Decir que AMLO es marxista porque critica a quienes se conforman con analizar la realidad sin transformarla, como hacía Carlos Marx en el siglo XIX, es un recurso muy pobre de la propaganda que insiste en relacionar al presidente con gobiernos despóticos y totalitarios; si el estigma de populista no ha funcionado como esperaban sus detractores, ahora quieren ver si pega la imagen de las dictaduras del proletariado.
Lo que intentan es apuntalar el argumento de que López Obrador prepara una enorme concentración de poder, sin proyecto para ejercerlo o al menos, sin coherencia entre sus raíces marxistas e ideas del pasado cardenista y echeverrista, y hasta cubano. Es la argumentación que ofrece Jorge Castañeda en su artículo del viernes pasado en El Financiero.
Si el afán de transformar la realidad social tipificara como marxista a quienes lo han logrado, o intentado, habría que endilgarle el adjetivo a la generación juarista, o a Venustiano Carranza que tuvo el coraje de oponerse al curso de los acontecimientos, o hasta a Salinas, que importó el discurso del consenso de Washington plenamente consciente de que el neoliberalismo transformaría la vida del país.
El gobierno de López Obrador, y con él, el país entero, enfrentamos enormes desafíos, sin duda mayores de los que él previó antes de asumir la presidencia; ha tenido tropiezos, y puede tenerlos peores si no consigue una mayoría entre fuerzas económicas y políticas que constituyen poderes reales, de facto.
La cancelación del NAIM fue un gran tropiezo, un desgaste, por razones todavía no aclaradas. Lo que sí es claro es que develar todas las mañanas la corrupción que se va encontrando en el sistema y aparatos de gobierno es, por un lado, pedagogía política, pero por el otro lado, causa de desgaste, necesaria pero peligrosa, y que distrae capacidades para lo sustantivo: instaurar la política social ambiciosa y una mejor redistribución de la riqueza que su “populismo” ofrece.
Contra el libreto derogatorio del populismo, López Obrador se ha comprometido a mantener el equilibrio fiscal sin aumentar impuestos o deuda, y contra el principio dorsal marxista, a no trastocar los derechos de propiedad en sus afanes por avanzar en la justicia social.
Haría bien la oposición en concentrarse en impedir que el gobierno altere esos dos factores, o los derechos humanos en aras de la seguridad, o las libertades civiles y políticas en función de la “unidad”, o que otorgue concesiones en materia de soberanía nacional; son asuntos que ameritan la vigilancia con lupa de las acciones del gobierno.
Casi cualquier otra cosa serían reacciones por intereses afectados, fobias, prejuicios, aversiones e idiosincrasias, casi siempre más insidiosas y peligrosas que las razones de derecho; se abren paso por las redes sociales y en medios de comunicación masiva, y la mejor defensa contra sus efectos, es el desarrollo de la cultura política ciudadana.
