Zonas de Desarrollo

El contexto de la hostilidad comercial en el mundo

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Más allá de los retos, las disyuntivas y toda la incertidumbre alrededor del proceso de transición política que hoy vivimos en México, no debemos perder de vista el desarrollo de dos dinámicas que están generando una gran inestabilidad en la economía internacional. Nos atañen directamente, máxime por sus potenciales efectos disruptivos.

Éste es el caso, sin duda, del escenario de guerra o al menos de intensa hostilidad en el comercio internacional. Preocupante por sí misma, y más aún por el momento en el que se da: en paralelo a la otra dinámica a la que aludimos: el nerviosismo en los mercados financieros en torno a un eventual cambio de ciclo en la economía estadounidense, lo mismo que en la mundial.

Al margen de que en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte se superó una difícil prueba, con el resguardo del acceso al principal mercado de nuestro país, se recrudece el riesgo de que la economía mundial presente condiciones muy diferentes a las prevalecientes desde el fin de la crisis del 2008. La posibilidad de pasar de uno de los ciclos de crecimiento más largos, al menos en el caso de la historia estadounidense, a un escenario de mayor costo del dinero y menor crecimiento.

A los problemas que han enfrentado los mercados emergentes con un dólar alto y tasas de interés al alza se suma otra amenaza, con el petróleo rondando los 80 dólares por barril.

Por si fuera poco, estos procesos se dan en medio de un entorno internacional enrarecido por el avance de movimientos políticos de corte populista, demagógico o aislacionistas y nacionalistas, en el mejor de los casos, como acaba de alertar el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, en su Asamblea General.

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Foto: Edgar Su/Reuters.

Malos precedentes

El 24 de septiembre entró inició la nueva cauda de aranceles que se impusieron mutuamente Estados Unidos y China, y no hay signos de que habrá una próxima reconsideración al respecto. Todo lo contrario: hay indicios de que la disputa pudiera crecer, con una posición intransigente de parte de Estados Unidos y una China que afirma que no negociará bajo intimidación.

Recordemos que la nueva tanda de aranceles de Estados Unidos a China se da sobre importaciones por un valor de 200 mil millones de dólares y las represalias chinas lo hacen sobre 60 mil millones de dólares de exportaciones de su contraparte. Esto se suma a las tarifas recíprocas sobre bienes por un monto de 50 mil millones previamente este año.

Aplican lo mismo para electrodomésticos chinos que para gas natural licuado estadounidense. No es de extrañar la sacudida inmediata en los mercados. El gobierno de Trump ha amenazado expresamente con gravar el total de importaciones del gigante asiático, lo cual asciende a 517 mil millones de dólares, si la contraparte no se sienta a la mesa con voluntad de ceder a sus exigencias: desde mayor protección a la propiedad intelectual estadounidense a simple y llanamente bajar el déficit comercial.

De seguir así, puede haber severos trastornos en varios sectores y en encadenamientos productivos en los que México tiene intereses fundamentales. Esto sin duda demandará resiliencia y capacidad de adaptación para nuestros sectores y empresas involucrados.

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Foto: Reuters.

Tensión geopolítica

En tanto, la contaminación política en este conflicto es evidente y creciente, como causa y efecto de la disputa misma. Trump, alzando la voz de que va a defender con todo a los granjeros de su país de las estrategias de represalia y negociación de los chinos, no pareciera importarle que, a fin de cuentas, se trata de un problema para la agroindustria estadounidense creado por su misma política comercial.

Las negociaciones bilaterales están suspendidas desde el 22 de agosto, mientras se escala y complica el diferendo hasta el espinoso terreno geopolítico. Primero, Estados Unidos imponiendo sanciones financieras a las Fuerzas Armadas chinas por adquirir aviones de combate y sistemas de defensa aérea rusos; después, muestras contundentes de un acercamiento estratégico entre China y Rusia, tras el encuentro de Putin y Xi Jinping.

No está de más subrayar lo que dijo el canciller ruso tras las sanciones a China, en el sentido de que los estadounidenses debían “recordar que existe un concepto como la estabilidad global que están socavando”.

La disputa entre China y Estados Unidos, desde luego, no es el único frente en el que avanza el proteccionismo o una erosión de las dinámicas de apertura y complementariedad económica. Justo acabamos de ver el rechazo de la Unión Europea a la propuesta de “Brexit suave” de la Primera Ministra británica, con la que busca preservar el flujo comercial con el continente.

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Vladimir Putin, presidente de Rusia, y Xi Jinping, presidente de China, durante su encuentro en Vladivostok, Rusia (Foto: AFP).

Sin duda, tenemos ante nosotros un frente de incertidumbre y riesgo que no sólo exige seguimiento puntual, sino visión y planeación estratégica, por las amenazas, aunque también las oportunidades que implica para un país como México.

Lo primero es tener bien presente que, aún con todo el cúmulo de desafíos internos, no podemos abstraernos de lo que ocurre en el mundo; menos aún en un escenario convulso y de cambios disruptivos como el actual.

Ante el 6º Informe de Gobierno: fortalezas a conservar

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En septiembre siempre es momento de hacer corte de caja y reflexionar sobre el estado del país, en el marco del informe presidencial. Máxime cada tres años, con el cambio de Legislatura, más aún con cada transición sexenal, indispensable, en una alternancia del calibre de la que hoy tiene lugar.

En esta coyuntura, ante las circunstancias cambiantes y la incertidumbre que se presenta de cara al futuro –corto, mediano y largo plazos–, se impone la necesidad de buscar la objetividad y ser realistas en la evaluación de la situación nacional, los escenarios y las prioridades.

Hay que hacerlo desde una visión en la que sepamos separar militancias y preferencias partidistas de los retos del bien común. No es en escenas de estridencia o intolerancia como las que se vieron en el arranque de la LXIV Legislatura donde encontraremos el entendimiento de los problemas y las oportunidades que afronta el país; tampoco las opciones y soluciones reales y efectivas que existen.

Más aún en una transición de gobierno como ésta: una coyuntura en la que resaltan los enormes desafíos en áreas como seguridad pública, Estado de derecho y problemas endémicos como la pobreza que padecen millones de mexicanos, pero en la que ya se dan por sentados avances que no podemos menospreciar por el hecho de haberse vuelto cotidianos, y mucho menos arriesgar.

