Los ingresos petroleros han sido una seguridad para solventar el gasto público y un elemento para sostener el exiguo crecimiento económico que ha tenido México en los últimos lustros. A tal grado ha sido su importancia, que hoy se sostiene una vez más que las finanzas públicas están petrolizadas. Tal situación resulta de gran preocupación, ante las voces electorales que proponen que el gobierno federal abra la realización de actividades de la industria petrolera, exclusivas del estado, a la iniciativa privada, hecho que afectaría, sine qua non, de manera drástica las finanzas públicas nacionales, tal como lo sustenta el pasado reciente del país.
La crisis económica experimentada en México a raíz de la devaluación del peso en 1976 pudo ser relativamente superada gracias al petróleo. En efecto, al inicio del sexenio del Presidente López Portillo el gobierno federal mexicano anunció internacionalmente la existencia de grandes reservas petroleras, que no sólo podían garantizar su deuda pública, sino también las grandes posibilidades de crecimiento económico que tendría el país. Así, la economía mexicana alcanzó en ese sexenio gubernamental elevadas tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) a la par que la deuda pública se aceleró fuertemente.
Todo esto dentro de un ambiente internacional inestable, que inicialmente significó elevadas tasas de interés de dos dígitos, hasta rondar alrededor de 20%, que culminó con una estanflación (inflación con recesión) casi mundial, sin precedente alguno. Finalmente, México tuvo por una parte que reestructurar su deuda pública, que en menos de seis años, se había quintuplicado, y entrar en un nuevo período de contracción económica.
Sin embargo, como en un proceso de condena existencial, el país enfrentó una nueva bonanza petrolera gracias a los niveles de extracción de uno de los más grandes mega-campos petroleros del mundo, llamado Cantarell, localizado en el Estado de Campeche. Este mega-campo petrolero, que fue uno de los más importantes del mundo, tuvo una doble consecuencia inmediata y adversa para la economía nacional. Por una parte, pospuso la toma de decisiones de cambios políticos y económicos que el país necesitaba y, por la otra, hizo que se “petrolizaran” altamente los ingresos presupuestales del sector público federal.
Dentro de las reformas que en su momento fueron pospuestas sobresale obviamente la impositiva, especialmente en materia del Impuesto sobre la Renta (ISR). Como extremo de tal situación, ya en el sexenio de Carlos Salinas la tasa del IVA fue reducida, siendo compensada por los mayores ingresos del petróleo.
En el mismo tenor, dado el peso y el volumen de los ingresos del petróleo, México pudo dar a los Estados Unidos de Norteamérica la factura petrolera como garantía para solventar la crisis de liquidez que enfrentó en 1995. Ello, sin olvidar el sacrificio de los ingresos fiscales en los que se incurrió en el sexenio zedillista. En este sexenio se amplió hasta con un período de 1º años las pérdidas que podían enfrentar las empresas; perdidas que podían ser recuperadas en los siguientes años. De igual manera se redujeron las cuotas patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Tales sacrificios de ingresos públicos, entre otros, contrastaron con la anemia de inversiones a la que se sometió a la propia industria petrolera nacional, es decir PEMEX.
Más recientemente, gracias a los crecientes ingresos presupuestales generados por PEMEX, a partir del año 2000 se tomaron medidas de mayores sacrificios en los ingresos fiscales, al permitir la consolidación de pérdidas y ganancias de los grupos corporativos hasta el 100%. Esto permite cumplir con la máxima anglosajona de que “empresa que paga impuestos es empresa mal administrada”. Situación que ha llevado a acumular al gobierno federal “gastos fiscales”, que no es más que sacrificios y devoluciones, del orden de casi $500,000 millones de pesos.
Todo ello, sin olvidar el aumento exorbitante de la alta burocracia, que sólo en el corporativo de PEMEX fue del orden de 50%. En esta conducta gubernamental también se inscribe la baja temporal del ISR, que después volvió a ser aumentado, y de igual forma los gastos suntuarios e improductivos realizados en el actual sexenio. Situación relativamente irracional ante la fragilidad reciente en los ingresos petroleros.
