Hay realidades de tal crudeza que quisiéramos que fueran ficción, que persisten aunque las ignoremos, que siguen ahí aunque cerremos los ojos creyendo ilusamente que al abrirlos se habrán esfumado, que existen a pesar de que anhelemos con todas nuestras fuerzas que desaparezcan.
Una de esas brutales realidades, extendida y habitual en el mundo por lo redituable que resulta, es la explotación sexual y el tráfico de personas, en especial la que sufren las mujeres, niñas y niños.
Conforme al Protocolo de Palermo, la trata de personas consiste en la captación, traslado o recepción de seres humanos, valiéndose de amenazas, el uso de la fuerza u otras formas de coacción, del rapto, fraude, engaño, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, o de la recepción de pagos o beneficios para lograr el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación, en cualquiera de sus vertientes, como la sexual, los trabajos forzados, la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos.
El Informe mundial de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) sobre la trata de personas de 2018, revela que, de 2003 a ese año, se recopiló información de 225,000 víctimas detectadas. En 2016, se alcanzó un pico máximo de 24,000 casos, de los cuales el 72% correspondieron a mujeres (49%) y niñas (23%), el 21% a hombres y el 7% a niños.
En el informe también se da cuenta de que el comercio de seres humanos con fines de explotación sexual ocupó el 59% de los casos, seguido por el trabajo forzado con el 34%. Del total de víctimas registradas, el 83% de las mujeres, el 72% de las niñas y el 27% de los niños sufrieron el primer tipo de explotación; en tanto que el 82% de los hombres y el 50% de los niños el segundo.
Por su parte, el Diagnóstico sobre la Situación de la Trata de Personas 2019 de la CNDH, señala que, entre 2012 y 2017, en México se identificaron 5,245 víctimas: 3,308 mujeres, 1,086 niñas, 492 hombres y 289 niños. El 70% de éstas fueron explotadas sexualmente (el 95% fueron mujeres y niñas), el 17% sufrió alguna forma de explotación laboral (el 53% fueron hombres y niños, y el 47% mujeres y niñas), y el 13% restante, otras modalidades de explotación.
La actual pandemia ha agudizado este problema al agravar las condiciones de desempleo y pobreza de millones de personas. El confinamiento social ha facilitado la invisibilidad de las víctimas; y los traficantes han continuado su actividad ilícita en la clandestinidad, sacando provecho de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC).
Para reducir los efectos del COVID-19 en la trata de personas, la UNODC ha recomendado, entre otros aspectos: salvaguardar el acceso a la justicia, usando las TIC para facilitar procesos judiciales y recopilación de pruebas; combatir este ilícito considerando las nuevas realidades digitales para evitar impunidad; así como adaptar los programas sociales y de asistencia a los distintos efectos de la crisis sanitaria, entre ellos, la atención a víctimas, aun con las presiones presupuestales para tratar de reparar los daños.
Ninguna persona debe ser explotada, ni ser tratada como un objeto. Ninguna mujer debe sufrir abusos. A las niñas y niños no se tocan, ni se les lastima, se les cuida y protege.
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