Estado de derecho

2021: Lo que nos toca a nosotros

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Hablando sobre la deseabilidad del momento democrático que según él, ineludiblemente se advenía en el mundo del siglo XIX, decía el filósofo francés Alexis de Tocqueville que para que las democracias funcionaran correctamente, debía tenerse muy en cuenta cuáles eran los elementos que las hacían trabajar de manera adecuada. Por un lado, definitivamente estaba el orden institucional y el Estado de derecho; pero por otro, todavía más importante, estaba el papel que la sociedad debía jugar en la preservación de un equilibrio muy frágil.

En su extraordinaria obra, La Democracia en América, Tocqueville explica por qué los estadounidenses –al menos en un primer momento– estuvieron mejor parados que, por ejemplo, sus compatriotas franceses, para lograr que su constitución democrática fuera la más conducente a la forma de vida buena que él visualizaba. El complejo estado social que permitió el arraigo profundo de la Constitución y las leyes democráticas –formado, por ejemplo, por los valores que compartía la incipiente sociedad norteamericana–, fomentaba entre los ciudadanos el aprendizaje que él denominaba “el arte de ser libre”: un arte que, entre otras cosas, moderaba el individualismo exacerbado en el que los sujetos democráticos podían caer; y un arte que suponía la participación activa en la cosa pública local, de tal suerte que dichos individuos fueran capaces de comprender que la mejor forma de satisfacer su interés personal, era a través del interés que pusieran en contribuir activamente al bien colectivo (él le llamaba “el interés personal propiamente entendido”). 

El contexto en el que nos encontramos es muy distinto a aquél con el que Tocqueville convivió en torno a 1830 en Estados Unidos. Sin embargo, las lecciones que nos ofrece a partir de su minucioso “estudio de caso”, son por demás relevantes en un momento en que no podemos dar por hecho nuestra joven democracia mexicana: concretamente es pertinente darle vueltas a aquello que se refiere al aprendizaje del “arte de ser libre”, un arte que en definitiva nos sería muy útil aprender en estos momentos de incertidumbre y cambios.

Alexis de Tocqueville
Alexis de Tocqueville (1805-1859) (Imagen: Jot Down).

En junio de este año tendremos las que serán las elecciones más grandes de la historia de nuestro país. Si bien el número de cargos que se disputan es enorme (21 mil de acuerdo a información del INE), la magnitud de este proceso radica, más bien, en la trascendencia que deriva de la coyuntura histórica en que nos encontramos.

En medio de una pandemia que nos ha cimbrado hasta lo más profundo, de una crisis económica sin precedentes en la historia moderna y bajo el liderazgo de un gobierno cuyo compromiso con las instituciones es –por decir lo menos– dudoso, tenemos la posibilidad de empezar a cambiar la dirección, de tal manera que los próximos años, los prospectos de éxito, nos favorezcan un poco más.

Para Tocqueville, el involucramiento en lo público tenía que ver principalmente con la participación activa en las pequeñas localidades donde uno se encontraba. En una situación en donde lo más recomendable es la “sana distancia”, al menos varios meses más, dicho involucramiento podría darse de maneras alternativas, que en sí mismas me parece que abonan de manera importante al aprendizaje del arte que ya hemos mencionado. Una manifestación muy clara del ejercicio de nuestra responsabilidad ciudadana es más que obvia: el 6 de junio todos debemos asistir a votar. Pero la preparación para ese día es lo que todos tenemos también que asumir como un deber propio. Ante la abrumadora cantidad de datos (y de “datos alternativos”), será de fundamental importancia saber discernir éstos de aquellos; y no sólo es aprender a detectar la veracidad de las noticias y la información que se nos presenta, sino saber qué importancia tiene aquello que vemos o leemos en el panorama más amplio de lo que buscamos entender.

constitución, democracia, justicia
Imagen: Revista El Mundo del Abogado.

Lo anterior sólo se puede dar a través del diálogo; y el diálogo, a su vez, requiere de pensamiento crítico y apertura a las demás opiniones. En los siguientes meses, en esta columna buscaremos ir dando elementos que permitan asimilar lo que ocurre, contribuyendo a tener una conversación que nos ayude a ver lo que realmente importa, y así, poder tomar decisiones bien pensadas.

Lo que nos jugamos en 2021 no es poca cosa. Pero somos afortunados de que realmente el destino de lo que pueda venir después está (todavía) en nuestras manos. Dependerá de cómo participemos: de que veamos en nuestro involucramiento, como decía Tocqueville, el “interés personal propiamente entendido” para que las generaciones que vienen puedan seguir teniendo la posibilidad de escoger quién las gobierna.


