Zonas de Desarrollo

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Ante otra institución amenazada, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), resulta más que oportuno insistir en el riesgo de que continúe el socavamiento de capital institucional que hemos construido en México a lo largo de muchos años.

Crear instituciones llega a tomar décadas; en cambio, destruirlas puede ser muy rápido y dejar consecuencias graves y daños irremediables de largo plazo. No sólo perdemos experiencia acumulada, sino bienes y servicios públicos que requieren diversos sectores de la población o la nación en su conjunto.

Desafortunadamente, en muy poco tiempo se han desechado instituciones, programas y proyectos fundamentales para México.

Hace unos días le tocó el turno al Seguro Popular. Se anunció que los recursos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, con más de 80,660 millones de pesos acumulados desde 2003 para cubrir a los más pobres contra 330 enfermedades de alto costo, se usarían para financiar el Instituto de Salud para el Bienestar, en fines todavía no claros.

Ahora se pone en cuestionamiento la vigencia del Coneval, una institución fundada en el 2005 que es todo un referente nacional e internacional. Entre otras cosas, como actor protagónico para que México fuera pionero en la medición multidimensional de la pobreza. En esa línea, ha desarrollado un esquema de probado rigor técnico para diagnosticar el estado de carencias sociales de manera completa y dinámica: rezago educativo, salud, seguridad social, vivienda, servicios básicos, alimentación.

Gracias a ello, hemos podido evaluar con objetividad y precisión los avances y, lamentablemente, también los retrocesos en materia de rezagos sociales, siempre que se han presentado. Todo esto antes era imposible de saber a ciencia cierta. No se tenía confianza en las cifras oficiales: ni de la evolución cuantitativa y cualitativa del fenómeno de la pobreza, ni de los resultados concretos de los programas públicos para paliarla y erradicarla.

Los gobiernos, encargados de ejercer el gasto social y de conducir la política económica nacional, con el mandato obvio de incidir en la reducción de las brechas de bienestar, se evaluaban a sí mismos.

El clientelismo electoral en programas sociales desafortunadamente persiste, pero hoy sí podemos saber y medir si hubo algún efecto real de acuerdo a los objetivos. De igual forma, la interacción entre el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Coneval es positiva en términos de complementariedad técnica (uno recaba datos; el otro los interpreta y analiza) y confiabilidad. Como dicen los técnicos: si funciona, ¿para qué cambiarlo?

Somos muchos los ciudadanos, desde todos los sectores, quienes hemos pugnado, por años, para que México cuente con instituciones de evaluación confiables e independientes. Con la convicción, elemental pero que suele olvidarse, de que lo que no se mide –y bien medido– difícilmente puede ser entendido a cabalidad, comparado, resuelto, arreglado, corregido.

En otros países, la manipulación o maquillaje de cifras, tanto como la inexistencia o baja calidad en las mismas, han desatado o contribuido a generar verdaderas catástrofes, ya sea imprevistas o como aquellas que se cuecen durante años. Un caso emblemático es el de Grecia.

Lo mismo aplica en materia de pobreza que en materia educativa, donde el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) es otra institución en proceso de desmontaje. Contar con organismos como el INEGI, al que, por cierto, también se le han reducido los recursos presupuestales de manera importante, y el Coneval, con probada competencia, es fundamental. No sólo para el desarrollo del país, sino para fortalecer nuestra democracia.

Al final de cuentas, esto tiene que ver con el derecho ciudadano a la información: lo mismo para la toma de decisiones en las actividades de cada quien, que como factor de confianza en el vínculo ciudadanos-gobierno.

Desechar instituciones, sobre todo organismos autónomos, puede minar de forma sustantiva el andamiaje de la gobernabilidad democrática y del Estado de derecho. Debilita el sistema de pesos y contrapesos.

Todavía hay mucho que hacer en este aspecto en México, pero para valorar lo que ya tenemos, habría que comparar con el régimen posrevolucionario, que se prolongó casi todo el siglo XX, con una división de poderes en gran medida inexistente o simulada. En ese sentido, el argumento de que se trata de modas o de costos superfluos es inaceptable. Sí necesitamos contrapesos y datos confiables; es fundamental.

Además: ¿cuánto nos cuesta desaparecer instituciones a las que se les han destinado recursos presupuestales por años, y que ha acumulado, en mayor o menor medida, unas más y otras menos, un capital institucional que es un activo del Estado mexicano? Lo congruente, en costo-beneficio, sería corregir, perfeccionar y fortalecer.

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La ratificación del Tratado Comercial de México, Estados Unidos y Canadá por nuestra Cámara de Senadores, es un paso importante, aunque se daba por hecho que ocurriera. Podría ayudar a acelerar el trámite en Estados Unidos, que es realmente la prueba a superar, porque este expediente sigue siendo una pieza útil para el juego político-electoral en ese país. Sin embargo, hay que hacer lo que sigue.

Los demócratas podrían decidir mantener en suspenso el asunto, en espera de más señales de la implementación de la reforma laboral en México o simplemente para no concederle al presidente Donald Trump una victoria. No obstante, también habría costos políticos. Es ahí donde podemos incidir con una estrategia inteligente. Ya con la ratificación como precedente, hay que buscar a los muchos aliados que tenemos en Estados Unidos, tan interesados como nosotros en que el T-MEC se ratifique, y que esto sea pronto.

Hay que aprovechar esos vínculos e intereses coincidentes con gobiernos de los estados que tienen mayor intercambio comercial con México, como Texas, California o Michigan, así como legisladores de esas entidades o identificados por su apoyo a la relación económica con nuestro país. Por supuesto, también con la comunidad mexicoamericana, así como sectores económicos y empresas afines. Un esfuerzo conjunto de cabildeo y relaciones públicas que genere sinergias bilaterales, a nivel gobierno e iniciativa privada.

De hecho, ésta es una estrategia y un dispositivo de acción que debemos consolidar para que funcionen permanentemente, no sólo para impulsar el T-MEC o en reacción a otro peligro imprevisto. Es importante mantener una operación de esas características, y bien aceitada, para los distintos retos e incidencias que vengan. La crisis por la amenaza de los aranceles generalizados fue un recordatorio que esto es fundamental. Porque podemos estar seguros: no será la última prueba a la que tengamos que hacer frente.

