Al tema de la inseguridad, se ha sumado estridentemente el controvertido debate si la economía nacional se encuentra o no en recesión. Hecho que se ha agregado a los señalamientos de los efectos adversos que ha significado la Reforma Hacendaria (RH), especialmente del nuevo régimen fiscal. El debate se ha inscrito en el marco del bajo crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en 2013 y el incumplimiento, por lo tanto, de la meta de producción comprometida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para el año pasado.
La discusión sobre el estado que guarda la economía tiene dos aristas convencionalmente aceptadas entre los economistas: el conceptual y el de política económica. Lo primero permite precisar la discusión técnica, a fin de evitar ambigüedades y permitir que los involucrados tengan claro que se habla de lo mismo entre ellos. Esto muchas veces se obvia y termina por configurar una discusión de sordos. Por ejemplo, el concepto de capital tiene una concepción diferente en la economía dominante y otra desde el enfoque marxista. Aún más, en la visión moderna de la economía, los servicios de educación y hasta de salud llegan a considerase como inversión en capital humano, más que simple gasto.
En la segunda arista, relativa a la política económica, es conveniente en cualquier discusión técnica clarificar los problemas que se pretenden atender o resolver y los supuestos sobre los que descansan las propuestas de acciones públicas. La precisión de los supuestos es fundamental aún en las ciencias naturales, para saber en qué condiciones una teoría opera: la fuerza es igual la masa por la aceleración únicamente en condiciones de vacío gravitacional.
La precisión de los supuestos económicos era anteriormente piedra angular para los economistas para justificar sus posiciones teóricas y explicativas, así como sus propuestas de políticas. La ausencia de precisión y explicitación de los supuestos económicos ha hecho que los economistas parezcan más mensajeros de la fe que profesionales de una ciencia social, que pretendidamente se ha querido equiparar a las ciencias naturales.
Así, el ruido mediático que se ha generado sobre el estado que guarda la economía, el señalamiento de los efectos adversos de la RH, las presiones inflacionarias que han desatado los Impuesto Especiales a Productos y Servicios, entre otros muchos más, debe partir de la precisión conceptos y del análisis de los fundamentos de la políticas económicas. Ello podría ayudar a saber que puede salir mal de la política económica en marcha y que promesas gubernamentales no podrían ser cumplidas. Los exiguos logros de 2013 deben ser una lección que debe ser aprendida, para prevenir malos resultados.
Independientemente de la percepción pública, la discusión del Dr. Luis Videgaray, Secretario de la SHCP, a partir de la información difundida por el INEGI de que la economía nacional está “en fase de recesiva”, es un ejemplo de los problemas conceptuales y semánticos en los que caen los economistas. Convencionalmente se ha aceptado que una economía esté en recesión cuando el PIB se contrae o decrece durante dos trimestres seguidos. Más contemporáneamente, se ha definido a la recesión como el “periodo en el que el producto y el empleo están cayendo. Ocurre cuando la producción agregada es inferior a la producción potencial” (Krugman, P. y Roben Wells, Introducción a la Economía, Macroeconomía). Esta definición parecería más pertinente para conocer el comportamiento de la economía, pero presentaría el reto de definir su potencial productivo.
El criterio tendencial, coincidente y adelantado, que aplica el INEGI para estimar el comportamiento económico, le permitió asegurar que en febrero se continuó en recesión y que en marzo probablemente se mantuviera. Ello como consecuencia de que algunos componentes se encontraron en “fase recesiva” y otros en “fase de recuperación”, particularmente la actividad industrial y las importaciones.
El Dr. Videgaray habla en términos convencionales, por lo que en efecto el PIB no se encuentra en recesión, en tanto el INEGI aplica un criterio tendencial de varios componentes para inferir en qué fase se encuentra la producción nacional. Por lo que en cada caso se habla de conceptos y criterios diferentes. Con el convencional se habla de un momento del pasado, con el del INEGI de una tendencia para calificarlo. En tanto el primero es un concepto simple y sencillo, el otro resulta más pertinente para fines análisis y posible previsión de la acción pública. No necesariamente se deben juzgar ambos conceptos excluyentes, pero si deben ser claramente contextualizados, para evitar un envió de señales (signalling) equívocos a los entes económicos: las empresas y las familias, y hasta el mismo sector público.
Así, en cada caso se está hablando estrictamente de conceptos diferentes sobre lo que se considera una “recesión”, por lo que comparar sus mediciones puede resultar un esfuerzo estéril. Lo que sorprende es que, según el INEGI, la “fase recesiva” de la economía ha cumplido año y medio y hasta apenas ahora de manera mediática surge la discusión del tema y el concepto. Lo que es un hecho es que a diciembre de 2013 el sector industrial cumplía 24 meses decreciendo, como fue demostrado en este mismo espacio, lo que los medios especializados parecen haber obviado.