La noche quedó atrás: El triunfo de Biden y su impacto global

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El triunfo de Joe Biden y Kamala Harris en las elecciones presidenciales de Estados Unidos me hizo recordar la novela: “La noche quedó atrás” (Out of the Night) de Jan Valtin, sobre la derrota del fascismo y la liberación del comunismo. La victoria de Biden-Harris es de la mayor transcendencia para ese país y para el mundo. En estas recientes elecciones estuvo en juego no sólo la presidencia del que sigue siendo el país más poderoso del mundo con aún una fuerte influencia internacional.

En esta elección estuvo en juego el futuro de la democracia, del Estado de derecho, la racionalidad política y la decencia en el quehacer público. Con el triunfo de Biden-Harris se recupera la voz del conocimiento científico, el combate al cambio climático, el poner fin a la destrucción del planeta, a la sobre-explotación de los recursos naturales y la degradación de los ecosistemas.

Asimismo, en esta elección se abre la posibilidad de revisar el modelo de desarrollo global para hacerlo sustentable y así desvincular el progreso, el bienestar y la prosperidad de la destrucción de la naturaleza. De trabajar por el mejoramiento de las condiciones sociales y económicas de las sociedades sin destruir el medio ambiente y sin continuar rebasando los limites naturales del planeta. También se abre la posibilidad de revisar nuestros esquemas de crecimiento económico para lograr mayor justicia social, erradicar la pobreza y disminuir la desigualdad.

La tarea va a ser compleja. Volver a la razón y a la decencia no va a ser fácil ni en Estados Unidos ni en ningún otro país del mundo. Las sociedades de muchos países están profundamente polarizadas. El populismo, la demagogia delirante, la mentira como principio político operativo, “la verdad alternativa”, el odio, el insulto, la descalificación, la falta de respeto son prácticas corrientes en muchos países. Pero el triunfo de Biden en Estados Unidos es un principio, con impacto internacional, por la influencia de ese país.

Biden y Kamala Harris
Ilustración: Fabio Buonocore (Five Thirty Eight).

Los demócratas vencieron a Trump, que no inventó la polarización en su país, pero que se subió en ella para exacerbarla, a través del diagnóstico fácil, de la mentira y sobre todo del odio racista. Donald Trump es la expresión del neoconservadurismo norteamericano. Es una manifestación de la tradición racista, clasista, nativista de un sector de la sociedad estadounidense. Trump es la expresión del resentimiento de blancos pobres, sin educación universitaria, de fanáticos evangélicos de las áreas rurales del país que, ante su imposibilidad de entender un mundo cambiante y crecientemente complejo, se refugian en dogmas religiosos e ideológicos simples, se apoyan en las teorías de la conspiración para rechazar y condenar lo que no entienden. Pero Trump es sobre todo la expresión de grupos económicos que promueven tendencias libertarias que en realidad únicamente tienen interés en manipular a masas ignorantes para legitimar la mayor concentración del ingreso y de la riqueza de la historia contemporánea tanto en Estados Unidos como a nivel planetario.

Donald Trump representa al grupo político que se apoderó del Partido Republicano, desde la revolución conservadora de Reagan en los años ochenta, que promovió la globalización económica y que después se distanció de la misma en la medida en la que surgió la irrupción de China y la creciente competencia comercial y tecnológica de los países del Asia-Pacífico y de Europa que han desplazado a  Estados Unidos de numerosos mercados.

Biden-Harris encabezan una coalición muy variada de los demócratas que van desde el centro a la extrema izquierda y que tendrá numerosos problemas para lograr consensos. Además, enfrentarán a un poderoso partido Republicano que está lejos de colapsarse, en el que también hay numerosas contradicciones.

Hacia el interior de Estados Unidos, la labor de Biden-Harris es volver a unir a la población, de generar consensos en el centro del espectro político. El lado más positivo de la victoria de Biden-Harris es el de regresar a la racionalidad pública, de escuchar el conocimiento científico en la solución de la problemática, de volver al multilateralismo para la búsqueda de soluciones a los riesgos globales. Así, anunció el regreso de Estados Unidos al Acuerdo de París, lo cual hará posible la meta de evitar un calentamiento del planeta inferior a 1.5° Celsius o de 2° C a lo sumo. De lo contrario el planeta enfrentaría situaciones catastróficas en todos los órdenes. De igual forma, hará que Estados Unidos permanezca dentro de la Organización Mundial de la Salud (OMS), reformar la Organización Mundial del Comercio (OMC), y principalmente volver a intentar rescatar a la economía mundial de la especulación financiera que la domina y la estrangula.