Es innegable que los ingresos del petróleo han sido importantes para las finanzas públicas y la economía nacional, pero también es incuestionable que han establecido su dependencia para mantener el elevado ritmo de gasto público, complementado con una mayor deuda pública. Tal importancia y dependencia fiscal sobre los ingresos petroleros se evidencia con datos públicos y oficiales.
Cuadro 1
Los ingresos presupuestales anuales del sector público federal se integran por los ingresos petroleros y no petroleros, que se complementan con deuda neta para establecer el presupuesto anual federal. De acuerdo a los datos de la SHCP, tal como se observa en el Cuadro 1, en el período de 2000 a 2011 los ingresos petroleros han tenido una gran importancia para las finanzas nacionales. Sobresalientemente, en 2005 llegaron a representar $1,054 billones de pesos y en 2011 $1.1 billones.
Cuadro 2
En general, en el período de 2000 a 2011 los ingresos petroleros representaron casi 34% de los ingresos presupuestarios del sector público, como se demuestra en el Cuadro 2. Relevantemente, en 2005 los ingresos petroleros llegaron a representar 38% del total y en 2008 casi 37 %, habiendo alcanzado en 2011 33.7%.
El elevado peso relativo de los ingresos petroleros significa que un poco más del 30% de los ingresos totales federales, fuera de deuda, tiene como fuente el petróleo. Dicho de otra manera, una sola entidad del estado mexicano aporta más de la tercera parte de los ingresos públicos federales, que terminan apoyando presupuestalmente a todos los órdenes de gobierno y la economía en su conjunto.
Por otra parte, los ingresos presupuestarios han aumentado, entre 2000 y 2011, en su peso relativo dentro del PIB. Esto es explicado indudablemente por los mayores ingresos petroleros y relativamente por más deuda pública que anualmente se asume. De esta manera, en 2000 los ingresos presupuestarios fueron el equivalente del 18.5% del PIB, en 2011 alcanzaron 22.8%, habiendo sido 23.5% en 2008.
Cuadro 3
Como se exhibe en el cuadro 3, los ingresos petroleros en 2000 equivalieron a 6.1% del PIB y en 2011 fueron 7.7%, habiendo alcanzado destacadamente 8.7% del PIB en 2008. Es innegable el peso relativo de los ingresos petroleros en el PIB, por lo que es previsible que su efecto multiplicador deba ser de gran relevancia. En este contexto habría que agregar el efecto positivo de encadenamiento que debe tener la industria petrolera con otros sectores y ramas de la economía.
A pesar de los altos precios del petróleo a nivel internacional, en virtud de la caída en la plataforma de extracción de Cantarell los ingresos petroleros desde 2007 reflejan una inestabilidad, al haber caído en ese año 1.6%. Sin embargo, la mayor caída se dio en 2009, año de recesión económica, habiendo tenido una contracción de -21.3%, experimentándose una recuperación en 2010 y 2011, por la reactivación económica internacional. Por lo que el panorama petrolero no da buenos visos para el futuro inmediato.
Sin duda, en el corto plazo seguirá la dependencia nacional de los ingresos petroleros, tanto para la economía en su conjunto como para las finanzas públicas. Tal realidad se pretende obviar, cuando se ofrece electoralmente que es posible compartir los ingresos petroleros con la iniciativa privada. Olvidándose, con ello, que PEMEX desde hace años contrata buena parte de sus servicios y obras, especialmente con las empresas internacionales, para desgracia de las empresas nacionales y la economía del país.
Sin ofrecer nada más que lo posible, tanto constitucional como económicamente viable, PEMEX debería ser el pedal que moviera estratégicamente a la economía nacional y debería ser el eje de una industria petrolera amplia, donde sus empresas proveedoras nacionales tuvieran la oportunidad de desempeñar un papel activo. Por desgracia, ello no parece ser la preocupación de las autoridades nacionales y los candidatos presidenciales, como tampoco lo es optimizar la eficiencia operativa de PEMEX e incrementar sus inversiones, como si lo es “vender la vaca que tanta leche ha dado” al país.
Antes de vender la plata de la familia hay que pensar en los niños y los jóvenes, específicamente por la pobreza que vive el país y el entorno económico internacional adverso que se enfrenta. A veces los bienes públicos vendidos terminan generando mayores males sociales; como parece haberle sucedido a buena parte de los mexicanos.
