El Apunte Global

Neoliberalismo epidemiológico

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El dilema en México –y en Jalisco– es sumamente complejo. Por un lado, la pandemia crece sin control, el país cierra junio como el sexto lugar mundial en número de defunciones, y el undécimo en cuanto al número de casos confirmados. Sin embargo, la economía también está en riesgo y agoniza, en poco tiempo se verán resultados aún más graves.

La crisis ya está dando sus primeros golpes. De acuerdo con la Canacintra, más de 250 mil negocios han cerrado y 500 mil PyMEs se encuentran en insolvencia en el país. La presión social –y empresarial– parece insostenible. Está claro que una cuarentena obligatoria ya no es viable, pero eso no debe significar que el Estado abandone su papel preponderante en tiempos aciagos.

El tan crítico panorama que vive México no es visto necesariamente en otras naciones. Aquellos gobiernos que han enfrentado de manera decisiva a la pandemia, sin eludir el papel fundamental del Estado en la vida pública, arrojan mucho mejores resultados. Hay varios casos: Nueva Zelanda ha podido literalmente domar la pandemia gracias al liderazgo de su gobierno; la Alemania de Angela Merkel ha enfrentado una situación más compleja, pero tiene al país con uno de los índices más bajos de mortandad por el COVID-19: 1.6% en comparación con un 12.3% que tiene México. Por su parte, el exitoso modelo de Vietnam, cuyo gobierno ha sido elogiado por la OMS, ha logrado cero muertes en un país que todavía está en desarrollo, con 95 millones de habitantes.

neoliberalismo pandemia
Ilustración: Resilience.org

Sin embargo, la nueva filosofía del gobierno federal de “dejar hacer, dejar pasar”, es una opción sumamente peligrosa. A diferencia de lo que ocurre en contextos como Estados Unidos, esta postura no se ha interpretado como el respeto a las libertades individuales, sino como un reconocimiento de facto de la debilidad y fracaso institucionales. Parece estar tirándose la toalla, abdicando de la función de gobernar y resolver problemas de coordinación.

La pandemia no ha sido domada, sino que está en su punto más alto (López-Gatell dixit), y lo seguirá estando. Entonces, ¿por qué avanzamos hacia la “nueva normalidad”? La razón: se agotó el margen de maniobra (que nunca intentaron ampliar). No existen capacidades ni financieras ni institucionales para mantener confinamientos selectivos y ordenados.

De pronto nos volvimos neoliberales (ahora sí): replegando al Estado y dejando al ciudadano con la responsabilidad no sólo económica, sino sanitaria; a su suerte. Además, con diferencias clave respecto a otros países: en México no hay pruebas masivas, ni seguimiento de contactos, ni protocolos estrictos ante nuevos brotes. No hay comunicación clara, el gobierno perdió la narrativa. La gente está a la deriva, confundida; y lo peor, ya no muestra cautela ante el COVID-19.

neoliberalismo pandemia
Imagen: Ethic.

En el caso del Estado de Jalisco, el gobernador ha impulsado el concepto de “responsabilidad individual” ante el COVID-19. El llamado es correcto, pero debe estar acompañado por políticas claras y, sobre todo, límites estrictos para los irresponsables. El odiado neoliberalismo sólo funciona cuando la libertad individual está acotada por un sólido Estado que fija reglas claras y las hace cumplir.

Una reapertura funciona cuando existen mecanismos para volver a cerrar si las condiciones epidemiológicas lo ameritan. En días pasados, China volvió a implementar medidas de confinamiento con 137 nuevos casos de infección. En varios estados de la Unión Americana, entre estos Texas y Florida, han dado marcha atrás a la reactivación económica ante el alarmante crecimiento que se ha dado justamente por dicha reapertura, apresurada y desordenada. Un nuevo confinamiento será difícil en México, la gente simplemente ya no confía en el gobierno.

La función del gobierno no es hacer decálogos, sino políticas públicas. En ausencia de éstas, la expectativa (¿esperanza?) es que la gente, al ver cada vez más de cerca los estragos de la pandemia, vuelva a ser cauta, responsable y se confine voluntariamente. Es de lo más neoliberal que hemos visto en México en décadas.


