El golpe a los fideicomisos públicos se concretó. El Senado aprobó en los general, con 65 votos a favor y 51 en contra, el dictamen que desaparece 109 fideicomisos los cuales representan más de 68 mil millones de pesos.
El proyecto de decreto, enviado por la Cámara de Diputados, modifica 18 leyes y abroga dos más, con la finalidad de eliminar la opacidad y discrecionalidad en el uso de recursos públicos, así como fomentar la transparencia, rendición de cuentas y la responsabilidad.
El debate y aprobación de esta minuta se llevó a cabo, durante la noche del martes y en las primeras de este miércoles, en la sede histórica de la Cámara de Senadores, en la Antigua Casona de Xicoténcatl número 9, férreamente custodiada por la Policía.
El dictamen precisa que uno de los objetivos es ordenar el funcionamiento de algunos fideicomisos que deben subsistir y precisa que el monto reportado en disponibilidades se reasignará a atender los efectos de la pandemia por el COVID-19, temas de salud y economía, además para garantizar la continuidad de los programas sociales del bienestar.
El senador Alejandro Armenta Mier, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, explicó que con esta reforma se permitirá una bolsa superior a los 68 mil millones de pesos para atender los efectos de la pandemia.
Al presentar el dictamen, señaló que en el periodo 2000-2018 se aprobaron leyes de ingresos de la Federación que en su conjunto significaron una fuente de saqueo de 3.8 billones de pesos, los cuales no se acreditaron, “pero sí se destinaban a fideicomisos públicos en 70 por ciento”.
La senadora Ana Lilia Rivera, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, afirmó que no se afecta a la población que actualmente es beneficiaria, como lo pretenden hacer creer mediáticamente. La extinción de un fideicomiso no imposibilita al Estado para atender directamente a su objeto, explicó.
El dictamen indica que las revisiones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a los fideicomisos señalan la falta de control, supervisión y fiscalización de los recursos públicos federales involucrados, que hacen que éstos se conviertan en una suerte de “dinero público invisible”.
Se argumentó que la ASF halló que los fideicomisos no tienen la obligación de ser transparentes, rendir cuentas y registrar egresos e ingresos en la cuenta pública, en el Presupuesto de Egresos ni en ningún otro registro público, además encontró discrecionalidad y abierta opacidad en su manejo, lineamientos y entrega de información sin estructura, entre otras observaciones.
Refiere que un estudio de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, reveló que 93 por ciento de los recursos disponibles en fideicomisos, es decir, 905 mil millones de pesos no cuentan con controles de vigilancia. Se precisa que esto equivale al 15.5 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2019.
La senadora del PAN, Minerva Hernández Ramos aseguró que el dictamen no presenta elementos y razones suficientes que justifiquen la desaparición de los fideicomisos. “Esta absurda decisión es totalmente desproporcional e injustificada, ya que no se cuenta con evidencia y datos duros que puedan sustentar una acción de esta naturaleza”.
En tanto, el senador morenista Rubén Rocha Moya dijo que se busca desaparecer la figura legal que representa a los fideicomisos, pero no el recurso. “La razón para que desaparezcan es la corrupción, ya que se aplicaban con discrecionalidad”.
La senadora del PRI, Nuvia Mayorga Delgado, consideró que el argumento de la corrupción es sólo un pretexto para desaparecer los fideicomisos, toda vez que existen mecanismos como las auditorias, las denuncias y otros procesos de transparencia para comprobar y sancionar irregularidades.
Hizo un llamado no aprobar el dictamen enviado por la Cámara de Diputados y cuestionó que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 no aparezcan los recursos en ninguno de sus capítulos, mismos que ascienden a más de 68 mil millones de pesos.
De Movimiento Ciudadano, el senador Dante Delgado denunció que la desaparición de 109 fideicomisos es un agravio a luchas sociales históricas y a muchas causas ciudadanas que han contribuido al desarrollo del país. Ahora, dijo, desconocen los derechos alcanzados por las y los mexicanos.
“La reforma representa un atropello al Estado de derecho, más, cuando se está ejecutando sin distingo alguno. Sostuvo que votarán en contra de la desaparición de los fondos y expresó su respaldo a los sectores que resultan de la reforma”, agregó Delgado.
Por el PT, la senadora Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre, propuso establecer mecanismos de transparencia, control, monitoreo y evaluación para que nunca más se desvíen recursos públicos sin la rendición de cuentas; sin embargo, dijo, no se debe generalizar que todos los fideicomisos se han empleado de manera equivocada.
Sugirió revisar 37 fideicomisos para mantenerlos, pues de extinguirlos se afectaría a sectores a los cuales no se les pude dar la espalda ni traicionar. “Hoy nos asiste la razón, por lo que consideramos que el dictamen en sus términos lacera el bienestar del pueblo de México, por eso votaremos en contra”, anunció.
La coordinadora de la bancada del PES, Sasil De León Villard, afirmó que la operación de los fideicomisos se ha desvirtuado de su origen, ya que se han utilizado para desviar el dinero público.
El senador del PRD, Juan Manuel Fócil Pérez, dijo que eliminar los fideicomisos no resolverá los problemas que existen y existieron en la aplicación del gasto público.
“La extinción de 109 fideicomisos públicos representa un duro golpe a la ciencia, la tecnología, medio ambiente, cultura, salud, derechos humanos, entre otros. Asimismo, pidió dejar de dar pasos hacia atrás con razonamientos mal fundados y mirar hacia el fortalecimiento institucional y la consolidación que todas y todos los mexicanos merecen”, indicó el legislador perredista.
El senador independiente Emilio Álvarez Icaza asentó: se trata de una reforma restrictiva, retroactiva y regresiva, que atenta contra los derechos humanos. Legislar para eliminar los fideicomisos, aseveró, es “darle la espalda a víctimas, braseros, periodistas, artistas y científicos”.
“Es una traición a los movimientos sociales que dieron su voto a este gobierno. Van a tener que dar la cara y ya empezaron a pagar los costos de los excesos, errores, soberbia y por no escuchar en Coahuila e Hidalgo”, advirtió.
Al presentar un voto particular en contra del dictamen, la senadora Claudia Edith Anaya Mota, del PRI, dijo que la reforma justifica la extinción de los fideicomisos para utilizar esos recursos en la atención del Covid-19, pero no hay una proyección del impacto de la pandemia y tampoco existe certeza de a dónde se canalizará ese dinero.
