El representante permanente de México ante Naciones Unidas y otros organismos Internacionales en Ginebra, Jorge Lomónaco, dijo que la aparición de México en la ONU es “consistente con uestra convicción de la importancia de estar abiertos al escrutinio mundial en materia de derechos humanos”.
Ciudad de México (elsemanario.com).- Un nutrido número de funcionarios federales, estatales y el ombudsman nacional Luis Raúl González Pérez, están en las oficinas de la ONU en Ginebra, en una de las fechas que ya es clave para México.
Si la fecha ya es para recordar, no es solo por los padres de dos de los 43 normalistas desaparecidos acompañados por un representante del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, es que “México reconoce sin la menor ambigüedad que, a pesar de los importantes avances que existen en el país en materia de derechos humanos, seguimos enfrentando retos que debemos superar”.
Con esa aparente franqueza, el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Juan Manuel Gómez Robledo abrió la sesión de la comparecencia de México ante el organismo internacional.
En su participación en este encuentro, celebrado en Ginebra, Suiza, el ombudsman nacional también propuso un plan de 14 medidas para atender de manera integral la problemática en materia de desaparición de personas en México.
Entre ellas destacan el reconocimiento de la competencia de dicho Comité para recibir peticiones individuales; aprobar una Ley General sobre Desaparición Forzada y expedir el Reglamento de la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.
Sostuvo que es necesario continuar con la búsqueda y registro de fosas clandestinas, así como con la identificación de personas, además de crear un Sistema Nacional para la Búsqueda de Personas Desaparecidas o No Localizadas y la construcción de una base de datos.
También planteó que la obligación de investigar no sólo debe limitarse a encontrar y sancionar a los responsables, sino a dar con el paradero de los desaparecidos; establecer protocolos de búsqueda de desaparecidos y crear un Sistema Nacional de Información Genética.
Además, poner especial atención en la desaparición de personas en situación de vulnerabilidad, como mujeres, migrantes, defensores de derechos humanos y periodistas.
En el plan, el titular de la CNDH agrega que se debe tipificar el delito de desaparición por particulares y la declaración de ausencia por desaparición, así como la capacitación y profesionalización de cuerpos policiales.
Sobre el caso Iguala, dijo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos lleva a cabo una investigación, para lo cual creó una Oficina Especial para atender el caso y ha tenido reuniones con familiares de los estudiantes, que aceptaron el acompañamiento del organismo.
En su informe, el ombudsman nacional enfatizó la urgencia de que en México se realice una labor de sistematización, compulsa y depuración de las bases de datos con las que se cuenta.
Ello mediante una adecuada metodología y criterios claros que permitan establecer en qué casos existen señalamientos de desaparición forzada, imputada a agentes del Estado o a particulares que actúan con el apoyo o tolerancia de agentes del Estado.
El presidente de la CNDH también planteó definir en cuáles casos la responsabilidad se imputa a la delincuencia organizada y aquéllos que correspondan a personas reportadas como no localizadas, sin que en alguno de esos casos se puedan descartar los supuestos señalados.
De acuerdo con González Pérez, en México los derechos humanos enfrentan una etapa crítica y desafiante, pues pese su reconocimiento con la reforma constitucional de 2011, “los hechos evidencian la falta de congruencia entre lo dispuesto por las normas y la realidad”.
Ponen a México de ejemplo
En algunos videos de las reuniones que han sido filtrados por medios como el Canal Once, se escucha por parte de la Relatoría de la ONU, que “con la manera en que México está investigando estos hechos, debe ser considerado en el mundo entero”.
“De acuerdo a nuestras fuentes, respecto a los estudiantes de Ayotzinapa, un número de funcionarios públicos rehusaron realizar una búsqueda inicial de los desaparecidos”, comentaron en contraste al reconocimiento por los avances alcanzados.
Rechazo a cese de investigaciones
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan emitió un comunicado de prensa en el que lamentó el posible cierre de las investigaciones en el caso Ayotzinapa, anunciado por el Procurador General de la República mexicana, Jesús Murillo Karam, el pasado martes 27 de enero.