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Crisis universitarias por venir

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Se avecinan crisis universitarias sin precedentes a nivel global. Sobre todo en los países que tienen un modelo de financiamiento primordialmente privado y de altos costos –por ejemplo, Estados Unidos y Reino Unido–. Este problema va mucho más allá de la transición digital, ya que trastoca las fibras de la gobernanza y del modelo de negocio de las instituciones. El COVID-19 y el cierre abrupto de los campus universitarios acentuó el debate alrededor de dos preguntas: ¿Cuánto debe costar la educación superior? y ¿quién debe pagar por ella?    

El caso norteamericano es el más dramático. De entrada, la disrupción traída por la pandemia asesta un duro golpe a la burbuja financiera universitaria. Durante este periodo de emergencia sanitaria, la agencia calificadora Moody’s ha bajado la calificación de este sector de “estable” a “negativo”. Además, el American Council on Education (ACE) estima que los ingresos de la educación superior disminuirán en $23 mil millones de dólares durante el próximo año académico.

crisis universitaria
Imagen: Pinterest.

El altísimo costo de la educación superior y el correspondiente endeudamiento estudiantil son situaciones que ya mostraban signos de agotamiento, pero en el actual contexto de crisis constituyen realidades insostenibles. Analicemos algunos números. Mientras que en el periodo de 1971 a 2019 el ingreso familiar promedio creció 28%, las colegiaturas universitarias lo hicieron en 145%. En Estados Unidos, un universitario egresa con una deuda promedio de alrededor de 35,000 USD –760 mil pesos MXN–. La deuda estudiantil ha crecido un 600% en los últimos 20 años y es ahora la segunda más grande en aquel país, sólo detrás de las hipotecas; representa un 7.3% del PIB –1.5 millones de millones de dólares–.

En Reino Unido la situación no es tan distinta a la de Estados Unidos. Actualmente existen 1.3 millones de estudiantes en universidades británicas con préstamos estudiantiles. Además, con un promedio de 36 mil libras esterlinas –1 millón de pesos MXN–, la deuda por estudiante es mayor que en Estados Unidos. Tan sólo del 2012 al 2019 los costos de matriculación se triplicaron.

No es casualidad que ambos gobiernos estén preparando “rescates” para sus universidades. Dentro del paquete de estímulos económicos aprobado en el mes de mayo, Estados Unidos creó el Fondo de Atención a la Emergencia en Educación Superior con un total de 14.5 mil millones de dólares –aproximadamente la mitad de lo que en conjunto se destina a educación: 30.75 mil millones–. Por su parte, en Reino Unido el gobierno ofreció 100 millones de libras esterlinas en fondos de investigación y el Tesoro ha insistido a las universidades en utilizar los esquemas de préstamos de rescate del gobierno establecido durante la crisis, por un valor de hasta £700 millones antes de recibir fondos adicionales. Este tipo de “rescates” hacia las universidades, sucedieron en 2009 con la banca y la industria automotriz.

crisis universitarias
Ilustración: Dante de la Vega.

Crisis como éstas no son ajenas en América Latina. Por ejemplo, en Chile alrededor del 30% de los estudiantes de educación superior tienen un préstamo estudiantil y el total de la deuda acumulada asciende a los $7,657 millones de dólares. Además, el costo de la educación superior en este país es bastante alto: cursar biología en una universidad pública cuesta más de 25 mil dólares; Odontología, más de 50 mil dólares o hasta 62 mil dólares si se cursa en una escuela privada. Por esto, estudiar una carrera universitaria implica el endeudamiento de una familia hasta por 30 años.

Ante estos costos tan elevados, la crisis que se avecina sin duda afectará a las universidades que dependen del financiamiento privado. Sin embargo, también aquellas que dependen del financiamiento público enfrentarán serias dificultades. Los ingresos fiscales van a la baja a nivel mundial; las economías se contraen de manera alarmante: -6.1% promedio en países avanzados y -7% en el caso de México. Se anticipan recortes. En ese sentido, la Asociación Europea de Universidades advirtió que la disminución de recursos puede durar de 2 a 4 años. La competencia por recursos públicos será feroz y, desde luego, la salud y el empleo serán las áreas prioritarias de los gobiernos.

