Remuneraciones y servicio civil de carrera

Puede ser que, en amplios sectores de la población, sea popular la decisión del nuevo gobierno de México de reducir drásticamente los salarios de los servidores públicos de alto nivel y la eliminación de prestaciones laborales a millones, entre el personal de confianza de todos los niveles.

Sin embargo, esto no puede dejar de generar efectos adversos, laterales o contraproducentes; a corto, mediano y largo plazo. Con la generalización y aplicación a rajatabla de este tipo de medidas, lo mismo en el sector público que en las empresas, siempre se corre el riesgo de un balance negativo en términos de costo-beneficio.

De entrada, por la posibilidad de perder “músculo”, en aras de deshacerse de “grasa”. Ahorros que, a la larga, pueden ser efímeros o bien, en lo inmediato, desencadenar altos costos de implementación o en la curva de aprendizaje para los nuevos equipos. Más a futuro, ahuyentar a talento valioso.

Por lo pronto, ya estamos viendo los primeros costos tangibles, con las impugnaciones jurídicas que se han emprendido, y que consumirán recursos y tiempo valiosos.

Además, la aplicación indiscriminada de políticas de este calibre genera en muchos un sentimiento de injusticia, con un drama familiar para millares de familias de funcionarios eficientes y honestos, con conocimientos especializados y competencias logradas, con esfuerzo y constancia, durante largas carreras en el servicio público. Una disrupción del plan de vida, a partir de una concepción subjetiva de cuánto debe ganar un funcionario.

Es evidente que ha habido abusos que han alimentado la desconfianza y el hartazgo en la ciudadanía respecto a gobiernos, burocracias y clase política. El reclamo de que no debe haber un gobierno rico con un pueblo pobre es irrebatible. No obstante, estigmatizar la figura del servidor público, desde la generalización, es injusto y contraproducente. Acaba por socavar a las mismas instituciones y avivar el círculo vicioso: mayor disfuncionalidad y, con ello, menos credibilidad y más rechazo aún.

En todo caso, las mejores prácticas de gestión de recursos humanos apuntan a una evaluación, una toma de decisiones, una planeación y una instrumentación objetivas y estratégicas, lo más libres que sea posible de ideologías o prejuicios.

Ello implica desde tener clara la diferencia entre clase política y servicio público, hasta la necesidad de contar con planes de carrera bien estructurados, que sean funcionales para la sociedad, como patrón, y para los trabajadores.

Soportes de progreso

Una de las grandes diferencias entre los países desarrollados y los que tienen mayores rezagos políticos, económicos y sociales reside en este aspecto: la fortaleza de sus instituciones, que lleva implícito el grado de desarrollo de su cuerpo de funcionarios públicos, dirigentes y trabajadores.

Ese capital humano da eficiencia, a la vez que sentido y continuidad a dichas instituciones y a la gestión de gobierno en general, más allá de los vaivenes de la política y de los gobiernos que se sucedan.

La conformación de un servicio público de carrera competente y estable ha sido una de las claves del avance económico de países como Corea del Sur, Japón o China. Además, es un baluarte de la cohesión social.

México tiene grandes pendientes y un largo camino por recorrer en esta materia, pero cuenta con varias instituciones cada vez más profesionales y un número creciente de servidores públicos experimentados y con capacidad. El reto es multiplicarlos y hacer de ese nivel la norma y no la excepción.

Se trata, a fin de cuentas, del fortalecimiento de las instituciones del Estado mexicano, con una burocracia austera y honesta, como reclama la sociedad, pero igualmente eficiente.

La ciudadanía debe ser exigente con los servidores públicos, pero también necesitamos tener claro que, como en toda organización, para asegurar un desempeño óptimo de la institución pública y su personal se requiere de algún grado de estabilidad y proyección laboral, cada vez más apegada al mérito y a una carrera que a una adscripción política.

Fundamentos para la democracia

Todo esto debe valorarse en el “choque de trenes” que parece estarse gestando entre los poderes de gobierno en México en torno a la Ley Federal de Remuneraciones, que fijará los ingresos de los servidores públicos de todo el ámbito federal, y que puede ser un precursor fundamental para el devenir del país en el sexenio que acaba de comenzar el 1º de diciembre.

En este diferendo entre el Poder Judicial, por un lado, y por otro el Ejecutivo y el Legislativo, dominados por la expresión política ganadora en las elecciones del 1º de julio, no sólo está de por medio la propia ley aprobada en el Congreso, con sus puntos favorables, pero también vulnerabilidades jurídicas y los fallos que pueden afectar gravemente a la administración pública y a millares de funcionarios honestos y eficientes. Preocupa la tendencia a estigmatizar, de manera no siempre justa y apegada a los hechos.

No conviene a la nación que el reclamo de austeridad, válido en principio, y las controversias que genera den paso a acciones que socaven principios fundamentales del Estado de derecho democrático, como la división de poderes. Hoy, más que nunca en tiempos recientes, es fundamental cuidar los pesos y contrapesos en el Estado mexicano y en nuestra propia sociedad. Y esto necesariamente incluye precavernos del desarrollo del servicio público de carrera.

De hecho, lo que procedería, en una coyuntura como la que hoy vivimos en México, es emprender a fondo la tarea inconclusa de tener una plataforma sólida de servicio profesional de carrera, como empezó a intentarse, de manera más integral, a inicios de los años 2000. Es una prioridad siempre pospuesta o frenada y vulnerada con frecuencia en nuestro país. Habría incluso que pasar de esa concepción a la de Servicio Civil de Carreram, un eslabón que habría que también incorporar de manera orgánica en un esfuerzo como el del Sistema Nacional Anticorrupción.

Vale la pena recuperar algunos conceptos claves al respecto que se abordan en un ensayo esclarecedor al respecto: Servicio civil: Estabilidad y espíritu de cuerpo contra la corrupción, de los estudiosos en administración pública del Centro de Investigación y Docencia Económicas David Arellano Gault, Alejandra Medina y Roberto Rodríguez, contenido en el libro, ¿Podemos reducir la corrupción en México? Límites y posibilidades de los instrumentos a nuestro alcance, coordinado por el estudioso de la administración pública, David Arellano Gault.

• “Un servicio civil es una institución política de alta importancia, cuya existencia transforma sin lugar a dudas las relaciones políticas, de todo nivel, en una democracia”.
• “Las relaciones de los políticos electos en el ejecutivo y el parlamento se transforman al tener que relacionarse con un aparato administrativo que no puede ser tan fácilmente afectado”.
• ¿Por quién? Precisamente, por los vaivenes políticos y electorales. No se trata de que no puedan darse cambios promovidos desde la política y las prerrogativas democráticas, sino de preservar un espacio de estabilidad y desarrollo institucional y profesional especializado.
• “Un servicio civil fuerte coadyuva a combatir la corrupción sistémica al construir un espíritu de cuerpo que hace más probable una política organizacional desde el propio servicio civil, que vaya en contra de la corrupción de una manera endógena al propio aparato.”
• El camino: “sentar las bases para un debate renovado cuyo propósito sea fortalecer las estructuras institucionales y organizacionales para el combate efectivo de la corrupción sistémica en México”.

En síntesis, el debate sobre las remuneraciones de los funcionarios públicos no debe sustraerse de su relación con uno de los más grandes desafíos de México: construir un servicio civil de carrera a la altura de nuestros retos y aspiraciones de progreso. Gran oportunidad para el nuevo gobierno, con su respaldo popular y el poder que se le ha otorgado con sus resultados electorales.