No sólo son los 45 días de plazo que se dieron en la negociación, en la que México tuvo que ceder y comprometerse en diversos temas de política interior en función de las demandas de carácter migratorio de la Casa Blanca. La incertidumbre se extenderá hasta el 3 de noviembre de 2020, cuando se realizarán las elecciones presidenciales en Estados Unidos, estaremos sujetos a una gran volatilidad.

Por ahora, vamos a contrarreloj para que el T-MEC se ratifique por ambas cámaras en Estados Unidos, antes de su receso de agosto, y evitar a toda costa que quede pendiente para el año electoral 2020. México tiene que prepararse para los distintos escenarios que pueden presentarse.

Es cierto que no hay mucho margen de maniobra, por las asimetrías en la relación, además de que 65% de nuestro comercio internacional se da en el marco del actual TLCAN y el 83% de nuestras exportaciones va a Estados Unidos y Canadá.

El año pasado, el valor del comercio internacional de México en el T-MEC fue equivalente al 50% del PIB nacional, con superávit tanto con los dos países socios, los cuales, además, son responsables de prácticamente la mitad del total de Inversión Extranjera Directa que recibe el país.

Sin embargo, sí hay opciones para tener mayor flexibilidad y capacidad de acción, considerando las circunstancias.

Más aún, las asimetrías obligan a aprovechar al máximo las alternativas o cartas con que contamos. En ese sentido, además de que hay que perseverar en la necesidad de diversificar nuestro comercio exterior, es fundamental tener una estrategia de política internacional y diplomática clara en los fines y los medios. Sobre todo, mucho más proactiva frente al resto del mundo.

México no debe aislarse del mundo o concentrar toda su atención en Estados Unidos. Otros países, bloques regionales, foros y organismos internacionales son espacios que tenemos que cultivar, igualmente, tanto por parte de nuestro gobierno como del sector privado y la sociedad civil.

Son espacios en los que podemos encontrar aliados importantes, generar contrapesos, sinergias y elementos útiles para defender los intereses del país. Encuentros o cumbres como la reunión del G20 en Osaka (Japón), el 28 de junio, son oportunidades que no deberíamos dejar pasar. Pueden ser muy útiles en el reto de lidiar con la mayor potencia mundial.

Pensemos, por ejemplo, en lo que puede significar, en términos de estrategia y áreas de oportunidad, la guerra comercial chino-estadounidense, y cómo se encuadra en los retos que enfrentamos con nuestro vecino.

Ya hay efectos relevantes: desde este año somos el mayor socio comercial de Estados Unidos, desplazando a China en rubros en los que estamos creciendo, al sustituir a exportadores de ese país asiático. Además, muchas empresas chinas o que producen ahí, consideran reubicar operaciones, con México como opción preferente.

Además, no podemos soslayar que México cuenta con una red de 12 Tratados de Libre Comercio con 46 países, 32 Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones con otros 33, y nueve acuerdos de alcance limitado (Acuerdos de Complementación Económica y Acuerdos de Alcance Parcial) en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).

Hemos sido un participante activo en organismos y foros multilaterales y regionales como el Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que representa el espacio económico de mayor crecimiento y proyección, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y la propia ALADI. Igualmente, con la Organización Mundial del Comercio (OMC), que si bien no ha sido un contrapeso efectivo para la ola reciente de proteccionismo y medidas unilaterales como las de Trump, puede resurgir, si países que han sido campeones de la apertura comercial, como México, la impulsan y respaldan en esa dirección.

Hay más elementos para negociar con Estados Unidos de los que creemos, tanto económicos como demográficos, de seguridad y geográficos. Uno de ellos son las oportunidades naturales que existen para un país como el nuestro en otras regiones, con las que existen múltiples áreas de interés convergentes, económicas, pero también geopolíticas. Pero hay que estar dispuestos a salir de la caja, sector público, privado y sociedad.

Quizá nunca, en tiempos recientes, ha sido más oportuna aquella frase de que necesitamos más México en el mundo y viceversa.

Si México es uno de los 20 países con mayor peso global, hay que tomárnoslo en serio y asumir el papel.

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Lamentablemente, la nueva reforma laboral fue aprobada y publicada el 1º de mayo en el Diario Oficial de la Federación, sin que se tomara en cuenta una serie de inquietudes fundamentales de la iniciativa privada. Esto opacó en cierta medida los importantes avances que se lograron en la Ley Federal del Trabajo en aspectos como democracia, representatividad y transparencia sindical.

Finalmente, se hizo caso omiso de las observaciones y los ajustes sugeridos en lo particular por organismos como la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y el Consejo Coordinador Empresarial, además de los que hicieron por su cuenta centrales sindicales, incluyendo la Confederación de Trabajadores de México.

Sobre todo, lo que se buscaba con las precisiones promovidas era evitar riesgos de conflictividad laboral, generar certeza jurídica para los factores de la producción –trabajadores y empresas–, y preservar la competitividad de nuestra planta productiva y la economía en su conjunto.

La justificación para la celeridad del procesamiento de esta reforma fue que era requisito para que en Estados Unidos se ratifique el T-MEC. De hecho, representantes del Partido Demócrata han exigido para ello no sólo el ajuste en la ley, sino su implementación.

Sin embargo, podría haberse hecho todo eso, pero con la debida consideración a los riesgos señalados, que pueden convertirse en nuevas sombras para la estabilidad laboral, la inversión y la generación de empleos. Algo delicado, en un contexto complicado para la economía nacional.

Como ha señalado el Presidente de la Coparmex, el riesgo que en Estados Unidos se impongan aranceles a nuestras exportaciones es grave, pero también lo es el que cambiemos normativas e instituciones por presiones desde el exterior, sin ponderar todos los pros y contras, así como las alternativas. Máxime cuando, como en este caso, tienen mucho qué ver con pugnas políticas en Estados Unidos.

En teoría, todavía estamos a tiempo de enmendar. Se ofreció la posibilidad de abrir espacios para la revisión y, en su caso, hacer modificaciones en lo particular a la reforma, ya sea en periodos ordinarios de sesiones o bien hasta septiembre, lo que parece más probable.

El sector empresarial debe ser proactivo en este sentido, para que los legisladores cumplan con este compromiso y se hagan los ajustes necesarios. La voz de la iniciativa privada, generadora nueve de cada diez empleos en México, necesariamente debe ser atendida.