Es fundamental tener en cuenta pendientes, errores y déficits de un periodo para afrontar al nuevo, pero igualmente considerar en qué se avanzó o qué conservar, fortalecer o complementar. Estos seis años de la historia nacional dejan deudas, pero también avances y logros de gran proyección que no podemos simplemente desechar.

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Alfonso Navarrete Prida, secretario de Gobernación, en la entrega al Poder Legislativo del Sexto Informe de Gobierno (Foto: www.quinceminutos.mx).

Objetividad

Tienen razón quienes claman por la necesidad de cambios urgentes en México, tanto como los que llaman la atención en el sentido de que un país no puede hacer tabla rasa de lo que se ha hecho durante años y ha costado tantos esfuerzos.

En este tenor, vale la pena subrayar la trascendencia de dos áreas en las que México ha sido consistente y en la cual dio pasos fundamentales en este sexenio; esfuerzos que no podemos minimizar por sus alcances: una parte sustancial de las reformas estructurales que se concretaron en este periodo, tras muchos años de buscarse sin éxito, y la estabilidad macroeconómica que, aun con puntos de deterioro y flancos perfectibles, México ha ido afinando, conservando en esencia algo cuya falta tanto nos había costado.

Son fortalezas que podemos mejorar o complementar, pero de ninguna manera echar por la borda.

Reformas

En este periodo que termina se dieron 11 reformas. 58 enmiendas constitucionales y 81 a diversas leyes, 21 ordenamientos jurídicos y la abrogación de 15, además de la constitución de tres nuevas instituciones y la actualización de 13.

Primero, las reformas laboral, educativa, energética, fiscal, competencia económica, telecomunicaciones, política-electoral, financiera, amparo y transparencia. Luego vino el Sistema Nacional Anticorrupción, aún por consolidar, y las Zonas Económicas Especiales, con las enormes oportunidades que implican para detonar crecimiento y el desarrollo regional y nacional.

Estas reformas han dado flexibilidad y solvencia adicional ante el complejo escenario internacional que vivimos. Algunas muestras:

  • La dependencia fiscal en ingresos petroleros pasó de más de 35% a alrededor de 22%.
  • La reforma de telecomunicaciones incluso ha incidido como contrapeso en la inflación: de junio del 2013 al inicio de 2017 ésta creció 12.8%; los precios de telecomunicaciones bajaron 29%.
  • El crédito de la banca comercial ha crecido a tasa doble dígito.
  • En energía, hoy tenemos más de 100 empresas con proyectos de hidrocarburos y electricidad, con una inversión estimada de 219 mil millones de dólares.
  • En educación, se marcó un punto de inflexión contra distorsiones inaceptables como la falta de un censo de docentes y la herencia de plazas, en favor de un sistema basado en la evaluación, el desarrollo de la carrera docente y el mérito en las aulas.

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Estabilidad

En los indicadores macroeconómicos clave, este sexenio concluye con resultados que arrojan retos importantes y cuestiones a resolver, lo mismo en materia de inflación que de deuda pública y la necesidad de un crecimiento más sólido, pero que, sin duda, dejan margen de maniobra al país.

Estamos muy lejos de los conflictivos cambios de sexenio de antaño, con el recuerdo de crisis económicas como las de 1976, 1982, 1987 y 1994. Hay varios datos que permiten tener certeza en ese sentido, si bien con matices que hay que cuidar:

  • Crecimiento anual promedio de 2.4%, frente al 1.7% y 2% de los dos sexenios precedentes. Menos que en el de Ernesto Zedillo, con 3.3%, pero como el primer periodo sexenal sin un año con contracción del PIB.
  • En 2015 cerramos con una de las tasas de inflación más bajas históricamente, de 2.1%, aunque en 2017 ésta escaló a 6.7%.
  • En inversión física se prosiguió el crecimiento que se lleva desde los 90, aunque la deuda se duplicó a más de 50%, desde niveles de 30% previos.
  • En general, a pesar de los embates en frentes como el tipo de cambio, caída de la producción petrolera, volatilidad internacional ante circunstancias como el nuevo gobierno hostil de Estados Unidos, se han conservado indicadores de solidez esenciales como grado de inversión.

Retos

Los mayores desafíos de la nación, los más sensibles, están vigentes: el combate a la pobreza; afianzar el Estado de derecho y la gobernabilidad democrática, como bases de la cohesión y el desarrollo de la sociedad; recuperar la seguridad pública, abatiendo los niveles de criminalidad y violencia que lastiman a varias regiones.

Al mismo tiempo, el país ha avanzado en áreas estratégicas para el desarrollo, lo mismo en energía y telecomunicaciones que en frentes como el del Estado de derecho, si bien con pendientes aún cuesta arriba.

Todos estos retos nos convocan, a todos, a entender el estado del país con objetividad y, sobre todo, a participar, desde ese principio de realismo, poniendo por delante el bien común.

Dos instrumentos de alto impacto contra la desigualdad

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Sin duda, una de las principales banderas y prioridades del próximo sexenio en México tendrá que ser la disminución de la pobreza y la aguda desigualdad social que marca al México actual, quizás el mayor lastre histórico para el desarrollo económico y la cohesión social de nuestro país.

Destacan dos líneas de acción de alto impacto contra la pobreza y la desigualdad, que está en nuestras manos, como nación, impulsar y completar en el sexenio.

Por un lado, una reforma integral a nuestro sistema de seguridad social, que establezca las bases del Estado de bienestar para el México del siglo XXI: un enfoque universal que garantice derechos y servicios de salud y previsión básicos, cobertura de riesgos y piso mínimo de bienestar para todos los mexicanos.

Por otra parte, una visión de largo plazo y un plan integral para el desarrollo sostenido, sustentable e incluyente del sur y el sureste del país, con una serie de políticas públicas focalizadas e inversiones a la altura en infraestructura y capital humano. Lo necesario para su integración productiva con las regiones del país más desarrolladas y con el mundo; que dinamice la generación de empleos, oportunidades y servicios educativos y sociales para realmente abatir la pobreza.

Hay muchas otras acciones que no deben descuidarse, pero estas dos prioridades pueden arrojar resultados contundentes, tangibles y perdurables para cambiar la realidad del país.

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Clínica del IMSS, Zacatecas (Foto: Notimex).

Hacia un nuevo modelo de Estado de bienestar

Para disminuir de forma sustentable las desigualdades sociales se requieren oportunidades y empleos que den pie a la movilidad social, lo que depende de lograr un mayor crecimiento económico. Sin embargo, éste no basta porque, de entrada, existen rezagos y desventajas que hacen que muchas personas en situación de pobreza o exclusión no puedan aprovechar plenamente las oportunidades que surjan y progresen.