Dentro de documento refieren que el procurador expresó una “certeza legal” de que los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos fueron asesinados, calcinados y sus restos descartados en un basurero municipal por miembros del grupo criminal Guerreros Unidos, que incluye a policías de Iguala y Cocula.
“Es significativo de que el anuncio se haya llevado a cabo días después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunciarala conformación de un grupo internacional de expertos. Este grupo–que cuenta con el beneplácito del gobierno mexicano–, tiene como mandato elaborar un plan de búsqueda en vida de los 43 estudiantes, analizar las líneas de investigación para determinar responsabilidades penales y realizar un análisis del plan de atención integral a las víctimas. Desafortunadamente, las apresuradas declaraciones del Procurador General ponen en tela de juicio la voluntad real del gobierno de conocer la verdad de los hechos y encontrar a los jóvenes”, refirió el Centro sobre la actual participación de México en la ONU por el caso Ayotzinapa.
“Es claro que no hay pruebas científicas contundentes que justifiquen las conclusiones dadas por el Procurador”, advirtió el Centro que añade que la PGR anunció que 99 personas, incluyendo 28 militares, han sido arrestadas por su involucramiento en la desaparición de los estudiantes. En su declaración, el Procurador anunció que la teoría principal tras la desaparición de los estudiantes inculpa al alcalde de Iguala y su esposa. Además, el involucramiento por parte del ex gobernador de Guerrero aún no se ha determinado.
A PESAR DEL POSIBLE INVOLUCRAMIENTO DE AUTORIDADES MILITARES Y ESTATALES, NO HA HABIDO UNA INVESTIGACIÓN EXHAUSTIVA. ES PREOCUPANTE LA NO APLICACIÓN DEL DELITO DE DESAPARICIÓN FORZADA Y LA AFIRMACIÓN POR LA PROCURADURÍA DE QUE ESTE CASO ES UN SECUESTRO, LAMENTA EL CEJIL.
“La respuesta de las autoridades ante lo ocurrido en Ayotzinapa continua siendo desafortunada e insuficiente. El Estado mexicano está obligado a escuchar la voz de los familiares y agotar todas las líneas de investigación mediante pruebas confiables y científicas. El cierre del caso reforzará aún más el clima generalizado de frustración, violencia e impunidad”, dijo Marcia Aguiluz, Directora del Programa para Centroamérica y México de CEJIL. “Si el Estado da por cerrado este caso, estaría desaprovechando una oportunidad histórica para cumplir con sus obligaciones internacionales y daría por cerradas las puertas al futuro del país”, agregó.
Gabinetazo
Cuando el Cejil escribió “este grupo–que cuenta con el beneplácito del gobierno mexicano–“, se refirió al nutrido número de funcionarios federales y estatales que se dejaron ir, con el argumento de sus cargos, a las oficinas de la ONU.
Debido a esto no sorprendió la presencia del gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, quien aprovechó que coordina la Comisión Derechos Humanos de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) para hacerse presente.
Acudieron también los delegados de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) y de la Secretaría de Marina (Semar), José Carlos Beltrán Benítez y Ernesto Moreno Corona, respectivamente.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León también cree que la práctica hace al maestro y por ende enviaron una comisión.
Del gobierno federal acudieron el subsecretario de Relaciones Exteriores, Juan Manuel Gómez Robledo; la polémica subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Lía Limón y la subprocuradora de Derechos Humanos, Eliana García.
Continuando con los miembros del gobierno federal que dijeron presente en Ginebra están también el director general de derechos humanos y democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alejandro Alday González y la encargada de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios e la Comunidad, Eliana García Laguna.
Quienes también levantaron la mano de presentes en Ginebra están el comisionado ejecutivo de Atención a Víctimas, Julio Antonio Hernández Barros, así como la titular del Comité de Personas Desaparecidas, No Localizadas, Ausentes o Extraviadas, María del Sol Vizcaya Cedeño.
Con información de Notimex y medios.
