Los procesos democráticos en México no sólo dependen de resultados electorales. Cuando hablamos de un sistema antidemocrático frecuentemente pensamos en que las cuentas de las casillas electorales no reflejan la voluntad de la gente, que son opacas, que hay dudas sobre los resultados, que las autoridades están amañadas. Eso no es precisamente un sistema antidemocrático, más bien sólo es una pequeña parte –aunque importante– de todo el sistema. En el aspecto electoral, México cuenta con reglas generalmente aceptadas por las fuerzas políticas.
Lo electoral es sólo el comienzo, así que los resultados que emanen de un proceso electoral aceptable con el mayor apego posible al marco jurídico electoral, deben ser un buen inicio. Ciertamente, toda norma es perfectible y a la luz de su aplicación van surgiendo dudas sobre si fue acertado o no establecer determinados procesos y decisiones. Este marco jurídico no es más que el producto de la negociación entre las fuerzas políticas del país en el Congreso o las legislaturas estatales, lo cual no siempre significa que las leyes son el reflejo de la voluntad y anhelos de la sociedad a la que representan.
Una vez electas las autoridades y representantes populares ante las cámaras, su papel es justamente diseñar y echar a andar políticas públicas que favorezcan a la mayor parte de los mexicanos: una mejor distribución de la renta, instituciones más sólidas, un régimen laboral más justo que regule la relación obrero-patronal, un federalismo más coordinado, estrategias más eficientes de seguridad y un sinfín de tareas asignadas a las tres esferas de responsabilidad gubernamental, de acuerdo al principio tomista de la subsidiariedad.
En las últimas décadas, los consensos son más valorados que la opinión de las mayorías. Por ello los órganos legislativos tienen instancias donde se pondera la inclusión responsable de las propuestas, con el propósito de contribuir a escenarios políticos menos ríspidos y cada vez más tersos. Es por esta razón que las asambleas de los partidos políticos no pueden ni deben ser la última instancia de decisión sobre las modificaciones al marco jurídico. En ese plano, ningún político representado en las cámaras, debe usar su mayoría para imponerse, sino para buscar mayores consensos y acuerdos incluyentes.
Si el partido y aliados del Presidente de la República no alcanza la mayoría absoluta en el la Cámara de Diputados y el Senado, es muy posible que salga en busca de nuevos acuerdos políticos para poder echar a andar sus programas de gobierno. Esa negociación debería ser pública, a efecto de conocer sus objetivos y evaluar sus alcances; pero además, toda política emprendida por el ejecutivo, también llevaría el ADN de otras fracciones políticas y con ello, se evitan los extremos ideológicos, haciendo que todo pueda moverse en un espectro político mucho más moderado.
Un gobierno responsable no debe decantarse por los extremos ideológicos. Los gobiernos más eficientes procuran ser más pragmáticos a la hora de tomar decisiones, es decir, tomar en cuenta aspectos estadísticos, condiciones regionales, fortalecimiento sectorial, generación de empleo, repercusiones en los mercados, así como la estabilidad política nacional y las reacciones internacionales. Un gobierno, aun cuando haya surgido de procesos electorales democráticos y transparentes, está sometido a graves riesgos a la hora de tomar decisiones, porque puede detonar olas de descontento y movilización social, además de repercusiones en los escenarios internacionales donde participa.
México se encuentra inmerso en un proceso electoral muy complicado, dado el posicionamiento ideológico de los que, hasta el día de hoy, parecen ostentar las preferencias del electorado. La mayoría de los protagonistas políticos son blanco de acusaciones por la opacidad en el manejo de sus finanzas personales y la falta de rigor en el ejercicio de sus obligaciones fiscales; así como tráfico de influencias, corrupción y un largo etcétera. Los casos han llegado a tal extremo que la población se ve desencantada del proceso electoral y prefiere mantenerse al margen.
Tomando en consideración los escenarios que pudieran resultar de los comicios de julio próximo, es muy posible que cualquier mayoría sea únicamente relativa y no absoluta; lo cual obligará a los gobiernos que surjan del proceso electoral a generar nuevas alianzas y pactos políticos, como vehículos para poder generar las condiciones mínimas de gobierno. Quien resulte ser la o el Presidente de la República, no podrá gobernar solo, ni su discurso podrá polarizarse irresponsablemente, a ese fenómeno podríamos denominarle salud democrática. Es una especie de pesos y contrapesos, que aunque no sean enteramente confiables, procuran que ninguno de los poderes se desboque.
Hasta el momento, los discursos de quienes pretenden ocupar la silla presidencial, hacen poco énfasis en los consensos políticos, aun cuando prácticamente todos –excepto una candidata independiente– provienen de coaliciones de partidos; sin embargo, aún nos falta conocer y analizar las propuestas de campaña y los métodos que piensan emplear para aplicarlas en caso de resultar electos. México está a la expectativa de fórmulas novedosas e incluyentes. Será muy interesante ver cómo plantean los escenarios de solución y los mecanismos de ejecución.