Vienen tiempos aciagos para la educación superior. Ante la pandemia, pocos países parecen tener como prioridad a sus universidades. Así que habrá que ser muy creativos e innovadores para seguir siendo relevantes.


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Los inmunes y las pruebas masivas para identificarlos

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La pandemia del COVID-19 está generando escenarios nunca antes inimaginables. Hasta el día de hoy, hay en el mundo alrededor de 3.1 millones de casos confirmados y más de 200 mil muertes. Estados Unidos, por ejemplo, sufrirá más muertes que en todas sus guerras juntas posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Además de las lamentables muertes, se aproxima la más grave crisis económica global desde 1929, la cual ya comienza a materializarse, y los gobiernos se dan cuenta que de poco servirán los paquetes de ayuda económica si la gente sigue en aislamiento, sin trabajar ni consumir.

Esta crisis, a diferencia del colapso financiero de 2008, no es un problema originado por la falta de demanda –que se resuelve, en parte, con programas de asistencia social para que la población tenga dinero y pueda consumir–, sino por la falta de oferta, ya que esta situación ha llevado al paro de actividades tanto económicas como sociales. Por lo tanto, es fundamental que la gente pueda regresar a trabajar, producir y por ende, consumir.

Es por ello que la búsqueda de personas inmunes al COVID-19 ha comenzado en los países desarrollados. Los inmunes son aquellas personas que fueron infectadas, o bien asintomáticos, que ya se encuentran recuperadas y fuera de peligro. Ellos serían la primera línea de batalla para reactivar la economía, siendo los que pueden apuntalar la fuerza laboral.

vacunas contra coronavirus
Ilustración: Behance.

Importantes voces de la ciencia como Anthony Fauci, director del NIAID y asesor de Trump, así como Gérard Krause del Centro Helmholtz en Alemania,  han hecho pública su opinión sobre el tema y apuestan a que las personas recuperadas –y las asintomáticas– tendrán inmunidad por varios meses, quizás hasta dos años, y no podrán transmitir la enfermedad en ese periodo. Por ello, no tiene sentido mantenerles en encierro, y lo ideal sería volcarlos a las actividades productivas y como voluntarios, lo antes posible, tomando las medidas de precaución necesarias.

Así, al estilo Gattaca, países discuten políticas para identificar a sus inmunes. La Unión Europea por su parte puso en marcha el 15 de abril la hoja de ruta para levantar gradualmente las medidas de contención impuestas en todos los países miembros tras el brote de coronavirus. Sin duda, una de las estrategias propuestas para reactivar las actividades es la aplicación de pruebas rápidas para identificar la inmunidad adquirida por parte de la población.

“Pasaporte COVID” (España y Chile); “Pasaporte de Inmunidad” (Reino Unido); “Certificado de Inmunidad” (Alemania); “CoronaCorps” (Estados Unidos), son algunos ejemplos. Además, estas pruebas son ya una iniciativa puesta en marcha en países como China y Singapur.

La estrategia consiste en aplicar pruebas masivas para identificar al mayor número de inmunes posible. De ahí la súbita aprobación de las pruebas rápidas de antígeno-anticuerpo por parte de la Food and Drug Administration (FDA), el 2 de abril. Incluso, Deborah Birx, coordinadora de la iniciativa en Estados Unidos, ha llamado a las universidades a que desarrollen la capacidad de aplicar el mayor número de pruebas posibles.

inmunes al coronavirus
Ilustración: 20 minutos.

Además este grupo no solamente sería útil para reactivar la economía, sino que pueden ser una pieza clave para disminuir el índice de mortalidad del virus, ya que mediante la donación de plasma pueden contribuir al estudio y desarrollo de tratamientos para el COVID-19. En Estados Unidos, la FDA está desarrollando técnicas de tratamiento avanzadas para tratar este virus, que involucran precisamente a personas que ya se recuperaron, y quienes donan sus plaquetas para tratar a los que se encuentran luchando contra el virus.

Según Zheng Jin, portavoz de la Comisión Municipal de Salud Oriental China, la sangre de las personas que han sido dadas de alta en los hospitales, contienen anticuerpos que podrían ser útiles para el tratamiento de otros pacientes infectados. Con ello, se hace un llamado para que estos pacientes donen sangre para el tratamiento e investigación del COVID-19.

Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud advierte que la implementación de estos pasaportes representa un riesgo para la propagación del virus, ya que aún no existen pruebas suficientes para asegurar que las personas recuperadas del COVID-19 estén libres de una recaída. Es por ello que hace un llamado a los gobiernos nacionales a no bajar la guardia con las medidas de seguridad.

Pero el identificar una nueva “clase” de personas con características biológicas específicas es, sin duda, un arma de dos filos, con profundas implicaciones bioéticas y jurídicas. Esta iniciativa conlleva la discriminación laboral de facto a las personas que no han sido infectadas, y generaría incentivos al contagio voluntario de los grupos sociales supuestamente menos vulnerables al COVID-19, pero más necesitados. Vivimos tiempos extraordinarios.


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Liderazgo universitario ante el COVID-19

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Ante la pandemia del coronavirus (COVID-19), a nivel internacional las universidades han tomado el liderazgo para enfrentarla. Las instituciones educativas han tomado medidas drásticas para proteger a sus comunidades académicas y, por ende, a la sociedad en general.

Estados Unidos, Reino Unido, España y México, son algunos ejemplos de cómo las universidades se adelantaron a los gobiernos centrales en tomar medidas de distanciamiento social. Las universidades de estos países actuaron de manera urgente, pertinente y con audacia, contrario al escepticismo y lentitud que han mostrado algunos gobiernos nacionales ante la emergencia global.

El 10 de marzo, 12 universidades de Estados Unidos anunciaban que cambiarían las clases presenciales por cursos en línea; universidades como Harvard, Columbia University, Princeton, Stanford, Ohio State University, University of Southern California y University of Washington anunciaron sus medidas de distanciamiento. Donald Trump declaró la emergencia nacional hasta tres días después.

En España, desde el 9 de marzo, las universidades comenzaron a desarrollar una estrategia para el desarrollo de las actividades académicas no presenciales, para el 11 de marzo la mayoría de las universidades ya habían enviado a sus estudiantes a casa; el Real Decreto de Alarma para la Gestión Sanitaria llegó tres días después. En dicho Decreto se anunciaba la suspensión de las actividades educativas presenciales de todos los niveles, incluyendo instituciones públicas y privadas.

liderazgo y educacion
Ilustración: NPR.

Un caso controversial y muy criticado fue el de Reino Unido, ya que fue hasta el 18 de marzo que el Primer Ministro, Boris Johnson, ordenó cerrar las escuelas en todos los niveles educativos, medida que sería aplicada a partir del 20 de marzo. No obstante, una semana antes, universidades como London School of Economics, Oxford, Bristol y Nottingham, entre otras, ya habían suspendido clases presenciales para evitar la propagación del virus. La postura del gobierno británico ante esas medidas universitarias fue de dura crítica y el 13 de marzo, Gavin Williamson, Secretario de Educación, solicitó a las universidades británicas permanecer abiertas y continuar con normalidad sus actividades educativas. Afortunadamente, pocas le hicieron caso.

En México, entretanto, en medio de la alerta global y la incertidumbre por la falta de acción y respuesta del gobierno, el Tecnológico de Monterrey no titubeó en implementar medidas drásticas. El 12 de marzo y con sólo 15 casos confirmados de COVID-19 en el país, canceló las clases presenciales y anunció que toda la docencia se impartiría en línea. Un día después, la Universidad de Guadalajara (UdeG) –la segunda universidad más grande del país– tomó las mismas medidas y mandó a clases en línea a sus 290 mil estudiantes y 19 mil profesores.

Las universidades han actuado de manera pertinente y responsable ante la crisis y la coyuntura también está imponiendo grandes retos educativos. El COVID-19 ha provocado una disrupción universitaria global, el “Tipping Point”, el punto de quiebre donde los cambios son inaplazables y deben ser rápidos. Si los horizontes de transformación de muchas universidades alrededor de mundo eran, por decir, de 10 años, ahora son de 10 meses.

