Ante otra institución amenazada, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), resulta más que oportuno insistir en el riesgo de que continúe el socavamiento de capital institucional que hemos construido en México a lo largo de muchos años.
Crear instituciones llega a tomar décadas; en cambio, destruirlas puede ser muy rápido y dejar consecuencias graves y daños irremediables de largo plazo. No sólo perdemos experiencia acumulada, sino bienes y servicios públicos que requieren diversos sectores de la población o la nación en su conjunto.
Desafortunadamente, en muy poco tiempo se han desechado instituciones, programas y proyectos fundamentales para México.
Hace unos días le tocó el turno al Seguro Popular. Se anunció que los recursos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, con más de 80,660 millones de pesos acumulados desde 2003 para cubrir a los más pobres contra 330 enfermedades de alto costo, se usarían para financiar el Instituto de Salud para el Bienestar, en fines todavía no claros.
Ahora se pone en cuestionamiento la vigencia del Coneval, una institución fundada en el 2005 que es todo un referente nacional e internacional. Entre otras cosas, como actor protagónico para que México fuera pionero en la medición multidimensional de la pobreza. En esa línea, ha desarrollado un esquema de probado rigor técnico para diagnosticar el estado de carencias sociales de manera completa y dinámica: rezago educativo, salud, seguridad social, vivienda, servicios básicos, alimentación.
Gracias a ello, hemos podido evaluar con objetividad y precisión los avances y, lamentablemente, también los retrocesos en materia de rezagos sociales, siempre que se han presentado. Todo esto antes era imposible de saber a ciencia cierta. No se tenía confianza en las cifras oficiales: ni de la evolución cuantitativa y cualitativa del fenómeno de la pobreza, ni de los resultados concretos de los programas públicos para paliarla y erradicarla.
Los gobiernos, encargados de ejercer el gasto social y de conducir la política económica nacional, con el mandato obvio de incidir en la reducción de las brechas de bienestar, se evaluaban a sí mismos.
El clientelismo electoral en programas sociales desafortunadamente persiste, pero hoy sí podemos saber y medir si hubo algún efecto real de acuerdo a los objetivos. De igual forma, la interacción entre el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Coneval es positiva en términos de complementariedad técnica (uno recaba datos; el otro los interpreta y analiza) y confiabilidad. Como dicen los técnicos: si funciona, ¿para qué cambiarlo?
Somos muchos los ciudadanos, desde todos los sectores, quienes hemos pugnado, por años, para que México cuente con instituciones de evaluación confiables e independientes. Con la convicción, elemental pero que suele olvidarse, de que lo que no se mide –y bien medido– difícilmente puede ser entendido a cabalidad, comparado, resuelto, arreglado, corregido.
En otros países, la manipulación o maquillaje de cifras, tanto como la inexistencia o baja calidad en las mismas, han desatado o contribuido a generar verdaderas catástrofes, ya sea imprevistas o como aquellas que se cuecen durante años. Un caso emblemático es el de Grecia.
Lo mismo aplica en materia de pobreza que en materia educativa, donde el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) es otra institución en proceso de desmontaje. Contar con organismos como el INEGI, al que, por cierto, también se le han reducido los recursos presupuestales de manera importante, y el Coneval, con probada competencia, es fundamental. No sólo para el desarrollo del país, sino para fortalecer nuestra democracia.
Al final de cuentas, esto tiene que ver con el derecho ciudadano a la información: lo mismo para la toma de decisiones en las actividades de cada quien, que como factor de confianza en el vínculo ciudadanos-gobierno.
Desechar instituciones, sobre todo organismos autónomos, puede minar de forma sustantiva el andamiaje de la gobernabilidad democrática y del Estado de derecho. Debilita el sistema de pesos y contrapesos.
Todavía hay mucho que hacer en este aspecto en México, pero para valorar lo que ya tenemos, habría que comparar con el régimen posrevolucionario, que se prolongó casi todo el siglo XX, con una división de poderes en gran medida inexistente o simulada. En ese sentido, el argumento de que se trata de modas o de costos superfluos es inaceptable. Sí necesitamos contrapesos y datos confiables; es fundamental.
Además: ¿cuánto nos cuesta desaparecer instituciones a las que se les han destinado recursos presupuestales por años, y que ha acumulado, en mayor o menor medida, unas más y otras menos, un capital institucional que es un activo del Estado mexicano? Lo congruente, en costo-beneficio, sería corregir, perfeccionar y fortalecer.
