Mauri y Kenneth Karger se establecieron en Quintana Roo hace 20 años, provenientes de Texas; les encanta México, sus paisajes, su cultura y su gente, dicen. Llegaron en edad todavía muy productiva; fueron adquiriendo propiedades en la laguna de Bacalar, Puerto Aventuras y un rancho de 2,000 hectáreas cerca de Chetumal. Ahora lo dejan todo atrás, impotentes ante repetidas invasiones de sus propiedades, ante la pérdida del dinero que tenían en el Banco Monex y ante la total impunidad de quienes los han hecho víctimas de sus fechorías.
La historia del fraude bancario de ésa y otras ocho familias estadounidenses radicadas en San Miguel de Allende, fue narrada por la cadena de televisión NBC, por Bloomberg News y otros medios desde septiembre del año pasado; los Karger publicaron su versión, más amplia, el sábado pasado en México News Daily; en ella abundan en experiencias propias y ajenas de horrores vividos durante años en nuestro país, desde épicos asaltos en autopistas hasta batallas legales contra invasores de tierras, una ganada pero que no significa la recuperación del terreno.
Con todo lo grave que son esos delitos, lo extraordinario para los ojos extranjeros –lo que convirtió en reportaje televisivo y de prensa la experiencia de esas familias– fue la impunidad de los victimarios –organizaciones y organismos–, así como el hecho de que el daño no sea reparado. No lo ha sido hasta este momento (NBC News)
Los afectados demandaron al grupo Monex por doce presuntos delitos, según puede verse en la página web. Si la Comisión Nacional Bancaria y de Valores juega su papel, tendría que estar cerca de las averiguaciones del caso que podrían, eventualmente, llevar a la cancelación de operaciones de Monex en México.
La mayoría de las familias defraudadas se asentaron en San Miguel de Allende, Guanajuato. Relataron a la NBC que Marcela Zavala Taylor fue su ejecutiva de cuenta del Grupo Financiero Monex, en algunos casos durante más de nueve años, a la que visitaban en la sucursal de ese banco en la ciudad.
Monex, con 5.200 millones de dólares en activos y operaciones en Estados Unidos, tenía la confianza de los 10,000 estadounidenses que viven en San Miguel de Allende.
Cuando Zavala y sus depósitos desaparecieron en diciembre de 2018, los afectados se reunieron con funcionarios de Monex y algunos de ellos supieron –según Bloomberg News– que faltaban unos 40 millones de dólares de unas 158 cuentas, la mayoría pertenecientes a estadounidenses. También dijeron que los estados bancarios que Zavala les enviaba, aparentemente eran falsos.
La mayoría de los afectados dice que el banco les ha dicho poco desde que presentaron sus reclamaciones y algunos comentan que les ofreció arreglos por mucho menos del saldo de sus depósitos.
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Condusef, tendría que apoyar las gestiones de los afectados, que tienen todas las de ganar porque no fueron víctimas de un hackeo o fraude externo al banco, como tantos que se cometen a diario, sino de una representante del organismo.
A pesar de tantos problemas que afrontamos en México y en el mundo, el frágil Estado de derecho –las reglas de convivencia y de solución de conflictos sin violencia– debe estar más presente en las acciones del gobierno, de los legisladores, del poder judicial y de la sociedad.
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De los tres poderes de gobierno, el poder judicial es el más opaco e improductivo. Seguramente se culpará a los ministerios públicos de que no hacen bien su trabajo y a los ciudadanos de que no denuncian los delitos de lo que son víctimas. La crisis nacional que vivimos se construyó a lo largo de muchos decenios, y revertir esta situación llevará su tiempo. Lo importante es que el poder judicial en efecto no sea un instrumento del poder ejecutivo, y que siga con la renovación profunda que nos está prometiendo el nuevo ministro titular de la Suprema Corte de Justicia.