El episodio de los alcaldes que hace unos días fueron rociados con gas lacrimógeno frente al Palacio Nacional, cuando demandaban audiencia para abordar los problemas financieros que enfrentan sus ayuntamientos ante nuevos recortes presupuestales para el 2020, puso los reflectores en un desafío mayúsculo del régimen político mexicano. Más allá de la polémica por el hecho en sí mismo.
Por supuesto, llamó la atención el trato dado a los ediles, cuando en el mismo sitio, hace muy poco, encapuchados hicieron destrozos sin que hubiera contención ni mucho menos consecuencias, lo mismo que con antecedentes como las transgresiones a los derechos de terceros de normalistas o sindicalistas del magisterio.
Sin embargo, quizá resulta más revelador e importante el que este suceso colocara en la palestra la crisis de la institución municipal. Otra fractura estructural en agenda nacional, a la que no suele darse la atención que reviste.
Resulta paradójico que en el año en que tendríamos que conmemorar el establecimiento del primer ayuntamiento en América –hace 500 años en lo que hoy es el Puerto de Veracruz– se exacerbe la gran fragilidad de los gobiernos locales en nuestro país. Una descomposición que, desde hace años, sólo ha sido enfrentada con paliativos o remedios provisionales, en vez de entrarle con seriedad al desafío para acordar las respuestas de fondo que hacen falta, con una puesta al día del federalismo mexicano, incluyendo un nuevo acuerdo de coordinación fiscal.
Causas de coyuntura y de fondo
La célula básica de la organización política en México, la primera ventanilla para la atención ciudadana, la instancia que tiene más que ver con el bienestar de la gente en lo inmediato, es la más precaria tanto en su disposición de recursos como en el desarrollo de sus capacidades. Por ello fue doblemente significativo ver a alcaldes con cartulinas que decían “Salvemos al municipio” o “Sin municipio no hay nación”, y que su protesta tuviera ese desenlace.
El detonador del conflicto fue una reducción abrupta al presupuesto de los municipios por más de 6 mil 500 millones de pesos, derivada de la desaparición o ajustes a diversos fondos o mecanismos de distribución de recursos.
En general, afectó mucho la desaparición del Ramo 23 del Presupuesto de Egresos de la Federación, cuyos recursos se destinaban a obras de infraestructura e inversiones en otros rubros. La medida tuvo que ver con los escándalos de “los moches”, con que partidos, legisladores y gobiernos negociaban con los ediles, donde la política-clientelar y acusaciones de corrupción contaminaban al proceso presupuestal. Sin embargo, si bien existía esa distorsión y hubo tanto abusos como desperdicios, esos recursos sí sirvieron para emprender obras importantes en muchos municipios.
La cuestión es que, como en otras situaciones con antecedentes de corrupción o malos resultados, se optó por cortar de tajo, en vez de corregir las prácticas irregulares y/o buscar alternativas.
De acuerdo con representantes de la fracción política mayoritaria en el Congreso, en función de ajustes a la Ley de Ingresos, se habría logrado un incremento de 31 mil millones de pesos para repartir entre los gobiernos estatales y municipales a través del gasto federalizado. Como sea, el problema estructural subsiste.
Por lo pronto, los municipios reciben 20% de la recaudación federal participable, la cual, de acuerdo con el proyecto original de presupuesto, tendría una caída de casi 1% para el 2020. Recibirían cerca de 2 mil millones menos por esa vía, por lo que no habría ajuste inflacionario. El Fondo de Fortalecimiento del Desempeño de Seguridad Pública (Fortaseg) tendría una disminución de 903 millones de pesos y 300 municipios perderán la recaudación del Fondo Minero. Son recortes que se dan sobre una situación de por sí muy débil, especialmente para los municipios con mayor marginación social, fuera de las ciudades o regiones más desarrolladas.
Costos y áreas de oportunidad
La debilidad de los municipios importa, y mucho. Recordemos que éstos se ocupan lo mismo de la recolección y disposición de la basura que de la seguridad ciudadana, a través de las policías preventivas y de tránsito. Son responsables tanto del alumbrado como del agua y el drenaje, del transporte y de la regulación en materia de construcción. Lo mismo supervisan los mercados públicos que los panteones.
¿Cómo podríamos superar retos de seguridad, como la extorsión a negocios, sin el concurso de este orden de gobierno que, a fin de cuentas, es el que conoce in situ la situación de la vida pública en su demarcación y es la autoridad más cercana para los ciudadanos?
Además, hay que situar este problema en un marco de estancamiento o recesión económica en varias zonas del país, que agrava la crisis de delincuencia de muchos municipios.
Aunque los ayuntamientos tienen la facultad de recaudar por concepto de impuesto predial y servicios como la distribución de agua, su desarrollo fiscal es, en general, muy incipiente, y en la mayoría, nulo. La recaudación que hacen los municipios apenas llega al 0.4% del PIB del país; en Brasil, alcanza el 2.4% y en Colombia el 3.7 por ciento.
En el debate sobre el futuro de México, y en particular, sobre su régimen político, es fundamental que demos al municipio el lugar que le corresponde; indispensable en la reforma pendiente para poner al día nuestro federalismo, lo mismo que en la que se requiere en materia hacendaria.
Los grandes desafíos de la nación requieren de la perspectiva y de la aportación del nivel local. No podemos dejar en el desamparo al eslabón fundamental de nuestro régimen político, en el marco del Estado democrático de derecho. Hay que ir por un nuevo acuerdo federalista para enmendar las distorsiones actuales.
Dejar en la precariedad fiscal a los municipios es atentar contra el instrumento más cercano para procurar el bien común, pero también supone el riesgo de una centralización antidemocrática del poder público.
En un país tan diverso y plural como México, hay importantes diferencias entre los 2,462 municipios que tenemos. El caso de Oaxaca –mi estado natal– es emblemático, con sus 570 ayuntamientos, gran parte bajo el sistema de usos y costumbres. Sin embargo, hay un elemento que sí da un sentido común a esa diversidad: si las bases son frágiles, el edificio es endeble en sus tres niveles: municipal, estatal y federal.
El municipio no debe seguir siendo un tema marginal en la agenda nacional. Hay que darle la proyección que merece. Ahí radica buena parte de las capacidades y de las soluciones que están haciendo falta en muchos de los grandes desafíos de cada estado y de México, en su conjunto.
En suma, sí hay que salvar al municipio y fortalecer el federalismo mexicano para que estén a la altura de los retos del México de hoy y del futuro. Es la mejor forma de conmemorar los 500 años de la institución del Ayuntamiento en nuestro continente.