Se requiere de pisos mínimos de desarrollo humano, lo que implica la capacidad de todos los ciudadanos para ejercer los derechos básicos y estar cubiertos en sus necesidades fundamentales y protección: enfermedad, muerte, invalidez, desempleo y vejez.

En este terreno, hoy se yuxtaponen la necesidad y la oportunidad, ante un sistema de seguridad social que resulta insostenible en el mediano y largo plazos: atomizado en cientos de programas federales y estatales no contributivos, como las pensiones para adultos mayores o el Seguro Popular, con los esquemas contributivos, como el IMSS, el SAR o el ISSSTE a nivel federal, junto con los sistemas de previsión para trabajadores de los estados y de otras instituciones.

Esta estructura hoy es, a todas luces, incapaz de cubrir a todos los trabajadores contra los diversos riesgos, y al mismo tiempo altamente precaria en su financiamiento, debido a los altos niveles de informalidad en que se encuentra un alto porcentaje de la población ocupada.

El esquema actual, además, no promueve la inversión, ni la generación de empleos, la productividad, el crecimiento y la multiplicación de las empresas, en especial de las pequeñas y medianas empresas. Como ha expuesto Santiago Levy, quien ha estudiado durante muchos años la problemática, a 75 años de que se aprobara la Ley del Seguro Social para cumplir la promesa del Presidente Manual Ávila Camacho de dar cobertura universal a los mexicanos ante la adversidad, sólo se cubre a 31.6% de los trabajadores, de acuerdo con datos de la Organización Internacional del Trabajo.

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Foto: http://ipuntocom.mx

Los programas sociales de gobiernos estatales y de la administración federal, financiados con el erario, se han encargado de una parte del déficit, pero a fin de cuentas incentivan la informalidad, afectando la sustentabilidad de los sistemas contributivos e, indirectamente, la productividad y el crecimiento de la planta productiva.

Es momento de ir por un nuevo modelo de seguridad social, acorde a los retos del México de hoy, que cubra a toda la población y sea sostenible. Que propicie la inversión, el empleo y el desarrollo económico. Desde luego, para ello hay que contemplar una concomitante reforma hacendaria, que incluya una reingeniería para lograr un gasto público más eficiente y transparente.

Lo primero es abrir las puertas para debatir seriamente propuestas como las que ha promovido el propio Santiago Levy y otros, para dar con una fórmula adecuada. Por ejemplo, cobertura universal básica de salud y de parte de las pensiones de retiro, muerte e invalidez, financiada con recursos públicos etiquetados y concentrando los diversos programas actuales; seguro de desempleo moderno, que remplace el sistema de indemnizaciones; tender hacia el aseguramiento de una renta o ingreso básico para la población en extrema pobreza, cuyo costo se iría reduciendo en la medida que haya movilidad social y crecimiento.

Un impulso histórico al Sur-Sureste

Como ha señalado el especialista en desigualdad, Gerardo Esquivel, economista e investigador del Colegio de México y quien se integrará al equipo del próximo Gobierno Federal, cualquier estrategia exitosa de combate a la pobreza en México pasa, necesariamente, por un programa de carácter eminentemente regional.

Más claro: No será posible abatir significativamente la pobreza en el país si antes no se logra promover el crecimiento y el desarrollo económico en la zona sur-sureste, ‒señala‒.

Las razones son nítidas: en el presente sexenio, mientras que los estados del norte y del bajío crecieron 3.4% en promedio anual, en el sur lo hicieron al 1.5 por ciento. En Chiapas y Oaxaca por hora trabajada se generan 77 y 79 pesos respectivamente, mientras que el dato para en Nuevo León es de 265 pesos y el de la Ciudad de México, 349 pesos.

Además de pisos mínimos de bienestar, educación, salud y protección, que hay que asegurar con la política social, se necesitan inversiones y condiciones para elevar de manera sostenida el empleo y la productividad, con la consiguiente movilidad social.

Hay que concentrar inversión y estímulos en actividades en las que existen vocaciones productivas con ventajas competitivas claras. Por ejemplo, las Zonas Económicas Especiales son un instrumento fundamental en este sentido, para potencializar sinergias y círculos virtuosos con las inversiones y políticas públicas planeadas para la región.

Puede redondearse una agenda de avanzada para detonar realmente el crecimiento y el desarrollo en esta parte de México, con lo que ganará el país en su conjunto, lo mismo en crecimiento a través de un mercado interno más vasto, que de integración productiva.

Las oportunidades son claras. En consonancia con las Zonas Económicas Especiales de Coatzacoalcos, Veracruz, y Salina Cruz (Oaxaca), la consolidación de una conexión multimodal de clase mundial en el Istmo, para afianzar su competitividad como puente logístico y para los encadenamientos productivos continentales y entre las cuencas del Atlántico y el Pacífico. Paralelamente, debemos apuntalar la red de 16 puertos con que se cuenta y relanzar el cabotaje a nivel nacional y con los países vecinos, lo que requiere también de una actualización de la legislación en la materia.

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Coatzacoalcos, Veracruz (Foto: www.miescape.mx).

Necesitamos fijar como prioridad, con objetivos viables, pero ambiciosos, un amplio proceso de gasificación, con la infraestructura requerida, en particular en el sur-sureste: ductos e instalaciones de almacenamiento y distribución que permitan la industrialización, el desarrollo de los servicios y el crecimiento de áreas como el turismo.

Asimismo, es tiempo de consolidar la interconexión de cuatro ramales ferroviarios claves para esta región: el propio transístmico, el de Veracruz-Golfo, el enlace con Estados Unidos y el necesario tren Chiapas-Mayab, como una pieza fundamental de valor agregado en el campo turístico y de integración regional. Todo ello, complementado con una fuerte inversión en caminos, carreteras y autopistas que permitan reducir costos y dar salida a la producción agropecuaria local.

Se abre una coyuntura favorable; oportunidad concreta para dar pasos definitorios en esta gran deuda que tenemos como nación: erradicar la pobreza extrema, disminuir significativamente la pobreza en general y sentar bases firmes para acortar las dramáticas brechas socioeconómicas que dividen a los mexicanos.

Además del amplio mandato democrático otorgado para avanzar en ese sentido, se cuenta con alternativas de gran proyección para hacerlo.

