Los prospectos económicos de Europa han continuado agravándose en su larga batalla por salvar al Euro (The New York Times, 24 de mayo, 2012), después de que en la cumbre europea extraordinaria los principales líderes participantes retrasaron tomar decisiones serias para enfrentar la crisis económica que afecta al viejo continente. En medio de tal parálisis, se sigue insistiendo en que Grecia debería dejar la zona Euro para su propio beneficio (The Wall Street Journal, 24 de mayo, 2012) y el gobierno español continúa negando la urgente necesidad de establecer un plan integral y coherente para atender su crisis bancaria y financiera. España se enfrenta a la hora de la verdad, pero prefiere esperar a que le digan que tan grave está el enfermo, que se encuentra casi en las puertas del tanatorio, antes de actuar.
Algunos cínicos, dicen que si algo enseña la historia es que no enseña nada, como aparentan asumirlo ciertos gobernantes de la zona Euro, del Banco Central Europeo y otros funcionarios comunitarios. Sin embargo, para muchos otros no es ese realmente el caso de la crisis financiera y económica, casi global, que se hizo evidente desde 2007. Esto, a pesar de que se sigue insistiendo por diversas autoridades nacionales e internacionales de que la crisis europea es una crisis de deuda soberana y de que, consecuentemente, la contracción del gasto público es una prescripción genéricamente válida.
Finalmente, después de mucho andar y penar desde el rescate bancario Británico en 2007, mudar hacia el rescate financiero de Irlanda y Portugal más tarde, agravar los problemas de deuda soberana de Grecia, alentar los problemas de liquidez de España e Italia, la necia realidad hace regresar a las autoridades europeas al problema inicial de mantener un sistema financiero y bancario sano para enfrentar una crisis como la actual. De no ser así, los problemas financieros habrán de irse extendiendo sistémicamente hacia otros bancos y otros lares, hasta posiblemente alcanzar los mercados emergentes, como parece ser el caso español.
En pleno inicio de la crisis en 2008, ante las medidas emergentes tomadas en los Estados Unidos de Norteamérica (USA), el pánico generado por los problemas de solvencia del Northern Bank, en el Reino Unido, y los problemas de liquidez delBNP Paribas, de Francia, en España se presumía la fortaleza de su sistema bancario, al extremo de exhibirlo casi no tan sólo de ejemplo europeo, sino también mundial. Tal actitud contrastaba con el hecho de que siendo convencionalmente identificada la crisis a las hipotecas sub-prime, los bancos españoles tenían un alta exposición al sector inmobiliario, tanto por la vía de los desarrolladores de vivienda, como de los deudores individuales de hipotecas.
Más extraño aún resulta que en plena crisis de liquidez y de solvencia de bancos y cajas españolas, ya en 2010, siguiera insistiendo el gobierno ibérico y el Banco Central de España (BCdE) que la situación de liquidez de la banca española era manejable. Así, sería posible campear la crisis con la consolidación o fusión de instituciones y en que, en algunos casos extraordinarios, se requerirían apoyos temporales para fines de capitalización.
La historia inmediata demostró, una vez más, que una crisis financiera debe ser atendida de manera rápida, efectiva y eficiente, a riesgo, en caso contrario, de acrecentar la crisis económica nacional que normalmente la origina y, por la vía del contagio, afectar otras economías, regiones y continentes. Así, en medio de esta realidad se ha anunciado, como casi siempre, a destiempo que Bankia, el banco español recientemente nacionalizado, necesitará otros € 15,000 millones además de los € 4,465 ya inyectados (El País, 25 de mayo, 2012). Ello, ante la desconfianza que tienen las autoridades europeas, el propio gobierno español y los depositantes sobre la información financiera disponible y la misma seriedad del BCdE.
De esta manera, en pleno caos mediático peninsular se ha anunciado que dos consultores y tres auditores revisarán el estado financiero de liquidez y solvencia que realmente guardan las instituciones bancarias españolas. Esta acción inusitada se tomó en medio de la casi sempiterna discusión de si se deben emitir Eurobonos, tal como se ha insistido desde 2011, para bajar tasas de interés y garantizar la deuda soberana, y, de igual forma, si el Banco Central Europeo (BCE) debe actuar como tal o no, incluyéndole el mandato comunitario de alentar el crecimiento económico, como políticamente lo ha propuesto el actual Presidente de Francia.
El relativo caos en el que se da la definición de medidas contingentes para enfrentar una crisis bancaria y financiera no es extraordinario; máxime si se toma en cuenta la reciente experiencia japonesa y la crisis bancaria mexicana. En este último caso, se llegaron a implementar 11 programas de apoyo y de rescate bancario, en un periodo de tres años, antes de llegar a la capitalización permanente de los bancos por parte del gobierno, cuyo costo socializado no ha sido abatido monetariamente después de más de 10 años.
Obviamente cada caso es un caso, pero hay consideraciones y medidas generales que bien vale la pena tomar en cuenta para el diseño e instrumentación de un Plan de rescate bancario, antes de que se agudice adversamente la situación de los bancos españoles y se abra otro flanco de debilidad estructural del Euro. Tales consideraciones y medidas pueden sonar meramente prescriptivas, pero ilustran un posible camino instrumental para enfrentar una crisis bancaria, en medio de la crisis financiera internacional como la que se vive. Sin duda, prescribir y proponer siempre tiene riesgos de aceptación y de rechazo, todo depende de los costos y logros que se pretendan alcanzar.