Trump en el abismo
Imagen: The Nwe York Times.

En la relación bilateral de México con Estados Unidos volverán a la agenda, además de las cuestiones financieras, comerciales y de migración, los temas del respeto a la democracia, al Estado de Derecho, a la libertad de prensa, los derechos humanos, las cuestiones laborales, pero sobre todo la energía y el medio ambiente. Llegó el momento de impulsar gradualmente la transición energética.

Con la derrota de Trump se vence al fascismo post-moderno. La lucha no ha terminado, el aún presidente Donald Trump recurrirá a todas las medidas legales e ilegales, a todo tipo de trampas para revertir la decisión electoral o al menos para crear un ambiente de desestabilización, encono y violencia. Siempre ha recurrido a la mentira, lo volverá a hacer ahora más que nunca.

En un reciente conversatorio sobre las elecciones en Estados Unidos, comenté con Leonardo Curzio si éste es el inicio del fin del populismo, como lo conocemos actualmente. Lo plantee en el sentido de que con frecuencia acontecimientos como estas elecciones en Estados Unidos desencadenan tendencias globales. Curzio considera que no. Yo no estoy tan seguro. Tengo esperanzas de que esto sea el inicio de una ola que afecte a un buen número de autócratas.

“La noche quedó atrás” es el título de esta colaboración. Pero frente a las medidas que está tomando Trump, el título probablemente debía ser “¿La noche quedó atrás?”. Está claro que ésta es una lucha entre los principios democráticos y el fascismo post-moderno.


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La Guerra de los Pasados

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La tensión entre el presidente de la República y los gobernadores de la Alianza Federalista es un hecho documentado; el primero busca la centralización del ejercicio del gasto público y el reparto directo de fondos a posibles beneficiarios, los segundos pugnan por una redistribución presupuestal y, en general, la descentralización del ejercicio del gasto público. Esto dimana en parte de visiones divergentes sobre el federalismo, pero también existe entre el presidente y muchos de quienes se les oponen, una lucha por regresar al pasado.

El primero añora el presidencialismo fuerte de los tiempos del PRI, donde el poder de decisión dimana del Ejecutivo federal y existe una discreción en el ejercicio del gasto; el segundo propugna a regresar al pasado inmediato, donde una transición democrática incompleta dio lugar a un presidencialismo más o menos fuerte, con una pluralidad de órganos constitucionales autónomos que quitaban a estas funciones “innecesarias” y con gobernadores con cierta discreción y libertad de maniobra. 

El pasado del presidente no era glorioso: no existía la democracia, prevalecían intereses cupulares que se reconfiguraban a lo largo del tiempo, la Constitución se modificaba a conveniencia; tampoco lo era el inmediato de los sexenios panistas y peñista, pues había corrupción rampante y desigualdad social. Para tener consciencia de sus deficiencias y poder buscar una alternativa de futuro, valdría la pena hacer un diagnóstico de ambas visiones.

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Andrés Manuel López Obrador siendo militante del PRI (Imagen: Contrapeso).

En su monografía “Law and society in transition: Towards Responsive Law”, Nonet y Selznick tienen una bella tipología de la evolución de ordenamientos normativos, donde hablan de sistemas represivos, autónomos y responsivos que mayormente se definen por la relación que existe entre aquellos que detentan y ejercen el poder y aquellos que los reciben.[1]

En los modelos represivos, los intereses de los poderosos prevalecen y mayormente ignoran a los de aquellos de la población en general. Sus características principales son: a) las instituciones jurídicas son directamente accesibles al poder, estando identificado el Derecho con el Estado y subordinado al mismo; b) preservar la autoridad es la preocupación primordial del régimen; c) las agencias especializadas de control, como lo son los cuerpos policiales, se vuelven centros independientes de poder; d) existe un régimen diferenciado para clases altas y bajas que consolida y legitima patrones de subordinación social; e) el código penal refleja la moralidad dominante, es decir, prevalece el moralismo jurídico.[2]

En el modelo autónomo, empieza a existir un cambio entre los que tienen el poder y los que lo reciben, pues existen más límites al ejercicio del poder. Esto se da no en razón de mayores derechos, sino en un fortalecimiento de los procedimientos que reglamentan el gobierno; es decir, aumenta el Derecho.[3]

Sus características son: a) El Derecho está separado de la política, existiendo una independencia judicial y una diferencia marcada entre las funciones legislativas y judiciales; b) existe un énfasis en las normas que ayuda a medir la rendición de cuentas de las autoridades, pero al mismo tiempo limita la creatividad de las instituciones jurídicas para aplicar la Ley; c) importa más la seguridad y certeza jurídica que los derechos humanos sustantivos; d) existe una obediencia estricta al derecho positivo y las críticas al sistema jurídico se deben canalizar por el sistema político.[4]

estado y poder
Imagen: El País.