El inevitable retorno a la realidad: retos en seguridad pública

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Una vez pasadas las elecciones y en tanto se van desahogando el análisis de resultados y los últimos procedimientos postelectorales, los mexicanos volvemos a enfrentarnos a los retos del día a día de cada quien, así como a los grandes desafíos que tenemos de manera colectiva.

La concentración regresa a los asuntos que más nos importa resolver como nación, que trascienden militancias o preferencias partidistas. Problemas comunes que exigen soluciones en corresponsabilidad, cooperación y coordinación. En ese sentido, es inevitable el frente de la inseguridad pública, la delincuencia y la violencia que se vive en tantas regiones.

Basta pensar que, durante el proceso electoral fueron ejecutados 133 políticos, candidatos y funcionarios. Coincidentemente, con datos oficiales, el pasado mayo fue el mes más violento en la historia reciente de México en asesinatos dolosos, al menos desde que comenzó a llevarse el registro sistemático en 1997: 2,530 casos. Además, estos aumentaron en 21 entidades en los primeros 5 meses del año respecto al mismo lapso de 2017.

No podemos evadir éste que es el más grave déficit del Estado mexicano en su conjunto, tomando en cuenta la responsabilidad primordial de proveer seguridad y justicia para la integridad física y patrimonial de los ciudadanos. La crisis vigente, con más de una década sin mejora sustantiva o perspectiva de ello, obliga a replantear estrategias, acuerdos y soluciones. No las hay fáciles y rápidas, pero es claro que no podemos seguir igual.

Afortunadamente, sí hay caminos a seguir que son promisorios y viables, con agendas y propuestas muy sólidas de la sociedad civil y los especialistas en la materia. Asimismo, prioridades claras que se marcaron en las campañas, que apuntan en la dirección correcta, en cuanto a lo más crítico y urgente.

En particular, destaco tres elementos sin los que no vamos a superar, de forma sustentable, la espiral de inseguridad. Todos exigen seguir una vía integral y de largo plazo y nacional, razón de más para empezar ya.

Primero, renovación policiaca a fondo, en sus diferentes denominaciones y jurisdicciones. Tarea compleja y cuesta arriba, que demanda voluntad política y liderazgo que convoque a compromisos federalistas y republicanos.

No podemos terminar el próximo sexenio sin dejar bien encaminada esta reforma, sobre líneas como unificar u homologar reclutamiento, formación, controles y mejores condiciones laborales, de sueldo y prestaciones.

Como ha referido el especialista Alejandro Hope, tenemos un laberinto de unas 1,800 corporaciones de distintos tipos, y casi ninguna protege, disuade o investiga adecuadamente. El peor desempeño del índice del Foro Económico Mundial es “confiabilidad de los servicios policiacos”: 134 entre 137 países. El regreso de una Secretaría de Seguridad Pública a nivel federal debe ser una oportunidad para avanzar ante estos retos.

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Alejandro Hope (Foto: Grupo Fórmula).

Segundo punto, esencial contra la impunidad: reforma profunda en el sistema de procuración de justicia, bajo los principios de autonomía y profesionalización. Un cambio en la Constitución –Artículo 102– y leyes correspondientes, pero, sobre todo, en el andamiaje institucional, los procesos y la operación.

Las instituciones judiciales y policiacas deben ser prácticamente refundadas. Gradualmente, pero con claridad de objetivos, determinación y continuidad. No estamos para más parches, experimentos o cambios de nombre.

Necesitamos que, por fin, cuenten con el capital institucional y humano para efectivamente investigar, perseguir y sancionar los delitos que más afectan a los ciudadanos y a la nación, con eficiencia, profesionalismo, independencia de cualquier interés ajeno y apego a la ley y los derechos humanos.

En tercer lugar, pero igual de importante, es alentador que, como medida de prevención y de racionalidad y justicia social, se tienda la mano a sectores marginados. En particular, con programas dirigidos a los jóvenes, aquellos con mayor vulnerabilidad de ser víctimas o integrarse a las redes criminales.

Se necesita que el Estado tenga presencia en esos sitios donde imperan la falta de protección y de oportunidades. Apoyos como los que se planean para jóvenes que no estudian ni trabajan tienen que hacerse con las propias comunidades, que conocen sus problemas y las soluciones, y en colaboración con la sociedad civil y las empresas. No verticalmente o con un asistencialismo que no sea sustentable; siempre bajo principios de solidaridad y subsidiariedad.

Hay otras asignaturas, pero estas tres son cruciales: prevención y regeneración del tejido social; protección y disuasión; e investigación y combate a la impunidad. Prioridades claras ante el próximo sexenio y para empezar a trabajar cuanto antes, todos, desde el periodo de transición gubernamental.

Respuestas desde la sociedad civil

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Los mexicanos tienen, en general, bien claros cuáles son los retos más acuciantes y de mayor trascendencia para el país. Sin embargo, de cara a la recta final del proceso electoral, ya realizados dos debates por los candidatos a la presidencia, no parece que la ciudadanía esté encontrando en las campañas soluciones y compromisos que generen certidumbre en la capacidad de superar dichos desafíos.

Entre las problemáticas que más incidirán en el voto destacan tres, según constatan sondeos como los de Consulta Mitofsky: pobreza, corrupción e inseguridad; en todos los casos, preocupan a más de 70% de los ciudadanos.

Además, la mayoría demanda cambios sustantivos; hacer las cosas de modo diferente en la manera de enfrentar estos retos. Precisamente, en la edición de mayo de la Encuesta Nacional en Viviendas de Mitofsky, ante la disyuntiva entre cambio y continuidad sólo 6% considera que no debe haber modificaciones en el manejo de la economía y de la inseguridad, frente a 58% que quiere un viraje drástico en ambos aspectos.

Es en este contexto en el que cobra relevancia la participación activa de los ciudadanos y sus organizaciones. Es fundamental para focalizar las campañas en lo que más importa a la nación y para los ciudadanos, pero también después, cuando pase la efervescencia electoral y volvamos plenamente a una difícil realidad que no puede ser alterada por el simple hecho de la retórica y las promesas de los candidatos.

Las soluciones efectivas y viables a los grandes retos del país, que en gran medida están faltando en las campañas –a no ser buenos deseos, imprecisiones y ocurrencias–, existen con propuestas concretas y bien fundamentadas en la sociedad civil. Los ejemplos son muchos.