Hay que corregir los elementos de riesgo que se incorporaron y que menoscaban una reforma que –reitero, en esencia–, es positiva, por su motivación para impulsar la democratización en la vida sindical. Pero insistamos: algunas disposiciones u omisiones que pueden abrir las puertas a problemas importantes para las empresas y, con ellas, a sus trabajadores. No se trata de un asunto menor. Ahí está como ejemplo, para prevenir, la situación que vimos en Matamoros.

Hay que equilibrar y, sobre todo, poner los derechos y las necesidades de los trabajadores y las empresas de México por delante de intereses de dirigencias sindicales y facciones políticas, de México o el extranjero.

Libertad sindical, sí, pero los trabajadores también deben de contar con el derecho de no afiliarse, si así lo deciden. Desde la contratación individual, que no debe condicionarse jamás a la integración a un sindicato.

De igual forma, hay que contemplar mecanismos y penalizaciones para evitar y sancionar la extorsión de parte de líderes u organizaciones, que, en algunos casos, lo último que buscan es cuidar el empleo.

La democracia implica libre elección de los trabajadores y competencia entre los sindicatos, pero no podemos caer en excesos como el que, desde la ley, tácitamente, se promueva que haya varios contratos colectivos en una empresa.

Es preciso revisar los amplios poderes que se dan a sindicatos y a sus líderes en materia de emplazamiento y negociación en materia de huelgas. Establecer que requieren de aprobación puntual de los trabajadores para esos procedimientos y los de revisión contractual.

Si verdaderamente queremos que haya democracia laboral, los líderes o representantes tampoco pueden ser los únicos facultados para llegar a acuerdos con las empresas, para impedir que trabajadores y patrones lo hagan, si en algún momento de huelga, la mayoría decide no continuarla.

Finalmente, pero igualmente importante, los derechos de las empresas no deben ser vulnerados en aras de impulsar las otras partes. Por eso se ha pedido revisar disposiciones como la que priva a los patrones de la posibilidad de pedir la calificación de una huelga estallada o la que los obliga a comprobar que no despidieron a un colaborador. Esto último puede afectar severamente la operación e incluso la supervivencia de muchas Pymes.

Es mucho lo que está de por medio. La subsistencia misma del modelo tripartito de conciliación laboral, que ha dado buenos resultados al país.

Hay que tener presente que en los últimos cinco años, sólo se registraron dos huelgas en el ámbito federal, en 2016 y 2017. De acuerdo datos del INEGI sobre conflictos laborales de jurisdicción local, el número de huelgas en nuestro país pasó de 271 en 2007 a sólo 17 en el 2017.

Para varios países, los conflictos laborales se han convertido en inhibidores de la inversión, una situación opuesta a la de México, con una estabilidad en este terreno que se ha traducido en elemento clave de la competitividad. Mejor aún, si tomamos en cuenta que la reforma previa había dado cauce a una relevante dinámica de reducción de la informalidad en el mercado de trabajo, con un incremento en las inscripciones a la seguridad social de 3% anual en promedio desde el 2012.

No deberíamos permitirnos poner en riesgo ese tipo de avances, porque todos saldríamos perdiendo: trabajadores, empresas y los tres niveles de gobierno.

Se trata de reformar para mejorar, sin abrir flancos a nuevos problemas. Siempre se puede.

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Todos los mexicanos podemos sentirnos orgullosos del éxito de la película Roma, de Alfonso Cuarón en la noche de los Oscar. No sólo por la calidad de la cinta, reconocida y premiada en todo el mundo, sino porque retrata con sensibilidad y elegancia mucho de lo que hace a México tan singular y entrañable.

A través de una historia cotidiana y vivencias de personas de distintos sectores sociales, pinta un gran fresco del país, con sus grandezas y miserias, virtudes y defectos. Para muchos, quienes vivimos en los años 70, trae recuerdos conmovedores de una época de grandes cambios que marcaron, para bien o para mal, el México de hoy.

Más allá de la nostalgia, hoy es más que oportuno tomar en cuenta lo que significaron esos años en la historia nacional, por ejemplo, en materia económica, cuando se desató una serie de crisis de enorme profundidad. Los efectos, y los ajustes que tuvieron que hacerse desde la llamada “década perdida” de los 80 para paliar la debacle, empobrecieron a millones de mexicanos.

Lo que ocurrió con la economía nacional y cómo la manejaron los gobiernos responsables en esos años sería, después, el caldo de cultivo para impulsar cambios estructurales, principalmente en dos vías: apertura y modernización de la economía y aceleramiento de la democratización.

Ahora que se sataniza al neoliberalismo, como una especie de epidemia a la que se le atribuyen todos los males habidos y por haber en México, es pertinente recordar los saldos económicos de la llamada “docena trágica”, los sexenios de los presidentes Luis Echeverría y José López Portillo, en los que se puso en práctica una postura completamente opuesta a las características, positivas o negativas, que suelen atribuirse justamente a todo lo que se relaciona con lo neoliberal.

Los primeros síntomas

El precedente de “la docena trágica” fue una larga etapa de crecimiento, desde los años 40, con cuatro sexenios consecutivos en que la economía se multiplicó por cuatro. En los 70 se daría una serie de cambios que alteró profundamente la economía mundial. Fue el fin del crecimiento, la prosperidad y el orden internacional de la posguerra. “Los treinta gloriosos”, como se llamó a esa época en Francia.

Internamente, el modelo de sustitución de importaciones, el desarrollo estabilizador, daba visos de agotamiento, lo que agravaba los retos del contexto internacional. Sin embargo, decisiones internas, abusos y una visión errada recrudecieron el desajuste en México, empujándonos a la crisis.

Una crisis que no era inevitable, porque del otro lado del Pacífico, ocurrió entonces lo contrario: fue la época del despegue económico de Japón y luego de Corea del Sur y los otros “tigres asiáticos”.

Quienes presenciaron la primera crisis de los 70 pueden recordar con viveza lo que sobrevino tras un breve periodo de apogeo, en el que la presencia del Estado en la economía aumentó sin freno, con un incremento exponencial en el gasto público y la deuda.

En medio de una ruptura del gobierno con un sector empresarial estigmatizado ideológicamente, el sexenio echeverrista terminó con una grave crisis de balanza de pagos, identificada por la devaluación del 56% tras 22 años sin que se moviera el tipo de cambio: de 12.50 a 19.50 pesos por dólar.

