La ley de geolocalización permitirá dar con la ubicación de usuarios de telefonía celular en tiempo real, además de que pretende regular el uso ilícito de estos.
Ciudad de México.- Una Suprema Corte nos vigila, la menos así parecerá luego de que el pleno de la SCJN inició la revisión de las reformas que autorizan a la Procuraduría General de la República (PGR) rastrear en tiempo real y sin orden judicial la ubicación exacta de un teléfono celular.
A la fecha, con dicha tecnología los concesionarios de telefonía rastrean la señal de los teléfonos celulares para obtener su ubicación exacta en tiempo real, esto como medida de seguridad para la localización de ciudadanos en situación de secuestro, pero, que de tener mal uso, podría ser explotado por funcionarios no confiables.
En 2012 el Congreso de la Unión aprobó reformas al Código Federal de Procedimientos Penales y a la Ley Federal de Telecomunicaciones que autorizan a la PGR y a las procuradurías estatales solicitarle a las empresas telefónicas la geolocalización en tiempo real de un celular.
Las reformas se impugnaron ante Corte por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por considerar que se violan los derechos a la vida privada, la legalidad y a la seguridad jurídica, críticas que incluso el empresario Alejandro Martí abanderó.
En esa ocasión diputados del Partido del Trabajo (PT) votaron en contra, argumentando a posible violación de derechos humanos debido a que las autoridades podrán pedir a concesionarios y permisionarios de servicios de telecomunicación, el bloqueo de señales o la localización geográfica de dispositivos de comunicación que pudieran ser utilizados para la comisión de delitos.
“Se busca establecer mecanismos legales que obliguen a los concesionarios o permisionarios del servicio de telecomunicaciones a colaborar con el Ministerio Público o con las autoridades judiciales en la localización geográfica o geolocalización, en tiempo real, de las comunicaciones relacionadas con diversos ilícitos”, cita el dictamen que en 2012 fue aprobado para inhibir el robo de celulares y su uso para fines delictivos además de que se obliga a que todas las entidades penitenciarias, federales o estatales, cuenten con equipos para el bloqueo o anulación de las señales de telefonía celular, radiocomunicación, o transmisión de datos e imagen.
Este jueves, el pleno de la Suprema Corte comenzó con el debate del proyecto de sentencia, donde se propone declarar constitucional la geolocalización de los celulares.
“Ya que se ha localizado a la persona a través de la localización geográfica del aparato celular y que se determina quién es; entonces viene la solicitud con intervención del Poder Judicial para catear, para intervenir o para detener”, explicó la ministra Margarita Luna Ramos, quien fue apoyada en su proyecto por los ministros Jorge Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Alberto Pérez Dayan, mientras que por la invalidez de la geolocalización se pronunciaron los ministros Sergio Valls y José Ramón Cossío.
“En muchas ocasiones se trata de situaciones que requieren la intervención pronta, inmediata de las autoridades, pero ello no puede justificar que las procuradurías actúen por su cuenta de manera discrecional”, comentó Valls.