Es altamente probable que la “fase recesiva” de la economía nacional del INEGI haya llamado la atención pública en razón del cuestionamiento de la eficacia de la acción pública federal y de los resultados económicos que los empresarios, privados y sociales, y las familias perciben. Es decir que más allá de las consideraciones técnicas de la realidad económica, ésta pudiera estar contraviniendo las promesas y pretensiones gubernamentales.
Dada la independencia del Banco de México (Banxico), es dable decir que el gobierno federal cuenta básicamente con la política fiscal para mover a la economía nacional. Entendida la política fiscal como la relativa al ingreso-gasto del gobierno. Y es en este contexto que algo parece que “huele mal (a podrido) en Dinamarca” y explicar el cuestionamiento mediático al que se le ha sometido al DR. Videgaray.
La política impositiva ha sido cuestionada por su impacto en los precios, por los nuevos regímenes que implica y por las barreras administrativas que alientan la informalidad y la economía “subterránea”. Sin duda, el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) para los productores agropecuarios y los “Repecos” evidencia el extravío técnico de la SHCP, al violar el principio de equidad que constitucionalmente debe cumplir. Pretende dar un tratamiento igual a los desiguales.
Los hasta ahora Repecos y los campesinos son “entes económicos” diferentes a los empresarios. Ellos asumen una naturaleza de autoempleo, por lo cual son patrones y trabajadores de sí mismos, dueños de su exiguo capital y auto-arrendatarios de su propio espacio de trabajo. A ello se agrega que su escala económica y de infraestructura administrativa hace casi imposible que puedan expedir y acopiar facturas por medios electrónicos. Situación económicamente diferente a la de los empresarios, que de una manera u otra asumen relaciones contractuales, ya sea, laborales, de abastecimiento, venta, financiamiento o arrendamiento. Por lo que se está ante hechos notorios que los hacen desiguales a unos y otros.
Considérese que en España es posible pedir cita a la autoridad fiscal para la orientación y formulación del “entero” o declaración impositiva anual. Nuestras autoridades recaudatorias se imaginan un México tecnológica y económicamente más allá de economías y sociedades desarrolladas.
El reclamo contra la reforma fiscal ha alcanzado hasta voces emblemáticas, como el Dr. Guillermo Ortiz, Exgobernador del Banxico, actualmente Presidente del Grupo Banorte, al haber señalado que estaba afectando negativamente la economía. La baja actividad económica del primer trimestre del año sería asignada a los cambios recaudatorios puestos en marcha en 2014, a pesar del enorme gasto público programado con la RH. Obviamente el DR. Videgaray ha descalificado al Dr. Ortiz.
Ninguna economía puede sostener su crecimiento basado en el gasto público. Mucho menos cuando éste se concentra en gasto corriente con bajo efecto multiplicador macroeconómico, como las cifras de los últimos tres lustros lo reflejan para el caso de México. Por lo que no es mucho lo que pueda esperarse en 2014 del impacto del gasto público sobre el conjunto de la economía nacional.
La definición de nuevos proyectos de inversión, diseño y ejecución implica un ciclo al menos de 18 meses. Tiempo que bien puede ser mayor, ante la falta de experiencia de la burocracia federal en la materia. Por lo que la concreción de las inversiones públicas en su impacto económico podría verse manifestado hasta en 2016. La inversión pública de manera racional debería ser dirigida prioritariamente hacia la continuidad, mantenimiento y reposición de obras y servicios, antes de pensar en nuevos proyectos.
Los montos, así asignables, podrían ser más rápido de ejercer, con un tiempo de maduración de más corto plazo. Además, su dispersión geográfica podría implicar un mayor efecto económico regional. Un loable ejemplo de este criterio de inversión es el anuncio de la reparación y mantenimiento de los distritos de riego, anunciada por Enrique Peña Nieto, en Aguascalientes. Sin ninguna duda, el sector agropecuario tiene una amplia necesidad y capacidad de absorción de capital que puede impactar rápidamente a la producción y ocupación.
Todo deja indicar que si algo puede salir mal en la estrategia económica de EPN es la política fiscal, es decir de ingreso y de gasto. La primera puede ya reflejar la baja en la recaudación, por razones de menor actividad económica y de su impertinencia y realismo impositivo. La segunda, debe ser reconsiderada tomando en cuenta los logros obtenidos en 2013 y los alcanzados en los sexenios anteriores, cuya obsesión en la realización de grandes y nuevas obras terminó acrecentando el desperdicio de recursos.
Finalmente, pero no menos importante, es necesario tener presente que la suplencia de la iniciativa privada en la áreas en donde Pemex dejará de operar no será automática, por lo que la “recesión” económica regional será un reclamo más que, en su momento deberá enfrentar el Dr. Videgaray. Reorientar la economía lleva tiempo. Es como cambiar el rumbo del Titanic, con el riesgo de que pueda ser tarde para evitar una colisión con un iceberg. Algo parece que puede salir mal para la economía mexicana y algo ya huele mal.
