En menos de 24 meses, se estarán cumpliendo 30 años de la privatización de Telmex y, si bien es cierto que hoy en día en nada se parece a la empresa de 1990, la realidad es que la revolución tecnológica que experimentó el sector no era previsible por nadie y no permite valorar a simple vista el resultado de haber decidido transitar de un monopolio público a otro privado. En ambos casos, la extracción de rentas extra normales a los consumidores mexicanos fue y siguió siendo exorbitante.
El 2 de diciembre del 2012, se firmó en el Castillo de Chapultepec de la Ciudad de México el Pacto por México, en donde los partidos políticos más importantes del país suscribieron un acuerdo, para llevar a cabo una serie de Reformas Constitucionales que permitieran al país romper con un status quo, que nos restaba competitividad como nación frente al proceso de globalización mundial. Dentro de las reformas planteadas, destacan la Reforma de Telecomunicaciones, que fue un reconocimiento tácito del fracaso del proceso de liberalización del sector, y la Reforma Energética, la cual abrió al país la posibilidad de tener un sector energético más productivo y eficiente, al tiempo que se modernizaba para regirse por las reglas del libre mercado y de las inversiones privadas.
Dentro del amplio espectro de la Reforma Energética, la apertura del sector eléctrico ha sido, hasta el momento, un caso de éxito. En ella hubo un reconocimiento de que el éxito de la apertura estaba íntimamente ligado al papel y devenir de la CFE hacia el futuro inmediato. Era fundamental no repetir el error de 1990 en las Telecomunicaciones.
Es así como, a finales del 2017, se determina la división de CFE en seis empresas de generación de energía: una de transmisión, una de distribución, y dos para la comercialización (suministro básico o minorista y suministro calificado o mayorista), adicionalmente dos filiales, CFE Internacional y CFE Energía, para compraventa de combustibles.
La separación de CFE busca asegurar que todas las empresas de generación y de suministro a usuarios tengan acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales de Distribución. El acceso abierto es una condición clave para la eliminación de barreras a la competencia en generación de energía y comercialización.
Dado lo anterior, es entendible que el IFETEL haya determinado imponer a América Móvil (definido como Agente Económico Preponderante) una serie de regulaciones asimétricas a favor de generar una mayor competencia en el sector, entre la que destaca la obligación de separar legal y funcionalmente la provisión de servicios al mayoreo a sus competidores, esto con el fin de que reciban un trato no discriminatorio en términos y condiciones que los servicios minoristas de Telmex, respecto de sus redes, infraestructura pasiva y demás elementos esenciales de la red.
Ante esta medida, América Móvil ha manifestado su inconformidad argumentando que derivarán en mayores costos operativos para ellos y un desincentivo a la inversión. Sin embargo, es fundamental que el IFETEL supervise continuamente el cumplimiento cabal de esta disposición y que la evalúe fundamentalmente por sus efectos medibles en el mercado.
Así es como hoy, los procesos de apertura de estos dos sectores estratégicos para la competitividad y desarrollo de nuestro país contrastan a 30 años de distancia, ambos intensivos en uso de capital, dependientes de infraestructura de redes para la entrega de sus servicios, ampliamente regulados y ambos ante un profundo cambio tecnológico.
en el caso de CFE , su separación , ayudará para tener una mayor transparencia y evaluación de sus operaciones , que es muy importante , en el mediano plazo