La inflación, tras una estabilidad en los precios que había sido el orgullo de la política económica mexicana en las dos décadas previas, pasó de 3.4% en 1969 a niveles de 10% en ese sexenio. Pero lo peor estaba todavía por venir.

En el sexenio de López Portillo, la crisis sería aún más dura y profunda. Costaría muchos años remontar: la década perdida de los 80 y más. En los años 80, justamente, la inflación promedio fue de 65.5%, llegando en 1987 a 131.8 por ciento, mientras que las tasas de interés llegaron a 96% en 1987 (cetes 28 días).

Recrudecimiento

Lo peor que podríamos hacer es volver a políticas como las que se implementaron durante el sexenio 76-82, cuando entramos a una fase de crisis de balanza de pagos, déficit fiscal, deuda exacerbada y espiral inflacionaria.

En esos años se llegaron a decretar aumentos del salario mínimo de 10, 20 y 30 por ciento en un año. Junto con otras acciones de alquimia económica, que pretendían esquivar la lógica de los mercados, lo único que se logró fue crecimiento efímero y artificial, que a la postre derivó en obligados y dolorosos ajustes.

Al final, la pérdida del poder adquisitivo del salario mínimo fue de más del 76% de 1976 a principios de los años 2000, cuando apenas se marcó un punto de inflexión para la reversión de ese deterioro.

A pesar de la incertidumbre que hoy existe, el nuevo gobierno arranca con una deuda pública de alrededor de 40% del PIB, contra un 100% en Estados Unidos y más de 80% en la Unión Europea; contamos con una banca sólida, capitalizada y con una regulación que es ejemplo a nivel internacional; el pronóstico de inflación ni de lejos se acerca a los dos dígitos.

México no puede permitirse recaer en la inestabilidad y la irresponsabilidad de salidas aparentemente fáciles, pero efímeras y de un altísimo costo, como el que se pagó con enorme sacrificio de la población.

Se necesitan posturas y un manejo responsable de las finanzas públicas y la política monetaria, preservándolas y dándole viabilidad en el mediano y largo plazos. Tanto como voluntad y capacidad para superar el bajo crecimiento que se mantiene desde hace décadas y una desigualdad secular que no ha mejorado.

¿Regreso al futuro?

Vale la pena tener en mente esta quiebra económica de los años 70-80 y lo que costó, tanto en un sentido de alerta, como de valoración de mucho de lo que se hizo en México después. Fueron tres décadas y media de crecimiento al 2% promedio, insuficiente, en las que hubo estancamientos y retrocesos, sí. Pero también con avances que no podemos echar por la borda, sin más.

Las secuelas de las crisis pasadas deben prevenirnos, como experiencia, de regresar a recetas y actitudes comprobadamente fallidas. Hay que aprovechar la historia para no caer en errores o baches en los que ya estuvimos.

De lo que se trata es de construir una economía sólida, con estabilidad macroeconómica, crecimiento, inclusión social y perfil de futuro. Una economía en función de las circunstancias del siglo XXI, no de los años 70.

El desafío es lograr un desarrollo con estabilidad macroeconómica, crecimiento e inclusión: no regresar al pasado, sino incorporar a un mejor presente y futuro a las capas de la población y las regiones del país que están rezagadas, aún con problemas y resabios de la época que evoca la película Roma.

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Estancias Infantiles, otro caso

No es de extrañar la polémica generada por la decisión de cambiar radicalmente el modelo de operación del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras: en concreto, por ponerlo al borde de su extinción.

La idea de que el subsidio por niño que atienden las estancias se entregue a los padres de familia para que decidan por su cuenta –ya sea seguir en alguna estancia o quizás entregarlo a las abuelas, como se sugirió– llega después de un recorte presupuestal al programa de casi 50% respecto a 2018, más de 2 mil millones de pesos.

Son muchos los afectados. De entrada, el cambio puede trastornar dramáticamente la vida de decenas de miles de familias, en particular de muchas madres que ya enfrentan este problema de improviso. En una panorámica más amplia, es otra señal de una forma de actuar que marca una tendencia preocupante: el desmantelamiento intempestivo de instituciones, políticas y programas.

Se trata de la cancelación abrupta, formal o por la vía de los hechos, de estructuras y esfuerzos del Estado mexicano y la sociedad, aun cuando haya una experiencia aprovechable, un capital institucional y humano forjado en años o décadas. Incluso si hay resultados positivos comprobables y que cuentan con reconocimientos de instituciones y especialistas en México y el exterior, como es el caso de este programa. Todo esto sin que quede claro con qué se le sustituirá, más allá de ideas vagas que, en muchos casos, denotan discrecionalidad y falta de información.

Ante esta perspectiva, no puede ser más pertinente y oportuna la pregunta: ¿Cuánto cuesta a los mexicanos hacer y rehacer políticas, programas e instituciones cada sexenio? ¿Cuál es el costo de la falta de continuidad, de reinventar tantas cosas sólo por tener un enfoque diferente, en el mejor de los casos, o en el peor, únicamente porque las hizo otro gobierno o grupo?

¿No es mejor realizar una evaluación objetiva en términos de costo-beneficio y un análisis serio de fuerzas, debilidades, oportunidades y amenazas? A partir de ello, corregir lo que está mal, sean ineficiencias, corrupción o abusos, pero no simplemente arrojar por la borda todo un organismo o programa. Más aún cuando, como en este ejemplo, lo han construido y participan miles de ciudadanos en sus comunidades: un proyecto que no es de un gobierno, sino de la sociedad.

Consecuencias familiares y sociales

Entre las principales afectaciones está la reducción de cuatro a tres años como edad máxima para los niños que abarca el programa: cerca de 160 mil quedarían fuera de esa posibilidad. Además, a los padres se les entregaría un apoyo de 1,600 pesos bimestrales, contra los 950 pesos mensuales que reciben las estancias por cada infante que atiendan.

Por supuesto, el golpe va mucho más allá. Para una familia, en términos financieros, probablemente implique tener que dejar un empleo remunerado, y en cuanto a la calidad del cuidado de sus hijos, la afectación puede ser invaluable.

Por su parte, las comunidades no sólo pierden una fuente de empleos y de desarrollo profesional para quienes los ocupan, sino un medio que favorece la cohesión y el tejido social a través de dos mecanismos altamente poderosos: la subsidiariedad y las economías de escala, para maximizar el valor agregado que puede darse a los niños, a sus padres y a la comunidad misma, algo que difícilmente puede lograrse en casa de una abuela o de unos tíos, con esfuerzos atomizados.