Un sistema responsivo se llama así por la posibilidad que tienen los poderosos de dar respuesta a exigencias sociales. En vez de subordinar el Derecho a la política o de separarlo tajantemente, ambos se encentran en un diálogo constante; existe la posibilidad de que, ante las deficiencias de la ley, las autoridades las apliquen de forma creativa, privilegiando derechos sustantivos y dando respuesta a necesidades; se privilegia lo justo sobre lo legal y, por lo tanto, el derecho natural adquiere importancia.

En la práctica, estos modelos no se presentan en sus formas puras, sino que un sistema puede tener mayores elementos de uno; asimismo, para los autores, uno puede pasar de un modelo represivo a uno autónomo y de éste a uno responsivo, pero también puede involucionar.

El Estado mexicano, de 1928 al 2000, estuvo capturado institucionalmente por una sola fuerza política. El presidente era líder del partido reinante, la no reelección legislativa permitía la rotación de puestos para establecer un régimen de recompensas a quienes mantuvieran disciplina política. Cuando había circunstancias políticas desfavorables a los intereses del partido de Estado, se cambiaba la Constitución para mantener las ventajas existentes y las mismas no estaban sujetas a control por parte de los jueces, pues los mismos se negaban a ello.

El Procurador de la República más que administrar justicia, gestionaba impunidad y los derechos humanos no existían, sino que había garantías individuales: dádivas del Estado a sus súbditos, tuteladas por medio del juicio de amparo, que no tenía efectos generales, sino que se circunscribiera a quien tuviera los medios y recursos para pedir la justicia. Al mismo tiempo, no había candidaturas fuera de los partidos políticos, y al existir elecciones directas se daba la ley del más fuerte.

pasado amlo
Imagen: Botella a la mar.

La Reforma Política de 1978 dio inicio a la apertura democrática y la Reforma Judicial de 1994 buscó dar independencia al Poder Judicial y consolidarlo como árbitro de conflictos constitucionales, a expensas de facultades políticas del presidente. Se han creado organismos constitucionales autónomos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Instituto Nacional Electoral, que han tomado facultades que antes tenía el Ejecutivo y se han creado nuevas exigencias como la transparencia y el acceso a la información pública, que ahora enarbola el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Finalmente, se hizo la Reforma Constitucional en Derechos Humanos de 2011 y con ella, de tener un régimen de garantías individuales, pasamos a tener uno de derechos inherentes a las personas; adicionalmente, se reformó la Ley de Amparo y se abrió la posibilidad (bajo condiciones muy específicas) de invalidar leyes en lo general.

La visión del pasado glorioso se basa en un régimen represivo, pero la del pasado inmediato transigió de un modelo de represión pura a uno mixto con elementos autónomos (Poder Judicial Federal independiente) y responsivos (derechos humanos), mismos que fueron fruto de luchas sociales que no estaban vinculadas a los gobiernos panistas y priistas de 2000 a 2018. Es decir, todos quieren lo que les resulta más cómodo en su posición: quien gobierna quiere consolidar su dominio y algunos de los que se oponen quieren consolidar espacios particulares de poder para hacerlo más a gusto. En ninguno existe una visión de gobierno como servicio público, sino se entiende como la facultad de mandar.


Notas:
[1] Phillipe Nonet y Phillip Selznick, Law and Society in Transition: Toward Responsive Law, 18, (Harper & Row Publishers, 1978).
[2] Ibid., 33.
[3]Ibid., 53.
[4]Ibid., 54.


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¿Desterrar la corrupción y purificar la vida pública?

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A casi dos años de gobierno, es claro que el combate a la corrupción es más un comodín en la baraja retórica y de operación política presidencial que algo siquiera cercano a una lucha. Y no hablamos de operar alguna estrategia al respecto, pues no aparece nada de eso ni visos de que lo habrá, más allá de dichos: ya no hay corrupción porque se prohibió y no se tolera; se barre como las escaleras, desde arriba, donde ya no es lo mismo porque hay autoridad moral.

