Altos Hornos de México

Las tribulaciones de Ancira

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Alonso Ancira Elizondo, llamado por algunos medios el Rey del Acero, quien fuera Director y Presidente del Consejo de Administración de la siderúrgica Altos Hornos de México, y ocupara destacados cargos dentro de las mayores organizaciones empresariales del país, es uno más de los personajes que se une a los implicados en la denuncia hecha por Emilio Lozoya Austin, detonante de otro de los escándalos de corrupción entre empresarios y funcionarios en el régimen de Enrique Peña Nieto, que fue extraditado de España, y hoy es procesado por el delito de lavado de dinero por haber vendido a sobreprecio a Petróleos Mexicanos la planta de Agro Nitrogenados, ubicada en Coatzacoalcos, Veracruz.

Ancira, originario de la Ciudad de México, con residencia actual en Monclova, Coahuila, de sesenta y nueve años de edad, egresado de la Universidad Anáhuac, con un largo historial en la industria del acero nacional, no es la primera vez que se encuentra involucrado en asuntos malolientes, pues anteriormente huyó a Israel, de donde regresó al resolverse graves problemas de administración en la principal acería del país, que le fuera vendida en 1991 en el régimen de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), época en que se transfirieron trescientas nueve empresas estatales a la iniciativa privada, bajo la premisa de que el Estado es mal administrador, de acuerdo con Milton Friedman, padre del neoliberalismo, pandemia economicista que azotó al mundo a finales del siglo XX e inicios del actual.

neoliberalismo
Ilustración: Medium.

Gran parte de la economía de Monclova y poblaciones del centro de aquella entidad depende de Altos Hornos de México. Fue fundada en 1941 y durante décadas dirigió esta paraestatal, Harold R. Papé, un norteamericano de ascendencia judía, que creó gran número de empleos (en la década de los sesenta se calculaban dieciocho mil trabajadores sólo en la planta central) pero también un grupo de diez millonarios que formaron empresas de materias y servicios; el señor Papé, como era comúnmente nombrado, creó más de diecisiete empresas de su propiedad alrededor de la misma. La población creció de cinco mil a ochenta mil habitantes en aquella época de auge y bonanza. Su “contrapeso” era el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, liderado por Napoleón Gómez Sada, padre del actual senador Napoleón Gómez Urrutia.

El mayor cargo que pesa sobre el empresario capitalino es el de lavado de dinero, quien aprovechó la administración del Enrique Peña Nieto para revender la empresa en condiciones deplorables, se dice chatarra, Agro Nitrogenados a PEMEX, en más de quinientos millones de dólares que, conforme a la Auditoría Superior de la Federación, reveló el sobreprecio de doscientos diecinueve millones de dólares aproximadamente, al que habría que cargar los intereses de dicha suma. Si a ello se agrega que este asunto está ligado a los sobornos de Odebrecht, empresa brasileña dedicada a la corrupción de funcionarios de diversos países para obtener jugosos contratos, el asunto de Ancira se agudiza.

Otra de las malas jugadas del empresario fue el haber acusado el 11 de diciembre de 2020, al presidente Andrés Manuel López Obrador, por las declaraciones que hizo sobre el tema en una mañanera y referirse a su persona, con los cuales afectaba su “honorabilidad” y por lo cual el Titular del Ejecutivo debía darle una disculpa pública. La acusación fue desechada por los tribunales federales por no encontrar elementos que sustentaran dichas afirmaciones, por lo que se echó un alacrán al seno, aunque todos sabemos que lo de AMLO “su fuerte no es la venganza”.

ancira y lozoya
Alonso Ancira junto con Emilio Lozoya (Imagen: Cuartoscuro).

Por ahora, desde el 4 de enero del presente año, Ancira Elizondo se encuentra en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, en prisión preventiva, y con la esperanza de llegar a un acuerdo resarcitorio por los más de doscientos millones de dólares con el sigiloso Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, que no suelta prenda sobre esta reparación del daño causado en perjuicio de Petróleos Mexicanos. Todos los recursos de sus abogados porque lleve su proceso en libertad han sido vanos, bajo el argumento del juez de control, quien se resguarda en el concepto de que el procesado está en “riesgo de fuga”. También debido a que el acusado tiene la nacionalidad estadounidense.

¿Será Ancira de aquellos 23 magnates mexicanos que acumularon una fortuna de 48 mil millones de dólares, en el boom del neoliberalismo de Salinas y sucesores? “Sólo Dios y los americanos” como dicen en mi pueblo, al no saber la respuesta.


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La tragedia de Pasta de Conchos

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Aquel 19 de febrero de 2006, estaba desayunando en un restaurante de Saltillo, Coahuila –mi patria chica materna–, cuando me sorprendió la noticia de la explosión acaecida ese mismo día a las 2:05 horas en la mina de Pasta de Conchos, del municipio de San Juan de Sabinas, Ejido de Santa María de la zona carbonífera sita en el centro territorial de la entidad, que había dejado en sus galerías los 63 mineros atrapados, y vino enseguida a mi mente el trágico accidente en la mina de Barroterán, en la misma cuenca el año de 1969, que arrojó un saldo de 153 mineros muertos, y que abastecía de carbón denominado “coke”, a la entonces empresa paraestatal Altos Hornos de México; considerada aquella como una de las mayores tragedias mineras que rápidamente dio la vuelta al mundo.

Por coincidencia, a la salida de aquel restaurante me encontré con un viejo minero amigo mío de la Sección 14, de Rosita, Coahuila, del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos, y me dijo que la onda de la explosión de Pasta de Conchos había sido tan intensa que todos los mineros estaban muertos.

pasta de concho
Imagen: Milenio.

