El fin de semana se vivió un hecho más de violencia policial por parte de efectivos de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana hacia ciclistas protestantes que exigían mayor seguridad vial, luego de la muerte de un ciclista tras ser atropellado en Tlalpan.
El incidente entre policías y manifestantes terminó con lesionados y dos de ellos de gravedad, lo que derivó en la suspensión de sus funciones de once efectivos de la policía de tránsito capitalina.
La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, durante una conferencia de prensa posterior, detalló que hubo una actuación indebida de los efectivos.
En ese contexto, la mandataria explicó que los policías deben de estar preparados para no cometer ningún abuso, a pesar de que manifestantes también hayan agredido a los policías.
Este tipo de confortamientos por parte de las autoridades con civiles, se han vuelto habituales en la Ciudad de México, donde efectivos policiales abusan de sus facultades y las manifestaciones terminan por ser actos violentos.
Incidentes como estos refuerzan la desconfianza de los ciudadanos hacia la autoridad, por ello es necesario como que el gobierno capitalino garantice condiciones e infraestructura para mejorar el desempeño de los policías no sólo de tránsito.
A partir de acciones efectivas en las que las autoridades puedan comprobar su competencia, se puede reforzar la confianza de los ciudadanos y que puedan disminuir estos incidentes desafortunados.
También es importante no olvidarnos de las fuerzas policiales en esta conversación, a pesar de que los confortamientos como los del pasado viernes nos genere indignación, tampoco podemos avalar la violencia sobre efectivos de seguridad.
Que civiles también agredan contra fuerzas policiales, no es sinónimo de empoderamiento ni mucho menos de libertad o justicia, es impunidad y estas acciones deben ser penadas.
La violencia no debe ser aceptada por ningún concepto, porque nos mantendrá sumergidos en un contexto de caos e impunidad, donde cualquier autoridad o civil se creerá capaz de poder violentar la ley.
Es responsabilidad del gobierno abrir espacios de escucha a quienes representan las fuerzas policiales, para que, de esta forma, estos se sientan más seguros y con la confianza necesaria para efectuar sus labores de forma correcta y apegadas a la ley, y por consiguiente, mejorar las relaciones con la sociedad.