Como lo advierten los especialistas del Boston College, Philip Altbach y Hans de Wit, crear ambientes de aprendizaje efectivos en la virtualidad no es cosa fácil –mis respetos para los expertos en ello–. Después del COVID-19 las universidades no se volverán online. Sin embargo, la universidad tradicional exitosa será aquella capaz de impartir educación mixta (blended learning); y aquella que pueda hacer un “switch” a la virtualidad de manera inmediata, cuando la próxima pandemia lo amerite. Los expertos dicen que podría ser pronto.

liderazgo y covid
Ilustración: Columbia.

Sin duda, el rol de las universidades en esta crisis mundial ha sido crucial, no sólo por sus medidas para reducir la propagación del virus y el radical cambio en la forma de dar clases, sino también por su liderazgo en investigación, como se ha demostrado con la creación de grupos de trabajo y salas de situación con expertos en biología molecular, epidemiología, estadística y grandes datos. La UNAM y la UdeG han desarrollado modelos para proyectar la evolución de la epidemia, lo cual ha sido una herramienta valiosa para la toma de decisiones. En particular, la UdeG ha trabajado en estrecha coordinación con el gobierno de Jalisco para proveerle de la información científica necesaria para la toma de decisiones.

El COVID-19 es la mayor prueba que enfrentan los líderes políticos alrededor del mundo, cualquiera que sea su ideología. Seguramente les irá peor a los países cuyos liderazgos han desestimado la ciencia y la evidencia. Una realidad objetiva tan grave y de dicha magnitud no puede ignorarse, ni mucho menos combatirse sólo desde el voluntarismo y el liderazgo moral. Se requieren acciones contundentes basadas en evidencia; acciones muchas veces impopulares. Pero ello entraña el arte y la ciencia de gobernar.

Las universidades no han estado exentas de críticas por las medidas tomadas de manera anticipada a sus gobiernos, pero, y como lo manifestaron recientemente los rectores de Harvard, MIT y Stanford: Dado lo que hemos aprendido en las últimas semanas, estamos convencidos de que tomar estas precauciones ahora, por el bien colectivo, significará el regreso a la normalidad en las próximas semanas con la menor cantidad de amigos y colegas a quienes guardarles luto.

Las decisiones han sido difíciles y controvertidas, pero correctas. Hagamos caso a la ciencia, escuchemos a las universidades. El tiempo les dará la razón.  


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Una Nueva Ley General de Educación Superior

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La ley vigente de educación superior mexicana se distingue por tener un marco normativo fragmentado, inconsistente y débil. Por ello, la discusión y eventual aprobación de una nueva Ley General de Educación Superior es una buena noticia. La Ley para la Coordinación de la Educación Superior (1978) cumple un rol marginal en la regulación de los procesos de organización, formación, generación de conocimiento e innovación del sistema. Es, pues, letra muerta.

Las leyes, además de sus funciones coercitivas y valorativas, facilitan la articulación de expectativas e interacciones entre los actores (gobernanza), y comunican las prioridades nacionales.

El borrador de Ley que ha sido puesto a consulta de los diversos actores universitarios presenta aspectos muy positivos, pero también oportunidades de mejora. Por un lado, se perfilan avances importantes en materia de gobernanza, financiamiento y obligatoriedad.

Así, un punto positivo es la obligatoriedad que asumen el Estado mexicano, la federación y las entidades locales en el financiamiento de la educación superior. Dos aspectos destacan en este sentido: 1) se estipula –otra vez– que el monto anual destinado a las IES no podrá ser menor al 1% del PIB, ni inferior en términos reales a lo erogado el año anterior y, 2) se crea el Fondo para garantizar la obligatoriedad y gratuidad de la educación superior.

Asimismo, se proyecta el desarrollo de un Sistema Nacional de Educación Superior con mayor coordinación, colaboración e integración entre los actores, todo ello en un marco más participativo y democrático, gracias a la creación de distintos consejos de carácter nacional y local que abonen a dicho fin.

Sin embargo, el borrador escasamente aborda las tendencias globales en materia de pertinencia, relevancia y disrupción tecnológica. No genera las condiciones que incentiven suficientemente la innovación y la diferenciación del Sistema Educativo Superior. Como es común en América Latina, se cae en la tentación de tener leyes que controlen y centralicen, lo cual es la antítesis de la innovación y la creatividad.   

Algunas de las tendencias y disrupciones en la educación superior a nivel global son el avance hacia una educación “modular”, “omnicanal”, “dual” y a lo largo de la vida –por ejemplo, micro-créditos, certificaciones progresivas–.

