Cada 25 de noviembre, nuestro calendario se pinta de naranja para tener presente el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se replica cada mes para recordarnos como sociedad, hasta que logremos internalizarlo, el rechazo a comportamientos abusivos hacia nosotras.
La violencia contra las mujeres es un retroceso a la igualdad, que muestra atroces manifestaciones que causan sufrimientos inexpresables y quebrantan vidas. Este fenómeno se ha extendido al especio virtual que, al no conocer fronteras, facilita y agrava su impacto.
En el Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias acerca de la violencia en línea contra las mujeres y las niñas desde la perspectiva de los derechos humanos, se define a la violencia digital contra la mujer como todo acto de violencia por razón de género cometido, con la asistencia, en parte o en su totalidad, del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), o agravado por su empleo, dirigido contra una mujer por el hecho de serlo, o que la afecta en forma desproporcionada.
Las formas, frecuencia e intensidad de las agresiones ocurridas en línea hacen necesario reconocer y abordar la ciberviolencia de género como un tema prioritario.
De acuerdo con cifras del Módulo sobre Ciberacoso (MOCIBA) 2019, del INEGI, son las mujeres quienes más sufren la violencia digital. El sector de usuarias de Internet de entre 20 y 29 años fue el más afectado por el ciberacoso, con un 36.4%, seguidas por aquellas que oscilaron entre los 12 y 19 años (32.7%). La situación de acoso que más aquejó a las mujeres fueron insinuaciones o propuestas sexuales (40.3%).
La gravedad y recurrencia de la violencia digital ha motivado la lucha de activistas e instituciones, para promover instrumentos jurídicos y políticas públicas para garantizar a las víctimas el acceso a la justicia.
En este impulso destaca la activista poblana, Olimpia Coral Melo Cruz, víctima de ciberviolencia, quien fue redactora de la iniciativa conocida como “Ley Olimpia” en su entidad, y promotora de ésta en los congresos estatales a nivel nacional, la cual se refiere a un conjunto de reformas legislativas que se orientan a reconocer la violencia en la red como un tipo de delito, imponiendo sanciones en caso de ser cometido.
A la fecha más de una veintena de entidades federativas en el país –entre ellas la Ciudad de México– han aprobado cambios normativos en este sentido.
A nivel federal, a principios de noviembre de este año, el Senado de la República aprobó por unanimidad, con 87 votos a favor –con su correspondiente devolución a la Cámara de Diputados–, el dictamen que modifica a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el Código Penal Federal, para tipificar y sancionar la elaboración, distribución y publicación de contenido intimo sexual sin consentimiento o autorización, mediante el uso de TIC, plataformas de Internet o redes sociales, así como las agresiones en medios de comunicación, previendo penas de 3 a 6 años de prisión y multas de 500 a mil Unidades de Medida y Actualización (de 43 mil 440 a 86 mil 880 pesos).
Como sostuviera Helen Clark, quien fuera Administradora del PNUD, “la violencia contra las mujeres y las niñas es totalmente inaceptable, ya sea en la calle, en el hogar o en la autopista de la información”.
Las reformas “Olimpia” buscan ser un freno a la ciberviolencia que nuestras madres, hermanas, familiares, parejas, amigas, conocidas, o cualquier mujer puede sufrir, para que no seamos ignoradas, culpadas ni revictimizadas, y que estas conductas indignantes y degradantes sean erradicadas en nuestra vida.
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