En el nuevo sistema anticurrupción aprobado en el Senado y que tendrá que se legislado en los congresos locales, el secreto bancario dejará de tener efectos en casos donde se investiguen ilícitos.
Ciudad de México.- Con las nuevas medidas el secreto bancario no podrá seguir siendo utilizado commo un medio para evadir la investigación de ilícitos, facilitará las investigaciones respecto a las actividades financieras y se ampliarán los plazos para la prescripción de los delitos.
Con ese mensaje la senadora perredista Alejandra Barrales Magdaleno, fue de las pocas legisladoras que este martes habló a favor de la aprobación de la Ley Anticorrupción, con lo que dijo, el secreto bancario no será un medio para evadir ilícitos, se ampliarán los plazos para la prescripción de delitos, se crearán salas especializadas en el Tribunal Superior de Justicia Fiscal y Administrativa y de órganos especiales en los estados.
Con 97 votos a favor, ocho en contra y dos abstenciones, el Senado de la República aprobó en lo general el dictamen a la minuta que modifica diversas disposiciones de la Constitución Política y establece el Sistema Nacional Anticorrupción para prevenir, detectar y sancionar hechos relacionados con la corrupción.
Previamente, senadores del PRI, PAN, PRD y PT realizaron un debate para discutir el contenido del dictamen, donde manifestaron sus posturas al respecto.
En contra, el senador Manuel Bartlett Díaz, del Partido del Trabajo, señaló que con el nuevo sistema el Presidente de la República seguirá “intocado”, pues no se le considera susceptible de responsabilidad administrativa y se le dota de impunidad; además, el nuevo andamiaje institucional será controlado por el Ejecutivo federal y los tres partidos mayoritarios.
El senador panista Fernando Torres Graciano, refirió que la corrupción le cuesta al país 341 millones de pesos al año, por lo que este ordenamiento permitirá avanzar en el combate a este fenómeno, que no sólo repercute en la economía, sino que socava la legitimidad de las instituciones y afecta la posibilidad de desarrollo integral de los pueblos.
Durante una sesión de más de doce horas y que concluyó en los primeros minutos de este miércoles, fueron aprobadas en lo particular las reservas a los artículos 22, 73, 74, 79, 108, 109, 113 y 114; Segundo, Quinto y Décimo Primero, Transitorios.
Además de la adición de los artículos 61, 111, 112 y Décimo Segundo Transitorio, no fueron aceptadas por el Pleno del Senado, por lo que se aprobaron en sus términos.
Las artículos fueron reservados por los senadores Benjamín Robles Montoya, Zoé Robledo Aburto, Armando Ríos Piter, Luciano Borreguín González, Alejandra Barrales Magdaleno, Dolores Padierna Luna, Isidro Pedraza Chávez, Alejandro Encinas Rodríguez y Mario Delgado Carillo, del PRD.
Asimismo por Martín Orozco Sandoval, Ernesto Cordero Arroyo, Javier Corral Jurado, Ernesto Ruffo Appel, Roberto Gil Zuarth y Salvador Vega Casillas, del PAN, y Manuel Bartlett Díaz y David Monreal Ávila, del PT, de manera respectiva.
El senador del PRD Benjamín Robles Montoya lamentó que este proyecto no contemple la desaparición del fuero, pues esta figura se ha constituido como un permiso para afectar el equilibrio que debe existir entre los poderes de la Unión.
El senador Javier Corral Jurado, del PAN, dejó en claro que la enmienda sólo contempla sanciones administrativas y no penales, por lo que cualquier interpretación de cárcel para los corruptos es una magnificación que hace daño a la misma reforma, sirve a la confusión y da pretexto al poder en turno “para tratar de lavarse la cara de la corrupción que los enloda”.
El senador del PRI, David Penchyna Grub, indicó que a partir de estas modificaciones al marco constitucional se podrá prevenir, investigar, consignar y sancionar los catos de corrupción en el país, a través de la creación del Sistema Nacional Anticorrupción. “De lo que se trata es de recuperar la confianza ciudadana y devolverle el prestigio al quehacer público”.
La senadora del grupo parlamentario del PRD, Dolores Padierna Luna criticó que no se incluyera al presidente como sujeto de investigación por corrupción, la eliminación del fuero constitucional y la obligación de declaración patrimonial de servidores públicos. Para combatir la corrupción, dijo, se requieren contrapesos democráticos y un alto total a la impunidad.
Su compañero de bancada, el senador Fernando Mayans Canabal, señaló que la corrupción es un fenómeno que no se resolverá con la ley que se pretende aprobar, toda vez que es un problema que se tiene que enfrentar desde diversos ángulos tales como el educativo y cultural. Refirió que de acuerdo a cifras del INEGI el país tiene un nivel de impunidad del 98 por ciento.
