Esta mañana, el Gobierno federal firmó con parte del sector empresarial y obrero, un convenio en materia de subcontratación, mejor conocido como “outsourcing”. Sin embargo, algunos organismos de la iniciativa privada rechazaron tal arreglo bajo el argumento de que sigue afectando la presencia de empleos formales, la competitividad del país y la supervivencia de micro, pequeñas y medianas empresas.
Por medio de un comunicado, la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtieron que no participarán en el acuerdo anunciado por la actual administración.
Según el testimonio de las organizaciones, el planteamiento presentado el día de hoy, preserva la idea de prohibir de forma sustancial, la figura de la subcontratación. En este sentido, puso de manifiesto, que únicamente se está dejando la “subcontratación especializada”.
“Hemos decidido no suscribir el acuerdo propuesto por el Gobierno Federal en referencia a esa iniciativa, dado que preserva la idea de prohibir de manera sustancial, la actividad de la subcontratación”, apuntó el grupo.
Pese a que los organismos Canacintra, CNA y Coparmex también rechazaron los estigmas hacia el sector empresarial, manifestaron que se encuentran dispuestos a dialogar con la administración. Esto incluye al presidente de la República, pero también a las Cámaras que conforman el Congreso de la Unión.
Pero, ¿cuál es el acuerdo propuesto por el Gobierno?
Durante la conferencia matutina de este 9 de diciembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó con representantes empresariales y obreros, un acuerdo de negociación en materia de outsourcing. En este sentido, dio por iniciada la consulta cuyo objetivo es generar consenso en los derechos laborales y repartición de utilidades.
“Se inicia un proceso para llegar pronto a un acuerdo sobre la subcontratación y reparto de utilidades, escuchándonos todos y poniendo por delante el interés general. En este caso, el beneficio de los trabajadores, las empresas y el país”, dijo el funcionario.
Desde Palacio Nacional, Luis María Alcalde Luján, titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), informó que el convenio entre Gobierno, iniciativa privada y sector obrero, responde a la necesidad de garantizar los derechos laborales, así como de las empresas. Así, señaló cuatro aspectos fundamentales en la materia:
1.Las empresas del país deben iniciar de inmediato el proceso para regularizar sus plantillas. Esto, en el marco de la iniciativa de Ley presentada por el presidente de la República.
2.El esquema de reparto de utilidades en materia de subcontratación no ha quedado del todo debatido. Por consiguiente, habrá más tiempo de una discusión con el objetivo de que los sectores involucrados definan un sistema justo, equitativo y sin discrecionalidad.
3.Se pidió al Poder legislativo una prórroga para que la discusión parlamentaria de la iniciativa sobre outsourcing se realice hasta febrero del 2021.
4.Las autoridades hicieron un llamado a las empresas a fin de que dejen de desarrollar prácticas perjudiciales para los trabajadores, tales como despidos en el mes de diciembre. Los Institutos Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), así como el Servicio de Administración Tributaria (SAT) reforzarán el exhorto.
Carlos Aceves del Olmo, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México, expresó que todo el sector obrero votó a favor del ya citado convenio. Asimismo, pidió a la iniciativa privada que siga dispuesto al diálogo abierto, dado que a su decir, así como hay un “outsourcing blanco”, existe uno “negro” que abusa de los empleados.
“Hago un llamado al sector empresarial, para que de la misma forma que nos hemos entendido durante tantos años, lo hagamos esta vez también. De esto depende mucha gente”, manifestó Aceves.
Por su parte, Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), celebró el acuerdo entre Gobierno y sector obrero. Puso de manifiesto que se ha llevado a cabo un diálogo que permitirá adaptar a las empresas a una regulación adecuada de la subcontratación.
Finalmente, Salazar expresó que los empresarios jamás apoyarán irregularidades en materia laboral. Incluso, aseguró que las conclusiones que se presentarán en el mes de febrero al poder Legislativo, serán mejores de las que ya se tienen.
