El cambio climático tiene la profundidad sobrada para convertirse en el referente de cambios obligados, desde la economía hasta la cultura. La emergencia ambiental puede y debería lograr que las condiciones climáticas fueran un propósito estratégico en cada país a fin de apurar soluciones, en primer lugar, a la sustitución de hidrocarburos como fuentes de energía, para lo cual son necesarias muchas más inversiones e innovaciones de las que se han hecho en el mundo.
Por lo pronto, John Kerry, el nuevo encargado de Estados Unidos para el cambio climático, declaró que la reunión de Glasgow (COP26) será “la última oportunidad para que el mundo se encamine a evitar los peores efectos del cambio climático”, y el 27 de enero, el presidente Biden se refirió al tema como “un elemento esencial de la política exterior y la seguridad nacional de Estados Unidos”.
No es exagerado considerar la situación ambiental como una amenaza para la seguridad de todos los países; el 2020 fue uno de los años más calientes de que se tenga registro (como lo ha sido cada año durante el último lustro).
El año pasado ocurrieron incendios extraordinarios en el oeste de Estados Unidos y en Australia; nunca, en Siberia, se había registrado temperaturas de 38 grados centígrados, ni se había visto en un mes de octubre que el hielo en el círculo polar Ártico –que abarca 16.5 millones de kilómetros cuadrados– alcanzara apenas 3.3 millones de kilómetros cuadrados, o que un huracán en el Atlántico causara tan severos daños en el sudeste asiático, que forzó a 12 millones de personas a dejar sus casas. El lunes pasado, la fractura de un glaciar del Himalaya hizo desparecer a cientos de personas y arrasó con una hidroeléctrica en la India.
Treinta y tres países ya han declarado emergencia ambiental. Refrenar el cambio climático es un elemento esencial de la seguridad del planeta. Así lo han entendido varios gobiernos europeos y ahora el de Estados Unidos.
Mientras el presidente López Obrador quiere que la electricidad generada por la CFE en termoeléctricas (con hidrocarburos), tenga preferencia en su distribución sobre la que ya generan algunas inversiones en energía limpia.
Es posible anticipar que el gobierno de Biden utilizará el T-MEC de “libre comercio” para convencer al gobierno de López Obrador, no de que desarrolle proyectos, sino de que se abra a inversiones estadounidenses en la instalación de energía limpia.
El desafío de frenar el calentamiento global es desarrollar fuentes de energía alternas al petróleo y carbón a precio accesible y rentabilidad atractiva para inversionistas. ¿Podría hacerlo la iniciativa privada mexicana?
Se trata de reducir y eliminar el uso de hidrocarburos en las industrias de energía (principalmente eléctrica), de las manufacturas, de otros procesos industriales y de la construcción que en conjunto son las actividades responsables del 50.9% de las emisiones de carbono y de CO₂ (datos de 2012).
Hace décadas que se conoce el potencial de la energía eólica y solar, pero las Conferencias de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, desde el Protocolo de Kyoto (1992) hasta la COP25 reunida en Madrid en 2019, no han conseguido acelerar su desarrollo con la sola advertencia de que está en juego la sobrevivencia humana y la de gran parte de la biodiversidad.
El único lenguaje que puede motivar soluciones en el sistema económico prevaleciente, es el referido a inversiones privadas que sean lucrativas a largo plazo, y todo indica que lo serán las que provean de nuevas fuentes de energía a la planta industrial de todo el mundo.
También puede interesarte: Limpiar el planeta puede ser negocio.