Rutas de salida efectiva de la pobreza

Hoy, 7 de cada 10 mexicanos nacidos en pobreza, permanecen en ella toda su vida, según el estudio México 2018: movilidad social para el bienestar, recién publicado por el Centro de Estudios Espinosa Yglesias.

La postura es muy clara: no lograremos un cambio significativo y sostenible contra la pobreza si no ponemos la movilidad social como eje estratégico de las políticas públicas, con cambios esenciales y urgentes en las mismas.

Movilidad social significa, en palabras llanas y en lo esencial para el caso de México, que millones de familias puedan pasar de una vida en condiciones de pobreza a una de clase media, cubiertas de manera completa y perdurable las necesidades básicas en alimentación, salud, educación, vivienda, cultura y capacidad para realizar sus aspiraciones.

Sobre ese diagnóstico, se plantean cinco propuestas esenciales:

  • Reforma fiscal que lleve a la eliminación de la informalidad en la actividad productiva y a mayor recaudación de impuestos.
  • Unificar y universalizar el sistema de protección social, con reformas en salud, pensiones y seguridad social.
  • Centrar cobertura, calidad y pertinencia del sistema educativo en mejorar e igualar oportunidades de aprendizaje, en especial en media superior.
  • Promover un mercado laboral flexible, pero a la vez seguro, así como eliminar la discriminación a grupos vulnerables.
  • Incrementar penetración y competitividad del sistema financiero, para ampliar acceso a protección financiera vía el ahorro, el crédito y seguros.

Opciones eficientes contra la corrupción, la delincuencia y la impunidad

Hoy, además del impulso de prioridades como la consolidación del Sistema Nacional contra la Corrupción, desde la sociedad civil surgen iniciativas que no sólo proponen soluciones específicas, sino que están llevándolas a la práctica con resultados concretos.

Un caso reciente es el de la Organización No Gubernamental (ONG) “Data Cívica”, que logró presentar en un formato abierto para consulta y análisis más de 2 millones 600 mil declaraciones de 400 mil funcionarios de más de 2 mil dependencias.

La plataforma surgió luego de la solicitud por transparencia de un formato accesible de todas las declaraciones registradas en Declaranet. La ONG lo hizo por su cuenta en casi la mitad del tiempo y a un tercio del costo estimados por la Secretaría de la Función Pública, con un compacto equipo de programadores y analistas.

Ellos se dieron a la tarea de descargar más de 2 millones 600 mil PDFs para llevarlos a un portal que la gente pueda explorar, gracias a algoritmos y bases de datos.

Otro caso ilustrativo es el sitio personasdesaparecidas.org.mx, el cual surge bajo una premisa muy pertinente: “En México los nombres de las y los desaparecidos no son públicos. No sabemos quiénes son, cómo son, ni cuáles son sus historias”.

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La iniciativa refiere que el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas reporta números, pero no nombres, ni fotos. Para cubrir ese vacío, este ejercicio ciudadano utiliza diversos padrones y fuentes de información para, a través de cruces de datos y algoritmos, desplegarlos de manera accesible y facilitar la búsqueda, la justicia y verdad.

Hay varios esfuerzos similares. Por ejemplo, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y OPI Analytics programaron una serie de instrucciones y fórmulas para extraer información sobre nueve bases de datos públicas que no se comunicaban entre sí, relacionadas con procesos de contratos y compras de gobierno.

De tal forma, con el sistema pueden hacerse cruces para detectar inconsistencias y anomalías, así como definir prioridades sobre una base de datos de procedimientos de contrataciones públicas federales realizados por mil 537 Unidades Compradoras entre 2012 y 2017. Al mismo tiempo, y con estos instrumentos, han generado un índice de riesgos de corrupción en dichos procesos.

La clave es que la tecnología puede ser muy útil para avanzar en éste que es uno de los desafíos cruciales para nuestra nación, y con el añadido del impulso desde la sociedad. En ese sentido, hay que tomar en cuenta que el propio Sistema Nacional Anticorrupción surgió también con tal empuje. La misma iniciativa que hizo que se tradujera en reformas legales que ahora se requiere para su consolidación.

Muchas otras organizaciones de la sociedad civil, la iniciativa privada y periodísticas estudian y desarrollan mecanismos para aprovechar conocimientos, tecnologías, talento y energía voluntaria para contribuir en el combate a los mayores retos del país.

Las soluciones existen. Hay que hacerlas valer para buscar compromisos, tanto con los candidatos, como con quienes resulten electos.

En lo que resta de las campañas, es preciso redoblar los esfuerzos para elevar el nivel del debate entre los candidatos, desde el enriquecimiento del debate en el seno la sociedad, la opinión pública y los sectores.

Balance legislativo: avances, pendientes y retos

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El último Periodo Ordinario de Sesiones de la LXVIII Legislatura en el Congreso de la Unión cerró el 30 de abril con la aprobación de varias reformas fundamentales. Sin embargo, no se logró sacar adelante un amplio abanico de pendientes prioritarios, algunos de los cuales vienen arrastrándose de años atrás, y otros con plazos constitucionales incumplidos de por medio.

El desempeño en el Congreso, con su composición dividida —que viene desde el sexenio del Presidente Ernesto Zedillo, y todo apunta a que se repetirá en la próxima legislatura— es un recordatorio de una realidad que necesariamente hay que tomar en cuenta al evaluar las ofertas políticas de candidatos y partidos.

Hay que contar con la separación de poderes y, en el Legislativo, con formaciones políticas, muchas veces encontradas, que hacen complejo poder procesar reformas, activar políticas públicas o resolver diferencias y conflictos. Ésta es una de las explicaciones que brillan por su ausencia en las promesas de campaña, en las que abundan los qué, sin precisar los cómo.

Muchas de las propuestas que se hacen en los procesos electorales simplemente se vuelven inviables si su realización pasa por hacer ajustes o reformas legales y no se cuenta con el número de diputados y senadores que ello exige. Si un Ejecutivo Federal no dispone de ese apoyo mayoritario en el Congreso, todo depende de su capacidad de negociación y acuerdo, para que su oferta política inicial no quede en la llamada “congeladora legislativa”

Hay mucho por avanzar, en este sentido, para consolidar nuestra democracia. No puede ser que la mayoría de la población no conozca siquiera el nombre del diputado de su distrito o de sus senadores. Con sus acciones y omisiones, en el Congreso se decide el rumbo de México, así como en la Presidencia. Esta Legislatura es ejemplo de ello.