Lo que sí hay son suficientes contradicciones como para pensar que en esta trama no se cumplirá aquella sentencia, atribuida a Lincoln, de que “no puedes engañar a todos todo el tiempo”.

Sí hay corrupción cuando, por ejemplo, se decide tomar el dinero de fideicomisos y, de pasada, centralizar más el poder público, o siempre que se quiera imponer alguna decisión arbitrariamente, contra las resistencias que se interponen “porque no quieren perder sus privilegios”. Eso son resabios “de las administraciones pasadas”. No la hay cuando se acusa a celebridades o gente cercana del movimiento y gobierno de regeneración o quedan evidenciadas. Eso, nos dicen, es politiquería, y de quién más sino de los corruptos.

En la caverna platónica de La Mañanera o ante la Asamblea General de la ONU se habla una transformación para “purificar la “vida pública”. Claro, nada como la “renovación moral” del que sería el primer gobierno del “periodo neoliberal” de acuerdo con la historiografía de la nueva edición de la moralidad en el poder, mucho menos como la cacería de “peces gordos” del cuarto.

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Imagen: Nieto.

Mientras tanto, México empeoró en el indicador “Ausencia de corrupción” que mide el World Justice Project. En la edición 2020 de su Índice de Estado de Derecho, se ubicó en el lugar 121 de 128, versus el 102 de 113 en la edición anterior. Hace dos años, 90% de los países evaluados eran menos corruptos que el nuestro y ahora son el 94%. La calificación cayó de 0.31 a 0.27 (1 es fuerte adhesión al Estado de Derecho).

Entre las paradojas narrativas, en el segundo informe de gobierno se nos dijo que “ya se acabó la robadera de arriba”, aunque hay que seguir trabajando para desterrarla por completo. Como si ésta fuera un personaje que algún rey envió condenado al desierto. De cualquier modo, se presumió que gracias a que no se le permite, y por la “austeridad republicana”, ya se han ahorrado 560 mil millones de pesos.

No se han dado detalles de cómo se llega a esa cifra ni sabemos dónde está o en qué se gastó. Menos aún por qué el dinero sigue sin alcanzar y se tiene que despojar a fideicomisos para científicos o la protección a víctimas, a quienes se pide serenidad con otras paradojas de antología: es para la emergencia de salud, aunque se les entregará lo mismo; no había transparencia, pero no podemos decir cómo vamos a gastarlo ahora exactamente.

Los estudiosos de la ciencia política y de la administración pública hacen hincapié en que el combate a la corrupción es un tema de sistemas e instituciones efectivos de prevención y profesionalización burocrática, transparencia y rendición de cuentas, fiscalización, investigación y procuración de justicia contra la impunidad, y aquí cabe la participación ciudadana que empuja en esa dirección. Más que de moralización y voluntarismo: eso lo ha sabido, desde tiempos inmemoriales, quien quiera que haya reflexionado sobre la naturaleza humana.

sistema corrupto
Imagen: Pinterest.

Cuando como nación tengamos voluntad y realismo para ir en ese sentido contra la corrupción, más de esfuerzos consistentes y de instituciones sólidas que de movimientos supuestamente regeneradores, entonces habrá un cambio. No redención, pero sí un México mejor.

Por lo pronto, aunque la corrupción es omnipresente en el discurso y la narrativa, no se aprecia ningún esfuerzo relevante de carácter institucional, más allá de reformas legales que aumentan penas a los delitos: populismo penal en el mejor de los casos; en el peor, de ejercicio antidemocrático del poder.

No hay programas de profesionalización y fortalecimiento institucional de prevención, control y procuración de justicia. El desarrollo del Sistema Nacional Anticorrupción está detenido y olvidado. Más que a combatir a la corrupción, parece que ha habido más prisa en atacar o controlar a organismos autónomos.

Han aumentado las compras directas o por invitación restringida, propicias a la discrecionalidad y la opacidad. Cerca de 80% de los contratos ha sido entregado por adjudicaciones directas, según Mexicanos contra la Corrupción.

Como en sexenios anteriores, la procuración de justicia ha estado marcada por la sombra del uso mediático y político. Inclusive de manera más burda que antes, como en el caso de la consulta pública para enjuiciar a expresidentes, en vez de promover denuncias puntuales si se sabe de algún delito específico, y ésta devenida en “esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados” por el filtro editorial de la Suprema Corte.

combate a la corrupcion
Imagen: Víctor Solís.

