La ley vigente de educación superior mexicana se distingue por tener un marco normativo fragmentado, inconsistente y débil. Por ello, la discusión y eventual aprobación de una nueva Ley General de Educación Superior es una buena noticia. La Ley para la Coordinación de la Educación Superior (1978) cumple un rol marginal en la regulación de los procesos de organización, formación, generación de conocimiento e innovación del sistema. Es, pues, letra muerta.
Las leyes, además de sus funciones coercitivas y valorativas, facilitan la articulación de expectativas e interacciones entre los actores (gobernanza), y comunican las prioridades nacionales.
El borrador de Ley que ha sido puesto a consulta de los diversos actores universitarios presenta aspectos muy positivos, pero también oportunidades de mejora. Por un lado, se perfilan avances importantes en materia de gobernanza, financiamiento y obligatoriedad.
Así, un punto positivo es la obligatoriedad que asumen el Estado mexicano, la federación y las entidades locales en el financiamiento de la educación superior. Dos aspectos destacan en este sentido: 1) se estipula –otra vez– que el monto anual destinado a las IES no podrá ser menor al 1% del PIB, ni inferior en términos reales a lo erogado el año anterior y, 2) se crea el Fondo para garantizar la obligatoriedad y gratuidad de la educación superior.
Asimismo, se proyecta el desarrollo de un Sistema Nacional de Educación Superior con mayor coordinación, colaboración e integración entre los actores, todo ello en un marco más participativo y democrático, gracias a la creación de distintos consejos de carácter nacional y local que abonen a dicho fin.
Sin embargo, el borrador escasamente aborda las tendencias globales en materia de pertinencia, relevancia y disrupción tecnológica. No genera las condiciones que incentiven suficientemente la innovación y la diferenciación del Sistema Educativo Superior. Como es común en América Latina, se cae en la tentación de tener leyes que controlen y centralicen, lo cual es la antítesis de la innovación y la creatividad.
Algunas de las tendencias y disrupciones en la educación superior a nivel global son el avance hacia una educación “modular”, “omnicanal”, “dual” y a lo largo de la vida –por ejemplo, micro-créditos, certificaciones progresivas–.
La nueva Ley General de Educación Superior debe tener en cuenta que el modelo tradicional que distingue distintas etapas para únicamente estudiar o trabajar es obsoleto, ya no funciona para los retos del futuro del trabajo y para la solución de problemas sociales. El mundo de la educación superior se encuentra en una transición hacia modelos de aprendizaje continuo. El trabajar y aprender, sin duda deben ser actividades paralelas y permanentes (Fig. 1). De tal forma, la educación a lo largo de la vida permite que aprender, desaprender y reaprender sean parte de la rutina de un ser humano.
Para que las universidades aceleren el paso en esa dirección, es fundamental un marco normativo que promueva la innovación continua.
Además, una Ley General de Educación Superior completa debe tomar en cuenta aspectos fundamentales como los retos del futuro del trabajo. De acuerdo con el McKinsey Global Institute, para el año 2030, 375 millones de trabajadores se verán obligados a cambiar de ocupación a medida que la disrupción digital, la automatización y los avances en Inteligencia Artificial transforman el mundo laboral (Fig. 2). Estos trabajadores deberán ser re-educados y re-entrenados, y será tarea de las universidades principalmente. No obstante, este problema ni siquiera se soslaya en la presente propuesta de ley.
Esta nueva ley, sin duda, será mejor que la actual, pero en el proceso legislativo formal es importante que se refuerce su sentido innovador y flexible. Una buena Ley, además de normar, debe ser aspiracional; debe llamar a la acción y mostrar una visión clara del tipo de universidades que queremos tener en el escenario global.
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