En los últimos 12 años el programa ha atendido un promedio de 300 mil niños al año en más de mil 500 municipios. De acuerdo con las voceras del movimiento que se ha generado, muchos de ellos ya no tendrán la posibilidad de acceder a una formación educativa inicial: nociones de civismo, inglés, danza, nutrición, deporte, etcétera.

Lía Limón, fundadora del esquema, ha referido en entrevistas que, ante los señalamientos de corrupción, lo que procedería es acreditarla, sancionar a los responsables, corregir y hacer lo necesario para que no vuelva a presentarse, en este y en cualquier otro proyecto entre los que están siendo descalificados: sea el aeropuerto de Texcoco o las estancias. No obstante, destaca que las observaciones que ha hecho la ASF al programa, conciernen apenas al 1.8% de un presupuesto que superaba los 4 mil millones de pesos anuales.

En cambio, de acuerdo con encuestas a usuarias, 93% de las madres refiere que el esquema beneficia el desarrollo integral de sus hijos, 77% que con ello pudieron obtener empleo y 34% que tendrían que dejarlo si el programa no existiera.

Reconsiderar

Se han creado más de 9 mil 500 estancias y la mayoría lleva más de una década operando. Su fortaleza y continuidad tiene que recaer en la confianza de las madres que dejan ahí a sus hijos. El Coneval ha calificado al programa como un nuevo espacio de cuidado infantil para las familias de bajos recursos e identificó, entre otros efectos positivos, el empoderamiento de las madres

¿Vale la pena desechar todo eso a cambio de políticas aún imprecisas, con los riesgos inherentes a la improvisación o nuevos esquemas de clientelismo? Lo que no debe hacerse es dejar desamparados a los niños y a sus madres, a quienes este tipo de ayudas les ha cambiado la vida.

Hay que reconsiderar, como lo pidió de forma clara y directa la Red por los Derechos de la Infancia en México, que calificó el recorte de “acto de discriminación institucional”. En su comunicado del 8 de febrero, lamentó que se busque reducir el debate a un conflicto entre partidos políticos, ante un programa que atiende a la población infantil más pobre del país. Llama a apegarse a la ley, conforme al principio del interés superior de la niñez. Asimismo, a corregir, en su caso, los actos de corrupción y “evitar insinuar que las mujeres trabajadoras son personas corruptas”.

Hay que ponerse en los zapatos de esas madres trabajadoras, en sus hijos, que pierden una opción viable de formación inicial que muy pocos recibirían en casa o con parientes; en miles de personas que, tras años de esfuerzo, han forjado una opción de vida, de trabajo y servicio que beneficia a su comunidad, y ven todo ello interrumpido de imprevisto. Sin oportunidad de que se les escuche y de demostrar el valor y la legitimidad de lo que hacen.

Finalmente, ¿cuál sería la reacción del partido político que hoy está en el gobierno si, en 6 o 12 años, sus programas o proyectos prioritarios fuesen interrumpidos o desmantelados tajantemente por una administración de otro partido, sin que se considere siquiera la alternativa de corregir lo que esté mal o ajustar en lo que no se esté de acuerdo para preservar el bien común mayor? Decenas de miles de madres, sus hijos y México merecen esa oportunidad.

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En medio de la crisis de desabasto de gasolina ‒ante la cual, más allá de retóricas, urge solución para que no se extienda a otras actividades básicas de la sociedad‒, lamentablemente pasó desapercibido el paquete de medidas anunciado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México para impulsar al sector financiero y lo que éste puede y debe ser para la economía.

Fuera del gremio financiero y de especialistas en la materia, poco se difundió sobre las importantes ocho medidas que fueron lanzadas, y menos aún se debatió al respecto en la opinión pública. Sin embargo, hay que considerar el potencial de los compromisos con este plan y, sobre todo, buscar aprovecharlo en la práctica.

Dentro de tantas noticias de México y del exterior que generan incertidumbre y propician que se detengan, pospongan o reconsideren inversiones, ésta es sin duda positiva. Difícilmente podía encontrarse una mejor vía de acercamiento entre el sector financiero y el gobierno federal, tras la tensión generada por el conflicto de las comisiones bancarias originado por un grupo de legisladores.

Con este tipo de acciones ganan, en primer lugar, los usuarios de servicios financieros, pero también se benefician la economía y el Estado mexicano, al abrirse más posibilidades, mejores condiciones e incentivos a la inversión.

Debería ser un primer paso para que México se ponga al corriente en los muchos pendientes y en las grandes áreas de oportunidad que tenemos en la materia. El sector financiero, la iniciativa privada y el gobierno deben seguir adelante por esta ruta en la que, en general, vamos con un atraso importante respecto a otros países.

Las medidas:

1. Plataforma de pagos mediante dispositivos móviles.
2. Apertura de créditos de nómina con cualquier banco.
3. Regulación para que más entidades realicen operaciones de reportes y préstamo de valores.
4. Tasa de ISR de 10% para Ofertas Públicas de Acciones y acreditación del 100% de la retención del ISR para la compra de bonos corporativos por extranjeros residentes.
5. Flexibilidad a intermediarios financieros en sus operaciones de reporto y préstamo de valores.
6. Flexibilidad al régimen de inversión de las Afores.
7. Bancarización de jóvenes entre 15 y 17 años.
8. Reconfiguración a la Banca de Desarrollo. 15 millones de nuevos clientes en zonas rurales.

Algunos beneficios: adelantando el futuro, abriendo los mercados

Pagos móviles: Beneficia a consumidores y comercios, en particular del segmento Pyme, mientras se propicia la bancarización de negocios y de la población en general, con todas las ventajas que ello implica.

Hay que ver lo que ocurre en China con estas tecnologías (WeChat, AliPay). Sin duda, están entre las cosas que más sorprenden a quienes visitan este país. Se combinan tecnologías móviles y códigos electrónicos con un procedimiento muy sencillo: se despliega en la pantalla un código QR, o bien, se lee el del negocio o artículo, y de inmediato se realiza la transferencia. Todo esto, a través de la app, se vincula con una cuenta bancaria o de crédito personal, o bien, con un saldo abonado, como lo hacen en México millones para servicios de telefonía celular en el modo de prepago.