Tales son las lecciones que se pueden extraer de EU, cuyo plan originalmente fue por Paulson-Bush y después corregido por el mismo. De igual forma, del plan de rescate bancario británico (identificado como Plan Brown; por el nombre del primer ministro de entonces), y los intentos iniciales de la administración trans-fronteras de la crisis financiera hechos en octubre 2007, por el Council of Economic and Finance Minister (ECOFIN Council), de la Unión Europea (UE). Los intentos de ECOFIN, culminaron en junio de 2008 en un Memorandum of Understanding que incorporó el Plan Brown, que finalmente fue abandonado al enfrentar la crisis financiera a nivel de cada país y por el rechazo firme de Alemania para su generalización en la zona Euro (The ‘British Plan’ as a Pace-Setter: The Europeanization of Banking Rescue Plans in the EU?*, Lucia Quaglia, University of Sussex, 2009).
Fehacientemente, en tales casos que incluyen también el rescate bancario del francés BNP Paribas y el alemán Hypo Bank, las circunstancias de autonomía monetaria son diferentes al caso español, así como la condición imperativa del llamado Pacto Fiscal, los niveles de deuda soberana y la realidad económica y política específica de cada país. Sin embargo, dado que el propio Consejo del ECOFIN tomó originalmente como validos los puntos estratégicos del rescate bancario británico, se les puede juzgar como pertinentes para atender una situación de crisis bancaria como la española.
El Plan Británico fue articulado funcionalmente sobre tres pilares: la provisión de liquidez al sistema financiero, a través de un esquema especial de liquidez operado por el Banco Central (BC); un programa de recapitalización de los bancos, por el cual el BC podría comprar acciones de los bancos; y la garantía gubernamental para la nueva emisión de deuda por los bancos. Los tres pilares, simples pero focalizados, garantizaron que el sistema bancario británico no se colapsara. Indudablemente que la puesta en marcha del Plan tuvo contratiempos e implicó errores de instrumentación pero no de dirección. A pesar de su alta exposición al “ladrillo”, los altos niveles de endeudamiento privado y la depresión económica vigente, la banca británica ha ido campeando los efectos adversos de una política fiscal restrictiva y proclive al desempleo; hechos que pueden servir de referencia al caso español.
En términos instrumentales, para el caso español en primer lugar se debe considerar que el problema no es simplemente un problema local, sino para toda la zona Euro. Lo que suceda adversamente a la banca española afectará inmediatamente al resto de la zona Euro. Así, la permanencia del Euro y la sanidad bancaria española están indisolublemente vinculadas. En segundo lugar, es necesario contar con un plan integral que pueda ser funcionalmente puesto en marcha en el corto plazo. En tercer lugar, ello implica centrar el problema instrumental en el ámbito de las autoridades políticas, monetarias y de regulación nacionales; de otra manera se continuará corriendo siempre atrás de los eventos y se terminará por meter a la economía real en una larga depresión, como ha sido el caso japonés. En cuarto lugar, es comprensible aceptar que habrá un costo público que se deberá ir abatiendo conforme se recupere la sanidad financiera del sistema bancario. En este sentido, debe aceptarse que este costo deberá ser mayormente en beneficio de los deudores, cuya capacidad de pago permitirá recuperar la buena marcha del sistema financiero y bancario.
Finalmente, pero no menos importante, antes de confiar en las entidades externas, llámense consultores, auditores, BCE, FMI, (Fondo Monetario Internacional), entre otros más, es indispensable contar o crear una contra parte nacional, que deberá ser el interlocutor técnicamente válido entre el sistema financiero con el gobierno y con las entidades externas. En este contexto, el Plan de rescate debería considerar cuatro ámbitos: el de la zona Euro, el ámbito macroeconómico nacional, el netamente financiero y el bancario, que integraría deudores y acreedores. Los tres últimos ámbitos son mayormente operacionales y de decisiones casi soberanas, por lo que sus resultados positivos a la postre serían en beneficio de la propia zona Euro.
De manera más concreta para el caso español, al Plan Británico de tres pilares: provisión de liquidez; recapitalización de bancos y garantía gubernamental de nueva emisión de deuda por los bancos, habría que agregar al menos dos pilares más, que residen en el ámbito netamente bancario. Ellos son el del seguro explicito para el total de depósitos y ahorros y la reestructuración y reconversión de adeudos bancarios hipotecarios y de las pequeñas y medianas empresas.
Dado que el contagio es un riesgo sistémico interno y para la zona Euro, se deben asumir compromisos explícitos del gobierno para evitar las corridas (rum) de los depositantes y la falta de compromisos de los accionistas. Así, se debe anunciar públicamente, desde ya, que todos los depósitos de la banca española están protegidos. En segundo lugar, que la capitalización de la banca se daría por dos vías; con la capitalización de las ayudas ya proporcionadas y con la creación de empresas inmobiliarias y de arrendamiento ad-hoc para cada caso, en las que el estado compartiría el riesgo con los bancos, con el beneficio correspondiente a los deudores. Sin compromiso público y cuidando el bien general no se puede paliar y menos salir de una crisis, como la que enfrenta España. Los mismos instrumentos y las mismas conductas sólo pueden producir peores resultados.
Un rescate ordenado de la banca española se puede implementar con la arquitectura financiera básica con la que se cuenta y con los fondos instituidos. Sólo hace falta creatividad y voluntad, ver el futuro sin olvidarse del pasado, pero sin anclarse en este último. Los detalles para lograr tal fin son tema de otra historia y de un ámbito sumamente terrenal y no del cielo. Esencialmente si se considera que los bancos españoles algún día deberán regresar terrenalmente al mercado.
