El Senado de la República legisla esta semana sobre la regulación de la marihuana. Ello incluye, no sólo la posibilidad del consumo legal por el disfrute de sus efectos, sino también su uso médico y la producción industrial de la misma.
La propuesta es una Ley para la Regulación de la Cannabis (marihuana), lo que implicaría reformar otras muchas leyes como la Ley de Salud y el Código Penal Federal, por mencionar sólo algunas. El proyecto tiene como antecedente 11 iniciativas presentadas ante el Senado con anterioridad, así como las opiniones de la sociedad civil organizada, círculos académicos y el sector empresarial.
Lo anterior no significa que ya sea posible consumir marihuana libremente. El proceso de legalización tendrá que lograr el acuerdo de la mayoría de los senadores en los detalles de la propuesta de ley, donde podría empantanarse, como le pasa a muchas leyes. Después, la ley que permitiría el uso regulado de la marihuana, deberá ser aprobada en la Cámara de Diputados. Y finalmente, enviada al Presidente de la República para su publicación, quien puede aún regresarla a las cámaras con propuestas de cambios, con fundamento real o tan sólo por estrategia política ante un tema controvertido.
Entre los detalles curiosos y controversiales están: el aumento a 28 gramos como el límite máximo que legalmente puede tener una persona; la posibilidad legal de sembrar hasta 20 plantas para autoconsumo; y la creación del Instituto Mexicano de Regulación y Control de Cannabis.
EN PERSPECTIVA, la legalización de la marihuana viene porque viene. La pregunta sigue siendo ¿cuándo será el momento político adecuado para normalizar un mercado de un producto injustificadamente ilegal? Nótese que el consumo de la marihuana ya es legal en Canadá; en nueve estados de la Unión Americana; y en países tan diversos como Australia; Chile; Colombia; Costa Rica; España; Holanda; India; Israel; Jamaica; Portugal; República Checa y Uruguay.
Y, por favor, señores legisladores, lo de la Instituto Mexicano de Regulación y Control de Cannabis, bajo la coordinación de la Secretaría de Gobernación, es ridículo. Es un contrasentido al enfoque de salud pública que debe guiar a nuestro país en la lucha contra el consumo ilegal de drogas. Esa función la debe asumir la Comisión Federal para la Protección contra Riesgo Sanitarios (COFEPRIS), coordinada por la Secretaría de Salud. O ¿acaso tenemos institutos específicos para la regulación del tabaco o del alcohol?
A su consideración estimado lector.
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