anterior, se pusieron en marcha acciones de política pública para detonar el acceso a las telecomunicaciones entre la población, entre estas, el Programa México Conectado, ahora denominado “Internet para todos”, cuyo cometido principal era dotar de conectividad en sitios públicos como escuelas, hospitales, parques y bibliotecas.
Bajo su nueva denominación, recibió el carácter de programa prioritario de gobierno con el objetivo de aproximar a todos los habitantes a puntos de acceso a internet, a partir de proveer cobertura “a nivel nacional en carreteras, centros de salud, escuelas y plazas públicas”.[1]
No obstante, queda por verse si la partida presupuestal asignada para el programa para este año ($662.8 millones de pesos) será conducente para cumplir con su propósito que finalmente se trata del cumplimiento de un mandato constitucional.
Otra de las acciones de política pública transexenal para la conectividad es la materialización del proyecto de la Red Troncal Nacional de Telecomunicaciones, estrategia del Estado que abona a la consecución de acceso universal en regiones remotas con escasa o nula oferta, así como para aumentar la cobertura, capacidad y calidad de la infraestructura de redes fijas.
Este proyecto que deriva del artículo 6º constitucional, fue demorado en su planeación y ejecución. Toca así a la actual administración recibir las propuestas técnicas y económicas para definir al desarrollador del proyecto y celebrar el contrato de Asociación Público-Privada (APP).
Asimismo, es menester que el nuevo gobierno aplique y haga valer las “Disposiciones de Acceso para Telecomunicaciones a la Infraestructura del Sistema Eléctrico Nacional”, vigentes desde el 1º de enero de 2019, así como dé continuidad al programa de arrendamiento de inmuebles del Estado para el desarrollo de redes de telecomunicaciones.
A partir de estas acciones se dará acceso a recursos de infraestructura, como remedio normativo para eliminar un cuello de botella en la provisión de servicios de telecomunicaciones. A ello se le suman las labores necesarias para consolidar un gobierno y economía digitales, así como la generación de condiciones óptimas para la innovación tecnológica, a través de la promoción a la inversión y la colaboración del gobierno con la iniciativa privada.
Estos son casos de política pública sectorial de Estado que no están sujetas al calendario de administración de gobierno.
Política de Administración del Espectro Radioeléctrico
Otro elemento esencial para el desarrollo sectorial es el espectro radioeléctrico. En este sentido, a finales del año pasado, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) dio a conocer su “Programa Anual de Uso y Aprovechamiento de Bandas de Frecuencias 2019”.
Con el objetivo de hacer un uso eficiente del espectro radioeléctrico, detonar la competencia, la convergencia, la innovación, la diversidad e introducción de nuevos servicios de telecomunicaciones y radiodifusión (radio y televisión) en beneficio de los usuarios finales, se prevé poner a disposición nuevas bandas de frecuencias.
Al respecto, el Programa de Frecuencias incluye la licitación de 10 MHz en la banda 1710-1780/2110-2180 MHz, ampliamente utilizada para la provisión de servicios móviles en las Américas. Asimismo, se prevé la adjudicación adicional de segmentos disponibles en la banda 2500-2690 MHz (Banda 2.5 GHz), tras el proceso de licitación de mediados de 2018, por el que resultaron ganadores AT&T y Telefónica. Mientras que para uso social se contempla espectro en la banda 824-849/869-894 MHz para comunicación móvil.
En lo que toca a servicios de radiodifusión, en 2019 se deberán licitar un total de 41 frecuencias (39 de FM y 2 de AM) de radio para uso comercial, mientras que por la vía de asignación directa 31 frecuencias de radio (29 de FM y 3 de AM) y 11 canales de Televisión Digital Terrestre para uso social y público con propósitos culturales, científicos, educativos o a la comunidad, sin fines de lucro.
Política Regulatoria de Competencia Efectiva
Es un error creer que una política de acceso universal no está ligada a una de promoción de la competencia efectiva. Si bien los problemas de cobertura en el país emanan de insuficiencias en el despliegue de infraestructura y otras barreras estructurales, la falta de disponibilidad y adopción de estos servicios responde fundamentalmente a la marcada asimetría en las condiciones competitivas entre los jugadores en el mercado.
Al respecto, si bien el IFT ya aprobó las Ofertas de Referencia de Servicios Mayoristas del operador preponderante (Telmex-Telnor/Telcel) para 2019, así como las tarifas asimétricas para la terminación en su red, queda pendiente la supervisión de la separación funcional de este operador, la implementación eficaz de la regulación asimétrica y la revisión bianual de las medidas de regulación asimétrica en la que deberá constar los avances en la implementación y cumplimiento de su cometido.
El diagnóstico a un lustro de su implementación es que con base en la métrica que lo define como agente económico preponderante, esto es, una participación de mercado en usuarios superior a 50%, continúa en un nivel cercano al del inicio de la implementación de las medidas asimétricas. De acuerdo con información del IFT al segundo trimestre de 2018, tan sólo ha perdido 4.5 puntos porcentuales en su cuota de mercado en el periodo referido, al alcanzar una razón de 59.6%.
Si bien en la revisión anual previa se definieron nuevas medidas para acelerar la consecución del objetivo de competencia efectiva, en esta segunda revisión el regulador deberá evaluar qué mecanismos han resultado eficientes y eficaces para desconcentrar el mercado y cuáles convendría implementar para efectivamente nivelar el terreno competitivo entre operadores.
Otras Asignaturas Pendientes
Otras asignaturas pendientes que deberán concretarse en 2019 son la conformación del Sistema Nacional de Infraestructura, base de datos nacional georreferenciada que contendrá los registros de infraestructura activa y medios de transmisión, de infraestructura pasiva y derechos de vía, así como de sitios públicos y privados. Así también deberán emitirse los lineamientos para la homologación de equipos de telecomunicaciones y radiodifusión, mismos que brindarán certeza jurídica a los usuarios sobre el reconocimiento de los productos que adquieren y que satisfacen las normas o disposiciones técnicas aplicables.
De igual forma, cabe anticipar que siga latente la discusión en torno a la regulación de las plataformas de video por internet, la privacidad de datos, el Internet de las Cosas y la Neutralidad de la Red. Sin duda, el sector de telecomunicaciones requerirá de un esfuerzo conjunto que haga partícipes no sólo al Estado, sino también a la industria, a los usuarios y a la academia, para atender y materializar los pendientes y mandatos de política pública y regulatoria sectorial bajo la nueva administración.
Referencia:
[1] Programas y proyectos de AMLO obtienen aprobación ciudadana superior al 90% en la Consulta Nacional Programas Prioritarios. Disponible en: https://goo.gl/PWwMAf
