La República Mexicana es uno de los cinco países más megadiversos del mundo, esto gracias a su gran variedad ecológica en materia de flora y fauna. Por ejemplo, según la Revista Mexicana de Biodiversidad, México es, en materia de reptiles, el segundo lugar con más diversidad. La megadiversidad que poseemos emana casi directamente de la proporción territorial que gozamos –siendo el 14º país con mayor territorio del mundo–, así como de la geolocalización –la mayor parte de nuestro territorio se encuentra en el trópico de Cáncer – y de igual manera de nuestro aislamiento geográfico –en México se concatenaron dos grandes extensiones de masa territorial: Norteamérica y Sudamérica–, lo que implica una mayor riqueza en flora y fauna.
En México, el delito ecológico es un fenómeno latente y desatendido por las autoridades estatales y federales. Los orígenes y consecuencias de orden criminológico que éste puede proporcionar a su estudio son diversas como también lo pueden llegar a ser sus explicaciones. Sin embargo, ninguna autoridad ha tomado con la seriedad que merece el daño que se le provoca al medio ambiente. Lo anterior se puede ver reflejado en los recortes sustanciales que han acaecido en instituciones públicas dedicadas a la preservación y desarrollo del medio ambiente como las Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), cuyo presupuesto en 2019 se vio reducido en hasta en un 75%. Lo anterior debido a los malos manejos de administraciones anteriores.
Por tanto, es necesario esperar una pronta solución para que no se desahucie a dichas instituciones, es decir, se debe solucionar el problema de corrupción que embandera la Cuarta Transformación y automáticamente tiene que reasignarse el presupuesto de nuevo para que las instituciones cumplan su función plenamente y que el recurso recortado no procure otras intenciones.
En materia de medio ambiente debe evitarse que sus instituciones caigan en manos de cacicazgos políticos que condicionen el presupuesto. Hecho similar ha sucedido con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) cuya función, en teoría, no sólo es la de medir la calidad del aire en la región que la conforma, sino que tiene una responsabilidad científica que abarca la diversidad de cinco estados de la República y de más de 200 municipios, es decir, hay responsabilidad directa en cuanto a flora, fauna y recursos que se encuentran incorporados a esta región.
Para la criminología ecológica esto no sólo es alarmante en cuanto a su etiología visiblemente política, sino también en cuanto a sus consecuencias sociales. Estamos hablando de una de las regiones más sobrepobladas del planeta –que supera los 25 millones de habitantes–, para el saber criminológico esto ya indica un problema serio, porque a mayor índice demográfico, mayor criminalidad, y si a esto le sumamos una problemática ambiental, el resultado puede ser catastrófico a nivel social. Es decir, si ponemos, por ejemplo, la escasez de recursos hídricos que ocurre frecuentemente en el Estado de México, a un nivel mayor, ¿qué haría la gente por obtener el agua? El agua es el recurso más valioso de la sociedad y, sin embargo, el más despreciado. Pero ante la falta de un elemento tan necesario para la vida, las respuestas pueden ser muchas y una de ellas, sin duda, es la violencia.
En este sentido, el desinterés ecológico de parte de los gobiernos mexicanos puede provocar una escalada violenta insospechable, pues dependemos por completo del planeta que habitamos y sin sus recursos, ni bondades, llegará un momento en el que los seres humanos, posiblemente, pelearemos por un pedazo de pasto o un charco de agua. Y en esa violenta disputa reside el interés criminológico.