De esta manera, cada vez más chinos prescinden del uso de efectivo, incluso para compras en puestos ambulantes, al tiempo que los negocios y sus clientes también se libran de comisiones de tarjetas de crédito o bancos.

Sin duda, una vía mucho más eficiente de reducir comisiones y costos de transacción se presenta cuando hablamos de la competencia, la innovación tecnológica y empresarial vs. medidas unilaterales de carácter político (como el amago de prohibir desde el Congreso comisiones bancarias), que normalmente adolecen de una fuerte carga de arbitrariedad. A fin de cuentas, los órganos eminentemente políticos, en general, no son buenos reguladores que sustituyan a órganos especializados y a los propios mercados.

Baja impositiva para la inversión: La reducción de 35 a 10 por ciento de ISR aplicable a Ofertas Públicas Iniciales (OPIs) responde a una vieja demanda tanto del sector bursátil como del empresarial. Por fin se logra, para incentivar una mayor participación de empresas en el mercado, como una opción para su crecimiento.

Esta medida debe contribuir a un incremento en el número de emisoras, ampliando el margen de opciones para el público inversionista y de alternativas de financiamiento para proyectos productivos y de crecimiento de las empresas.

Esto es especialmente buena noticia para las empresas medianas, con capacidad y planes para desarrollarse. Hay que tomar en cuenta que hasta el año pasado sólo 141 empresas cotizaban en la Bolsa Mexicana de Valores, mientras que naciones con un PIB menor, como Indonesia, cuentan con más de 500 empresas listadas. Otros países: Canadá, más de 3,270; España más de 3,100; Corea del Sur más de 2,110; Croacia 155.

El mercado y la oportunidad están ahí. Las compañías que cotizan en Bolsa no llegan a 150, cuando se estima que existen más de 17 mil con ventas superiores a 30 millones de pesos anuales. Incluso en Estados Unidos se está trabajando en este sentido, con la nueva bolsa que recién se anunció: el Members Exchange, que impulsa un grupo de bancos y corredurías de primer orden.

En síntesis, con estas medidas se abren oportunidades indudables. Lo que procede ahora es asegurar que se materialicen y se complementen en sinergias con otros caminos que también hay que apuntalar y apoyar con todo. Es el caso, destacadamente, de la revolución Fintech, ya con legislación propia en México, o la ampliación del mercado de capitales que prometen iniciativas como BIVA.

Un paso pendiente es acordar una política integral de financiamiento a emprendedores, hoy más urgente por el debilitamiento del INADEM y del ecosistema emprendedor en México. En particular, un modelo adecuado para desarrollar una industria mexicana de capital de riesgo sólida.

Para generar los empleos y las oportunidades que México requiere, en cantidad y calidad, necesitamos más empresas y agilizar la evolución empresarial: de pequeñas a medianas empresas, y de éstas a grandes. No sólo en tamaño, sino en valor agregado.

Para que México crezca y haya más y mejores empleos así como oportunidades para todos, se necesitan más emprendedores y planes de negocio viables, pero también mucho capital y financiamiento en sus diversas modalidades. Eso sólo puede lograrse, o más justamente, acelerarse, dado nuestro contexto, con sinergias efectivas como la que acaba de darse.

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Puede ser que, en amplios sectores de la población, sea popular la decisión del nuevo gobierno de México de reducir drásticamente los salarios de los servidores públicos de alto nivel y la eliminación de prestaciones laborales a millones, entre el personal de confianza de todos los niveles.

Sin embargo, esto no puede dejar de generar efectos adversos, laterales o contraproducentes; a corto, mediano y largo plazo. Con la generalización y aplicación a rajatabla de este tipo de medidas, lo mismo en el sector público que en las empresas, siempre se corre el riesgo de un balance negativo en términos de costo-beneficio.

De entrada, por la posibilidad de perder “músculo”, en aras de deshacerse de “grasa”. Ahorros que, a la larga, pueden ser efímeros o bien, en lo inmediato, desencadenar altos costos de implementación o en la curva de aprendizaje para los nuevos equipos. Más a futuro, ahuyentar a talento valioso.

Por lo pronto, ya estamos viendo los primeros costos tangibles, con las impugnaciones jurídicas que se han emprendido, y que consumirán recursos y tiempo valiosos.

Además, la aplicación indiscriminada de políticas de este calibre genera en muchos un sentimiento de injusticia, con un drama familiar para millares de familias de funcionarios eficientes y honestos, con conocimientos especializados y competencias logradas, con esfuerzo y constancia, durante largas carreras en el servicio público. Una disrupción del plan de vida, a partir de una concepción subjetiva de cuánto debe ganar un funcionario.

Es evidente que ha habido abusos que han alimentado la desconfianza y el hartazgo en la ciudadanía respecto a gobiernos, burocracias y clase política. El reclamo de que no debe haber un gobierno rico con un pueblo pobre es irrebatible. No obstante, estigmatizar la figura del servidor público, desde la generalización, es injusto y contraproducente. Acaba por socavar a las mismas instituciones y avivar el círculo vicioso: mayor disfuncionalidad y, con ello, menos credibilidad y más rechazo aún.

En todo caso, las mejores prácticas de gestión de recursos humanos apuntan a una evaluación, una toma de decisiones, una planeación y una instrumentación objetivas y estratégicas, lo más libres que sea posible de ideologías o prejuicios.

Ello implica desde tener clara la diferencia entre clase política y servicio público, hasta la necesidad de contar con planes de carrera bien estructurados, que sean funcionales para la sociedad, como patrón, y para los trabajadores.

Soportes de progreso

Una de las grandes diferencias entre los países desarrollados y los que tienen mayores rezagos políticos, económicos y sociales reside en este aspecto: la fortaleza de sus instituciones, que lleva implícito el grado de desarrollo de su cuerpo de funcionarios públicos, dirigentes y trabajadores.

Ese capital humano da eficiencia, a la vez que sentido y continuidad a dichas instituciones y a la gestión de gobierno en general, más allá de los vaivenes de la política y de los gobiernos que se sucedan.

La conformación de un servicio público de carrera competente y estable ha sido una de las claves del avance económico de países como Corea del Sur, Japón o China. Además, es un baluarte de la cohesión social.