La nueva Ley General de Educación Superior debe tener en cuenta que el modelo tradicional que distingue distintas etapas para únicamente estudiar o trabajar es obsoleto, ya no funciona para los retos del futuro del trabajo y para la solución de problemas sociales. El mundo de la educación superior se encuentra en una transición hacia modelos de aprendizaje continuo. El trabajar y aprender, sin duda deben ser actividades paralelas y permanentes (Fig. 1). De tal forma, la educación a lo largo de la vida permite que aprender, desaprender y reaprender sean parte de la rutina de un ser humano.

Para que las universidades aceleren el paso en esa dirección, es fundamental un marco normativo que promueva la innovación continua.

trancision modelos de educacion
Fuente: Heather E. McGowan (2016), “Frameworks”, consultado en: https://bit.ly/2TkgrtP.

Además, una Ley General de Educación Superior completa debe tomar en cuenta aspectos fundamentales como los retos del futuro del trabajo. De acuerdo con el McKinsey Global Institute, para el año 2030, 375 millones de trabajadores se verán obligados a cambiar de ocupación a medida que la disrupción digital, la automatización y los avances en Inteligencia Artificial transforman el mundo laboral (Fig. 2). Estos trabajadores deberán ser re-educados y re-entrenados, y será tarea de las universidades principalmente. No obstante, este problema ni siquiera se soslaya en la presente propuesta de ley.

automatizacion y productividad en educacion
Fuente: Mckinsey Global Institute (2017), “Un futuro que funciona: Automatización, Empleo y Productividad”.

Esta nueva ley, sin duda, será mejor que la actual, pero en el proceso legislativo formal es importante que se refuerce su sentido innovador y flexible. Una buena Ley, además de normar, debe ser aspiracional; debe llamar a la acción y mostrar una visión clara del tipo de universidades que queremos tener en el escenario global.


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¿Hegemonía académica china?

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China tiene muy claro su futuro: ser la primera potencia mundial en 2050, cuando se cumplan 100 años de la Revolución maoísta. Y también tiene muy claro el camino: el impulso de agresivas inversiones en políticas de innovación y educación superior. Actualmente su gasto en ciencia y tecnología equivale al 2.12% de su enorme PIB.

La rivalidad por la hegemonía global está en marcha y se manifiesta en varios frentes. La administración de Trump ha emprendido una guerra comercial con China y mantiene una ofensiva contra el gigante tecnológico Huawei. China sabe que la competencia por la supremacía también se disputa en el plano académico-cultural.

La capacidad científica y de innovación de la actual potencia global, Estados Unidos, se explica en gran medida por la fortaleza de sus instituciones de educación superior. De las 10 mejores universidades del mundo, siete son estadounidenses (THE 2020); y este país es, todavía, el que produce investigación de mayor calidad (WEF 2018).

China viene muy de cerca y se yergue como el principal aspirante a desplazar a Estados Unidos. Las universidades de Tsinghua, Pekín, Zhejing y Shanghai, por ejemplo, comienzan a codearse con Harvard, Oxford y MIT. Lo anterior es producto de una efectiva política de inversión a través de la Iniciativa C9, que ha inyectado miles de millones de dólares a nueve universidades de élite chinas. El ranking QS 2020 sitúa ya a seis universidades chinas entre las 100 mejores del planeta.

china y estados unidos
Ilustración: The New Yorker.

La nación asiática es ya el segundo país en cuanto a productividad en investigación.  Lo anterior se explica en gran parte por los 1,235 investigadores que tiene por cada millón de habitantes (México tiene 144). Incluso, según la Fundación Nacional de la Ciencia en Estados Unidos (NSF, por sus siglas en inglés), el 20.67% de los artículos en ciencias e ingenierías que se publicaron en el mundo en 2018, fueron realizados por instituciones chinas. La nación estadounidense ya fue desplazado al segundo lugar, con 16.54% de las publicaciones. Asimismo, se estima que China superará el impacto de las publicaciones estadounidenses para el 2025, posicionándose así como el primer lugar dentro de las potencias mundiales en investigación.