Avances

En este año, pasaron expedientes tan relevantes para el futuro como la llamada legislación Fintech, que incluye la nueva Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera y modificaciones a 9 leyes ya existentes. Es un paso que puede colocar a México a la vanguardia en la regulación y promoción, desde el Estado, a este sector que sin duda va a revolucionar la forma de hacer negocios en todo el mundo.

En materia económica, se renovó la Ley de Propiedad Industrial, para ofrecer mayor certeza jurídica a marcas, estimular la competencia, la innovación y desarrollo, y el emprendimiento. Asimismo, la Ley Federal de Protección al Consumidor fue fortalecida en beneficio de los consumidores, con más facultades y “dientes” para la Profeco.

La relevancia de la Ley General de Mejora Regulatoria recién aprobada puede calibrarse si pensamos que el costo regulatorio para el país asciende a cerca del 8% del PIB. Éste podría comenzar a reducirse con las medidas comprendidas, por ejemplo, en materia de homologación. De acuerdo con el Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria, mientras la federación ha logrado un avance de 75% en términos de mejora regulatoria, los estados sólo llegan a 35% y en los municipios apenas a un 21%. Además de cerrar espacios a la corrupción, se abona en la competitividad, incentivos a la inversión y a facilitar la multiplicación y el crecimiento de las empresas y el empleo.

En el 2017, se aprobó la Ley General de Protección de Datos Personales y en el 2016, destacadamente, la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, que abre un enorme potencial y da las directrices para relanzar el desarrollo de las regiones con mayores rezagos, a través de una de las ofertas de valor más competitivas que México haya ofrecido a la inversión productiva.

En relación con algunos de los frentes más sensibles para la sociedad, se definieron términos en materia de hostigamiento y acoso sexual, y el año pasado se aprobaron leyes generales sobre desaparición forzada y tortura, exigidas por víctimas, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales.

En 2017 pasó el paquete de Seguridad Interior, que, si bien sigue generando polémica, era urgente para dar certeza jurídica a la actuación de las fuerzas armadas, en tareas de las que deberían encargarse fuerzas civiles, que hoy por hoy no están a la altura.

No debe olvidarse que esta Legislatura fue la de la reforma política de la Ciudad de México, ni mucho menos el que es quizá su mayor legado con perspectiva nacional: el Sistema Nacional Anticorrupción. Se trata de una reforma estructural en toda la línea, como las Zonas Económicas en materia de desarrollo regional: si hacemos todo lo necesario para que funcione y se aplique, puede ser la punta de lanza para abatir este mal que corroe la política, la economía y la cohesión social en nuestro país.

Cumplimiento leyes

Pendientes

No obstante, el logro de los avances, los pendientes y las omisiones no pueden obviarse. De hecho, invalidan algunos de los avances y logros. Ese es el caso, por supuesto, del retraso de nombramientos claves en el Sistema Nacional Anticorrupción: se designó al Auditor Superior de la Federación, pero faltan el Fiscal General, el Fiscal y los 18 magistrados Anticorrupción.

El Sistema no va a caminar bien, en tanto no se cubran estas vacantes, algo tan apremiante como asegurar una fiscalía general autónoma, independiente y profesional, lo que demanda una reforma del Artículo 102 Constitucional.

Lo mismo ocurre con un frente tan crítico como la seguridad pública: vuelven a postergarse decisiones urgentes sobre coordinación y mandos policiacos.

En el campo económico, quedan pendientes reformas como la nueva Ley Aduanera, en Justicia Laboral, Ciencia y Tecnología, protección en vías generales de comunicación, Agua y simplificación de normas oficiales, entre otras. Además, se quedaron sin resolver las designaciones de varios funcionarios clave.

En general, hay mucho por hacer y por exigir para los próximos legisladores. La ciudadanía y los sectores de la sociedad deben hacer su tarea, para impulsar y marcar la agenda pública en ese sentido.

Además de los pendientes referidos, hay que iniciar discusiones trascendentes en temas como reforma hacendaria, pensiones y seguridad social. Es tiempo de hacerlo. Para eso deben servir los procesos electorales: para construir rumbo y definiciones de país.

Para llegar a decisiones que no dependen, ni pueden hacerlo, sólo del próximo Presidente de la República, sino de la nación, y en gran medida, de los diputados y senadores que hay que elegir como representantes de los ciudadanos.

El imperativo de la diversificación comercial

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2018, año clave

Las posturas y actitudes de la administración de Trump en Estados Unidos, respecto al comercio internacional, implican riesgos formidables para la economía mundial, en particular para México. No se limitan al TLCAN, porque los riesgos van desde una eventual desaceleración de la economía mundial hasta una nueva era de guerras comerciales.

Ante esta incertidumbre emergente, que se suma a nuestra alta dependencia respecto a la economía estadounidense, es claramente imprescindible impulsar procesos paralelos de negociación, de fortalecimiento y diversificación de nuestro espectro comercial.

Necesitamos más cartas fuertes y aprovechar mucho más todo el abanico de opciones con las que contamos. Es fundamental para la estabilidad y el desarrollo económico. En ese sentido, los últimos meses han sido fecundos en cuanto a apertura y avance en materia de oportunidades y alternativas para nuestro comercio internacional.

2018 es un año clave en esta senda, para avanzar en el marco del modelo de apertura iniciado con la incorporación de México al GATT (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio) en 1986.

Si bien la renegociación del TLCAN tiene el rol protagónico, simultáneamente se despliega una amplia agenda de negociaciones con varios países y bloques de Europa, Asia y América Latina.

TLCAN

El pasado lunes 5 de marzo se cerró la séptima ronda de negociaciones en la Ciudad de México, iniciada el 25 de febrero. Hubo avances, pero subsisten obstáculos muy importantes por superar. Es previsible que la negociación tomará su tiempo, con la incertidumbre que ello implica, al acercarnos a las elecciones federales en México, el 1º de julio, y en Estados Unidos, con las intermedias del 6 de noviembre.

Llevamos sólo 6 capítulos de 30 cerrados, y se ha manejado que hay 9 más listos para consolidarse. Así, estaríamos al 50% del proceso; pero los temas más difíciles siguen sobre la mesa: renovación o extinción programada del tratado, solución de controversias y disputas, cupos por temporalidad (principalmente en productos agropecuarios) y reglas de origen para el sector automotriz.