México tiene grandes pendientes y un largo camino por recorrer en esta materia, pero cuenta con varias instituciones cada vez más profesionales y un número creciente de servidores públicos experimentados y con capacidad. El reto es multiplicarlos y hacer de ese nivel la norma y no la excepción.

Se trata, a fin de cuentas, del fortalecimiento de las instituciones del Estado mexicano, con una burocracia austera y honesta, como reclama la sociedad, pero igualmente eficiente.

La ciudadanía debe ser exigente con los servidores públicos, pero también necesitamos tener claro que, como en toda organización, para asegurar un desempeño óptimo de la institución pública y su personal se requiere de algún grado de estabilidad y proyección laboral, cada vez más apegada al mérito y a una carrera que a una adscripción política.

Fundamentos para la democracia

Todo esto debe valorarse en el “choque de trenes” que parece estarse gestando entre los poderes de gobierno en México en torno a la Ley Federal de Remuneraciones, que fijará los ingresos de los servidores públicos de todo el ámbito federal, y que puede ser un precursor fundamental para el devenir del país en el sexenio que acaba de comenzar el 1º de diciembre.

En este diferendo entre el Poder Judicial, por un lado, y por otro el Ejecutivo y el Legislativo, dominados por la expresión política ganadora en las elecciones del 1º de julio, no sólo está de por medio la propia ley aprobada en el Congreso, con sus puntos favorables, pero también vulnerabilidades jurídicas y los fallos que pueden afectar gravemente a la administración pública y a millares de funcionarios honestos y eficientes. Preocupa la tendencia a estigmatizar, de manera no siempre justa y apegada a los hechos.

No conviene a la nación que el reclamo de austeridad, válido en principio, y las controversias que genera den paso a acciones que socaven principios fundamentales del Estado de derecho democrático, como la división de poderes. Hoy, más que nunca en tiempos recientes, es fundamental cuidar los pesos y contrapesos en el Estado mexicano y en nuestra propia sociedad. Y esto necesariamente incluye precavernos del desarrollo del servicio público de carrera.

De hecho, lo que procedería, en una coyuntura como la que hoy vivimos en México, es emprender a fondo la tarea inconclusa de tener una plataforma sólida de servicio profesional de carrera, como empezó a intentarse, de manera más integral, a inicios de los años 2000. Es una prioridad siempre pospuesta o frenada y vulnerada con frecuencia en nuestro país. Habría incluso que pasar de esa concepción a la de Servicio Civil de Carreram, un eslabón que habría que también incorporar de manera orgánica en un esfuerzo como el del Sistema Nacional Anticorrupción.

Vale la pena recuperar algunos conceptos claves al respecto que se abordan en un ensayo esclarecedor al respecto: Servicio civil: Estabilidad y espíritu de cuerpo contra la corrupción, de los estudiosos en administración pública del Centro de Investigación y Docencia Económicas David Arellano Gault, Alejandra Medina y Roberto Rodríguez, contenido en el libro, ¿Podemos reducir la corrupción en México? Límites y posibilidades de los instrumentos a nuestro alcance, coordinado por el estudioso de la administración pública, David Arellano Gault.

• “Un servicio civil es una institución política de alta importancia, cuya existencia transforma sin lugar a dudas las relaciones políticas, de todo nivel, en una democracia”.
• “Las relaciones de los políticos electos en el ejecutivo y el parlamento se transforman al tener que relacionarse con un aparato administrativo que no puede ser tan fácilmente afectado”.
• ¿Por quién? Precisamente, por los vaivenes políticos y electorales. No se trata de que no puedan darse cambios promovidos desde la política y las prerrogativas democráticas, sino de preservar un espacio de estabilidad y desarrollo institucional y profesional especializado.
• “Un servicio civil fuerte coadyuva a combatir la corrupción sistémica al construir un espíritu de cuerpo que hace más probable una política organizacional desde el propio servicio civil, que vaya en contra de la corrupción de una manera endógena al propio aparato.”
• El camino: “sentar las bases para un debate renovado cuyo propósito sea fortalecer las estructuras institucionales y organizacionales para el combate efectivo de la corrupción sistémica en México”.

En síntesis, el debate sobre las remuneraciones de los funcionarios públicos no debe sustraerse de su relación con uno de los más grandes desafíos de México: construir un servicio civil de carrera a la altura de nuestros retos y aspiraciones de progreso. Gran oportunidad para el nuevo gobierno, con su respaldo popular y el poder que se le ha otorgado con sus resultados electorales.

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La cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) ha generado una dosis de incertidumbre adicional –inesperada en gran medida– sobre un escenario económico de por sí complicado.

Difícilmente podría ser diferente, considerando obras con una tercera parte de avance y con el 70% de los requerimientos financieros asegurados y aportados por el sector privado. El grado de extrañamiento por la decisión también se explica por el precedente de que se había aceptado que, en última instancia, el proyecto de Texcoco podía completarse si se financiaba en su totalidad sin que se usaran recursos públicos.

En cambio, se optó por una alternativa que quizá tenga racionalidad política, según los objetivos y necesidades de quienes en breve estarán al frente del gobierno federal, pero no una lógica económica evidente, cuando se había mostrado que el costo de cancelación era cerca de 100 mil millones contra 88 mil millones de pesos para terminar la obra.

Desde luego, no por ello habría una crisis inminente: la valuación del proyecto ronda los 13 mil millones de dólares; la economía nacional, 1.1 billones de dólares. Sin embargo, hay y habrá efectos importantes en el corto plazo y difícil de medirse en el mediano y el largo.

Costos para el gobierno federal, los inversionistas y el país, incluyendo el de oportunidad, al no contar con un hub logístico de clase mundial: un gran aeropuerto para la gran Ciudad de México. Asimismo, fracturas en la confianza con el sector privado nacional e internacional que es preciso remediar.

Expectativas y volatilidad

Ya previo a la decisión sobre el NAICM se perfilaba un comienzo sexenal complicado. Así se vislumbraba en la encuesta de Banxico a Especialistas del Sector Privado de octubre.

La estimación de crecimiento en 2018 bajó de 2.13 a 2.12%, y para 2019, de 2.17 a 2.15%. La inflación quedó en 4.6% para 2018 y 3.7% para 2019. El tipo de cambio, en 19.10 al cierre de este año y 18.97 para el siguiente. La IED esperada se recortó de 27,750 a 26,730 millones de dólares en 2018 y de 28,000 a 26,730 millones en 2019.

