México es un país que se ha transformado en los últimos veinticinco años, madurando su democracia, abriéndose al comercio mundial, extendiendo su red carretera, consolidando sus instituciones, creando otras nuevas, generando fondos de desarrollo económico y cultural, abriendo espacios para la educación y acrisolando reformas en ámbitos diversos cuyos buenos frutos se atisban en un futuro de mediano plazo. Sin embargo, aún falta mucho por hacer. Finalmente la población es la que analiza su circunstancia y la forma en que los tres niveles de gobierno atienden y proveen las condiciones para armar el andamiaje del desarrollo.
De esta guisa, surge la inquietud de revisar algunos otros aspectos que afectan la vida institucional del país y que está ligada al diseño del municipio libre como figura de gobierno más cercana a la ciudadanía, cuyas atribuciones están ligadas, principalmente, a la prestación de los servicios más básicos de la comunidad. A simple vista pareciera que las funciones que la Constitución le ha asignado a esta figura de gobierno, siguiendo la tesis tomista de la subsidiariedad, han sido diseñadas para proveer servicios y consumir recursos, es decir, un municipio libre, pero pobre.
Ayuntamientos con deudas que son heredadas a través de un largo número de administraciones y que ya resultan muy onerosas para el erario, lo cual tiene una repercusión inmediata en la asignación de recursos para la provisión de bienes y servicios. IMCO señala que hasta marzo de 2015, la deuda municipal rondaba los 55 mil millones de pesos.
En realidad la cantidad no es tan importante como la cualificación del gasto. ¿Cuánto, cómo y en qué se gasta? ¿Cómo administran los recursos? ¿Cómo se pagan los créditos contratados? Éstas y otras interrogantes nos asaltan a los ciudadanos, sobre todo a quienes pretendemos generar conciencia y propuesta sobre estos temas.
Las cuentas de muchos ayuntamientos no cuadran, no sólo porque pudiera haber casos de corrupción de aquellos que roban “sólo un poquito” y más, sino también por falta de pericia para elaborar proyectos y consecuentemente para comprobar recursos federales y estatales. Algunos municipios no han organizado muy bien su estructura administrativa hacendaria y es probable que muchos aún estén lejos de tener una ley de ingresos congruente y, en consecuencia, un sistema eficaz para la recaudación de recursos propios, por ello quizá tampoco hayan avanzado en la planificación de su gasto.
Hay estados con una pulverización territorial excesiva, es decir, demasiados municipios en su demarcación territorial, los cuales generan inestabilidad institucional y en la provisión de bienes y servicios. Poco se ha usado la figura constitucional de la asociación entre municipios para proveer, de forma conjunta, alguno de los servicios que se les han asignado, lo cual podría generarles economías de escala muy importantes y reducir el costo de sus tareas.
Sin embargo, hay propuestas e iniciativas muy positivas para abrir más opciones para los municipios y facilitar su tarea; existen casos excepcionales de buenas prácticas, prestigiadas consultorías profesionales que coordinan las acciones de gobierno congruentemente. El Instituto Nacional del Federalismo y Desarrollo Municipal (INAFED) también tiene atribuciones para generar asistencia a los ayuntamientos, para proporcionarles capacitación y dar mayor soporte en materia de participaciones y fondos federales.
La asociación entre municipios con la finalidad de prestar servicios en conjunto aún pudiera escribir sus mejores páginas en un futuro, a través de ampliar su abánico de opciones para permitir que los ayuntamientos convengan unificar algunos aspectos de su hacienda pública, como la recaudación y la asistencia en la contratación de créditos y la programación del pago correspondiente de estos, así como una asesoría profesional en la integración de sus leyes de ingresos, y en la estructuración y disciplina del gasto. Es decir, unirse para formar una Agencia Común de Recaudación Municipal, que constantemente esté enterando la recaudación a los ayuntamientos firmantes y monitoreando los puntos más delicados de su ejecución. Para ello tendrían que ceder a este organismo “intermunicipal” algunas competencias en materia de ingresos, sobre todo en la recaudación del impuesto predial, así como atribuciones legales para exigir el pago a los contribuyentes. Una especie de SAT organizado para un número determinado de municipios, por lo que en un estado podría haber más de uno.
Aún debemos avanzar en la coordinación intermunicipal, reglamentarla y profesionalizarla. El liderazgo político de un presidente municipal y la representación popular de los cabildos no estaría en juego. Con este tipo de asociaciones y asistencia profesional, quizá pudieran disminuir los casos en que se deslinden responsabilidades a las autoridades municipales sobre la comisión de faltas por una administración equivocada de los recursos públicos y se pondere la transparencia de su manejo.
ENRIQUE A. ESCALANTE ARCEO
