El inevitable retorno a la realidad: retos en seguridad pública

Una vez pasadas las elecciones y en tanto se van desahogando el análisis de resultados y los últimos procedimientos postelectorales, los mexicanos volvemos a enfrentarnos a los retos del día a día de cada quien, así como a los grandes desafíos que tenemos de manera colectiva.

La concentración regresa a los asuntos que más nos importa resolver como nación, que trascienden militancias o preferencias partidistas. Problemas comunes que exigen soluciones en corresponsabilidad, cooperación y coordinación. En ese sentido, es inevitable el frente de la inseguridad pública, la delincuencia y la violencia que se vive en tantas regiones.

Basta pensar que, durante el proceso electoral fueron ejecutados 133 políticos, candidatos y funcionarios. Coincidentemente, con datos oficiales, el pasado mayo fue el mes más violento en la historia reciente de México en asesinatos dolosos, al menos desde que comenzó a llevarse el registro sistemático en 1997: 2,530 casos. Además, estos aumentaron en 21 entidades en los primeros 5 meses del año respecto al mismo lapso de 2017.

No podemos evadir éste que es el más grave déficit del Estado mexicano en su conjunto, tomando en cuenta la responsabilidad primordial de proveer seguridad y justicia para la integridad física y patrimonial de los ciudadanos. La crisis vigente, con más de una década sin mejora sustantiva o perspectiva de ello, obliga a replantear estrategias, acuerdos y soluciones. No las hay fáciles y rápidas, pero es claro que no podemos seguir igual.

Afortunadamente, sí hay caminos a seguir que son promisorios y viables, con agendas y propuestas muy sólidas de la sociedad civil y los especialistas en la materia. Asimismo, prioridades claras que se marcaron en las campañas, que apuntan en la dirección correcta, en cuanto a lo más crítico y urgente.

En particular, destaco tres elementos sin los que no vamos a superar, de forma sustentable, la espiral de inseguridad. Todos exigen seguir una vía integral y de largo plazo y nacional, razón de más para empezar ya.

Primero, renovación policiaca a fondo, en sus diferentes denominaciones y jurisdicciones. Tarea compleja y cuesta arriba, que demanda voluntad política y liderazgo que convoque a compromisos federalistas y republicanos.

No podemos terminar el próximo sexenio sin dejar bien encaminada esta reforma, sobre líneas como unificar u homologar reclutamiento, formación, controles y mejores condiciones laborales, de sueldo y prestaciones.

Como ha referido el especialista Alejandro Hope, tenemos un laberinto de unas 1,800 corporaciones de distintos tipos, y casi ninguna protege, disuade o investiga adecuadamente. El peor desempeño del índice del Foro Económico Mundial es “confiabilidad de los servicios policiacos”: 134 entre 137 países. El regreso de una Secretaría de Seguridad Pública a nivel federal debe ser una oportunidad para avanzar ante estos retos.

Segundo punto, esencial contra la impunidad: reforma profunda en el sistema de procuración de justicia, bajo los principios de autonomía y profesionalización. Un cambio en la Constitución –Artículo 102– y leyes correspondientes, pero, sobre todo, en el andamiaje institucional, los procesos y la operación.

Las instituciones judiciales y policiacas deben ser prácticamente refundadas. Gradualmente, pero con claridad de objetivos, determinación y continuidad. No estamos para más parches, experimentos o cambios de nombre.

Necesitamos que, por fin, cuenten con el capital institucional y humano para efectivamente investigar, perseguir y sancionar los delitos que más afectan a los ciudadanos y a la nación, con eficiencia, profesionalismo, independencia de cualquier interés ajeno y apego a la ley y los derechos humanos.

En tercer lugar, pero igual de importante, es alentador que, como medida de prevención y de racionalidad y justicia social, se tienda la mano a sectores marginados. En particular, con programas dirigidos a los jóvenes, aquellos con mayor vulnerabilidad de ser víctimas o integrarse a las redes criminales.

Se necesita que el Estado tenga presencia en esos sitios donde imperan la falta de protección y de oportunidades. Apoyos como los que se planean para jóvenes que no estudian ni trabajan tienen que hacerse con las propias comunidades, que conocen sus problemas y las soluciones, y en colaboración con la sociedad civil y las empresas. No verticalmente o con un asistencialismo que no sea sustentable; siempre bajo principios de solidaridad y subsidiariedad.

Hay otras asignaturas, pero estas tres son cruciales: prevención y regeneración del tejido social; protección y disuasión; e investigación y combate a la impunidad. Prioridades claras ante el próximo sexenio y para empezar a trabajar cuanto antes, todos, desde el periodo de transición gubernamental.