El presidente Andrés Manuel López Obrador criminalizó la figura de subcontratación laboral o el outsourcing, y la iniciativa que este jueves envío a la Cámara de Diputados, plantea cárcel, sanciones económicas y busca que este esquema quede prohibido en el país.
La iniciativa de reforma al Código Fiscal de la Federación pide castigar hasta con nueve de años de cárcel a quienes evadan mediante la subcontratación de personal el pago de ISR , IVA, así como las cuotas del IMSS e ISSSTE.
López Obrador promueve la prohibición de la subcontratación de personal, ya que no puede haber empresas que simulen relaciones labores y cuente con trabajadores contratados con otras empresas.
Las reformas que plantea la iniciativa gubernamental modificarán la: Ley Federal del Trabajo; la Ley del Seguro Social; la Ley del Infonavit; el Código Fiscal de la Federación; la Ley del Impuesto Sobre la Renta, y la Ley del Impuesto sobre el Valor Agregado.
El primer mandatario argumentó que durante la emergencia sanitaria por el COVID-19, el outsourcing realizó despidos masivos de personal, ya que era contrataos por tiempo determinado que no ofrecían garantías a los trabajadores.
En tanto, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) respondió a través de un comunicado que “con esta iniciativa, el Gobierno no acató el Convenio número 144 de la OIT que promueve el tripartismo y el diálogo social, mismo que asegura que las voces de las organizaciones de empleadores y trabajadores sean escuchadas. Sin embargo, la Administración Federal está obligada por tratados internacionales a consultar y luego a decidir. Asimismo, según datos del Censo Económico 2019, se pone en una condición de indefensión a 4.6 millones de personas ocupadas en este país bajo esta modalidad e incluso podría afectar la competitividad del país en el marco del T-MEC”.
“Dicha iniciativa también tiene efectos fiscales adversos y resulta desproporcionada, ya que prohíbe la posibilidad de hacer deducibles del ISR y acreditar el IVA, catalogando tales actos como defraudación fiscal”, expone la Coparmex.
Y el organismo argumentó que “está a favor de cualquier esfuerzo para acabar con estas actividades fraudulentas, pero sin perder de vista que existe una muy importante actividad económica y de generación de empleo formal y digno, que se genera por medio de la subcontratación laboral, que cumple totalmente con todos los estándares legales en la materia. Se debe regular, no prohibir”.