Llama la atención que, a diferencia de la tónica de años recientes, los especialistas consultados colocaron como principal limitante para el crecimiento la gobernanza, debido a la incertidumbre política interna.

Tras la decisión del aeropuerto, otros ejercicios de análisis y prospectiva han mostrado un deterioro en los pronósticos, como es el caso de la encuesta de Citibanamex a economistas de instituciones privadas. De entrada, prevén que la tasa de interés de referencia se ubicaría en 8% al cierre de este año, contra el 7.75% de la edición previa. En su escenario, los efectos, aunque se moderaron, sí se reflejan en el mercado de dinero.

En espera del Paquete Económico

Un punto fundamental para tener mayor claridad, generar certidumbre e incentivar la inversión y las actividades productivas serán la Ley de Ingresos y el Presupuesto Federal que se presenten en los próximos días.

Se ha adelantado que el Presupuesto está prácticamente listo, en lo general, y que contemplará alrededor de 324 mil millones de pesos para los programas y proyectos prioritarios del próximo gobierno, de acuerdo con lo prometido en campaña.

Asimismo, se ratificó el compromiso con el equilibrio macroeconómico: que no se gastará más de lo recaudado. Ese balance, y el que cuadren las cifras en ese sentido, es fundamental, en un entorno de mercados de alta sensibilidad.

De cualquier modo, se presentan condiciones complejas en el panorama que no pueden ignorarse para efectos de diagnóstico y planeación, tanto para el gobierno como para las empresas y los ciudadanos, en general.

Resumo 5 retos muy claros sobre desafíos y riesgos en el 2019.

1. Por descontado, las políticas monetaria y fiscal apuntan a la restricción.

En materia monetaria, sobre todo por el escenario internacional de alza en las tasas de interés en el mundo y la fortaleza del dólar.

En el plano fiscal, además del costo financiero de la deuda, el nivel persistente de ésta y su presión sobre el balance público, destacan los planes de ahorros y recortes que el próximo gobierno piensa llevar a cabo, en contraposición con la presión de las nuevas inversiones y gastos que han prometido.

Como mencionamos, se ha reiterado la intención de tener un superávit primario, con una profunda revisión del gasto. Sin embargo, al mismo tiempo se alista el arranque de una serie proyectos con un costo importante, como “Jóvenes Construyendo el Futuro”, “Pensión Universal para Adultos Mayores”, Tren Maya, refinería y siembra de árboles.

La cancelación del NAIM seguramente generará cargas presupuestales adicionales y quedan en el aire otras posibles para el mediano y largo plazos: la intención de descentralizar al gobierno o la idea dejar de exportar petróleo para refinar toda la producción en México, lo que pondría en aprietos el servicio de la deuda de Pemex y del gobierno en dólares.

De ser el caso, subiría el costo de producir gasolina, mientras que se ha considerado bajar el IEPS en la materia y el regreso de subsidios y precios de garantía. Al mismo tiempo, podría reducirse drásticamente la recaudación del IVA y el ISR en la zona fronteriza, por la zona franca prometida.

2. Todo esto se da en coincidencia con la lentitud con que generalmente se mueve la inversión y el gasto en general del sector público en todo inicio sexenal, por la curva de aprendizaje de los nuevos equipos.

Ahora se añade que muchos equipos experimentados de la administración pública podrían desintegrarse, por las nuevas condiciones salariales y de prestaciones. Además, políticas administrativas anunciadas, como la centralización de compras y contrataciones en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, podría retrasar aún más el ejercicio del gasto y la inversión pública y repercutir en la privada.

3. La incertidumbre y espera que, en general, mantiene la iniciativa privada ante el inicio de todo sexenio para el desarrollo de inversiones y nuevos proyectos, podría aumentar o alargarse esta vez con elementos en los que aún no hay claridad.

Existen dudas sobre la continuidad e integridad de la reforma energética y el sector, con inversiones privadas contempladas por 200 mil millones de dólares. Asimismo, se reducen más las opciones si se anulan oportunidades como la extracción no convencional (shale y fracking), donde radican las mayores reservas con que cuenta el país, entre otras cosas, para comenzar a reducir la dependencia del gas de Estados Unidos.

4. La cancelación del aeropuerto exacerba estos retos e incertidumbre.

Implica “enterrar” una cantidad enorme de recursos ya invertidos y crear costos adicionales en la indemnización de contratos y bonos. Presiona las calificaciones de la deuda y, con ello, las tasas de interés.

El NAIM pudo haberse completado con 100% de capital privado; ahora es altamente probable que haya que destinar más dinero del erario para la cancelación y la alternativa Santa Lucía-Toluca-AICMX. Todo esto sobre un impacto directo en la actividad económica (46 mil empleos).

5. Mientras tanto, crece la preocupación en el mundo por una desaceleración de la economía mundial, con una cada vez más probable recesión en E.E.U.U. en 2020 o incluso en 2019. Son muchas las variables que inciden en ese sentido:

La Reserva Federal continuará con el alza de su tasa de referencia, en su política de “normalización monetaria”: se esperan hasta 100 puntos base. Si suben las presiones inflacionarias en Estados Unidos, podría ser más.

En el entorno también generan gran incertidumbre asuntos como las guerras comerciales, (especialmente la que se da entre Estados Unidos y China); problemas fiscales persistentes en países de la Unión Europea o en emergentes por la misma alza en las tasas y fortaleza del dólar (Italia, Argentina, Brasil, Turquía, Sudáfrica, etc.); una eventual mayor desaceleración en China.

Aunque hay un acuerdo sobre el T-MEC, el talante errático y la discrecionalidad que caracteriza al gobierno de Trump, difícilmente dejarán de generar inestabilidad.

Además de estos factores económicos, el escenario político y social en México presenta enormes desafíos y disyuntivas: desde el camino que se siga contra la inseguridad y la corrupción, hasta la estabilidad laboral.

En este panorama, resulta fundamental fortalecer la certidumbre para la inversión y restablecer la confianza entre el gobierno y el sector privado. Se requiere de la conjunción de ambos para generar y mantener condiciones y sinergias de inversión, productividad, competitividad, crecimiento y creación de empleos.

El desarrollo institucional, la gobernabilidad democrática y el Estado de derecho, es determinante para asegurar el entorno propicio para el emprendimiento, la inversión y la actividad productiva en general.