Hoy, a catorce años de aquel hecho trágico, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha tenido una reunión en Palacio Nacional con los deudos de los mineros caídos y firmar el compromiso de rescatar los cuerpos de los mineros y pagar una discrecional indemnización, que se hizo constar por escrito. El pago de esta última pudiera ser lo de menos, porque la empresa Industrial Minera México (IMMSA) ya pagó la pensión dispuesta por la ley, además de otras ayudas y prestaciones por el daño moral causado a las familias, pero el compromiso de rescate de los cuerpos de los mineros, o lo que resta de ellos, es bastante serio para la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a la cual se le ha impuesto la obligación de rescatarlos en un término de cuatro años, es decir, en 2024, justo cuando termina el mandato presidencial del actual gobierno. Quienes comparan esto con el caso de los mineros atrapados de Chile, ocurrida el 5 de agosto de 2010 donde el rescate fue exitoso, olvidan o ignoran que la mina no era de carbón sino de cobre y oro, y hubo sólo un derrumbe que cerró la galería donde se encontraban los mineros, mientras que en Conchos ocurrió un colapso de varios derrumbes, que hacen más difícil y riesgoso el acceso al lugar.

Tanto el presidente Vicente Fox –en cuya administración ocurrió el lamentable hecho – como Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, los tres se obligaron con la trillada frase de “llegaremos hasta las últimas consecuencias”, pero no pasaron del discurso hueco y simulado, porque los responsables directos e indirectos no fueron a la cárcel por este “crimen industrial” que causó el luto de más de 150 deudos. El punto esencial del rescate de los cuerpos de los mineros fue evadido tanto por lo oneroso como por las adversidades geológicas para lograrlo. No obstante, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuyo titular era José Luis Soberanes, se pronunció –expediente 26/06– por violaciones a los derechos humanos , a la legalidad , seguridad jurídica, integridad física y vida de los trabajadores, pero la recomendación se fue al vacío por el encubrimiento al sindicato minero que no luchó por la seguridad y las reglas de higiene de los mineros, y de la empresa que se refugió en el argumento de que, al no conocer la verdadera causa del accidente, no podía ser considerada responsable y culpada por probables deficiencias de seguridad.

jose luis soberanes
José Luis Soberanes Fernández, abogado y jurista mexicano.

La hipótesis más socorrida de la causa de la explosión es la debida a una deficiencia en los volúmenes de aire del sistema de ventilación que ocasionó una abierta violación a la norma NOM-STPS- 023/2004, por la carencia de esta medida esencial, y provocar que el gas metano con alguna chispa produjera el estallido. Sin embargo, al no saber hasta la fecha qué sucedió exactamente en el lugar de los hechos, toda hipótesis queda sólo en eso, una suposición solamente.

Por ello, el compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador es grave, tanto por lo costoso que resulta el rescate de los cuerpos de los mineros muertos, como por los altos riesgos que corren quienes vayan a dedicarse a esta tarea. Finalmente, recuerdo las palabras de un alto directivo extranjero de Altos Hornos de México que dijo, al preguntársele su opinión, que “esto pasa siempre por trabajar en las entrañas del infierno”.


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Presidente de AHMSA logra amparo contra orden de aprensión

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Alonso Ancira obtuvo un amparo definitivo para evitar ser detenido

Altos Hornos de México (AHMSA) informó que su presidente, Alonso Ancira, obtuvo un amparo definitivo contra la orden de aprehensión emitida en su contra el 25 de mayo de 2019.

“Con fecha 11 de agosto, la justicia federal determinó otorgar protección y amparo definitivo al licenciado Alonso Ancira Elizondo contra la orden de aprehensión emitida el 25 mayo de 2019”, dicta el comunicado.

De acuerdo con lo indicado en la misiva de la empresa, el juez de Control adscrito al Reclusorio Norte de la Ciudad de México fue instruido para dictar todas las determinaciones que se deducen del fallo favorable. Dicha orden de aprehensión dio origen a la “ficha roja” de Interpol así como a la posterior solicitud de extradición presentada ante la justicia de España.

En acuerdo enviado el 17 de agosto al juez de control de la Ciudad de México por el licenciado Amos José Olivera Sánchez, del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas, en precisión de los alcances de la sentencia de amparo, establece que “dada la extinción de la acción penal decretada, debe ordenar la cancelación del mandato de captura emitido en contra del aquí quejoso”.

“Desde el primer momento, tanto el presidente del Consejo de Altos Hornos de México como la propia empresa rechazaron la existencia del supuesto delito, ya que como comprueba la documentación aportada al tribunal, los fondos involucrados en las transferencias utilizadas para configurar la acusación provenían de cuentas bancarias regulares de AHMSA y obedecieron a un contrato de servicios entre particulares”, señala la firma en el comunicado.

En relación a la operación de compra-venta de las plantas de fertilizantes, instalaciones y servicios que comprendían el complejo petroquímico Agro Nitrogenados, la firma indicó que en su momento solicitó un avalúo independiente de la compañía Barclays y finalmente se basó en avalúos oficiales y fue sancionada por todas las instancias que establecen las leyes y normas para la administración pública, incluidos los testigos sociales.

“Dicha acción penal sin sustento generó una compleja problemática para la empresa, por la cancelación de créditos bancarios y comerciales, así como pedidos, originando un impacto por más de 350 millones de dólares y un severo daño en todas sus operaciones financieras y productivas, con impacto económico y social negativo principalmente en una amplia zona del Estado de Coahuila”, dijo la empresa.

AHMSA y Ancira esperan que esta protección de la justicia federal ponga punto final a la suma de presiones que en distintos momentos han generado inestabilidad y han entorpecido el desenvolvimiento regular de la compañía.