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Derivado de la iniciativa de reforma fiscal para el 2021, el Ejecutivo federal propuso otorgar diversas facultades a las autoridades fiscales en el ejercicio de sus revisiones fiscales.

Dentro de estas facultades, se pretende establecer la posibilidad para que los auditores puedan usar herramientas tecnológicas para recabar imágenes o material que sirva para efectos de hacer constancia de ciertas cuestiones dentro de una auditoría.

Al respecto, la Jefa del Servicio de Administración Tributaria (“SAT”), Raquel Buenrostro, ha comentado que la razón de dicha reforma deriva de que existen diversos casos en los que el SAT ha perdido la posibilidad de cobrar impuestos derivado de un vicio en el procedimiento.

De igual manera, establece que los auditores llevan realizando sus revisiones de la misma manera en la que lo habían venido haciendo hace 20 años. Por lo tanto, comenta que es indispensable que la propuesta sea aprobada.

Al respecto, esta propuesta no necesariamente implica que sea una iniciativa negativa. Lo anterior, ya que podría servir como defensa para el contribuyente, en los casos en los que la autoridad abuse de sus facultades. Sin embargo, es indispensable que se implemente dicha reforma de manera adecuada. Esto, ya que la redacción de la propuesta de reforma no señala límites para esta atribución de los auditores.

Derivado de lo anterior, consideramos que sería recomendable que se regulen en el Código Fiscal de la Federación las siguientes cuestiones: i) sea obligatorio el uso de medios digitales para la entrega de la orden de vista y, su incumplimiento, de lugar a un vicio grave en el procedimiento, ii) en las auditorías se graben el cumplimiento de los requisitos de la orden de visita, iii) se establezcan formalidades adicionales en el uso de estas herramientas, y iv) se establezcan medidas adecuadas para asegurar que los medios electrónicos no han sido manipulados, similar a lo que sucede con la cadena de custodia para cuestiones penales.

Asimismo, será importante que se implementen estrategias para evitar el abuso de autoridad por parte de los auditores. En este sentido, será recomendable que se establezcan parámetros internos para asegurar que los auditores no se estan allegando de recursos por extorsiones a los contribuyentes o por actos de corrupción derivado de amenazas por el uso de estos medios.

Este boletín fue elaborado conjuntamente por Guillermo Villaseñor Tadeo (gvillasenor@sanchezdevanny.com) , José Rodolfo Pérez Argüello (jperez@sanchezdevanny.com) , Eduardo Barreira-Reynoso Monterrubio (ebreynoso@sanchezdevanny.com) y Brandon Rodríguez Lugo (brodriguez@sanchezdevanny.com)

Rechazan autoridades fiscales al menos 50% de solicitudes sobre facilidades fiscales.

Cada vez son más contribuyentes los que han visto mermados sus márgenes de utilidad por la baja en la actividad económica. Derivado de lo anterior se han visto obligados a optimizar su flujo de efectivo optando para ello por la disminución de sus pagos provisionales a cuenta del Impuesto sobre la Renta (“ISR”) del ejercicio fiscal actual.

Es importante recordar que los pagos provisionales son pagos a cuenta del impuesto anual que deben calcularse de manera mensual, aplicando a los ingresos obtenidos en el mes un coeficiente de utilidad (calculado con base en el margen de utilidad fiscal del último ejercicio fiscal en que se haya generado una utilidad fiscal).

La alternativa de reducir los pagos provisionales es procedente en la medida que la empresa estime y pueda demostrar que el coeficiente de utilidad que se ha venido aplicando para su cálculo durante el primer semestre del año es mayor al que realmente se tendrá al cierre del ejercicio.

No obstante, aunque gran parte de los contribuyentes ha solicitado al Servicio de Administración Tributaria (”SAT”), la disminución de sus pagos provisionales, las autoridades fiscales han rechazado cerca del 50% de las solicitudes presentadas en los últimos 3 meses.

Aunque algunas solicitudes de reducción de pagos provisionales se presentan con errores, se estima que gran parte de los rechazos se deben a interpretaciones incorrectas de las autoridades fiscales y a la reticencia de la autoridad de ver disminuida su recaudación.

En ese sentido, es importante señalar que en contra de las negativas de reducción de pagos provisionales es procedente la interposición de medios de defensa que en su caso podrían tardar en resolverse de 3 meses hasta un año.

Este boletín fue elaborado conjuntamente por Guillermo Villaseñor Tadeo (gvillasenor@sanchezdevanny.com), José Rodolfo Pérez Argüello (jperez@sanchezdevanny.com), Eduardo Barreira-Reynoso Monterrubio (ebreynoso@sanchezdevanny.com) y Brandon Rodríguez Lugo (brodriguez@sanchezdevanny.com)

Diputados de Morena buscan hacer más eficiente la recaudación de grandes contribuyentes

Al margen de la próxima discusión y en su caso, aprobación del Paquete Económico 2020, el pasado 18 de agosto de 2021, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados por conducto del diputado Carol Antonio Altamirano presentó dos propuestas para aumentar la recaudación de impuestos sobre grandes contribuyentes, particularmente sobre aquellos que lleven a cabo un gran volumen de operaciones o que pertenezcan a la industria alimenticia. 

Con la presencia del Procurador Fiscal de la Federación (PFF), Carlos Romero Aranda, se discutió el alcance de la recaudación del Impuesto sobre la Renta (ISR) que realizan las personas morales. Lo anterior pues se estima que anualmente la mayor parte de los grandes contribuyentes y empresas multinacionales presentan informes ante la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) reportando así, menos cantidades pagadas por concepto de este impuesto, de las que realmente deberían enterar al fisco federal.

En ese sentido, la PFF se comprometió a trabajar en conjunto con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), para que, sin aumentar impuestos, se calcule la tasa efectiva que deben pagar los grandes contribuyentes con el fin de incrementar los márgenes de recaudación.

Por su parte, la segunda propuesta antes mencionada, se centrará en revisar la eficacia del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS).  Esto, como parte de una nueva estrategia para reducir el consumo de alimentos altos en sal, grasa y azúcar, entre otros, y que como consecuencia de la pandemia se ha presentado un incremento en el consumo de este tipo de productos.

Estas determinaciones son un reflejo más del enfoque fiscal que el gobierno encabezado por el Presidente Lopez Obrador se encuentra tendiente a realizar, como parte de las posturas que entrarán en discusión en los siguientes meses y que dé su aprobación, tendrán un carácter de obligatoriedad a partir del siguiente año.

Este boletín fue elaborado conjuntamente por Guillermo Villaseñor Tadeo (gvillasenor@sanchezdevanny.com), José Rodolfo Pérez Argüello (jperez@sanchezdevanny.com), Eduardo Barreira-Reynoso Monterrubio (ebreynoso@sanchezdevanny.com) y Brandon Rodríguez Lugo (brodriguez@sanchezdevanny.com)