El pasado 21 de septiembre de 2020, el Senador Germán Martínez Cazares presentó al Congreso de la Unión una iniciativa de ley que tiene por objeto la creación de un nuevo ordenamiento que establezca responsabilidades sociales de carácter corporativo para las empresas que lleven a cabo conductas negativas o maliciosas.
Esta nueva Ley General de Responsabilidad Empresarial y Debida Diligencia Corporativa (la “Ley”) buscaría determinar las reglas para regular la conducta responsable de las empresas y mitigar los impactos negativos que pueden resultar de sus operaciones en cadenas de suministros, relaciones comerciales, condiciones laborales, derechos humanos, cuidado al medio ambiente, combate a la corrupción, protección a los derechos de los consumidores, gobierno corporativo y los programas de cumplimiento, entre otros.
La presente Ley sería aplicable a todas aquellas empresas constituidas en México, que operen en el país o en el extranjero, desde micro hasta grandes empresas, con la obligación de respetar a toda costa los derechos humanos en su gestión comercial y operativa.
Estableciendo para ello, tener que observar el estándar más alto de cumplimiento para aquellas empresas en las que su giro comercial corresponda a la industria textil, minera, energética, turística y agroalimentaria.
De esta manera, la principal obligación a cargo de las empresas será la implementación de un Programa de Responsabilidad Social Empresarial que este directamente vinculado con las actividades que éstas realizan.
Asimismo, se propone que la vigilancia a cargo del cumplimiento de la presente Ley se lleve a cabo a través de la Secretaría de Economía quien trabajaría en conjunto con la CNDH, la Presidencia de la República y el Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sustentable, para constituir el Registro Nacional de Responsabilidad Empresarial.
Finalmente, esta Ley contempla sanciones por incumplimiento a las normas, las cuales van desde multas hasta la suspensión y clausura de establecimientos a través de un procedimiento administrativo que se llevaría a cabo de manera independiente a aquellos que se pudieran suscitar por responsabilidad penal o civil en contra de la empresa.
Este boletín fue elaborado conjuntamente por Guillermo Villaseñor Tadeo (gvillasenor@sanchezdevanny.com), José Rodolfo Pérez Argüello (jperez@sanchezdevanny.com), Eduardo Barreira-Reynoso Monterrubio (ebreynoso@sanchezdevanny.com) y Brandon Rodríguez Lugo (brodriguez@sanchezdevanny.com)
