La pandemia del COVID-19 está generando escenarios nunca antes inimaginables. Hasta el día de hoy, hay en el mundo alrededor de 3.1 millones de casos confirmados y más de 200 mil muertes. Estados Unidos, por ejemplo, sufrirá más muertes que en todas sus guerras juntas posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Además de las lamentables muertes, se aproxima la más grave crisis económica global desde 1929, la cual ya comienza a materializarse, y los gobiernos se dan cuenta que de poco servirán los paquetes de ayuda económica si la gente sigue en aislamiento, sin trabajar ni consumir.
Esta crisis, a diferencia del colapso financiero de 2008, no es un problema originado por la falta de demanda –que se resuelve, en parte, con programas de asistencia social para que la población tenga dinero y pueda consumir–, sino por la falta de oferta, ya que esta situación ha llevado al paro de actividades tanto económicas como sociales. Por lo tanto, es fundamental que la gente pueda regresar a trabajar, producir y por ende, consumir.
Es por ello que la búsqueda de personas inmunes al COVID-19 ha comenzado en los países desarrollados. Los inmunes son aquellas personas que fueron infectadas, o bien asintomáticos, que ya se encuentran recuperadas y fuera de peligro. Ellos serían la primera línea de batalla para reactivar la economía, siendo los que pueden apuntalar la fuerza laboral.
Importantes voces de la ciencia como Anthony Fauci, director del NIAID y asesor de Trump, así como Gérard Krause del Centro Helmholtz en Alemania, han hecho pública su opinión sobre el tema y apuestan a que las personas recuperadas –y las asintomáticas– tendrán inmunidad por varios meses, quizás hasta dos años, y no podrán transmitir la enfermedad en ese periodo. Por ello, no tiene sentido mantenerles en encierro, y lo ideal sería volcarlos a las actividades productivas y como voluntarios, lo antes posible, tomando las medidas de precaución necesarias.
Así, al estilo Gattaca, países discuten políticas para identificar a sus inmunes. La Unión Europea por su parte puso en marcha el 15 de abril la hoja de ruta para levantar gradualmente las medidas de contención impuestas en todos los países miembros tras el brote de coronavirus. Sin duda, una de las estrategias propuestas para reactivar las actividades es la aplicación de pruebas rápidas para identificar la inmunidad adquirida por parte de la población.
“Pasaporte COVID” (España y Chile); “Pasaporte de Inmunidad” (Reino Unido); “Certificado de Inmunidad” (Alemania); “CoronaCorps” (Estados Unidos), son algunos ejemplos. Además, estas pruebas son ya una iniciativa puesta en marcha en países como China y Singapur.
La estrategia consiste en aplicar pruebas masivas para identificar al mayor número de inmunes posible. De ahí la súbita aprobación de las pruebas rápidas de antígeno-anticuerpo por parte de la Food and Drug Administration (FDA), el 2 de abril. Incluso, Deborah Birx, coordinadora de la iniciativa en Estados Unidos, ha llamado a las universidades a que desarrollen la capacidad de aplicar el mayor número de pruebas posibles.
Además este grupo no solamente sería útil para reactivar la economía, sino que pueden ser una pieza clave para disminuir el índice de mortalidad del virus, ya que mediante la donación de plasma pueden contribuir al estudio y desarrollo de tratamientos para el COVID-19. En Estados Unidos, la FDA está desarrollando técnicas de tratamiento avanzadas para tratar este virus, que involucran precisamente a personas que ya se recuperaron, y quienes donan sus plaquetas para tratar a los que se encuentran luchando contra el virus.
Según Zheng Jin, portavoz de la Comisión Municipal de Salud Oriental China, la sangre de las personas que han sido dadas de alta en los hospitales, contienen anticuerpos que podrían ser útiles para el tratamiento de otros pacientes infectados. Con ello, se hace un llamado para que estos pacientes donen sangre para el tratamiento e investigación del COVID-19.
Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud advierte que la implementación de estos pasaportes representa un riesgo para la propagación del virus, ya que aún no existen pruebas suficientes para asegurar que las personas recuperadas del COVID-19 estén libres de una recaída. Es por ello que hace un llamado a los gobiernos nacionales a no bajar la guardia con las medidas de seguridad.
Pero el identificar una nueva “clase” de personas con características biológicas específicas es, sin duda, un arma de dos filos, con profundas implicaciones bioéticas y jurídicas. Esta iniciativa conlleva la discriminación laboral de facto a las personas que no han sido infectadas, y generaría incentivos al contagio voluntario de los grupos sociales supuestamente menos vulnerables al COVID-19, pero más necesitados. Vivimos tiempos extraordinarios.
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