TLCUEM

El Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea (UE) y México (TLCUEM) es fundamental en el objetivo de diversificación de mercados. Desde que entrara en vigor en 2000, el intercambio comercial entre nuestro país y este bloque europeo se ha triplicado, de 20,800 a 61,700 millones de dólares anuales. Pero podemos lograr mucho más en adelante.

Aunque las delegaciones de la UE y México fracasaron en la intención de concluir el proceso en la novena ronda, cerrada el 21 de febrero en la Ciudad de México, las perspectivas son muy favorables, pues las diferencias son acotadas.

Se concluyeron capítulos, como obstáculos técnicos, empresas del Estado, subsidios, comercio de servicios y políticas anticorrupción. Se suman a temas resueltos como PYMES, Política de Competencia, Comercio y Desarrollo Sostenible, Transparencia, Energía y Materias Primas. En tanto, se avanzó en comercio de bienes, reglas de origen, contratación pública, inversión, propiedad intelectual y aspectos institucionales.

En palabras del Secretario de Economía: “Nos quedan dos o tres temas de acceso al mercado que son realmente los últimos”. Al respecto, dijo que se acordó que se reunirán “hasta que sea para decir que hay un acuerdo en principio”.

TPP11 (CPTPP)

El pasado 8 de marzo, los cancilleres y ministros de comercio de los 11 países suscriptores firmaron, en Santiago de Chile, el Acuerdo Amplio y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés o TPP11, tras la salida de Estados Unidos).

Este nuevo bloque incluye a Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam, además de México. Exceptuando el caso de Australia, con todos tenemos actualmente una balanza comercial deficitaria.

Las economías de los once países firmantes implican 14% del PIB y 15% del comercio mundiales, con una población de 500 millones de personas. Se convino en el valor de materializar los beneficios del TPP, manteniendo el nivel de acceso a los mercados logrado, pero suspendiendo la aplicación de disposiciones introducidas por Estados Unidos, con la intención de que sirvieran como incentivos para un eventual regreso de ese país.

Destacan cuatro características principales del acuerdo: 1) elimina o reduce las barreras arancelarias en seis nuevos mercados y profundiza los beneficios que teníamos en cinco; 2) promueve la innovación, la productividad y la competitividad; 3) bajo el concepto de comercio incluyente, se incorporan nuevos elementos para asegurar que las economías de cualquier nivel de desarrollo y las PYMES participen; 4) parte de una plataforma para la integración regional: busca potenciar el encadenamiento productivo, y que otras economías eventualmente se integren.

Comercio

Alianza del Pacífico

En la misma semana en que se suscribió el TPP11, los presidentes de los cuatro países miembros de la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia, Perú y México) acordaron acelerar el proceso para que Canadá, Singapur, Nueva Zelanda y Australia ingresaran como “Estados asociados”.

Asimismo, se acordó priorizar la integración profunda con Asia-Pacífico, a fin de que permita la circulación de “personas, bienes, servicios y capitales”, en línea con el objetivo estratégico en relación con esa región. Además, es importante recordar que hay otros dos candidatos oficiales a integrarse en este acuerdo que entró en vigor en el 2013: Costa Rica y Panamá.

A la fecha, el bloque representa a 217 millones de habitantes y al 39% del PIB y 55% de las exportaciones de América Latina. La Alianza incorpora novedades como embajadas y consulados con servicios compartidos, así como un Parlamento de la Alianza del Pacífico.

Actualmente, funciona el Mercado Integrado Latinoamericano (MILA), que integra los mercados de valores de Colombia, Chile y Perú. El ingreso de México está pendiente por el estudio de viabilidad.

TLCAN

Argentina

La ampliación y profundización del Acuerdo de Complementación Económica 6 (ACE 6) entre Argentina y México, firmado en 1993, fue acordada a mediados de 2016 por los presidentes de ambos países. La última ronda de negociación, realizada entre el 6 y el 8 de febrero en Buenos Aires, fue ambiciosa en sus objetivos, pero quedan por resolver temas claves, que en gran parte están ligados con el desenlace del TLCAN.

Para ambos gobiernos el fortalecimiento de la relación es estratégico: para México, como mercado alternativo y en crecimiento para manufacturas, en particular el sector automotriz. Para Argentina, para su oferta agropecuaria, que igualmente conviene a México para diversificar nuestras fuentes de abasto, ante la dependencia respecto a Estados Unidos. Asimismo, los argentinos estudian la posibilidad de integrarse a la Alianza del Pacífico, de la que son miembro observador.

Brasil

En 2002, Brasil y México firmaron el ACE 53. Se han tenido siete rondas de negociaciones de cara a su actualización.  

En su momento, los dos países decidieron buscar un Acuerdo de esta naturaleza, dado que Brasil, al ser miembro del Mercosur, no puede firmar tratados comerciales de forma bilateral. Para complementar el ACE 53, México negoció ese mismo año el ACE 55 con el Mercosur, con el fin principal de liberalizar el sector automotriz.

Con la actualización se prevé triplicar las fracciones sin arancel (de 1,500 a 4,500) y duplicar en diez años el comercio bilateral, de 9,000 a 18,000 millones de dólares.

El potencial es inmenso. A pesar de lo limitado del acuerdo vigente, Brasil, es nuestro octavo socio comercial y el primero en Latinoamérica El acuerdo contempla la inclusión de nuevos sectores agrícolas e industriales y de capítulos en materia de servicios, comercio electrónico y propiedad industrial.

En este caso, el gran escollo para la negociación en el corto plazo son las elecciones presidenciales en ambos países (las presidenciales en Brasil están programadas para octubre).

En la lista de espera

  • Actualización del TLC con la AELC (Asociación Europea de Libre Cambio), integrada por Islandia, Noruega, Suiza y Liechtenstein.
  • Negociación de nuevos TLC con Turquía y Jordania.
  • Preparación para la negociación del TLC con Reino Unido.
  • Negociaciones permanentes en la OMC (Organización Mundial del Comercio).

Paradojas en la economía de Estados Unidos

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Es cada vez más preocupante la forma en que parece estar manejándose la política económica estadounidense por parte de la administración Trump. Los riesgos aumentan en número y en proporción, tanto para su país como para el mundo, y particularmente en lo que concierne a México, como su vecino.

No parecen ser los principios y la lógica comercial lo que está detrás de la guerra comercial con la que Trump ha jugado, a partir de la imposición de aranceles indiscriminados al acero y el aluminio. Igual que en otros frentes, como la migración o la inseguridad, cuesta trabajo encontrar coherencia en este tipo de decisiones económicas, tanto en términos de visión como de simple pertinencia.

