Reforma política

En esta entrega me refiero a los temas del paquete propuesto por el Presidente Felipe Calderón al Congreso de la Unión para la reforma política, que no fueron aprobados. En mi concepto, estamos frente a temas que requieren miras altas, más allá de las mezquindades políticas que sólo ven por sus intereses personales o de partido o que anteponen el valor electoral a los beneficios generales del país, que se traducen en el cumplimiento del primer principio y última consecuencia del derecho que es el bien común. Coloquialmente, se decía en aquella época: “Prefieren que no le vaya bien al gobierno, con tal de lograr sus objetivos electorales, sin importar que las medidas sean buenas para el país”.

1. Porcentaje para la conservación de registro de partidos políticos. Proponía incrementar el porcentaje de votación para que un partido político nacional conservara su registro, del 2% al 4% de la votación nacional total emitida en alguna de las elecciones federales ordinarias. Sólo se incrementó al 3%.

Seguimos manteniendo partidos políticos y, en el caso de los minoritarios, a políticos sin escrúpulos, que no requieren trabajar y que aspiran a cargos públicos, para seguir medrando de los presupuestos. El argumento que se sostenía entonces es que limitaba la participación política a las minorías, lo cual resulta falso, máxime que en aquel entonces la única vía de acceso a algún cargo público de elección popular era a través de los partidos políticos. Hoy las candidaturas ciudadanas ya se encuentran previstas en nuestro orden jurídico y demuestran la falsedad del argumento citado. Por ello es necesario elevar el porcentaje de votación requerido a los partidos políticos para conservar el registro. A la par, es preciso advertir que el esquema vigente de financiamiento público de los partidos políticos resulta insostenible.

2. Facultad de iniciativa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Proponía facultar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para presentar iniciativas de ley, sólo en lo que se refiere a 3 leyes: la Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la de Amparo y la reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 constitucional en materia de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad.

Sólo se entiende que se haya negado esta facultad legislativa a la Corte, en el escenario de una franca confrontación entre los órganos legislativo y judicial. No existe ninguna dependencia más calificada para presentar iniciativas en esa materia, no sólo por la experiencia diaria, sino por la sensibilidad de las necesidades de los órganos de impartición de justicia y de los justiciables, que requieren una reacción más inmediata.

3. Veto con publicación parcial. Proponía facultar al Presidente para publicar las partes de un proyecto avaladas, tanto por éste como por el Congreso, cuando en algunas de las Cámaras no fueren superadas las observaciones del propio Ejecutivo por las dos terceras partes, o a manera de afirmativa ficta, si transcurridos 20 días hábiles no se efectuara la votación respectiva en el Congreso.

Nadie puede negar la necesidad de que el Presidente promulgue y publique lo aprobado; no tiene sentido terminar el proceso legislativo en una parte, sin que lo aprobado se convierta en ley, sólo porque otra parte del instrumento legislativo no haya tenido consenso.

4. Reconducción y veto del presupuesto de egresos de la Federación. Proponía establecer la facultad del Ejecutivo Federal para observar, parcial o totalmente, dentro de un plazo de 10 días hábiles, el Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos y que, de realizar observaciones, la Cámara de Diputados tendría 10 días hábiles para discutirlo. Las observaciones del Presidente sólo serían superadas por el voto de las dos terceras partes. Si transcurría este plazo, o no se alcanzaba la mayoría calificada, el proyecto entraría en vigor sólo en la parte que no fuera observada por el Presidente.

En nuestra incipiente democracia, ya hemos tenido un Ejecutivo con un Congreso francamente opositor. Este tema es el de mayor discusión, pues debemos ver a largo plazo si al país le conviene atar de manos al Presidente en materia presupuestal.

5. Segunda vuelta en elecciones presidenciales. Proponía adoptar la segunda vuelta para la elección de Presidente de la República. En principio, el candidato triunfante deberá reunir la mayoría absoluta de la votación. De no darse, se recurriría a una segunda votación.

La primera votación sería el primer domingo de julio y la segunda, en su caso, el segundo domingo de agosto.

Es un tema público que el PRI se haya opuesto sistemáticamente a esta figura, pues en sus cálculos les causa una gran perjuicio, no sólo a nivel federal, sino, incluso, en mayor medida, a nivel local. Hoy, más que nunca, se requiere darle al Presidente una legitimidad que le permita construir verdaderos acuerdos políticos para conciliar posiciones y agenda con otras fuerzas políticas desde el principio de su gobierno.

6. Conformación de las Cámaras del Congreso de la Unión. Proponía reducir el número de diputados a 400; de los cuales, 240 sería de mayoría relativa y 160 por representación proporcional y reducía los distritos electorales de 300 a 240.

De igual forma, reducía el número de senadores a 96, eliminando los 32 de representación proporcional y modificaba el principio para la elección (un escaño por cada 25% de votación o resto mayor).

En este punto es donde más se evidencia la mezquindad política; no se puede justificar un Congreso con más legisladores que los de los países más avanzados con poblaciones mayores, sobre todo, frente a la baja producción legislativa de la mayoría de sus miembros.

7. Referéndum en reformas constitucionales. Se reputarían aprobadas las iniciativas que contaran con dos terceras partes de los votos válidos emitidos a favor a nivel nacional en el referéndum, y con más de la mitad de los votos válidos a favor en la mayoría de las entidades federativas.

Para que los resultados fueren obligatorios sería necesaria la participación del 50% de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral.