El golpe mortal a los 109 fideicomisos fue asestado en el Senado por la mayoría morenista, el miércoles pasado, al aprobar su desaparición y meterlos a todos, inexplicablemente, en la misma bolsa de la corrupción.
La forma irreflexiva, autoritaria y cerrada en la que se comportó la bancada de Morena, al no escuchar ni a la comunidad científica nacional ni a la internacional, confirma que se trató de una decisión tomada desde Palacio Nacional, antes de que llegara al Legislativo, como en los peores tiempos de la prepotencia panista y priista.
De otra forma se hubiera escuchado e investigado antes cuáles eran los fideicomisos donde había corrupción, también se hubieran depurado y rescatado los que generan conocimiento y resuelven problemas coyunturales, y las emergencias por desastres naturales.
Pero parece que la prioridad del gobierno es quedarse con los más de 68 mil millones de pesos que habían acumulado para enfrentar el año electoral que ya está encima.
De nada sirvió la carta pública y abierta de más de 700 científicos de decenas de universidades y organismos científicos internacionales.
En la misiva, pedían al Congreso mexicano no eliminar los fideicomisos públicos, incluidos los Fondos de Investigación Científica y de Desarrollo Tecnológico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).
No importó que la firmaron científicos de las universidades más prestigiosas como Harvard, Yale, Cambridge, Stanford, Princeton, MIT y Oxford, entre otras.
Los investigadores advertían que la supresión de los fideicomisos “sería un duro golpe a la ciencia y la tecnología en México justo cuando, más que nunca, el país necesita de su aporte”.
Esto es en el ámbito científico. En el terreno jurídico y administrativo el cierre de estos 109 fideicomisos es más complicado de lo que parece.
Explicaba en este mismo espacio hace dos semanas que, lo que no sabe el presidente, porque nadie se atreve a contradecirlo, es que los fideicomisos se crean para manejar recursos públicos de manera multianual, justo como se necesita en el ámbito académico.
En cambio, las dependencias del sector gubernamental están obligadas a gastarse el presupuesto durante el año fiscal que lo reciben, ni un día más.
La figura del fideicomiso, además de la disposición multianual del recurso, permite recibir dinero de múltiples instituciones: universidades, empresas, fundaciones, particulares, entre otras.
Pero este mismo esquema hace muy complejo y costoso su finiquito, porque hay acuerdos de investigaciones en curso, para las que ya se adelantaron partidas, por lo que tienen que culminarse o regresar el recurso y, en algunos casos, tendrán que pagar penalizaciones.
Además, los bancos donde está depositado el recurso también cobran un porcentaje de comisión por la cancelación de cada fideicomiso.
Esto quiere decir que no se pueden cerrar ipso facto nada más porque a un señor se le ocurrió, se requiere limpiar todas las cuentas, negociar los contratos e investigaciones que, sin duda, van a costar una fortuna dejarlas a medias o restituir fondos.
Pero la decisión presidencial está consumada y, en pocos años, las generaciones que acaban de nacer resentirán las consecuencias de interrumpir el avance científico y tecnológico del país.
Hoy, todo indica que, por muchos años, tendremos que pagar, otra vez, miles de millones de pesos para acceder a una vacuna que le salve la vida a cientos de miles de mexicanos. Pero ¿habrá suficiente recurso para pagarlas?
También te puede interesar: Cienfuegos, otra hebra de la madeja.