Lo mismo puede decirse del uso del fantasma de la corrupción para cancelar las obras del aeropuerto de Texcoco, sin que a la fecha se sepa de alguna denuncia o siquiera investigación.

Por si fuera poco, no han faltado escándalos de presuntos actos de corrupción de miembros prominentes del gobierno o gente muy cercana, inclusive acusaciones contra el pintoresco y paradójicamente denominado Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado.

¿Cómo se puede pretender “purificar la vida pública” corrompiendo el lenguaje y los conceptos así? Los países que han reducido la corrupción lo hicieron vía el fortalecimiento de la legalidad y las capacidades institucionales del Estado; no con cruzadas verbales por misiones etéreas. No existen datos objetivos para evaluar la efectividad de la demagogia contra la maldad; sí es evidente que la realidad sigue ahí, como el dinosaurio de Augusto Monterroso.

No se trata de cambiar la condición humana, sino de afianzar el Estado democrático de derecho.


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Nuestro frágil Estado de derecho

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Mauri y Kenneth Karger se establecieron en Quintana Roo hace 20 años, provenientes de Texas; les encanta México, sus paisajes, su cultura y su gente, dicen. Llegaron en edad todavía muy productiva; fueron adquiriendo propiedades en la laguna de Bacalar, Puerto Aventuras y un rancho de 2,000 hectáreas cerca de Chetumal. Ahora lo dejan todo atrás, impotentes ante repetidas invasiones de sus propiedades, ante la pérdida del dinero que tenían en el Banco Monex y ante la total impunidad de quienes los han hecho víctimas de sus fechorías.

La historia del fraude bancario de ésa y otras ocho familias estadounidenses radicadas en San Miguel de Allende, fue narrada por la cadena de televisión NBC, por Bloomberg News y otros medios desde septiembre del año pasado; los Karger publicaron su versión, más amplia, el sábado pasado en México News Daily; en ella abundan en experiencias propias y ajenas de horrores vividos durante años en nuestro país, desde épicos asaltos en autopistas hasta batallas legales contra invasores de tierras, una ganada pero que no significa la recuperación del terreno.

Con todo lo grave que son esos delitos, lo extraordinario para los ojos extranjeros –lo que convirtió en reportaje televisivo y de prensa la experiencia de esas familias– fue la impunidad de los victimarios –organizaciones y organismos–, así como el hecho de que el daño no sea reparado. No lo ha sido hasta este momento (NBC News)

fraude en Monex
Ilustración: Michael Driver.

Los afectados demandaron al grupo Monex por doce presuntos delitos, según puede verse en la página web. Si la Comisión Nacional Bancaria y de Valores juega su papel, tendría que estar cerca de las averiguaciones del caso que podrían, eventualmente, llevar a la cancelación de operaciones de Monex en México.

La mayoría de las familias defraudadas se asentaron en San Miguel de Allende, Guanajuato. Relataron a la NBC que Marcela Zavala Taylor fue su ejecutiva de cuenta del Grupo Financiero Monex, en algunos casos durante más de nueve años, a la que visitaban en la sucursal de ese banco en la ciudad.

Monex, con 5.200 millones de dólares en activos y operaciones en Estados Unidos, tenía la confianza de los 10,000 estadounidenses que viven en San Miguel de Allende.

Cuando Zavala y sus depósitos desaparecieron en diciembre de 2018, los afectados se reunieron con funcionarios de Monex y algunos de ellos supieron –según Bloomberg News– que faltaban unos 40 millones de dólares de unas 158 cuentas, la mayoría pertenecientes a estadounidenses. También dijeron que los estados bancarios que Zavala les enviaba, aparentemente eran falsos.

fragil estado de derecho
Ilustración: Benedetto Cristofani.

La mayoría de los afectados dice que el banco les ha dicho poco desde que presentaron sus reclamaciones y algunos comentan que les ofreció arreglos por mucho menos del saldo de sus depósitos.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Condusef, tendría que apoyar las gestiones de los afectados, que tienen todas las de ganar porque no fueron víctimas de un hackeo o fraude externo al banco, como tantos que se cometen a diario, sino de una representante del organismo.

A pesar de tantos problemas que afrontamos en México y en el mundo, el frágil Estado de derecho –las reglas de convivencia y de solución de conflictos sin violencia– debe estar más presente en las acciones del gobierno, de los legisladores, del poder judicial y de la sociedad.


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