Según la teoría clásica, el Gobierno debe intervenir en la economía cuando se da una de las llamadas fallas de mercado, mismas que generan externalidades a los consumidores. Teóricamente se refiere a los efectos que tienen el consumo o producción de algún bien, sobre personas que no participan en la producción o consumo de dicho bien. Hablamos de costos sociales; es decir, que los paga la sociedad. Un ejemplo de este tipo de externalidades (negativas, por cierto) es la contaminación de las industrias. O que hay información asimétrica hacia los consumidores, entre otras.
Sin embargo, no sólo son las empresas las que incurren en costos para la sociedad, también la participación (intervención) del Gobierno en la economía genera externalidades que tendría que ser en favor de evitar o abatirlas.
Dentro de los ejemplos que se pueden dar de la mala intervención gubernamental es la regulación en materia de ingresos, lo que provoca o fomenta de inicio de su polarización; de igual forma el no ajustar los salarios al incremento de la inflación, genera rezago salarial, desempleo que contribuyen asimismo a la inseguridad que aumenta (peligrosamente) en los últimos meses.
En este sentido, cabe preguntarnos: ¿Qué pasa con las externalidades gubernamentales? ¿Qué pasa con los efectos del actuar (negativo) del Gobierno? Indudablemente los costos los asume la sociedad; y no hablo solamente de casos de corrupción, sino de decisiones erróneas de política macroeconómica.
En teoría existe la Secretaría de Función Pública, pero desafortunadamente actúa cuando ya se dio el acto de corrupción, no tiene un mecanismo eficaz de prevención. Actualmente, existe la propuesta de la fiscalía anticorrupción que está en marcha, pero impregnada de anomalías por los tintes políticos con las que se escribió; no la condeno al fracaso porque en verdad espero que sea realmente lo que nos permita erradicar la corrupción en este país que tanto daño nos hace.
Innegablemente la externalidad en la que caemos con gran frecuencia como país es la corrupción, y desafortunadamente no tiene un castigo ejemplar que desincentive que siga pasando; por el contrario, como no pasa nada es que se vuelve una práctica común. Es un mal que parece que nos será un lastre por décadas venideras; sin embargo, el entender este tipo de conceptos, como sociedad nos permitirá tomar decisiones conforme a la realidad económica del país.
Es en este sentido que la única (desafortunadamente) participación que tenemos en la actualidad, es en la llamada “democracia participativa”, eso sí, con todas sus anomalías habidas y por haber. Coacción y compra de votos; pero también ese tipo de acciones son permisibles como sociedad, sabemos que pasan y pues no hacemos absolutamente nada. El día que en verdad nos organicemos, realmente lograremos construir un Gobierno acorde a nuestras necesidades y quitarnos ese peso del dicho que “cada pueblo tiene el Gobierno que se merece”.
Abatir la corrupción, no se logrará desde las instituciones que la promueven y solapan; es desde la sociedad en donde se debe de propiciar la participación orientada a nuestras necesidades básicas, que es trabajo, habitación, seguridad y salud, entre otras. En este sentido, el primer paso es conocer el peso de nuestra participación dentro de la conformación de la sociedad actual; es increíble que aunado al avance tecnológico, pareciera que retrocedemos como sociedad.
Es una gran disyuntiva lograr que el avance tecnológico vaya acorde a las nuevas necesidades, nos falta tener mecanismos de evaluación del actuar gubernamental. Mecanismos que tengan injerencia en cuanto a la continuidad de los gobernantes; eso de inicio frenaría (al menos un poco) este tipo de conductas. Probablemente con un mecanismo, logremos que realmente trabajen para la sociedad y no por interés propio.
Sin embargo, pareciera que este tipo de acciones son parte de una utopía, o propio de los así llamados países desarrollados. ¿En verdad es tan difícil de legislar en favor de una mejor sociedad? Pregunto porque desconozco los pasos que se deberían hacer en materia legal para poder hacer este tipo de cambios. Creo que ir a votar por votar, deja de lado este tipo de ideas, falta hacer valer el voto, en el caso de querer participar en este ejercicio. Pero no por una despensa o por dinero, sino por condiciones óptimas de trabajo, educación, salud y seguridad; incluidas en las campañas, sexenio tras sexenio, pero no visibles en la realidad social.
No sabría cómo impulsar esa “evaluación” con implicaciones al quehacer gubernamental. La idea está sobre la mesa, ahora espero su retroalimentación y propuestas, estimado lector, para que no se quede en una simple idea. Sin duda todos queremos vivir en una sociedad diferente, no sólo por nosotros mismos, sino por los que dependen de nosotros. Es por ellos, que debemos de lograr que las externalidades gubernamentales no se queden en el tintero del no pasa nada, sino que sean castigadas de una manera ejemplar. ¡Ojalá lo logremos!