China también superó ya a Estados Unidos en la generación de patentes. De acuerdo con la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (WIPO, por sus siglas en inglés), tan sólo en 2018, la oficina de propiedad intelectual estadounidense reportó alrededor de 597 mil para registro de patentes, mientras que la oficina china reportó 1.54 millones de aplicaciones, lo cual representó un 46.4% de las aplicaciones a nivel mundial.

Además, el principal destino de estudiantes chinos es Estados Unidos, lo que representa un tercio de los estudiantes extranjeros en universidades de este país. Estas cifras tienen muy preocupados a los norteamericanos, temiendo que los estudiantes de la nación asiática no solamente vayan a estudiar. En 2018, el FBI lanzó el documento “China-The Risk to Academia”, donde se establece la amenaza que representa el “espionaje académico” o el robo de conocimiento y secretos comerciales por parte de estudiantes e investigadores chinos. Para Estados Unidos, éste no solamente atenta directamente contra la seguridad nacional, sino que también pone en juego la posición privilegiada del país a nivel mundial.

espias en eeuu
Ilustración: Rebecca Hendin.

Quizás por esta razón cientos de jóvenes chinos no han podido adquirir una visa para estudiar en Estados Unidos. La tasa de rechazo a aspirantes chinos en las universidades pasó de 3.2% en 2018 a 13.5% en 2019. Sin embargo, las universidades norteamericanas no pueden dejar de reconocer que los estudiantes procedentes de China representan un gran ingreso económico para éstas, y también una gran potencia intelectual.

El rápido avance de China en el ámbito de la educación comenzó en la década de 1980 y a partir de ese entonces ha experimentado una rápida y agresiva expansión y desarrollo, a través de reformas graduales que sin duda han demostrado su funcionamiento.

Actualmente está en marcha una nueva guerra fría en la cual los estadounidenses se enfrentan a una lucha geoestratégica, particularmente en Asia, por mantener su primacía a nivel mundial. ¿Debemos prepararnos para una hegemonía china en la segunda mitad del siglo XXI?


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Examen PISA y la Nueva Escuela Mexicana

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El pasado 3 de diciembre de 2019, en la Universidad de Guadalajara y en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) dio a conocer los resultados de la prueba PISA 2018, aplicada a jóvenes de 15 años en 79 países. El llamado “PISA shock”.

Dicha prueba fue aplicada por primera vez en el año 2000 a 28 países miembros de la OCDE, y desde entonces México ha sido evaluado. Actualmente, son más de 80 países los que participan. 

Además de medir conocimientos, mide las habilidades que tienen los estudiantes para hacer uso y transferencia de sus conocimientos; e identificar si son capaces de analizar, razonar y comunicar sus ideas. Muestra la motivación por aprender, la concepción sobre sí mismos y sus estrategias de aprendizaje, entre otros elementos.

El desempeño de nuestro país en esta prueba no es nada alentador; estamos muy lejos de los primeros lugares ocupados por China, Singapur y Finlandia. Sin embargo, la evaluación a México no debe ser tan pesimista.

Resultados PISA

En los 18 años de aplicación de esta prueba el desempeño de México se ha mantenido prácticamente estable. En Lectura se obtuvieron 422 puntos en el año 2000 y 420 en 2018. En Matemáticas se observa leve mejoría al pasar de 385 (2003) a 409 (2018). Y en Ciencias los jóvenes mexicanos subieron nueve puntos en esta última prueba (419), respecto a los 410 de 2006. El puntaje máximo es de 600.

Para ser más justos en el análisis y sus implicaciones de política educativa, el aparente estancamiento de México debe compaginarse con el relevante incremento de matrícula que ha experimentado el país. Tan sólo en la educación media superior hemos pasado de 2.95 millones de estudiantes en el 2000, a 5.23 millones en 2019 (77% de incremento). Mantener el desempeño nacional en la prueba PISA ante este crecimiento, significa que el país ha podido llevar más estudiantes a las aulas sin afectar negativamente la calidad.

No obstante, los resultados PISA 2018 muestran también los impostergables retos del sistema educativo mexicano. En cuanto a la desigualdad, se observa que el grupo de estudiantes más privilegiado superó a los más desfavorecidos por 81 puntos. En cuanto a la “excelencia”, sólo 1% del total de los jóvenes se desempeñó en lo más alto (Nivel 5). Aún más, de los estudiantes con mayores ventajas sociales sólo 3% pudo situarse en un nivel alto de lectura (Nivel 4). Ningún estudiante mexicano en desventaja alcanzó ese nivel.

