La sociedad debe ser por una parte autocrítica y por la otra demandar un marco normativo efectivo para combatir la corrupción y la impunidad.
Ciudad de México.- La recuperación del camino del desarrollo y el progreso en México pasa necesariamente por la reconstrucción y el fortalecimiento de un eficaz Estado de Derecho. En este proceso es de vital importancia el combate a la corrupción y a la impunidad.
En los últimos meses, en México se han vivido momentos difíciles por el estallamiento de conflictos sociales que se incubaron por décadas. La pérdida de la seguridad pública y de la gobernabilidad en varias regiones del país, se ha vuelto a manifestar en Guerrero y Michoacán. Pero es claro que existen graves problemas de seguridad y de daño al tejido social en diversas regiones de México, como Oaxaca, Chiapas y Tamaulipas, por mencionar solamente otros casos.
Esta problemática tiene diversas causas. Una de ellas es la persistente pobreza, marginación y desigualdad, que existe en el país a lo largo de toda su historia, pero que se magnifica con el crecimiento de la población en las últimas décadas.
En México ha existido sin duda también un proceso de modernización importante desde hace varios decenios, pero que no ha sido homogéneo en el país. Hay regiones y sectores de la economía que han tenido un dinámico crecimiento, pero otros se han estancado. La tasa de crecimiento del PIB en los últimos 32 años ha sido claramente insuficiente. La pobreza y la marginación han persistido. La desigualdad se ha incrementado.
El país vive la falta de un eficaz Estado de Derecho desde toda su historia. Pero los problemas en materia de justicia se han incrementado. A la violencia por la acción del crimen organizado y el combate al mismo, que registra desde 2007 varias decenas de miles de muertos, así como varios miles de personas presuntamente desaparecidas o de las que se desconoce su paradero; se añade la percepción de impunidad en numerosos casos de delitos del orden común que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del INEGI provoca que la población advierta un nivel de impunidad de cerca de 98 por ciento
Esta compleja situación se traduce en casos tan graves como los de violación a los derechos humanos en San Fernando, Ayotzinapa, Tlatlaya e Iguala. Pero se tiene también una clara percepción de impunidad en materia de la justicia ordinaria que afecta la cotidianeidad de las personas. Esta idea de falta de aplicación de la ley se da tanto en los ámbitos penal como civil.
Sin embargo, el país debe retomar de inmediato su camino del crecimiento y el desarrollo económico y social sustentable. Tenemos factores de aliento, Uno de ellos es la trascendencia y magnitud de varias de las reformas estructurales. Está también la recuperación económica en varios países y en particular en Estados Unidos y la consolidación de un bloque económico y energético en América del Norte.
Pero esta recuperación pasa por la muy compleja reconstrucción del Estado de Derecho, en un país en el que la ley siempre ha tenido problemas para su cabal cumplimiento. Una condición necesaria para la reconstrucción del Estado de Derecho es el combate a la corrupción y a la impunidad, otro de los problemas ancestrales de México. Es el momento de tomar medidas de fondo en la materia, ya no se puede continuar con la simulación. La sociedad exige un cambio de fondo para enfrentar un problema que nos ha acompañado desde siempre. La inserción de México en el contexto global y la creciente interacción económica, financiera, comercial por una parte y la sociedad misma reclama un cambio real. El país requiere una transformación de fondo en esta materia. El Sistema Nacional Anticorrupción debe ir, esta vez, en serio, al fondo del asunto.
La sociedad debe ser por una parte autocrítica y por la otra demandar un marco normativo efectivo para combatir la corrupción y la impunidad.