Sombras como las que hoy se ciernen sobre el comercio internacional, se posan en la sustentabilidad ambiental o el desarrollo de Internet, con medidas que precarizan o socavan avances o acuerdos. Señaladamente, en el mismo equilibrio fiscal y macroeconómico de Estados Unidos hacia el mediano y largo plazos, ante políticas con grandes contradicciones, vulnerabilidades y supuestos.

Con ese trasfondo, cada vez hay más evidencia para llegar a una conclusión difícil de aceptar, pero que no puede soslayarse para efectos de comprensión y planeación: no se puede hallar una racionalidad en la irracionalidad; no la que se esperaría en la conducción de la mayor potencia mundial.

Tras el anuncio de los aranceles, el pasado 1 de marzo, en la NBC se sugirió que, según fuentes cercanas, más que a las razones de seguridad nacional que se esgrimieron, al recuperar una legislación de los años 60, la decisión la detonó el enfado del presidente ante otros problemas, como el escándalo de la intervención rusa, los roces con el Fiscal General o la revocación de permisos de seguridad al yerno y asesor. Como sea, igual de preocupante que un accionar caprichoso como éste, lo es una motivación distinta a la racionalidad técnico-económica: no una lógica comercial, fiscal o económica, sino político-electoral.

Guerras comerciales

Por lo pronto, hay que tomar muy en serio el desafío. De inicio, voceros de la Casa Blanca descartaron excepciones a los aranceles de 25% al acero y del 10% al aluminio, incluyendo a Canadá y México. Recordemos lo que dijo Trump por Twitter: “Cuando un país (EE. UU.) pierde muchos miles de millones de dólares en el comercio con prácticamente todos los países con los que tiene negocios, las guerras comerciales son buenas y fáciles de ganar”.

Mientras tanto, los medios de comunicación publicaban que, según fuentes de la Unión Europea, se estudiaba aplicar aranceles masivos para “reequilibrar” el comercio con Estados Unidos. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, afirmó a la televisión alemana que impondrían “aranceles sobre Harley-Davidson, sobre el bourbon y los jeans Levis” si la Casa Blanca seguía adelante con el amago. “Nos gustaría tener una relación razonable con Estados Unidos, pero no podemos enterrar simplemente la cabeza en la arena”, agregó.

El problema es precisamente ése: la dificultad de que pueda efectivamente darse esa “relación razonable” cuando la racionalidad de las decisiones no responde a una lógica comercial o económica.

El déficit comercial de Estados Unidos, que en 2017 alcanzó 566 mil millones de dólares, responde a causas estructurales complejas y que no se limitan a los aranceles, los términos y negociaciones comerciales. De entrada, pesa mucho la insuficiencia del ahorro interno estadounidense para mantener el nivel de consumo de la población y el del gasto de gobierno, financiados ambos, en gran parte, con un gran superávit en la cuenta de capitales, es decir, con mucho dinero de exportadores de China y de otros países.

Ciertamente es mucho más fácil de explicar y entender, y sobre todo más atractiva, la idea de que, más que sacrificios o ajustes, lo que se necesita es una actitud airada y dura para acabar con el abuso de países supuestamente aprovechados. Presentar una situación en los términos maniqueos de la víctima –así sea la mayor potencia política y económica del mundo– decidida a acabar con injusticias, con la determinación de su líder.

Es, justamente, la esencia del populismo: simplificar las causas y las soluciones de problemas complejos. Además, en este caso, receta perfecta para guerras comerciales, que, como muestra la historia reciente, suelen acabar con una ecuación “perder-perder”. Así ocurrió con una imposición arancelaria similar, en el 2002, en el primer periodo de George Bush. Con el tiempo, las represalias de los países afectados acabaron creando más pérdidas que las ganancias prometidas para estados del llamado “cinturón del óxido”, también entonces con fuerte motivación o compromisos electorales.

Con este tipo de medidas proteccionistas, pudiera aumentar la inversión doméstica y, en cierta medida, la creación de empleos en industrias como la siderúrgica, pero el tenue y más que probable efímero efecto sería contrarrestado, más temprano que tarde, con precios más altos para los consumidores y problemas en sectores como el automotriz y las bebidas.

El reto macroeconómico

De forma similar, cada vez hay más observadores que alertan de las paradojas de la política fiscal impulsada por la administración Trump.

Por un lado, la apuesta por recortes masivos de impuestos y por un fuerte aumento del gasto público a fin de estimular la economía. El “pero” está en el momento: justo cuando ésta crece y se acerca al pleno empleo, además, a precio de un aumento sustantivo del déficit, que hace no mucho era el enemigo a vencer, clamor en el Partido Republicano.

Por otro lado, al mismo tiempo, la Reserva Federal está enfocada en el ajuste de la política expansionista que siguió desde la última recesión: lo que ha llamado normalización monetaria. Todo esto con objeto de controlar la inflación y contribuir a sanear desequilibrios, como precisamente el exceso de liquidez en la economía, así como el déficit y la deuda pública.

En síntesis: una clara divergencia entre la política fiscal –expansiva y procíclica– y la política monetaria –restrictiva y contracíclica–. De hecho, ahí podemos encontrar una de las causas más factibles de la contracción bursátil de fines de enero: una temprana corrección ante el temor por un impacto menos robusto de los recortes tributarios a cambio de mayores desequilibrios macroeconómicos en el mediano y largo plazos.

El reto es concreto: un sobrecalentamiento de la economía y su efecto en la evolución de los precios, cuyo costo es una reducción en los ingresos tributarios por 2.7 millones de millones (trillones estadounidenses) en los próximos 10 años.

En este escenario, el estímulo fiscal y del gasto público sería contrarrestado en algún momento por el castigo de mayor inflación y costo del dinero. La paradoja es similar a la que envuelve a la política comercial: si esta apuesta económica acaba siendo contraproducente en el largo plazo, bien puede ser redituable a corto plazo, por ejemplo, en las elecciones intermedias de este año.

A fin de cuentas, estamos ante uno de los mayores retos de nuestro tiempo, en todos los países: la divergencia entre una racionalidad de corte electoral y la que responsablemente debería sustentar las políticas y decisiones de gobierno.

Sin duda, hay muchas lecciones y precauciones a tomar en cuenta en México, en nuestra propia coyuntura y circunstancias.