El último Periodo Ordinario de Sesiones de la LXVIII Legislatura en el Congreso de la Unión cerró el 30 de abril con la aprobación de varias reformas fundamentales. Sin embargo, no se logró sacar adelante un amplio abanico de pendientes prioritarios, algunos de los cuales vienen arrastrándose de años atrás, y otros con plazos constitucionales incumplidos de por medio.
El desempeño en el Congreso, con su composición dividida —que viene desde el sexenio del Presidente Ernesto Zedillo, y todo apunta a que se repetirá en la próxima legislatura— es un recordatorio de una realidad que necesariamente hay que tomar en cuenta al evaluar las ofertas políticas de candidatos y partidos.
Hay que contar con la separación de poderes y, en el Legislativo, con formaciones políticas, muchas veces encontradas, que hacen complejo poder procesar reformas, activar políticas públicas o resolver diferencias y conflictos. Ésta es una de las explicaciones que brillan por su ausencia en las promesas de campaña, en las que abundan los qué, sin precisar los cómo.
Muchas de las propuestas que se hacen en los procesos electorales simplemente se vuelven inviables si su realización pasa por hacer ajustes o reformas legales y no se cuenta con el número de diputados y senadores que ello exige. Si un Ejecutivo Federal no dispone de ese apoyo mayoritario en el Congreso, todo depende de su capacidad de negociación y acuerdo, para que su oferta política inicial no quede en la llamada “congeladora legislativa”
Hay mucho por avanzar, en este sentido, para consolidar nuestra democracia. No puede ser que la mayoría de la población no conozca siquiera el nombre del diputado de su distrito o de sus senadores. Con sus acciones y omisiones, en el Congreso se decide el rumbo de México, así como en la Presidencia. Esta Legislatura es ejemplo de ello.
Avances
En este año, pasaron expedientes tan relevantes para el futuro como la llamada legislación Fintech, que incluye la nueva Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera y modificaciones a 9 leyes ya existentes. Es un paso que puede colocar a México a la vanguardia en la regulación y promoción, desde el Estado, a este sector que sin duda va a revolucionar la forma de hacer negocios en todo el mundo.
En materia económica, se renovó la Ley de Propiedad Industrial, para ofrecer mayor certeza jurídica a marcas, estimular la competencia, la innovación y desarrollo, y el emprendimiento. Asimismo, la Ley Federal de Protección al Consumidor fue fortalecida en beneficio de los consumidores, con más facultades y “dientes” para la Profeco.
La relevancia de la Ley General de Mejora Regulatoria recién aprobada puede calibrarse si pensamos que el costo regulatorio para el país asciende a cerca del 8% del PIB. Éste podría comenzar a reducirse con las medidas comprendidas, por ejemplo, en materia de homologación. De acuerdo con el Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria, mientras la federación ha logrado un avance de 75% en términos de mejora regulatoria, los estados sólo llegan a 35% y en los municipios apenas a un 21%. Además de cerrar espacios a la corrupción, se abona en la competitividad, incentivos a la inversión y a facilitar la multiplicación y el crecimiento de las empresas y el empleo.
En el 2017, se aprobó la Ley General de Protección de Datos Personales y en el 2016, destacadamente, la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, que abre un enorme potencial y da las directrices para relanzar el desarrollo de las regiones con mayores rezagos, a través de una de las ofertas de valor más competitivas que México haya ofrecido a la inversión productiva.
En relación con algunos de los frentes más sensibles para la sociedad, se definieron términos en materia de hostigamiento y acoso sexual, y el año pasado se aprobaron leyes generales sobre desaparición forzada y tortura, exigidas por víctimas, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales.
En 2017 pasó el paquete de Seguridad Interior, que, si bien sigue generando polémica, era urgente para dar certeza jurídica a la actuación de las fuerzas armadas, en tareas de las que deberían encargarse fuerzas civiles, que hoy por hoy no están a la altura.
No debe olvidarse que esta Legislatura fue la de la reforma política de la Ciudad de México, ni mucho menos el que es quizá su mayor legado con perspectiva nacional: el Sistema Nacional Anticorrupción. Se trata de una reforma estructural en toda la línea, como las Zonas Económicas en materia de desarrollo regional: si hacemos todo lo necesario para que funcione y se aplique, puede ser la punta de lanza para abatir este mal que corroe la política, la economía y la cohesión social en nuestro país.
Pendientes
No obstante, el logro de los avances, los pendientes y las omisiones no pueden obviarse. De hecho, invalidan algunos de los avances y logros. Ese es el caso, por supuesto, del retraso de nombramientos claves en el Sistema Nacional Anticorrupción: se designó al Auditor Superior de la Federación, pero faltan el Fiscal General, el Fiscal y los 18 magistrados Anticorrupción.
El Sistema no va a caminar bien, en tanto no se cubran estas vacantes, algo tan apremiante como asegurar una fiscalía general autónoma, independiente y profesional, lo que demanda una reforma del Artículo 102 Constitucional.
Lo mismo ocurre con un frente tan crítico como la seguridad pública: vuelven a postergarse decisiones urgentes sobre coordinación y mandos policiacos.
En el campo económico, quedan pendientes reformas como la nueva Ley Aduanera, en Justicia Laboral, Ciencia y Tecnología, protección en vías generales de comunicación, Agua y simplificación de normas oficiales, entre otras. Además, se quedaron sin resolver las designaciones de varios funcionarios clave.
En general, hay mucho por hacer y por exigir para los próximos legisladores. La ciudadanía y los sectores de la sociedad deben hacer su tarea, para impulsar y marcar la agenda pública en ese sentido.
Además de los pendientes referidos, hay que iniciar discusiones trascendentes en temas como reforma hacendaria, pensiones y seguridad social. Es tiempo de hacerlo. Para eso deben servir los procesos electorales: para construir rumbo y definiciones de país.
Para llegar a decisiones que no dependen, ni pueden hacerlo, sólo del próximo Presidente de la República, sino de la nación, y en gran medida, de los diputados y senadores que hay que elegir como representantes de los ciudadanos.
