Creo que la buena intención que subyace en crear un cuerpo de policía de apoyo a la seguridad de los estados, es digno de reconocerse. La colaboración entre los gobiernos de las entidades federativas puede ser un camino de alternativas para enfrentar ciertos temas de interés común que en algunas ocasiones pudiera enfrentarse mejor desde una perspectiva regional conjunta que desde la individualidad.
Sin embargo, hacer este tipo de alianzas o acuerdos son solamente, hasta este momento, buenas intenciones y voluntad política. Es necesario aclarar que no hay compromisos que vinculen jurídicamente a los estados y quizá los recursos que dediquen a establecer estos nexos, no se puedan justificar en su cuenta pública, por una simple y sencilla razón: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 117, prohíbe taxativamente cualquier tipo de alianzas entre los estados.
Sin embargo, el artículo 119 de ese máximo ordenamiento jurídico, permite la colaboración entre estados para llevar a cabo diligencia respecto a indiciados, procesados o sentenciados, así como aseguramiento de objetos, instrumentos o productos del delito. Dicha colaboración se debe dar a través de convenios formales entre estados. Es decir, que la firma de convenios no está mal vista del todo.
Es importante que el artículo 117 mencionado líneas arriba, sea despojado de temores decimonónicos y se convierta en vehículo para poder construir un marco de colaboración sólido, seguro y confiable que abra una nueva vía de construcción del federalismo, que hoy busca nuevos cauces para crecer y desarrollar mecanismos eficaces de atención a la población.
La propia Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) carece de un sustento jurídico vinculante, pero nadie puede dejar de reconocer que es un foro para poder intercambiar experiencias y conseguir consensos que contribuyen a generar cierta estabilidad política. El Gobierno Federal aún abriga temores frente a la posibilidad de permitir esta clase de alianzas, pero es momento de deshacerse de prejuicios y establecer nuevos retos para fortalecer las acciones de las entidades federativas.
Un artículo 117 constitucional bien planteado como una plataforma para el desarrollo del federalismo, y al mismo tiempo, salvaguardando la integridad del pacto federal, pudiera generar amplios beneficios para las regiones. Podría incluso erigirse como mecanismo para ejercer fondos federales con el objetivo de que se obtengan resultados de mayor impacto, eficiencia y transparencia. Como una secuela positiva, convendría desarrollar una Ley Reglamentaria de este artículo constitucional para clarificar el máximo las posibilidades de colaboración y relaciones interestatales.
México ha asumido el compromiso de impulsar los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) ante el concierto internacional, al mismo tiempo, la confianza en cualquier tipo de estructura gubernamental ha ido decreciendo considerablemente. Y con justa razón. Eso representa un gran peligro para las instituciones de la República, así que una colaboración estrecha entre los estados, bien reglamentada podría consolidarse como un mecanismo para asumir compromisos regionales para avanzar en la aplicación de los ODS y renovar la percepción de la población respecto a las instituciones nacionales.
Instrumentar mecanismos de esta naturaleza no requiere de grandes sacrificios políticos, sino de la necesidad de despojarse de viejos prejuicios que se arrastran desde la independencia de México. Es hora de desechar ese lastre y potenciar los mecanismos que pudieran edificar nuevas formas para fortalecer el federalismo y hacer más eficiente la actuación de los gobiernos estatales respecto a los compromisos nacionales y regionales.
El gobierno federal debe tomar el liderazgo en este tema para ser quien impulse e incentive el surgimiento estas nuevas fórmulas de colaboración regional, velando por su estabilidad, desarrollo y prestigio, además de asegurar inversiones es los temas de desarrollo y evitar la opacidad en la inversión de recursos federales ejercidos a través de los gobiernos estatales.
El espectro de temas de colaboración entre los estados pudiera ser muy amplio, siempre y cuando esté bien reglamentado. Seguridad pública, derechos humanos, protección civil, combate a la delincuencia organizada y al narcomenudeo; política fiscal, medioambiente, servicios de salud, calidad educativa, trasparencia y rendición de cuentas, redes de comunicación transregionales, así como todas las materias relacionadas con el desarrollo económico de las regiones.
El partido político que proponga un sistema que ordene y reglamente adecuadamente esta nueva vía de fortalecimientos al federalismo, puede extraer jugosos nutrientes para plantear una plataforma política más creíble y con mayores posibilidades de obtener alianzas que aseguren su permanencia o su asunción al poder.
Este tema tiene mucha tela de donde cortar y se vertebra muy bien en un nuevo discurso político de centro izquierda. Hoy conviene ilustrar al electorado con propuestas viables, y evitar envenenarlo con acusaciones de todos contra todos. Los partidos políticos se encuentran ahora levantando encuestas entre la población para sincronizar sus discursos a los temas de preferencia de sus electores potenciales, porque ninguno le apuesta a incrementar su liderazgo a través de propuestas viables y profesionales y luego convencer al electorado de que esa es la mejor vía.
Estoy deseando ver un debate televisivo en el que se expongan las propuestas de gobierno, justificaciones y mecanismos para aplicarlos, que la discusión se desarrolle a través de la solidez de su conformación y su concepción, planteando retos y metas. Ya falta poco, los tiempos de la política están a la vuelta de la esquina.