El concepto de la Nueva Escuela Mexicana está erigiéndose en México y los resultados PISA tienen mucho que aportar, si se analizan sin filias ni fobias. El éxito de toda política educativa descansa en dos factores: centrarse en el aprendizaje estudiantil y tomar decisiones con base en evidencia empírica.   

Amazon y el mito neoliberal

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Amazon es, sin duda alguna, una de las empresas más exitosas del planeta. Supera los 100 millones de suscriptores en Amazon Prime, “exhibe” alrededor de 30 millones de productos y sobrepasa los 130 mil millones de dólares anuales en ventas (lo que representa 20% más que el Producto Interno Bruto de Bolivia). Lo anterior ha hecho de Jeff Bezos, su CEO, el hombre más rico del mundo.

En este espacio confiable (no físico), se puede encontrar lo que quieras, al mejor precio y lo más rápido posible. El año pasado recaudó más de 42 mil millones de dólares ayudando a otras empresas a vender sus propios productos, 10 mil millones en venta de anuncios y 14 mil millones más por personas que se suscriben a sus servicios de Amazon Prime.

Cuando el neoliberalismo empezó a abrirse paso, la garantía hacia la libre competencia, como característica fundamental, parecía ser el camino más seguro y rápido hacia la prosperidad, en todos los sentidos. En este sistema se dogmatizó a la libertad y se hizo creer que el éxito era una recompensa al esfuerzo y al mérito.

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Ilustración: Eric Chow.

No obstante, Amazon es también uno de los mejores ejemplos del fracaso del modelo neoliberal. Demasiado grande y poderosa, que incluso reta el poder de naciones enteras. El neoliberalismo, como lo afirma Joseph Stiglitz, en los últimos 40 años no solamente ha tenido consecuencias negativas en la democracia, el medio ambiente, y la mala distribución de la riqueza, sino que además ha generado anomalías empresariales.

Amazon es una de estas anomalías; fallas de mercado. Está acumulando tanto poder que, de no tomarse medidas antimonopólicas globales, se pone en riesgo la propia libertad económica de los individuos (mantra central del modelo neoliberal).

Amazon, bajo el argumento de beneficiar al consumidor final eliminando a los intermediarios para reducir los precios, ha generado efectos perniciosos en la economía y en la sociedad. Steven Mnuchin, Secretario del Tesoro norteamericano, afirma que Amazon “ha destruido la industria minorista en los Estados Unidos, lo cual está afectando negativamente al tejido social”. Se estima que, sólo en 2016, Amazon provocó la eliminación de 150 mil empleos.

Hay quienes aseguran que este titán usa los datos confidenciales tanto de sus minoristas, como de sus clientes, para después sacar a la venta los productos más vendidos bajo su propia marca. Además de tener a la venta productos “dudosos” y que sus empleados no cuentan con las suficientes garantías de seguridad social.

amazon amenaza
Ilustración: Matt Kenyon.

Por si esto fuera poco, tiene gran influencia en las negociaciones con empresas dedicas a la paquetería, como UPS y FedEX, encargadas de entregar sus productos. Tiene acaparado el mercado, eliminando a su potencial competencia. Amazon es quien hace las reglas y no hay manera de regularlo.

Pareciera que Amazon es el paraíso para los consumidores, pero no podemos olvidar que los individuos no sólo somos consumidores finales, sino también productores y vendedores. Eliminar a los intermediarios para convertirse en el gran intermediario global, no puede ser benéfico para ninguna sociedad. Además, corporaciones como éstas dejan de pagar los debidos impuestos en los países donde operan, por no tener domicilio fiscal local.

Para que el modelo de libertad económica funcione de mejor manera para la sociedad, se requieren estados fuertes que redistribuyan y generen redes de protección. Así como esquemas de gobernanza económica global para regular a estos gigantes tecnológicos, sin caer en la tentación de derrumbar el edificio de la “destrucción creativa” y la innovación. No se trata de volver al estatismo fallido de los 70, sino de una gobernanza más efectiva.